Gaceta Crítica

Gil Horta y Andreu Coll (OBSERVATORIO DE LA CRISIS), 12 de Noviembre de 2026

La huelga general del 11 de noviembre en España ofrece una oportunidad para reconstruir el poder colectivo de las clases trabajadoras. Frente al avance de la extrema derecha, la izquierda necesita algo más que una estrategia de resistencia electoral.

Ayer tuvo lugar en España la primera huelga general convocada por la amplia mayoría de los sindicatos desde 2012. Catorce años después de aquella movilización contra las políticas de austeridad del Partido Popular, la convocatoria expresa un nuevo ciclo de conflictividad social, impulsado principalmente por la crisis de la vivienda y la pérdida de poder adquisitivo de las clases trabajadoras.

La última huelga general se produjo en un contexto marcado por las consecuencias de la crisis financiera de 2008 y la irrupción del movimiento de los indignados. El rescate de los bancos, los recortes sociales y la oleada de desahucios habían provocado una profunda crisis de legitimidad del sistema político. Aquella movilización contribuyó a transformar el escenario español, aunque no consiguió revertir las políticas económicas que estaban deteriorando las condiciones de vida de la mayoría de la población.

Hoy, la crisis de la vivienda vuelve a ocupar el centro del conflicto social. La expansión de los grandes propietarios y los fondos de inversión, junto con el aumento sostenido de los alquileres, ha convertido el acceso a la vivienda en una fuente de inseguridad económica para sectores cada vez más amplios. La convocatoria a la huelga representa, en ese sentido, una victoria del movimiento por la vivienda, que ha conseguido transformar una reivindicación inicialmente sectorial en una demanda asumida por buena parte del movimiento sindical.

Sin embargo, la huelga se produce en una coyuntura política muy diferente de la de 2012. El avance de la extrema derecha y la posibilidad de que el Partido Popular y Vox lleguen al gobierno en las elecciones del 29 de noviembre plantean un desafío que trasciende las reivindicaciones inmediatas.

La cuestión de fondo es cómo reconstruir una izquierda capaz de representar el malestar social en una época en la que la extrema derecha disputa crecientemente esa representación. El problema no puede resolverse exclusivamente en las urnas. Sin organizaciones que permitan transformar las frustraciones individuales en experiencias colectivas, la izquierda corre el riesgo de quedar reducida a una fuerza electoral defensiva, convocada periódicamente a impedir victorias reaccionarias sin conseguir construir una alternativa propia.

La huelga general ofrece una oportunidad para comenzar a modificar esa situación.

Reconstruir el poder sindical

La huelga tiene dos reivindicaciones centrales. Por un lado, poner límites a la especulación inmobiliaria e intervenir en el mercado del alquiler para garantizar el acceso a la vivienda. Por otro, recuperar el poder adquisitivo de los salarios, erosionado durante años por el aumento del costo de vida.

La combinación de ambas demandas refleja una transformación importante de los conflictos sociales. La cuestión de la vivienda ha dejado de afectar exclusivamente a los sectores más empobrecidos para convertirse en un problema que atraviesa a buena parte de la clase trabajadora, incluidos sectores con empleos estables y salarios relativamente elevados. La inseguridad económica ya no se explica únicamente por las condiciones laborales, sino también por el creciente peso de las rentas inmobiliarias sobre los ingresos familiares.

Esto permite que la huelga trascienda los límites tradicionales de la movilización sindical. La vivienda puede funcionar como un punto de encuentro entre trabajadores con situaciones laborales muy diferentes, mientras que sus consecuencias alcanzan también a pequeños comerciantes, jóvenes que no consiguen independizarse y jubilados cuyos ingresos resultan insuficientes para afrontar los alquileres. La crisis habitacional afecta de manera especialmente severa a los trabajadores migrantes y profundiza las desigualdades de género.

Pero la importancia de la convocatoria va más allá de sus reivindicaciones inmediatas. Para toda una generación de trabajadores y militantes, esta será su primera experiencia de una huelga general. Después de catorce años sin una movilización de estas características, uno de sus principales resultados podría ser la recuperación de una capacidad de acción colectiva debilitada durante décadas.

El retroceso de la organización sindical no ha sido solamente una consecuencia de las transformaciones del mercado laboral. También ha intervenido la orientación de las grandes centrales, cuya adaptación a las políticas de concertación social contribuyó a desmovilizar a amplios sectores de la clase trabajadora.

En este contexto, resulta especialmente significativa la iniciativa del movimiento por la vivienda, que consiguió colocar sus reivindicaciones en el centro de la agenda sindical e impulsar una movilización de alcance nacional. La novedad reside precisamente en que el impulso no surgió de los lugares de trabajo, sino de un conflicto relacionado con las condiciones de vida de las clases populares.

La experiencia sugiere una posibilidad estratégica más amplia. La recomposición del movimiento obrero no necesariamente comenzará en los lugares de trabajo ni seguirá los recorridos tradicionales del sindicalismo. En sociedades donde el empleo se ha fragmentado y las organizaciones laborales han perdido presencia, los conflictos alrededor de la vivienda pueden convertirse en puntos de partida para reconstruir solidaridades de clase. La huelga de hoy constituye una primera prueba de hasta dónde puede llegar esa articulación.

Esta dimensión organizativa tiene consecuencias políticas. Una de las condiciones que favorecen a la extrema derecha es la descomposición de los vínculos colectivos que históricamente permitían a las clases trabajadoras interpretar sus problemas como parte de una experiencia social compartida.

Cuando esas organizaciones retroceden, el malestar no desaparece. Puede adquirir formas individualizadas y encontrar expresión en discursos que identifican a los inmigrantes y otros sectores vulnerables como responsables del deterioro de las condiciones de vida.

La organización sindical no constituye una garantía contra las posiciones reaccionarias. Pero puede ofrecer una interpretación diferente de los conflictos sociales, identificar intereses comunes entre trabajadores de distintos orígenes y reconstruir la confianza en la acción colectiva.

Desde esta perspectiva, el éxito de la huelga no debería medirse exclusivamente por su capacidad de paralización. Su resultado más duradero dependerá de las organizaciones que consiga fortalecer y de las experiencias de lucha que puedan desarrollarse después del 11 de noviembre.

Frenar a la extrema derecha

Las elecciones del 29 de noviembre plantean un desafío inmediato para la izquierda española. La posibilidad de que el Partido Popular y Vox lleguen al gobierno amenaza con modificar las condiciones políticas en las que se desarrollan las luchas sociales.

Durante los últimos ocho años, el gobierno de Pedro Sánchez ha sido incapaz de revertir algunas de las tendencias que más afectan a las condiciones de vida de las clases trabajadoras. La crisis de la vivienda es probablemente el ejemplo más evidente. Pese a las medidas adoptadas, el aumento de los alquileres y la expansión del negocio inmobiliario continúan alimentando un malestar que la extrema derecha intenta capitalizar. En Cataluña, el gobierno de Salvador Illa tampoco ha representado una ruptura con estas políticas.

Sin embargo, reconocer los límites de los gobiernos «progresistas» no significa desconocer las diferencias entre las fuerzas que disputan el gobierno. Una victoria de PP y Vox podría abrir una ofensiva más agresiva contra los derechos laborales y los servicios públicos, acompañada por restricciones a los derechos de las mujeres y de las personas LGBTIQ+. Las políticas contra la inmigración ocuparían previsiblemente un lugar central en esa orientación, como ya ocurre en otras experiencias de gobierno de la derecha radical.

El acceso al gobierno importa. Aunque las políticas estatales están condicionadas por las relaciones económicas y las presiones del capital, los gobiernos conservan una capacidad considerable para modificar las condiciones en las que se desarrolla la lucha de clases. Sus decisiones pueden facilitar o dificultar la organización sindical, ampliar o restringir los derechos democráticos y alterar los márgenes de actuación de los movimientos sociales.

Desde esta perspectiva, la izquierda radical tiene razones para defender una orientación electoral que impida la formación de un gobierno de PP y Vox. El voto táctico a candidaturas capaces de contribuir a una mayoría parlamentaria alternativa puede formar parte de esa orientación, sin que ello implique ofrecer respaldo político al PSOE ni abandonar la crítica a las fuerzas que han participado en los gobiernos «progresistas».

La independencia política no exige indiferencia ante las diferencias entre gobiernos. En una situación defensiva, cuando las posibilidades de una transformación radical son limitadas, la preservación de determinadas conquistas puede adquirir una importancia estratégica. Desconocerlo en nombre de una oposición abstracta al reformismo supondría ignorar las condiciones concretas en las que las clases trabajadoras intentan defender sus intereses.

Pero esta orientación presenta también un problema. La amenaza de la extrema derecha puede terminar subordinando indefinidamente a la izquierda a la defensa de gobiernos cuyas políticas contribuyen a reproducir el malestar social. Cada elección se convierte entonces en una nueva convocatoria a impedir un retroceso, mientras las fuerzas «progresistas» pierden capacidad para ofrecer un horizonte de transformación.

El resultado es una paradoja. La defensa electoral frente a la extrema derecha puede ser necesaria, pero, cuando se convierte en el único horizonte político, termina debilitando las condiciones para enfrentarla a largo plazo. La ausencia de una alternativa independiente permite que la derecha radical siga presentándose como la principal fuerza de oposición al orden existente, incluso cuando sus propuestas económicas favorecen a los sectores más privilegiados.

Más allá de la resistencia electoral

La crisis de la izquierda española no se explica solamente por el avance de la extrema derecha. También se expresa en la fragmentación de las fuerzas que durante la última década intentaron construir una alternativa al bipartidismo tradicional.

Las disputas entre Sumar, Podemos y las distintas organizaciones de la izquierda catalana revelan problemas que van mucho más allá de las rivalidades entre dirigentes. La participación en gobiernos «progresistas» permitió conquistar algunas reformas, pero también puso de manifiesto las dificultades de una izquierda que terminó identificando buena parte de su horizonte político con la gestión de las instituciones existentes. Mientras tanto, las organizaciones situadas a su izquierda no consiguieron construir una alternativa con suficiente implantación social.

La experiencia reciente plantea así un problema estratégico más profundo. Las fuerzas de izquierda pueden obtener representación electoral y acceder parcialmente al gobierno sin conseguir transformar de manera duradera las relaciones de fuerza en la sociedad. Cuando su presencia institucional no se apoya en organizaciones populares capaces de sostener conflictos y disputar poder económico, sus posibilidades de transformación quedan severamente limitadas.

Este es precisamente el terreno en el que la huelga general adquiere una importancia que trasciende la coyuntura electoral. Su potencial reside en contribuir a reconstruir las capacidades sociales que una alternativa socialista necesita para dejar de ser una aspiración minoritaria.

No existe, desde luego, ninguna relación automática entre la movilización sindical y la construcción de una nueva fuerza política. Las experiencias de lucha pueden agotarse sin dejar organizaciones duraderas, y el descontento social no conduce necesariamente hacia posiciones de izquierda. Pero tampoco parece posible reconstruir una alternativa anticapitalista de masas sin recuperar la capacidad de organización colectiva que se ha debilitado durante las últimas décadas.

La huelga de hoy y las elecciones del 29 plantean, en definitiva, dos problemas relacionados. El primero consiste en recuperar la iniciativa social y la confianza de las clases trabajadoras en su propia capacidad de acción. El segundo, en impedir que una victoria reaccionaria agrave las condiciones de esa reconstrucción.

Ambos desafíos forman parte de una misma cuestión estratégica. Mientras la izquierda dependa casi exclusivamente de su capacidad para reunir un voto defensivo, la extrema derecha seguirá encontrando oportunidades para capitalizar el descontento. La posibilidad de romper ese círculo dependerá de que las experiencias de resistencia permitan reconstruir una fuerza social y política capaz de disputar el futuro