Gaceta Crítica

Jorge Otero (PÚBLICO), 11 de Noviembre de 2026

• La crisis habitacional cristaliza en un paro laboral atípico que aspira a vertebrar el malestar ciudadano. «Tenemos razones de sobra para protestar», afirman los convocantes.
• «Lo que está en juego es quién se queda con la riqueza que producimos y quién tiene poder para decidir sobre nuestras vidas», explica Pablo Pérez, portavoz del Sindicato de Inquilinas.

La huelga general de este miércoles es una huelga general atípica. Y también inédita. De entrada, el paro parte de un movimiento social y de una organización, el Sindicato de Inquilinas, sin capacidad legal para convocarla. Los sindicatos tradicionales han dado respaldo legal a una convocatoria que aspira a ser un punto de inflexión. Al contrario que en otras ocasiones, su origen no responde a motivos estrictamente laborales. La crisis de vivienda ha sido el detonante. Sin embargo, a medida que han avanzando los días los convocantes han ido ampliando el foco de sus reivindicaciones: además de la vivienda, también exigen unos salarios dignos, mejores condiciones laborales, pensiones adecuadas y servicios públicos en condiciones.

«Tenemos que canalizar un malestar ciudadano que pivota mucho en el entorno del problema de la vivienda, pero también en otras cuestiones. Tenemos que vertebrar una respuesta laboral», resume en las horas previas a la huelga Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras en declaraciones remitidas a los medios de comunicación.

Las reivindicaciones del Sindicato de Inquilinas, la organización que ha vertebrado la huelga, también van más allá de la crisis habitacional e incluyen salarios, pensiones y servicios públicos como ejes de su reclamación. «Hace apenas unas semanas parecía imposible convocar una huelga general por la vivienda y hoy hemos conseguido que se una el sindicalismo laboral en una convocatoria histórica. Vamos a la huelga porque sabemos que tenemos razones de sobra para protestar. Esta no es una huelga solo de las inquilinas, ni siquiera únicamente de quienes tenemos problemas para pagar alquiler, es una huelga de todas aquellas personas que están hartas de trabajar para que otros se enriquezcan a su costa», apostilla Pablo Pérez, uno de los portavoces del Sindicato de Inquilinas.

Para el portavoz del Sindicato de Inquilinas, la huelga no es solo la expresión de un malestar ciudadano, sino también una demostración de fuerza por parte de la sociedad civil: «Hemos empezado a construir la fuerza social necesaria para cambiar las cosas. En muy poco tiempo hemos conseguido que sindicatos y organizaciones de tradiciones muy distintas trabajen juntos y que miles de personas se impliquen en organizar la huelga desde sus barrios y centros de trabajo, muchas de ellas personas que no estaban organizadas anteriormente. Esta huelga no es el final de nada, sino el comienzo de de una nueva etapa, de un nuevo ciclo político».

La vivienda, el detonante

La crisis de la vivienda es el principal problema social de España, apuntan los expertos. El desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años que fue expulsada de la casa donde llevaba viviendo 70 años y que falleció dos semanas después en el hospital, fue la espita a través de la que se canalizó una importante protesta social encabezada por el Sindicato de Inquilinas que culminó en la acampada en la Puerta del Sol.

En los últimos años tanto el precio de los alquileres como el de compra han crecido muy por encima de los salarios provocando un problema habitacional de primer orden. Las subidas interanuales se sitúan por encima de los dos dígitos y ya se mueve en máximos históricos. Ya casi no hay casi vivienda asequible y accesible en el país. CCOO denuncia que desde 2013 su precio ha crecido 3,6 veces más rápido que los salarios. Además, el esfuerzo medio en España para adquirir una vivienda libre de 90 metros cuadrados ha pasado de 3,1 salarios anuales completos en 1985 a 7,1 salarios en 2026.

«Vivimos en una situación en la que tener un trabajo ya no garantiza poder acceder a una vivienda ni llegar a fin de mes, mientras los salarios apenas permiten sostener nuestras condiciones de vida, los alquileres no han dejado de subir y una parte cada vez mayor de lo que ganamos acaba directamente en los bolsillos de quienes viven de nuestras casas. Al final vemos que estamos trabajando cada vez más para enriquecer a los rentistas», reflexiona Pérez.

• Un mercado que no funciona

«Es evidente que existe un divorcio entre los niveles de ingresos y los precios disparatados de la vivienda», certifica el economista Julio Rodríguez, miembro del Consejo Asesor de vivienda del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. «El mercado de vivienda funciona mal, es muy poco competitivo y tiene abundantes fallos. No se puede confiar en que el mercado por sí mismo resuelva el problema que actualmente sufrimos», abunda el experto. Rodríguez explica, además, que la condición de vivienda protegida debe ser permanente.

• Faltan viviendas, sobre todo protegidas

«Los hogares crecen más que las viviendas. Se forman más de 200.000 hogares cada año, mientras que las viviendas nuevas que se construyen crecen en menos de 100.000», indica Rodríguez. «El problema se manifiesta sobre todo entre los jóvenes y los migrantes», añade. Estos dos grupos de la población son los que tienen enormes dificultades de acceso a la vivienda. «Ha habido un aumento poblacional muy importante, sobre todo muy ligado a la inmigración, pero el problema es que el inmigrante que llega no tiene capacidad de compra, tiene que alquilar». «Es un problemón, incluso sociológico, enorme que gente con 32, 33 o 34 años tenga que seguir viviendo con sus padres porque no puede acceder a un piso», remarca Sordo.

Ante este escenario de escasez, Rodríguez lamenta que no haya suficiente vivienda protegida en España; apenas el 3% cuando la media europea se mueve en una horquilla de entre el 8% y el 9%. El experto calcula que, para atender las necesidades actuales de la población, España debería tener entre un 15% y un 20% de vivienda social y protegida.

• Un problema de competencias

«En España, existe una gran complicación competencial que lo complica todo. La competencia en materia de vivienda es de las comunidades autónomas, pero la mayor aportación de recursos procede de la administración central», ilustra Rodríguez. Esta situación provoca ciertas disfuncionalidades y fuertes diferencias regionales. Por ejemplo, las comunidades gobernadas por el PP se niegan a aplicar el control del precio de los alquileres, aunque esa medida por sí sola no solucionaría el problema. «La solución es una mezcla de construir más vivienda social y un moderado control de alquileres, aunque sea de forma temporal», señala Rodríguez.

• Control de los fondos de inversión

Rodríguez aboga por establecer objetivos cuantitativos más precisos y ambiciosos en materia de vivienda. El experto reclama más inversión y reconoce que hay que construir más, pero atendiendo a quién compra. «El problema no se va a resolver solo construyendo más, como pide la derecha», comenta al respecto este experto. «Esas viviendas pueden estar muchas veces en manos de fondos de inversión o de inversores. La actuación de estos fondos, los llamados fondos buitre, es a veces muy dura. Habría que regular algunas restricciones a las actuaciones de estos fondos de inversión», concluye Rodríguez.

Los bajos salarios

«No se puede solucionar el problema de la vivienda sin solucionar el problema de los salarios«, resumía en una entrevista con Público Miguel Fadrique, secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT). De nada sirve controlar o reducir el precio de la vivienda si los salarios no dan para pagarla. Y los salarios en España son bajos. Lo han sido históricamente. Esa es la otra gran reivindicación de esta huelga general.

• Salarios casi congelados

«En los últimos 30 años, los salarios han crecido muy poquito en España. De hecho, somos uno de los países europeos donde menos han crecido en todo este tiempo. Entre 2009 y 2018 los salarios no crecieron nada de nada en términos nominales por asalariado. Después de la pandemia han empezado a mejorar, pero de manera insuficiente, sobre todo por la inflación», sostiene Antonio González, miembro de Economistas Frente a la Crisis.

• Presión a la baja sobre salarios

González apunta a «factores estructurales» para explicar esta situación. Señala que hace décadas que en España se apostó por un modelo económico basado en ganar competitividad con salarios bajos. «Todas las reformas laborales que se hicieron antes [de este Gobierno] estaban orientadas directamente a debilitar los salarios. Esto no es solo una cosa de la crisis».

• Desigualdad salarial

«Al final la vivienda ha sido el punto de partida de esta convocatoria, pero sabemos que lo que está en juego es quién se queda con la riqueza que producimos y quién tiene poder para decidir sobre nuestras vidas», dice Pablo Pérez. Esta situación se agrava en un contexto de salarios bajos. «En España hay muchísima desigualdad salarial», comenta Antonio González. «La inmensa mayoría de los de los trabajadores, de los asalariados, perciben salarios bajísimos. La gente cobra salarios muy bajos y luego hay unos grupos que son los que elevan la media. Pero lo que te dice eso es que las desigualdades son brutales. Incluso el salario modal más frecuente está pegado a la parte baja de la distribución salarial», explica González.

El coste de la vida, cada vez más alto

Con la vivienda comiéndose gran parte de unos salarios ya bajos de por sí, el corolario es evidente: el coste de la vida roza ya niveles inasumibles. Antonio González apunta que «en términos nominales los salarios han aumentado un 17%, pero en términos reales es verdad que han subido mucho menos porque nos ha pillado la inflación». En este sentido, los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) son incuestionables: entre 2020 y 2026, la inflación se ha ido al 27,8%. En el mejor de los casos, los salarios han perdido diez puntos de poder adquisitivo.

«Los problemas de vivienda no se pueden separar del resto de nuestras condiciones de vida. De poco sirve que consigamos subir los salarios si después los caseros se apropian de esas mejoras aumentando los alquileres. Por eso, queremos interpelar también a quienes viven una vivienda en propiedad, porque la crisis de vivienda atraviesa a toda la sociedad, también a quienes ven que sus hijos no pueden emanciparse, a quienes tienen que abandonar sus barrios y a quienes comprueban que cada mejora salarial se queda anulada por el encarecimiento de la vida«, incide Pablo Pérez desde el Sindicato de Inquilinas.

Defensa de los servicios públicos

Los convocantes de la huelga general también ponen el punto de mira en la defensa de un pilar básico del Estado de bienestar: la defensa de los servicios públicos. Lo resume así Unai Sordo: «Es una jornada de movilización, que además, entre otras cosas, reivindica la mejora de los servicios públicos, la mejora de la infraestructura ferroviaria, que haya más dinero y más recursos para mejorar los sistemas de seguridad ferroviarios y conjunto de los servicios públicos».

«Del mismo modo la defensa de la vivienda está estrechamente vinculada para nosotras a la defensa de los servicios públicos, porque cuando se privatizan derechos básicos, quienes vivimos de nuestro trabajo tenemos que acabar destinando una parte todavía mayor de nuestros ingresos a satisfacer nuestras necesidades», dice el portavoz del Sindicato de Inquilinas.

«Para nosotros el verdadero antes y después no lo marcará únicamente lo que suceda el 11 de noviembre, sino nuestra capacidad para convertir toda esa fuerza que estamos construyendo en organización duradera y en conquistas sociales concretas», concluye Pérez sobre una huelga general que va más allá de la vivienda.