Michael Leonardi, The Palestine Chronicle, 8 de Noviembre de 2026
Los contribuyentes que viajan a La Haya insisten en que esa opción ya no existe. No más impunidad para quienes financian, arman, ayudan e instigan el genocidio.
El miércoles 11 de noviembre de 2026, una delegación de contribuyentes estadounidenses y abogados internacionales de derechos humanos llegará a la Corte Penal Internacional en La Haya. Entregarán personalmente pruebas a la Fiscalía y solicitarán órdenes de arresto contra el presidente Donald Trump, el secretario de Estado Marco Rubio y otros altos funcionarios estadounidenses por colaborar con Israel en la comisión de genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en Gaza.
Esta acción es histórica y sin precedentes. Ciudadanos estadounidenses, en su calidad de contribuyentes cuyo dinero ha financiado las armas y la cobertura política, están llevando a los más altos funcionarios de su propio gobierno ante el Tribunal que fue creado para enjuiciar los crímenes más graves cuando los sistemas nacionales se niegan a actuar.
La presentación se basa en casi un año de trabajo de individuos y organizaciones ahora agrupadas como la Alianza de Contribuyentes contra el Genocidio (TAAG). Incluye declaraciones juradas de médicos que trabajaron en Gaza, testimonios de testigos presenciales, denuncias de informantes, videos y amplia documentación sobre el apoyo político, militar, diplomático y financiero de Estados Unidos. La entrega se produce tras una victoria en un tribunal federal que protegió el derecho de TAAG, amparado por la Primera Enmienda, a compartir estas pruebas con la Corte, después de que la administración Trump intentara bloquear la cooperación con la CPI mediante sanciones y una orden ejecutiva.
Funcionarios israelíes ya han descrito esta dependencia. En septiembre de 2024, un alto cargo de la Fuerza Aérea israelí declaró a Haaretz que Israel habría tenido dificultades para sostener la guerra durante más de unos pocos meses sin las armas estadounidenses. En octubre de 2024, el exdirector de inteligencia del Mossad, Zohar Palti, declaró a The Washington Post: «Sin las armas estadounidenses, Israel no puede luchar».
El mensaje de la delegación es directo: quienes financian, arman e instigan el genocidio no están por encima del derecho internacional.
El derecho internacional sigue siendo el único marco vinculante mediante el cual los actores estatales y no estatales pueden rendir cuentas por atrocidades masivas. No se trata de una sugerencia ni de una cortesía diplomática. Es el conjunto de normas —tratados, normas consuetudinarias y estatutos de tribunales internacionales— que definen el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra, y que establecen el deber de los Estados de prevenirlos y castigarlos.
Solo mediante su implementación y aplicación efectivas se podrá llevar a los responsables ante un tribunal, denunciar sus actos y acabar con la impunidad que los ha protegido. Este marco está siendo objeto de un ataque constante. Estados Unidos e Israel han tomado medidas para deslegitimar la Corte Penal Internacional, sancionar a sus funcionarios y criminalizar a quienes documentan o apoyan la rendición de cuentas por el genocidio en Gaza.
Las sanciones impuestas por Estados Unidos en 2025 a la Relatora Especial de la ONU, Francesca Albanese, tras la presentación de su informe sobre la complicidad empresarial, y el reciente ataque verbal sufrido al presentar su informe sobre la complicidad de los medios de comunicación, forman parte de la misma campaña. Lo mismo ocurre con los esfuerzos más amplios por considerar hostil cualquier cooperación con las instituciones jurídicas internacionales. Sin la aplicación del derecho internacional, los crímenes continúan con la protección de los Estados que suministran las armas y el respaldo político.
La rueda de prensa que acompaña a la presentación tendrá lugar en el Hotel Marriott de La Haya. Francesca Albanese pronunciará el discurso de apertura. El equipo jurídico está integrado por Curtis Doebbler y Maria Kari.
Los cofundadores Tariq Ra’ouf, organizador palestino-estadounidense que ha perdido a decenas de familiares en Gaza, Mohammad Ali y Anna Marie Stenberg, defensora de los derechos humanos de ascendencia libanesa con una larga trayectoria, intervendrán. También estará presente Huwaida Arraf, abogada palestino-estadounidense y cofundadora de la Coalición de la Flotilla de la Libertad, quien ha zarpado en repetidas ocasiones para romper el bloqueo.
También lo hará Susan Abulhawa, la novelista palestino-estadounidense cuya novela «Mañanas en Jenin» se convirtió en un éxito de ventas internacional y fundadora de «Parques Infantiles para Palestina». El Dr. Feroze Sidhwa, cirujano traumatólogo que ha trabajado en dos ocasiones en hospitales de Gaza bajo fuego, y David McIntosh, exdirector de la Fundación Humanitaria de Gaza, prestarán testimonio pericial.
Jacqueline Luqman, de la Alianza Negra por la Paz, y Lamis Deek, directora de Asuntos Jurídicos y Diplomáticos de la Comisión de Derecho de la Asamblea Palestina para la Liberación, abordarán las implicaciones políticas más amplias. Veteranos por la Paz, Musulmanes Estadounidenses por Palestina, el asesor legal de Al-Haq, Ahmed Abofoul, y otras organizaciones expresarán su solidaridad.
Su presencia no es meramente ornamental. Son personas que han atendido a los heridos, navegado hacia el bloqueo, escrito artículos sobre el despojo y organizado contra el uso de los impuestos estadounidenses para la compra de armas. Ahora utilizan el Tribunal que Estados Unidos ayudó a crear y que desde entonces ha intentado destruir.
La denuncia va dirigida contra la administración actual. También deja constancia de lo sucedido anteriormente. La misma cadena de suministro, la misma cobertura diplomática y la misma negativa a condicionar la ayuda al cumplimiento del derecho internacional se mantuvieron durante la administración Biden y el mandato del secretario de Estado Antony Blinken.
Las admisiones de funcionarios israelíes sobre la dependencia de las armas estadounidenses son válidas para ambas presidencias. Las pruebas presentadas ante La Haya establecen un método y un precedente. Una vez que el Fiscal tenga acceso al material relativo a Trump y Rubio, las mismas categorías de documentación —transferencias de armas, obstrucción diplomática, intercambio de inteligencia y declaraciones públicas de apoyo incondicional— se aplicarán al mandato anterior.
La rendición de cuentas no se limita a la actual Casa Blanca. El Tribunal ya ha emitido órdenes de arresto contra funcionarios israelíes. Las pruebas que se presentan ahora le exigen que examine la cadena de suministro y de decisiones que ha permitido que esas operaciones sigan funcionando, tanto bajo la administración actual como bajo la anterior.
Esta declaración no pone fin al genocidio. No revierte la destrucción ya perpetrada. Documenta, en el lenguaje del derecho internacional, el papel específico de altos funcionarios estadounidenses que lo propiciaron, y presenta dicho documento ante el organismo encargado de investigar los crímenes más graves.
Durante años, los mismos gobiernos que invocan el orden basado en normas han tratado estas como opcionales cuando los acusados son sus propios miembros. Los contribuyentes que viajan a La Haya insisten en que esa opción ya no existe. No más impunidad para quienes financian, arman, ayudan e instigan el genocidio. La Corte tiene las pruebas. La cuestión es si las utilizará, tanto contra los funcionarios en funciones como contra quienes ostentaron esos mismos poderes antes que ellos.
Michael Leonardi es un periodista radicado en Italia. Leonardi es vicepresidente de Treewater Initiative, una organización sin fines de lucro dedicada a promover la sostenibilidad en una Palestina libre desde hace más de una década. Este artículo fue escrito por él y se publicó en Palestine Chronicle.
Deja una respuesta