CCOO, 26 de Octubre de 2026
Después de los acontecimientos que se ha desarrollado en las últimas semanas, con el desalojo de una mujer de 87 años, Maricarmen, en Madrid, posteriormente fallecida, casos de desalojo que desgraciadamente se producen a diario en todo el territorio del Estado español, recordar que, en estas fechas, una mujer (Olga) madre con dos hijas, se suicidó en Hospitalet (Barcelona), después de ser desalojada de la vivienda que habitaba en régimen de alquiler y propiedad de un fondo buitre.
El Gobierno presentó en el Congreso dos RDL para paliar los problemas de vivienda que existe en el Estado español. Estos dos RDL decayeron en el Pleno del Congreso donde debían validarse por el voto en contra de los partidos políticos PP, Vox y Junts.
Los sindicatos CCOO y UGT ante la preocupación compartida por millones de personas que trabajar y cobrar un salario o una pensión no garantiza llegar a fin de mes, acceder a una vivienda o construir un futuro con seguridad han convocado una huelga general para el día 11 de noviembre de 2026.
El esfuerzo cotidiano de la clase trabajadora pierde valor cuando el alquiler, la hipoteca, la cesta de la compra, el transporte, el gas o electricidad, absorbe una parte cada vez mayor de los ingresos. Los bienes y servicios esenciales para vivir dignamente resultan demasiado caros y los servicios públicos no responden suficientemente a nuestras necesidades.
Esta huelga nace para cambiar esta situación. Para convertir problemas que cada persona afronta por separado en reivindicaciones colectivas. Para exigir que la mejora de las condiciones de vida de la clase trabajadora sea una prioridad política y económica. Y para ampliar la oferta de vivienda pública.
Una Huelga para garantizar una vivienda asequible. Para que se garantice el acceso a una vivienda digna a un precio que la clase trabajadora podamos pagar. Para que encontrar una casa no obligue a dedicar la mayor parte de nuestros ingresos (pensión) al alquiler o una hipoteca. La vivienda es una necesidad básica y un derecho. Todas las administraciones públicas deben asumir su responsabilidad. Ampliar la oferta de vivienda pública y asequible, regular el mercado y frenar las practicas especulativas.
Una huelga para garantizar unos servicios públicos de calidad. Para que todas las personas puedan acceder a una sanidad, una educación, unos cuidados y un transporte público suficiente y de calidad, con independencia de sus ingresos o de dónde vivan. Cuando los servicios públicos fallan, las familias pagan con dinero, con tiempo o renunciando a lo que necesitan. Reforzarlos exige financiación suficiente, personal y buenas condiciones de trabajo. También es una forma de hacer que vivir cueste menos y de dar seguridad a la población.
Los gobiernos autonómicos han recibido más recursos económicos que nunca y en buena medida, son los grandes responsables del deterioro de los servicios públicos. Hoy la privatización parcial de la sanidad, la educación y el insuficiente desarrollo de la dependencia, se lleva dinero del bolsillo de las familias para que las empresas privadas incrementen sus beneficios.
CCOO rechaza el falso relato de portavoces de la derecha y extrema derecha, cuestionando la sostenibilidad de las pensiones públicas.
Las reformas y compromisos acordados en el diálogo social entre 2021 y 2024 garantizan la suficiencia de las pensiones públicas y su sostenibilidad a largo plazo y dan continuidad de las reformas acordadas entre 1995 y 2011, en el marco del Pacto de Toledo y el Diálogo Social y constituyen la mejor garantía para nuestras pensiones públicas y de continuidad y pervivencia de estas reformas.
Por el contrario, la única reforma que no subsiste es la que se aprobó, por el PP, sin acuerdo alguno en 2013 y que reducía sustancialmente la cobertura de las pensiones públicas, hasta que fue derogada en 2021.
Los sucesivos informes técnicos elaborados por organismos oficiales como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), la Comisión Europea y el Ministerio de Inclusión Social y Migraciones, validan el cumplimiento de la senda de ingresos, gastos y sostenibilidad de las pensiones públicas, que se ha diseñado entre 2021 y 2024, que incluyen una revisión y evaluación trienal, desde el compromiso con el sistema de pensiones desde los marcos de representación política y de concertación social.
Es profundamente irresponsable cuestionar la sostenibilidad del sistema ignorando las herramientas que nos hemos dado para garantizar un sistema de pensiones comparable para todas las generaciones presentes y futuras en materia de pensiones.
CCOO lamenta que, una vez más, se estén utilizando argumentos falsos en la precampaña electoral para sembrar dudas respecto de la garantía de sostenibilidad de las pensiones públicas y amenazar así la revalorización de las pensiones y preparar un discurso con el que se quiere justificar futuros recortes.
Las medidas acordadas en el diálogo social entre han reforzado de forma estructural los ingresos del sistema de Seguridad Social y, gracias a ello, han conseguido garantizar al mismo tiempo la suficiencia de las prestaciones y la sostenibilidad financiera a largo plazo del sistema de pensiones.
Los efectos de estas medidas de ingresos se contraponen con los recortes impuestos en el año 2013, ahora felizmente derogados, como la casi congelación de las pensiones con revalorizaciones del 0,25%, o la reducción de las pensiones de las generaciones más jóvenes mediante el llamado “factor de sostenibilidad” que reducía sistemáticamente la pensión inicial en función del crecimiento de la esperanza de vida.
Las reformas acordadas en el marco del diálogo social contienen un mecanismo de evaluación y seguimiento que periódicamente mide la sostenibilidad financiera del sistema a largo plazo. En este mecanismo de evaluación intervienen diferentes organismos oficiales, como la AIReF, la Comisión Europea, el gobierno, y el parlamento, además de prever también la participación de los interlocutores sociales (sindicatos y empresarios). Los sucesivos informes técnicos de evaluación que se han producido hasta el momento han confirmado la solvencia de la reforma y el mantenimiento del conjunto del sistema dentro de la evolución de ingresos y gastos que se han previsto como necesarios para garantizar un sistema de pensiones a las generaciones actuales de pensionistas y para las que accederán a esta situación en el futuro.
ES NECESARIO DEFENDER EL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES, Y EL 29 DENOVIEMBRE, LO SERÁ DOBLEMENTE, PARA EVITAR QUE AQUELLOS PARTIDOS POLÍTICOS QUE QUIEREN PRIVATIZARLO LO CONSIGAN.
Deja una respuesta