Nestor Prieto (PÚBLICO), 16 de Octubre de 2026
Amnistía Internacional, juristas y plataformas como Defend Our Juries denuncian la instauración de una «censura preventiva» que persigue ahogar la solidaridad con el pueblo palestino.
La decisión de la célebre autora irlandesa Sally Rooney de retirar sus novelas del mercado británico ante la imposibilidad legal de cobrar sus derechos tras respaldar a Palestine Action destapa la deriva represiva en Reino Unido. Amnistía Internacional, juristas y plataformas como Defend Our Juries denuncian la instauración de una «censura preventiva» que persigue ahogar la solidaridad con el pueblo palestino.
En las abarrotadas y exquisitas librerías del distrito londinense de West End, hay varios vacíos inquietantes en los estantes. Los espacios que durante años exhibieron las novelas de Sally Rooney —autora de superventas generacionales como Gente normal, Conversaciones entre amigos o Intermezzo— se encuentran hoy desiertos. No se trata de un fallo en la cadena de distribución ni de un desavenimiento comercial entre la escritora y sus editores. La desaparición de la obra de la narradora irlandesa en Reino Unido es la plasmación física de un cerco político y judicial contra la solidaridad con Palestina.
La escritora había anunciado su intención de destinar ingresos procedentes de su obra en Reino Unido a apoyar a Palestine Action, un grupo de acción directa que ha protagonizado ataques contra instalaciones y material del sector armamentístico. El Gobierno laborista de Keir Starmer lo proscribió como organización terrorista en julio de 2025, después de que varios de sus miembros irrumpieran en la base aérea de Brize Norton y dañaran dos aviones militares con pintura para denunciar la colaboración armamentística británica con Israel. Al amparo de la Ley Antiterrorista, financiar o respaldar públicamente a un grupo proscrito se castiga con hasta 14 años de cárcel, una amenaza penal que expone a la propia Rooney a ser detenida si pisa suelo británico.
Atrapada en ese callejón sin salida jurídico, la editorial Faber & Faber —responsable de sus libros en Reino Unido— ha decidido dejar de suministrar nuevos ejemplares de todos sus títulos, tanto en formato físico como digital, ante la imposibilidad de transferirle los ingresos británicos que le corresponden sin exponerse a riesgos legales. En un comunicado, el histórico sello admitió que «vender la obra de una escritora sin poder transferirle sus ingresos es una situación inadmisible para una editorial».
Por su parte, la novelista ha respaldado la decisión y ha asumido sus consecuencias sin renunciar a sus convicciones: «He hecho todo lo posible por ser honesta con el público acerca de mis creencias e intenciones, y estoy totalmente preparada para aceptar las consecuencias».
Amnistía Internacional: «Los escritores no deberían ver cómo sus libros desaparecen de las estanterías por sus convicciones políticas»
Este caso ilustra el impacto de una legislación que amenaza no solo a la libertad política, sino también a la creativa. En palabras de Kerry Moscogiuri, directora de Amnistía Internacional en el país: «Independentienmente de lo que se piense sobre Palestine Action, a todos debería preocuparnos que las leyes destinadas a combatir el terrorismo terminen silenciando la libertad artística y la capacidad de participar en una disidencia política pacífica». Moscogiuri advierte además del peligroso precedente que sienta el bloqueo a la obra de la novelista irlandesa: «Los escritores no deberían ver cómo sus libros desaparecen de las estanterías por sus convicciones políticas. Tampoco la gente debería verse obligada a elegir entre expresar su conciencia y ganarse la vida».
El bloqueo a las novelas de Rooney no es un hecho aislado, sino que se produce en un contexto de creciente controversia sobre las restricciones a las voces propalestinas en el sector cultural británico desde el 7 de octubre de 2023. En noviembre de ese año, la galería Arnolfini de Brístol suspendió dos actos vinculados al Festival de Cine Palestino alegando que no podía garantizar que no se interpretaran como «actividad política». Poco después, en febrero de 2024, el Barbican de Londres se apartó de la organización de una conferencia del ensayista Pankaj Mishra titulada The Shoah after Gaza, sobre la Shoah en el contexto de la guerra en Gaza. La decisión desencadenó críticas y protestas, incluidas retiradas de obras por parte de artistas que denunciaban restricciones a la libertad de expresión.
La pauta se repitió en marzo de 2024 en el centro cultural HOME de Mánchester, que canceló el evento de lecturas palestinas Voices of Resilience aduciendo motivos de seguridad —de los que tuvo que retractarse tras un masivo boicot del sector—, mientras que en julio la Royal Academy of Arts de Londres retiró dos obras de una exposición por incluir símbolos y referencias a la masacre gazatí. La actualización en enero de 2024 de las guías del Arts Council England, que amenazan con retirar subvenciones si las posturas de los artistas provocan un «riesgo reputacional», terminó de institucionalizar este filtro, forzando a museos, festivales y salas a purgar sus contenidos para garantizar su supervivencia económica.
Esta presión no se limita a las grandes figuras de la literatura. Aunque nombres como Ken Loach, Riz Ahmed o Mike Leigh conservan el capital político para movilizar a cientos de firmas contra la «censura con motivación política» —como en la reciente retirada del documental Gaza: How to Survive a Warzone en la BBC—, el impacto más brutal del cerco recae sobre los creadores emergentes, las compañías independientes y los docentes universitarios sin respaldo financiero. Como han denunciado desde la plataforma Artists for Palestine UK, el sector cultural británico atraviesa un «patrón alarmante de censura y represión» orientado a «reprimir, silenciar y estigmatizar las voces palestinas» mediante el amedrentamiento profesional, lo que termina acorralando a los profesionales más vulnerables y convirtiendo la autocensura en su única vía de supervivencia.
La superventas Sally Rooney no ha sido la primera en posicionarse contra la proscripción de Palestine Action. La respuesta social se ha canalizado a través de campañas de desobediencia civil en las que miles de personas han desafiado la ley exhibiendo el lema «I oppose genocide, I support Palestine Action» («Me opongo al genocidio, apoyo a Palestine Action»). Muchas han sido arrestadas y algunas han sido acusadas de delitos relacionados con el apoyo a la organización. La cifra acumulada supera los 3.700 arrestos, aunque estos no equivalen a condenas y las conductas perseguidas no tienen todas la misma calificación penal. Una escena que se repite en las calles británicas y de la que Público fue testigo.
La proscripción de Palestine Action fue aprobada por el Gobierno de Keir Starmer. Labour Friends of Israel (LFI), grupo de presión proisraelí vinculado al laborismo, la respaldó públicamente en 2025. Según Declassified UK, LFI y otras organizaciones proisraelíes financiaron al menos 56 viajes de parlamentarios británicos a Israel desde el inicio de la guerra en Gaza, con un gasto superior a las 133.000 libras. Su sucesor, el también laborista Andy Burnham, por ahora mantiene la misma política en un país donde el apoyo –político o cultural– a Palestina puede ser un delito.
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