Vivienda y salarios
Ana Vračar (BREAK TROUGH NEWS), 9 de Octubre de 2026
Los sindicatos españoles que representan a millones de trabajadores han anunciado una huelga general para el 11 de noviembre. El anuncio se produce en medio de movilizaciones a nivel nacional por el derecho a la vivienda y tan solo unos días después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convocara elecciones anticipadas para el 29 de noviembre.
La huelga fue anunciada por las dos mayores organizaciones sindicales , la Unión General de Trabajadores (UGT) y las Comisiones Obreras (CCOO), junto con la Confederación General del Trabajo (CGT), los sindicatos vascos ELA y LAB, y la confederación gallega CIG.
Será la primera huelga general del país en 14 años , excluyendo la huelga feminista del 8 de marzo de 2018 .
La vivienda y los salarios son la misma lucha.
“Una de las principales reivindicaciones de esta huelga es reivindicar salarios dignos que permitan acceder a una vivienda asequible”, escribió el Sindicato de Inquilinos de Madrid .
En su convocatoria a la huelga, los sindicatos hicieron hincapié en varias demandas que llevan meses en su agenda. Entre ellas se incluyen la reducción de la jornada laboral, el aumento de los salarios, medidas de salud y seguridad en el trabajo, la erradicación del empleo precario y el avance de la negociación colectiva, un proceso que los empresarios han obstaculizado durante casi un año.
Sin embargo, haciéndose eco del sentir expresado en las calles, donde cientos de miles de personas han protestado y levantado campamentos contra un sistema de vivienda abusivo, el llamamiento sindical vincula todas estas demandas con el derecho a la vivienda.
“Esta es una huelga con fundamentos y demandas laborales muy claras”, dijo Carlos Gutiérrez de CCOO . “¿Se convoca porque las familias trabajadoras no pueden acceder a una vivienda asequible? Sí. Pero no podemos separar la incapacidad de acceder a una vivienda asequible de la situación salarial en nuestro país y de lo que sucede en el ámbito laboral”.
La huelga general se suma a la ola de protestas desencadenada por el desahucio de Maricarmen Abascal, de 87 años, a finales de septiembre. Tras años de lucha por conservar la vivienda en la que había vivido durante 70 años, Abascal fue sacada del piso en camilla. Permaneció hospitalizada hasta el miércoles 7 de octubre, cuando el Sindicato de Inquilinos de Madrid anunció su fallecimiento.
«Si bien se alcanzó un acuerdo histórico que le habría permitido regresar a su hogar, esta solución llegó demasiado tarde», escribió la organización . «Una situación totalmente evitable, tras un proceso angustioso».
Una huelga contra todos aquellos que “no hacen nada para solucionar la crisis de la vivienda”.
Muchos de los participantes en las protestas reconocieron que la administración de Sánchez no implementó políticas que abordaran realmente la crisis de la vivienda. Sin embargo, las declaraciones de los sindicatos y la sociedad civil subrayan que el problema va mucho más allá del comportamiento de una opción política específica.
“Es importante dejar claro que esta no es una huelga contra ningún gobierno en particular, sino contra aquellos que no hacen nada para solucionar la crisis de la vivienda, y también contra los empresarios, que han mantenido bloqueado el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) durante casi un año”, declaró Patricia Ruiz, de la UGT, según recoge Público .
Los partidos políticos, desde el centroizquierda hasta la izquierda, han expresado mayoritariamente su apoyo a la huelga. Incluso figuras del PSOE, responsables en parte de la falta de solución a la crisis de la vivienda, manifestaron su respaldo a las preocupaciones expresadas por los sindicatos.
Si bien una huelga general convocada apenas un par de semanas antes de unas elecciones normalmente supondría un problema para la administración en funciones, los analistas políticos locales afirman que se trata de una situación peculiar que podría inclinarse hacia cualquier lado.
Las opciones de derecha gozan de buena popularidad en las encuestas, pero las movilizaciones en curso por la vivienda podrían desviar la campaña electoral de la búsqueda de chivos expiatorios entre los inmigrantes y los temas de justicia social, temas que generalmente prefieren evitar.
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