Gaceta Crítica

Amira Hass (LE MONDE DIPLOMATIQUE), 4 de Octubre de 2026

Menos mortífero que el genocidio perpetrado en Gaza desde hace tres años, pero cada vez más violento, un conflicto amenaza con incendiar la orilla occidental del Jordán. Allí, habitantes de los asentamientos israelíes ilegales se apropian de bienes palestinos o los destruyen. Esta empresa de despojo cuenta con el apoyo activo de las autoridades de Tel Aviv.

Los jóvenes bailan en medio de la sala. Los mayores intentan conversar pese a los decibelios. La modesta fiesta organizada en Ramala en honor de un joven que acaba de aprobar el bachillerato está en pleno apogeo esta noche de verano cuando llega la noticia de que los dos hermanos Hamayel han sido detenidos por el Ejército israelí.

Los dos hombres viven cerca de la ciudad donde se encuentra la sede de la Autoridad Palestina. Los habitantes de su pueblo y de otras localidades de los alrededores sufren ataques con regularidad. Colonos de los puestos avanzados —uno de ellos instalado hace poco a unos centenares de metros de su granja— les impiden acceder a extensiones cada vez mayores de sus olivares o almendrales, de sus pozos y cisternas, de sus pastos.

El término “puesto avanzado” designa pequeños asentamientos israelíes implantados en los territorios palestinos ocupados desde 1967, en tierras públicas o privadas, sin la aprobación de los servicios de urbanismo israelíes. No obstante, reciben apoyo logístico —abierto, oficioso o encubierto— de organismos estatales, así como de donantes privados. El fenómeno ha cobrado una magnitud considerable desde la segunda mitad de la década de 1990 con el propósito de obstaculizar el traspaso de territorios de Cisjordania a la autoridad civil palestina. Según los datos que ofrece la web de la organización Peace Now, su número asciende a 390, frente a los 146 asentamientos establecidos oficialmente desde 1967 (1). De estos enclaves, 249 han sido creados en los últimos cuatro años.

La víspera de la detención, a la familia Hamayel le robaron un centenar de ovejas en una de sus granjas. Los dos jóvenes, su padre y su cuñado acudieron al lugar para recoger bidones de aceite de oliva y algunos objetos de primera necesidad, por temor a que también se los robaran. Pero, de inmediato, se presentaron habitantes de un puesto avanzado vecino, o bien judíos israelíes llegados de otros lugares, que los fotografiaron y avisaron a unos soldados. Estos detuvieron a los dos hermanos y se los llevaron con los ojos vendados y esposados. Cuando nos enteramos, al mismo tiempo que sus familiares, estaban a punto de cumplirse las seis horas durante las que un soldado está autorizado a mantener detenido a un palestino.

La familia teme que los soldados los maltraten, una preocupación que alimentan los testimonios de quienes han corrido la misma suerte. Menos de media hora después de que otro periodista y nosotros enviáramos solicitudes de información a los servicios de prensa del Ejército y de la policía, nos enteramos de que los habían trasladado a una comisaría de policía israelí situada en el complejo comercial de un asentamiento al este de Ramala.

Desde hace tres años se multiplican los casos en que soldados detienen a palestinos atacados por civiles judíos. El Fondo para los Defensores de los Derechos Humanos (HRDF, por sus siglas en inglés), que opera desde Israel, se ha propuesto ayudar a estas personas detenidas. Creada en 2011, esta organización no gubernamental empezó ofreciendo protección jurídica a quienes participaban en manifestaciones en Israel y Cisjordania. Hoy también defiende a los agricultores y pastores palestinos que, blanco de los colonos, son apresados por el Ejército israelí. Solo en agosto recibió avisos en relación a unas sesenta personas retenidas por militares en circunstancias similares. El HRDF las puso entonces en contacto con abogados especializados, como hizo con los dos hermanos Hamayel. Cabe señalar que el número de personas apresadas de este modo es en realidad mayor, pues algunas de ellas desconocen la existencia del Fondo o no pueden recurrir a él.

En algunos casos, son colonos que cumplen el servicio militar quienes practican la detención; en otros, los habitantes de los puestos avanzados se limitan a acompañar a jóvenes soldados a los que dan instrucciones. Algunos militares saben que a los colonos no les gusta ver un rebaño pastando aquí o allá y, por ese simple motivo, privan de libertad al pastor palestino. El arresto conlleva un interrogatorio en comisaría y una detención, breve o de varios días, que puede desembocar en una acusación formal.

De vez en cuando, los abogados también consiguen que un detenido quede en libertad. Es lo que consiguió la abogada Riham Nasra con los dos hermanos Hamayel, puestos en libertad al cabo de un día, sin condiciones ni cargos, como si las autoridades admitieran implícitamente que la detención había sido abusiva. Sin embargo, defensores tan entregados como la jurista Nasra, que además no cobran nada a las víctimas, siguen siendo escasos.

En marzo, tres habitantes de Khirbet Abu Falah, el pueblo de la familia Hamayel, perdieron la vida en un ataque perpetrado por israelíes de un puesto avanzado instalado poco antes (2). Las víctimas querían defender sus huertos y sus casas. Un asaltante disparó y asesinó a una de ellas. A los testigos presenciales les resultó difícil determinar si el disparo que alcanzó a la segunda procedía de un colono o de un miembro de las fuerzas del orden, presentes en el lugar para proteger a los asaltantes. La tercera murió asfixiada por el gas lacrimógeno que los soldados emplearon contra los habitantes del pueblo. De hecho, cualquier palestino es un blanco, y muchos llegan a temer que la guerra de exterminio que Israel libra desde hace tres años en Gaza se traslade a Cisjordania (véase el recuadro de Akram Belkaïd).

La mayoría de los invitados a la fiesta de Ramala tienen familiares y amigos en los pueblos amenazados. Algunos incluso poseen una parcela que a veces están a punto de perder, como consecuencia de una apropiación violenta por parte de colonos o de una orden militar de expropiación para ensanchar una carretera o ampliar un asentamiento. Los demás sufren ataques de colonos cuando se desplazan, o controles del Ejército, a menudo en respuesta a las exigencias de los colonos. En total, en Cisjordania, alrededor de un millar de barreras de todo tipo aíslan —o pueden aislar— a estas comunidades palestinas unas de otras y obstruyen las principales vías de comunicación (3). Así, hay 450 portones de hierro instalados a la salida de ciudades y pueblos; los soldados los abren y los cierran siguiendo criterios incomprensibles. Recientemente, también los colonos han empezado a utilizarlos para cerrar el paso a los palestinos.

En septiembre, la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA, por sus siglas en inglés) contabilizaba 6.190 ataques de colonos que habían causado lesiones a personas o animales y daños materiales (en cultivos y bienes) en el periodo 2023-2026 (1.836 ataques en 2025) (4). Solo en los siete primeros meses de 2026 ya se han contabilizado 1.418 ataques similares, lo que confirma la escalada observada desde 2022. A modo de comparación, en 2006, cuando la Organización de las Naciones Unidas (ONU) empezó a llevar estos registros, el total ascendía a 182 ataques anuales. A mediados de 2012, la ONU llegó a convocar una rueda de prensa para dar la voz de alarma, después de que el número de ataques alcanzara los 423 en 2011. Por su parte, basándose en los informes de los servicios de seguridad palestinos y en las informaciones difundidas por los medios de comunicación, el departamento de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) encargado de las negociaciones con Israel ha contabilizado 3.270 ataques entre enero y julio de 2026. Su recuento incluye incursiones y actos de hostigamiento por parte de colonos que no causan daños físicos ni materiales, como la incursión que desembocó en la detención de los hermanos Hamayel.

Detrás de estas agresiones hay numerosos judíos israelíes, la mayoría de los cuales lleva kipá, tirabuzones o tsitsit. Algunos están identificados como fundadores y propietarios de los puestos avanzados. Otros parecen acudir simplemente de visita los fines de semana. Muchos nacieron o crecieron en asentamientos reconocidos por Tel Aviv. Invaden tierras palestinas a pie o en vehículos todoterreno suministrados por el Estado y el Ejército, incluso en sábado, aunque la ley religiosa judía prohíbe conducir ese día. Muchos van enmascarados. Parte de las armas las proporciona el Estado. Agreden físicamente, a golpes de porra, profieren amenazas, roban animales (con el pretexto de que se los habrían robado a ellos), envían a su propio ganado a pastar y a destrozar la cebada que han sembrado los agricultores, incendian campos y casas, sabotean las fuentes de agua. Se apoderan de las situadas fuera de los pueblos, destruyen las conducciones y vacían los depósitos de las comunidades que no están conectadas a la red de abastecimiento.

Cada vez más, los agresores recurren a niños y adolescentes que parecen haber sido adiestrados para sembrar el caos. Actúan exasperando o agotando a humildes pastores y agricultores y arrasan campos y huertos acompañados de un rebaño de ovejas. Son agresivos y no dudan en insultar o golpear, tanto a palestinos como a voluntarios israelíes e internacionales. Las personas atacadas saben que, si se defienden, serán detenidas por ejercer violencia contra menores. Así, a finales de agosto, unos colonos secuestraron a un activista británico que se encontraba en el pueblo de Umm al-Khair, en el sur de Cisjordania, mientras intentaba impedir incursiones de niños. Acusado de pedofilia por unos colonos, fue entregado a la policía y posteriormente expulsado (5).

Muchos temen que la guerra de exterminio que Israel libra desde hace tres años en Gaza se traslade a Cisjordania

Nada pone freno al uso de menores para hostigar a los palestinos: ni las gestiones de activistas israelíes ante los servicios sociales de su país ni los testimonios difundidos por los medios de comunicación. Los comportamientos son similares en distintas zonas de Cisjordania, al igual que su “equipamiento”: los rebaños de ovejas, vacas o camellos que utilizan y de los que se dota a cada nuevo puesto avanzado. A ello se suma la rapidez con la que el asentamiento obtiene después la conexión a la red de abastecimiento de agua de una base militar, o con la que se acondiciona una carretera de acceso. Todo sugiere la existencia de una mano que dirige, planifica y organiza esta presión cotidiana, con el apoyo total de las autoridades.

Por ello, desde 2022, setenta y cuatro comunidades y familias de pastores han tenido que recoger sus escasas pertenencias, abandonar los lugares donde vivían desde hacía décadas y replegarse en zonas densamente pobladas. Son unas cinco mil personas. Quienes aún se aferran a sus tierras en otras dieciocho comunidades han visto marcharse a quinientos de los suyos (6). Aquí y allá, los restos de una tienda de campaña o de una estructura prefabricada que antes servía de escuela recuerdan que, hasta hace poco, en esos lugares vivía gente.

Gracias a las armas de que disponen, a la ayuda militar y a la inacción de las autoridades encargadas del orden público, las milicias de colonos han conseguido en los últimos años expulsar a los palestinos de más de mil kilómetros cuadrados, casi una quinta parte de la superficie de Cisjordania. Pastores, agricultores, paseantes, familias que salen de pícnic: todos temen pasar el rato en esos lugares que fueron el paisaje de su infancia (7).

La desaparición de las comunidades de pastores de una zona tan extensa otorga a las milicias de colonos mayor libertad para atacar viviendas o tierras en la periferia de pueblos y ciudades, e incluso para apoderarse de ellas. También aquí, tanto el Ejército como la policía fingen impotencia. Los colonos han conquistado literalmente tres casas particulares en el pueblo de Jalud, tras hostigar a las familias que vivían en ellas, y siguen asediando viviendas en el pueblo de Qusra. Ni las críticas del embajador de Estados Unidos en Israel, Michael Huckabee —pese a ser un firme partidario de la empresa colonizadora—, ni las condenas de algunos oficiales convencen al Ejército israelí de que desaloje a estos ocupantes ilegales, a los que incluso los jueces del Alto Tribunal han calificado de “alborotadores”.

“Esta es mi casa”. La frase se repite a menudo, de distintas formas, en numerosos ataques. En las afueras de Ramala, a finales de enero, los Burhan la oyeron pronunciar, en un árabe perfecto, a un judío israelí que echaba abajo su puerta a martillazos. Una de las mujeres de la familia nos cuenta que un soldado acompañaba al asaltante y que ambos huyeron después de verla santiguarse. Pero el hombre del martillo había tenido tiempo de golpear con una piedra a su madre, de 65 años, hasta hacerla sangrar. ¿Su delito? Haber pedido a un muchacho que alejara el rebaño de ovejas que había llevado hasta el centro del huerto que rodea la casa. El muchacho —que “parecía asustado”, cuenta la madre— pidió ayuda a los habitantes del puesto avanzado instalado en tierras del pueblo vecino. Dos familiares de la madre que acudieron a socorrerla fueron detenidos por soldados y retenidos en un centro militar durante casi ocho horas. Su hijo, que había intentado ahuyentar a los agresores (uno de ellos lo había filmado mientras les lanzaba piedras), también fue detenido posteriormente. Los soldados le propinaron una paliza antes de entregarlo a la policía. Tras cinco días de detención, el juez militar acabó poniéndolo en libertad previo pago de una elevada fianza en efectivo. Era imposible que el magistrado ignorara tanto las fotografías del rostro tumefacto de su madre como el hecho de que la policía no hubiera interrogado a los agresores.

Esta puesta en libertad desató la ira de los colonos, sobre todo después de que los medios de extrema derecha hablaran de un incidente grave en el que unos “alborotadores árabes” habían atacado a un pastor que apacentaba su rebaño. Unos días más tarde, uno de los colonos se presentó en el patio de la casa. Unos soldados que lo seguían volvieron a detener al hijo con el pretexto de que habría incitado a unos vecinos a lanzar piedras contra israelíes. Un portavoz del Ejército israelí nos aseguró que los colonos no estaban detrás de la detención. También negó que los soldados hubieran golpeado al detenido y le hubieran obligado a barrer y limpiar el puesto militar donde había estado retenido.

Desde que se produjeron estos incidentes —como ocurre con muchas viviendas de la periferia de pueblos y ciudades—, la casa de los Burhan se ha convertido en una fortaleza, rodeada de una alta valla, portones de hierro y cámaras de vigilancia. La familia y sus vecinos ya no se atreven a aventurarse por las laderas bajas de la colina para cuidar de sus olivos, situados a apenas unas decenas de metros de sus casas.

En algunas cuentas públicas de las redes sociales, las milicias judías (conocidas como los “Jóvenes de las Colinas”) se jactan de sus actos al tiempo que arremeten contra las rarísimas detenciones de sus miembros por parte de la policía israelí. El pasado 10 de septiembre, el canal de WhatsApp Anshei Shlomeinu (“Nuestro pueblo”, en hebreo) publicó un “balance de la lucha contra el enemigo árabe en Tierra Santa” correspondiente al año hebreo que acababa de terminar. El mensaje detalla la “lista de los pueblos atacados y el número de ataques”. En ella figuran al menos ciento cincuenta nombres, ordenados de mayor a menor según el número de asaltos. La ciudad de Bir Zeit fue atacada dos veces; el pueblo vecino de Attara, cinco; Jalud, diez, mientras que Qusra y Khirbet Abu Falah sufrieron quince asaltos cada uno. Los autores de la publicación presumen también de otras hazañas: “Número de vehículos palestinos incendiados [en Cisjordania]: 436. Número de edificios incendiados: 201. Mezquitas incendiadas: 15. Número de árabes heridos: 409”. Y prosiguen: “Además, se han roto decenas de miles de cristales, se han talado miles de olivos, se han pinchado cientos de neumáticos y se han incendiado decenas de miles de dunams [1 dunam = 0,1 hectáreas] de campos y huertos. Un buen y feliz año a todo el pueblo de Israel”. Pero hay una omisión: desde principios de año, civiles israelíes han asesinado a quince palestinos durante sus agresiones. A otros ocho los mataron en circunstancias similares, sin que pueda establecerse si fueron soldados o colonos quienes lo hicieron (8).

Entre el 1 de enero y el 8 de septiembre de 2026, 88 palestinos murieron por disparos israelíes en Cisjordania. Entre ellos había 21 menores, y el más pequeño tenía menos de un año. En Hebrón, un soldado disparó contra el coche en el que viajaban un padre y sus hijos. En su defensa, afirmó haber creído que su vida corría peligro. El peligro de muerte se invoca con frecuencia, en particular cuando se alega que las personas abatidas habían lanzado piedras o artefactos incendiarios, sobre todo durante incursiones militares en barrios residenciales palestinos. Hasta la fecha, la organización de derechos humanos B’Tselem solo ha podido investigar 49 de estas muertes de palestinos (9). Los testimonios recogidos no siempre corroboran la versión del Ejército y, en la mayoría de los casos, el recurso a la fuerza letal parece desproporcionado.

En la práctica, la agresividad de las autoridades supera siempre a la de los colonos. Así, durante los primeros meses de 2025, el Ejército, por orden del ministro de Defensa, Israel Katz, expulsó de sus hogares a todos los habitantes de los campos de refugiados de Yenín y Tulkarem, más de 33.000 personas. Desde entonces, deambulan entre casas de familiares, pisos alquilados y centros de acogida. ¿La justificación invocada? La “eliminación de las infraestructuras ‘terroristas’”.

En esos mismos campos, el Ejército ha demolido un gran número de casas. También ha arrancado, y sigue arrancando, miles de árboles frutales propiedad de palestinos, por diversos motivos de seguridad y como castigo. Impide a centenares de familias de agricultores acceder a sus tierras situadas al otro lado del muro de separación. Así, durante los ocho primeros meses del año, las autoridades han demolido 1.049 construcciones palestinas, la inmensa mayoría por carecer de licencia de obras. Según la OCHA, unas 1.380 personas se han quedado sin techo. De hecho, Israel conserva el monopolio de la planificación y de la concesión de licencias en más del 60% del territorio de Cisjordania, así como en todo Jerusalén Este. Desde 1967 y el comienzo de la ocupación, Tel Aviv aplica una política restrictiva en la concesión de licencias de obras a los palestinos; el resultado son edificaciones en terrenos privados que las autoridades consideran después ilegales.

Todo sugiere la existencia de una mano que dirige, planifica y organiza esta presión cotidiana, con el apoyo total de las autoridades

Los medios de comunicación rara vez mencionan las otras formas de hostigamiento cotidiano que sufren los palestinos. Cada noche, pero también cada vez más a menudo de día, unidades militares toman barrios residenciales de pueblos y ciudades de Cisjordania para practicar detenciones, hacer demostraciones de fuerza e intimidar a la población. Las dotaciones de los jeeps irrumpen entonces en las casas en plena noche. En otras ocasiones, alteran el tráfico del centro de una ciudad durante una hora, a veces más, y se ponen a disparar granadas lacrimógenas y munición real. El departamento de la OLP encargado de las negociaciones contabilizó 1.358 redadas e incursiones de este tipo solo en el mes de agosto. Los apartados de su informe diario dan cuenta de la vida de los habitantes de Cisjordania: “muertos”, “heridos”, “detenidos”, “redadas militares”, “disparos con munición real”, “toma de control de viviendas [por el Ejército]”, “hostigamiento a las fuerzas de seguridad palestinas”, “ataques contra equipos médicos”, “obstáculos al sistema educativo”, “bloqueo permanente de puntos de paso y carreteras”, “controles militares por sorpresa”, “ataques de colonos”, “daños materiales”, “confiscación de bienes”, “intrusión en lugares de culto”, “ataques aéreos”, “demoliciones de casas”, “nivelación de tierras” (arranque de la vegetación), “confiscación de tierras”, “toque de queda”, “detenciones”.

Las más de las veces, estos agravios se entrelazan. Una redada militar va acompañada de disparos con munición real, a veces de heridos o muertos y, a menudo, de detenciones. Los controles de carretera por sorpresa pueden dar lugar al robo de dinero o a la confiscación de un coche. Según el departamento de negociaciones de la OLP, en agosto se registraron 4.485 incidentes relacionados con la ocupación. Pero estos informes no reflejan la política de estrangulamiento económico que lleva a cabo el Gobierno israelí. Esta se ejerce de tres maneras, cada una de las cuales merecería un examen detallado: el robo —llamado eufemísticamente “incautación” o “retención”— de los ingresos de la Autoridad Palestina procedentes de los derechos de aduana y de los impuestos a la importación, entre el 60% y el 70% del total de sus ingresos; la prohibición de que unos 120.000 trabajadores palestinos se reincorporen a sus empleos en Israel, y las restricciones cada vez más severas a la libertad de circulación dentro de la propia Cisjordania. Combinadas, estas trabas empobrecen tanto a los empleados del sector público como a las familias de clase obrera o a los propietarios de pequeñas empresas. Perjudican gravemente a los sistemas públicos de salud y de educación. Su funcionamiento pone en peligro la vida de miles de pacientes y provoca un deterioro palpable de la calidad de la enseñanza.

Los agresores recurren a niños y adolescentes que parecen haber sido adiestrados para sembrar el caos

El Gobierno de Benjamín Netanyahu es responsable de esta asfixia económica, así como de la proliferación de los puestos avanzados y de su violencia crónica. Y el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, encarna a la perfección estas políticas. Respaldado por otros ministros y diputados de su corriente —el sionismo religioso (véase el artículo de Ilan Pappé), cuyos partidarios son en su mayoría colonos—, este resuelto planificador perfila, de palabra y de obra, el futuro de los palestinos. El planteamiento que lanzó en 2017 bajo el nombre de “Plan decisivo” no deja lugar a dudas: los palestinos deben admitir que nunca lograrán materializar su proyecto nacional “desde el río hasta el mar” (el Jordán y el Mediterráneo), una tierra reservada exclusivamente a los judíos. Según Smotrich, los palestinos que quieran quedarse tendrán que aceptar las condiciones impuestas por Israel.

La violencia de los colonos, que el poder establecido israelí facilita y respalda, debe ponerse en relación con los designios del plan de Smotrich. Desde hace décadas, una sofisticada maquinaria burocrático-militar restringe u obstaculiza la actividad palestina en la mayor parte de Cisjordania, en particular en la construcción, la ganadería y la agricultura. Se reviste de una apariencia de legalidad apoyándose en un amplio sistema de leyes y reglamentos, cláusulas de los Acuerdos de Oslo, motivos de seguridad y resoluciones del Alto Tribunal, y se aprovecha del escaso efecto de las protestas —por lo demás, tímidas e inofensivas— de la “comunidad internacional”.

Quizá no esté ya muy lejos el día en que los colonos no se conformen con invadir las afueras de los pueblos, sus tierras y las comunidades de pastores, sino que penetren también en el corazón mismo de una ciudad o un pueblo palestinos, con o sin el Ejército israelí a su lado, con el propósito declarado de demostrar quién manda. Estas incursiones desafiarán a los aparatos de seguridad de la Autoridad Palestina, que, por ahora, tiene las manos atadas. Estos colonos tratarán de provocar una respuesta palestina (resistencia activa, un estallido de rabia individual, el uso de armas blancas o de fuego) que permita al Ejército adoptar medidas aún más drásticas contra el conjunto de la población. Todo ello para alcanzar el objetivo de los agresores y de los altos cargos que los respaldan: la expulsión de los palestinos de su patria.

(1) “Settlement watch”, www.peacenow.org.il

(2) “Two Palestinians killed by gunfire and another apparently died from tear gas inhalation in a combined settler and soldier attack on the village of Khirbet Abu Falah”, 12 de mayo de 2026, www.btselem.org

(3) Véase Cécile Marin, “50 kilomètres, 5 heures de route”, en Manière de voir, n.º 157, “Palestine. Un peuple, une colonisation”, febrero-marzo de 2018; Yaniv Kubovich, “IDF lawyer: Israeli army randomly, unlawfully restricts West Bank Palestinians”, Haaretz, Tel Aviv, 25 de junio de 2026; véase también “Fact sheet: Movement and access in the West Bank, April 2026”, Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), 23 de abril de 2026, www.unocha.org

(4) “New West Bank map: The impact of settler attacks, January 2023 – August 2026”, OCHA, 24 de agosto de 2026, www.unocha.org

(5) Mariam Elsayeh, “Israel deports British activist who protected Palestinian children”, 7 de septiembre de 2026, www.aljazeera.com

(6) “Rolling list: Ethnic cleansing of Palestinian communities and lone families in the West Bank”, 8 de julio de 2026, www.btselem.org

(7) Peace Now y Kerem Navot, informe “Annus Mirabilis. Actions by the Israeli government to annex the West Bank, 2023-2025”, 6 de julio de 2026, https://peacenow.org.il

(8) La OCHA actualiza con frecuencia estos balances. Véase “Data on casualties”, www.ochaopt.org

(9) Véase https://statistics.btselem.org

(10) “Settlement watch”, www.peacenow.org.il

(11) “Two Palestinians killed by gunfire and another apparently died from tear gas inhalation in a combined settler and soldier attack on the village of Khirbet Abu Falah”, 12 de mayo de 2026, www.btselem.org

(12) Véase Cécile Marin, “50 kilomètres, 5 heures de route”, en Manière de voir, n.º 157, “Palestine. Un peuple, une colonisation”, febrero-marzo de 2018; Yaniv Kubovich, “IDF lawyer: Israeli army randomly, unlawfully restricts West Bank Palestinians”, Haaretz, Tel Aviv, 25 de junio de 2026; véase también “Fact sheet: Movement and access in the West Bank, April 2026”, Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), 23 de abril de 2026, www.unocha.org

(13) “New West Bank map: The impact of settler attacks, January 2023 – August 2026”, OCHA, 24 de agosto de 2026, www.unocha.org

(14) Mariam Elsayeh, “Israel deports British activist who protected Palestinian children”, 7 de septiembre de 2026, www.aljazeera.com

(15) “Rolling list: Ethnic cleansing of Palestinian communities and lone families in the West Bank”, 8 de julio de 2026, www.btselem.org

(16) Peace Now y Kerem Navot, informe “Annus Mirabilis. Actions by the Israeli government to annex the West Bank, 2023-2025”, 6 de julio de 2026, https://peacenow.org.il

(17) La OCHA actualiza con frecuencia estos balances. Véase “Data on casualties”, www.ochaopt.org

(18) Véase https://statistics.btselem.org

Amira Hass. Periodista afincada en Ramala (Cisjordania).