Pilar Mera Costas, Julio Prada, Ricardo Robledo y Sergio Riesco (Conversación sobre la Historia), 3 de Octubre de 2026
Este primer bloque analiza los factores estructurales y las dinámicas conspirativas que condujeron al colapso del régimen constitucional de la Segunda República, desmontando la visión de un conflicto fortuito o inevitable. A partir de las contribuciones de Pilar Mera, Julio Prada, Ricardo Robledo y Sergio Riesco, las investigaciones integran la dimensión política, militar y socioeconómica para explicar la génesis de la contienda. En primer lugar, se demuestra que la conspiración antirrepublicana no nació de la inestabilidad de la primavera de 1936, sino de una estrategia desestabilizadora articulada desde la proclamación de la República en 1931 con el respaldo de élites civiles, financieras y de los regímenes fascistas. En segundo lugar, se define la sublevación de julio como una insurrección contrarrevolucionaria que concibió el terror y la violencia no como un exceso fortuito, sino como una herramienta metódica de dominación, degenerando en guerra civil tras su fracaso parcial. Finalmente, se sitúa el conflicto agrario en el centro de esta quiebra, entendiendo la reforma como un choque de poder en el que la reacción violenta de las élites latifundistas buscó frenar la democratización del medio rural. En síntesis, el bloque muestra que la guerra no fue el resultado de un desgaste espontáneo de las instituciones, sino de la decisión deliberada de una coalición antirrepublicana de destruir por la fuerza la legalidad de 1931.
Índice
La conspiración permanente. Polarización, (des)lealtades y mitos del golpe de 1936, por Pilar Mera
Julio de 1936: anatomía de un golpe (y de muchos instantes), por Julio Prada
La conspiración permanente. Polarización, (des)lealtades y mitos del golpe de 1936
Pilar Mera Costas (UNED)
Uno de los mitos que más perdura sobre el golpe de Estado de julio de 1936 es que el asesinato de José Calvo Sotelo fue su principal desencadenante. Esta muerte violenta supuso la gota que derramó el vaso tras una primavera inestable, descontrolada y brutal. Así, estaríamos ante un golpe repentino que surgió en un contexto de miedo y extrema violencia. Sin embargo, las investigaciones a ras de suelo sobre aquel caluroso fin de semana nos muestran imágenes más típicas de cualquier verano que de un mundo apocalíptico. Colchones en el patio por la limpieza general del sábado, verbenas populares, fiestas de barrio, excursiones parroquiales, jóvenes y familias en la playa, cines llenos de gente, con películas como Morena clara en la pantalla… Aquellas estampas cotidianas se vieron truncadas por el golpe y sus consecuencias. Un trágico desenlace que hoy conocemos, pero que los hombres y mujeres de entonces, incluso las élites políticas, ignoraban.
La evidencia documental también desmiente la versión del golpe como un acto intempestivo en respuesta inevitable a la inestabilidad. Por el contrario, las fuentes nos hablan de una trama antirrepublicana que nació casi con la Segunda República. Mientras el nuevo régimen era recibido con entusiasmo popular en las calles, los sectores monárquicos más irreductibles y aquellas élites que veían perdida su tradicional hegemonía comenzaron a articular sus estrategias de resistencia. Entre las muestras más tempranas de esta actividad se cuenta, por ejemplo, la fundación del Círculo Monárquico Independiente en la calle Alcalá o la circulación de pasquines clandestinos como El Murciélago, una publicación que exhortaba abiertamente a «hacer la vida imposible a esta caricatura de República»[1]. Al mismo tiempo, un grupo de generales postergados y exministros dinásticos constituyó en San Juan de Luz un comité permanente dedicado a conspirar. La contestación al orden constitucional no dependió de la coyuntura de un momento determinado, sino que fue una enmienda a la totalidad que surgió junto a la experiencia democrática y como respuesta a ella.
La primera prueba práctica de esta pulsión insurreccional fue la sanjurjada del 10 de agosto de 1932. Al frente de este pronunciamiento de trazas decimonónicas estuvo el general José Sanjurjo y junto a él, una mezcla de militares retirados y jóvenes, aristócratas, políticos y algún banquero. Aquel intento resultó un estrepitoso fracaso por su escaso apoyo militar y su estrategia deficiente y desarticulada. Pese a ello, algunas de sus consecuencias actuaron como semillas hacia el futuro. El indulto concedido a Sanjurjo y la canalización de fondos de solidaridad hacia los militares encausados propiciaron la creación de la Unión Militar Española (UME). Esta red clandestina actuó como un eficaz catalizador de lealtades en los cuarteles. Por ello, el golpe de 1936 contó con una estructura técnica de la que carecieron las tentativas previas, lo que evitó repetir sus imprecisiones.
En este complejo entramado también actuaron sectores civiles, quienes buscaron apoyo internacional entre las potencias fascistas. Ya en marzo de 1934, Antonio Goicoechea y Calvo Sotelo, dirigentes de Renovación Española, firmaron pactos secretos con Benito Mussolini y Galeazzo Ciano, quienes garantizaron asistencia financiera y material bélico en caso de un hipotético golpe. El 1 de julio de 1936, Pedro Sainz Rodríguez, en representación del mismo partido, culminó estos acuerdos con la compra de un nutrido arsenal de aviación por más de 39 millones de liras. Casi dos semanas antes del asesinato de Calvo Sotelo, los conspiradores civiles ya preparaban un escenario de guerra prolongada.
El triunfo de la coalición del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936 cerró en las derechas la vía «accidentalista» de la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), El grupo de raíz católica y liderado por José María Gil-Robles había encabezado la alternativa que busca transformar la República desde dentro. Pero su derrota en los comicios los alejaba del poder y con ello, de la posibilidad de alterar el régimen reformando la Constitución. Ante este fracaso, la opción insurreccional ganó fuerza. El rechazo hacia el Frente Popular sirvió como cemento para unir a los diferentes grupos antirrepublicanos. Sus proyectos de futuro eran diferentes, pero lo que primaba era derribar al Gobierno. Este objetivo común dejó la iniacitiva de la conspiración en manos de mandos militares en activo. El general Emilio Mola, instalado en la Comandancia Militar de Pamplona, asumió el papel de «el Director». En sus célebres «Instrucciones reservadas», insistió en la importancia de actuar con extrema violencia para yugular la resistencia gubernamental desde las primeras horas del golpe. Asimismo, en junio de 1936, perfiló un programa político autoritario que planteaba la supresión de la Constitución de 1931, la disolución de las Cortes, la prohibición de los partidos obreros y la instauración de una dictadura militar sin servidumbres partidistas. La trama militar aglutinó así las pretensiones de los monárquicos alfonsinos, las milicias carlistas y las agrupaciones falangistas, vertebrando un operativo insurreccional que difícilmente puede tacharse de improvisado o reactivo[2].
También resulta frecuente que se responsabilice a las fuerzas republicanas por su supuesta inacción o complicidad con el desorden de la primavera de 1936. Los ejecutivos republicanos presididos por Manuel Azaña y Santiago Casares Quiroga trabajaron por modernizar la gestión institucional de la seguridad ciudadana, dejando atrás una concepción militarista de orden público. La tarea resultó compleja debido a la convergencia de una movilización intensa con unos recursos de contención y control escasos, donde de manera tradicional el Ejército aparecía como la herramienta de respuesta a la protesta colectiva. Los dirigentes republicanos mantuvieron una lealtad irrenunciable al principio de autoridad, a la supremacía del poder civil y al ordenamiento constitucional. Con el fin de evitar la injerencia del Ejército en tareas de seguridad interna, cuya intervención solía saldarse con desenlaces sangrientos, crearon el Cuerpo de Seguridad y Asalto, una fuerza antidisturbios urbana de naturaleza civil. Del mismo modo, las reticencias de Casares Quiroga a autorizar el reparto preventivo de armas entre los sindicatos durante las horas previas al golpe obedecieron a la voluntad deliberada de preservar la legalidad estatal y no fracturar la lealtad de aquellos militares que aún permanecían fieles a la Constitución.[3]
La actitud del Gobierno republicano frente a los mandos que terminaron sublevándose también suele recibir acusaciones de inacción o debilidad. En este sentido, resulta revelador el testimonio que José María Varela Rendueles, gobernador civil de Sevilla en aquel verano, dejó en sus memorias. En ellas advertía que juzgar las resoluciones de entonces con los ojos y la información del presente distorsiona la realidad histórica. En 1936, conceder crédito a la palabra de honor de los militares no constituía una muestra de ingenuidad, indecisión o exceso de confianza, sino el comportamiento esperado en un Estado de derecho. Poner en duda la fidelidad jurada por hombres que hacían del honor su valor supremo habría representado una insensatez ofensiva y una provocación culpable. Por ello, Azaña, Casares y tantos gobernadores civiles republicanos creyeron en la palabra dada por los mandos que afirmaron su lealtad al ser cuestionados. Ignoraban que los golpistas habían convertido sus promesas en un ardid de guerra[4].
Pero quizás el mito más arraigado a la hora de hablar de los orígenes del golpe de Estado es la idea de que en la primavera de 1936 se vivió una situación de polarización simétrica que dividía en dos las calles españolas. Una idea que compra el marco con el que la propaganda contrarrevolucionaria dotó de legitimidad la solución armada por la que había optado. La efervescencia social experimentada tras el triunfo del Frente Popular no constituía una maniobra insurreccional orientada a la toma del poder, sino el despliegue de una sociedad altamente movilizada que aprovechaba un marco institucional libre para exigir la aceleración de las reformas agrarias y laborales arrastradas desde 1931. El proceso de modernización de la gestión de la seguridad ciudadana estaba lejos de haber terminado, lo que facilitó que en un contexto de movilización intensa se multiplicaran los incidentes violentos o las intervenciones gubernamentales con resultado de lesiones o muerte. A ello habría que añadir la estrategia de sabotaje deliberado de la reivindicación popular propugnado por Falange Española. La organización compensó su escasez de masa militante con una cuidada estrategia que combinó los atentados armados, como el perpetrado contra el catedrático socialista Luis Jiménez de Asúa, con la agitación callejera para forzar la intervención represiva del Estado y desatar un letal bucle de violencia de acción y reacción.
De forma coordinada con la violencia urbana, los portavoces parlamentarios de las derechas emplearon la tribuna del Congreso para recitar minuciosas nóminas de altercados públicos, amalgamando huelgas legales, disputas ideológicas y delitos comunes para alimentar el mito de una España sumida en el caos. Esta campaña de alarmismo meditado, amplificada diariamente por la prensa conservadora, buscaba sembrar el pánico en las clases medias y justificar la intervención militar. En palabras del entonces embajador de Estados Unidos en España, Claude Bowers, resultaba «claro como la luz que se había organizado una poderosa propaganda para dar la impresión de que el país se hallaba en un estado de anarquía»[5]. La conflictividad de la primavera de 1936 no fue, por tanto, la causa generadora de la conjura militar, sino el pretexto escénico de una trama contrarrevolucionaria que llevaba años acechando las instituciones republicanas.
Frustrado el golpe en la mitad del territorio gracias a la lealtad de parte del Ejército, de las fuerzas de seguridad y de las milicias obreras, el choque derivó en una sangrienta contienda civil. Tras la guerra se impuso una «larga noche de piedra», marcada por la represión, el terror y el exilio de miles de ciudadanos. Aquella barbarie sepultó la experiencia democrática e institucional de la Segunda República y sustituyó la palabra y la reforma social por una dictadura militar nacida de una conspiración de largo recorrido.
Selección bibliográfica
- Rafael Cruz, En el nombre del pueblo. República, rebelión y guerra en la España de 1936, Madrid, Siglo XXI, 2013.
- Eduardo González Calleja, Radicalización violenta de las derechas en la Segunda República, 1931-1936, Madrid, Alianza Editorial, 2011.
- Pilar Mera Costas, 18 de julio de 1936. El día que empezó la Guerra Civil, Madrid, Taurus, 2021.
Notas
[1] Eduardo González Calleja, Contrarrevolucionarios. Radicalización violenta de las derechas en la Segunda República, 1931-1936, Madrid, Alianza Editorial, 2011, p. 30.
[2] Pilar Mera Costas, 18 de julio de 1936. El día que empezó la Guerra Civil, Madrid, Taurus, 2021, pp. 94-95.
[3] Sergio Vaquero Martínez, La democratización del orden público en la Segunda República española: cultura, política y policía, 1931-1936, (tesis doctoral inédita).
[4] José María Varela Rendueles, Rebelión en Sevilla. Memorias de su gobernador rebelde, Sevilla, Ayuntamiento de Sevilla, 1984, pp. 92-94
[5] Claude Bowers, Misión en España, Barcelona, Planeta, 1977, p. 206.
Julio de 1936: anatomía de un golpe (y de muchos instantes)
Julio Prada (UVigo)
Hay acontecimientos históricos que parecen resistirse al paso del tiempo. No porque permanezcan inmóviles, sino porque cada generación vuelve a interrogarlos con nuevas preguntas, nuevos temores y nuevas servidumbres. El golpe de Estado de julio de 1936 pertenece a esa categoría de sucesos que continúan librando batallas en el terreno de la memoria, la política y la historiografía. Quizá porque no se trató únicamente de una sublevación militar contra un régimen constitucional, sino de una operación contrarrevolucionaria destinada a destruir el sistema político nacido en 1931 y a sustituirlo por un orden autoritario, antiliberal, jerárquico y excluyente. Lo que vino después, la guerra, no fue la causa del golpe. Fue la consecuencia de que el golpe fracasara sin llegar a ser derrotado del todo; o, si se prefiere, de que triunfara sin imponerse por completo.
Pero lo ocurrido entre el 17 y el 20 de julio de 1936 no brotó de una fatalidad abstracta, sino del choque entre una insurrección militar y civil y las fuerzas que permanecieron leales al régimen republicano. De hecho, esos tres días no pueden entenderse al margen de todo un proceso conspirativo previo, con fases, actores y estrategias cambiantes.
La conspiración
Durante mucho tiempo se habló de julio de 1936 como si hubiera sido, ante todo, una conjura de cuarteles. Esa imagen no es falsa, pero resulta incompleta. El golpe fue militar en su ejecución, pero no puede entenderse sin la trama civil que lo alentó, financió, justificó y conectó con apoyos exteriores. Los historiadores hemos tenido que corregir una mirada excesivamente centrada en Mola, Sanjurjo, Franco, Goded, Queipo o Cabanellas para incorporar con mayor nitidez a monárquicos alfonsinos, carlistas, financieros, propagandistas, mediadores internacionales y organizaciones de extrema derecha.
La historiografía reciente documentado ampliamente los manejos monárquico-fascistas contra la República, la búsqueda de fondos entre sectores adinerados, la importancia de Juan March, los contactos para obtener armamento extranjero y la existencia de mecanismos de coordinación civil y militar. Algunos estudios, incluidos los de ámbito regional y provincial, también han permitido documentar la desigual extensión de otros intentos golpistas a los que se había prestado menos atención: agosto de 1932; diciembre de 1935; febrero y abril de 1936… La conclusión no puede ser más evidente: antes de julio de 1936 existía ya una estrategia conspirativa orientada a derribar la República. A la República, no solo al Frente Popular, que no ocupaba el poder en las tres primeras fechas señaladas.
No se trató, por tanto, de una reacción a lo acontecido durante la primavera de 1936. Fue una operación largamente madurada por sectores que no estaban dispuestos a aceptar la continuidad democrática de la República si el resultado electoral o la dinámica social escapaban a sus intereses. Quienes se rebelaron decidieron sustraer los conflictos sociales, religiosos, territoriales y laborales del campo político para trasladarlos al terreno de la conspiración militar, donde esos elementos civiles también tenían reservado su papel. Nada más lejos de la tesis de una sublevación preventiva ante una pretendida revolución comunista en curso. En la España de 1936 había violencia política, polarización, conflictividad agraria, huelgas, anticlericalismo, radicalización socialista en determinados sectores y una derecha cada vez más inclinada a soluciones de fuerza. Existía también miedo a la revolución; y el pánico moviliza, cohesiona y radicaliza. Pero, por sí solo, no es prueba de una revolución en ciernes con capacidad efectiva de tomar el Estado.
Fascismo y contrarrevolución
El fascismo estuvo presente en esa constelación, pero no la agotó. El golpe no fue exclusivamente fascista, aunque tuvo una dimensión fascista. La coalición sublevada era demasiado heterogénea para reducirla a una sola familia ideológica. En ella convivieron militares africanistas, monárquicos alfonsinos, tradicionalistas carlistas, católicos integristas, falangistas, propietarios agrarios, financieros y conservadores autoritarios. Una amalgama que carecía de un programa común, pero que compartía la visión de la República como un régimen ilegítimo o, al menos, prescindible.
El fascismo proporcionó lenguaje, estilo, violencia, estética de movilización, antimarxismo radical y conexiones internacionales. Los contactos previos entre sectores monárquicos españoles y la Italia fascista sitúan a Roma en la prehistoria del golpe, no solo en su desarrollo ulterior. La internacionalización no comenzó cuando la sublevación fracasó y los rebeldes pidieron ayuda para sostener la guerra; había ya expectativas, afinidades y gestiones anteriores entre una parte de la derecha antirrepublicana española y el fascismo italiano.
El caso alemán fue distinto en ritmo y mediación, pero resultó decisivo una vez iniciado el conflicto. La ayuda nazi permitió el traslado del Ejército de África y modificó radicalmente las posibilidades militares de los sublevados. Ahora bien, no debemos confundir ayuda internacional con autoría internacional. La decisión de derribar la República fue española. Fueron militares y civiles españoles quienes conspiraron, buscaron apoyos, movilizaron recursos y decidieron que la legalidad republicana debía ser cancelada por la fuerza. Italia y Alemania ayudaron, alentaron y condicionaron el desarrollo de la guerra, pero no inventaron el golpe.
Por eso parece más exacto definir julio de 1936 como una insurrección militar contrarrevolucionaria, sostenida por una trama civil antirrepublicana, con apoyos fascistas exteriores y un horizonte autoritario. Esta definición evita reducirlo a un pronunciamiento tradicional o identificarlo exclusivamente con el fascismo. El golpe fue más plural que el fascismo, aunque desbordó ampliamente los límites de un simple pronunciamiento. Pero, en todo caso, llevaba en ciernes una salida dictatorial. Podrá todavía discutirse su forma concreta: dictadura militar provisional, restauración monárquica autoritaria, Estado corporativo, régimen fascistizado… Pero el objetivo era destruir el marco político de 1931; y la pluralidad de proyectos dentro del campo sublevado lo único que viene a certificar es que los conjurados podían disentir sobre el régimen futuro, pero coincidían en que la República democrática debía desaparecer.
El papel de la violencia
El papel asignado a la violencia nos proporciona otras claves para entender la naturaleza del golpe. Para empezar, los golpistas habían sabido extraer varias enseñanzas de dos momentos previos de singular trascendencia. De la Sanjurjada de agosto de 1932 habían aprendido que si los comprometidos vacilaban, el desenlace podía resultar fatal. De ahí la rapidez con que en julio de 1936 se destituyó, detuvo y, en no pocos casos, fusiló a jefes y oficiales que no se sumaron al golpe, que se mantuvieron en una posición ambigua o, simplemente, que dudaron. La segunda lección fue que la clase obrera organizada respondería mediante la huelga general y la movilización popular. Por tanto, la sublevación debía estrangular esa respuesta desde el primer momento: ocupar los centros de poder, controlar comunicaciones, neutralizar sindicatos, detener dirigentes y quebrar la capacidad de resistencia popular.
Octubre de 1934 aportó otras enseñanzas decisivas: la eficacia de las detenciones preventivas para paralizar la resistencia organizada y la utilidad del Ejército y de las milicias afines para controlar el territorio. En 1936 esa experiencia fue incorporada a la mecánica del golpe. No se trataba solo de proclamar el estado de guerra, sino de convertirlo inmediatamente en una práctica de dominación: ocupar, detener, depurar, intimidar y fusilar allí donde se estimara necesario. La violencia no era un desbordamiento; era un método. Mola lo expresó con brutal claridad en sus instrucciones reservadas: había que actuar con extrema dureza, sembrar el terror, paralizar toda resistencia, generar lealtades compulsivas y eliminar sin vacilaciones a quienes se opusieran a la sublevación.
Aquella violencia inicial era, ante todo, una herramienta destinada a asegurar el triunfo del golpe: desarticular organizaciones republicanas y obreras, neutralizar mandos dubitativos y forzar la obediencia. Pero no tenía todavía como finalidad la eliminación sistemática de todos aquellos que no se opusieran activamente a la sublevación. La transformación del golpe en guerra civil amplió su alcance y transformó su naturaleza: pasó a ser, además, un instrumento al servicio de un proyecto contrarrevolucionario con vocación de permanencia. Y eso sí requería la aniquilación de quien fuera un obstáculo para su consolidación.
Noventa años después…
El trabajo del historiador no consiste en absolver retrospectivamente sino en comprender, jerarquizar causas, desmontar coartadas y devolver al pasado su complejidad sin diluir las responsabilidades. La memoria recuerda; la política utiliza; la historia documenta e interpreta. La República fue un régimen frágil, contradictorio y polarizado, a menudo desbordado por las tensiones de su tiempo. Pero era un régimen constitucional. Y fue destruido por una sublevación armada. Esa es la línea que ninguna sofisticación interpretativa debería borrar. Quienes se sublevaron decidieron que el adversario no debía gobernar, ni legislar, ni organizar sindicatos, ni educar, ni ocupar cargos públicos, ni existir como sujeto político. A partir de esa decisión, la guerra fue posible.
Y por eso el golpe sigue perturbándonos: no porque ignoremos su naturaleza, sino porque la conocemos mejor. La historia ha dejado claro que julio de 1936 no fue una reacción inevitable sino el producto de una insurrección militar y civil contra la República, una operación contrarrevolucionaria respaldada por sectores fascistas dentro y fuera de España y una tentativa de instaurar un orden autoritario mediante una violencia fundacional que, al no imponerse de inmediato y degenerar en guerra, abrió la mayor catástrofe de la España contemporánea.
Referencias bibliográficas
Moradiellos, Enrique. 1936. Los mitos de la Guerra Civil. Barcelona: Península, 2019.
Preston, Paul. La destrucción de la democracia en España: Reforma, reacción y revolución en la Segunda República. Barcelona: Debate, 2018.
Viñas, Ángel. ¿Quién quiso la Guerra Civil? Historia de una conspiración. Barcelona: Crítica, 2019.
En torno a la cuestión agraria y la Guerra Civil
Ricardo Robledo (UPF)
Sergio Riesco Roche (UCM)
Es un lugar común incluir el problema agrario entre los antecedentes de la Guerra Civil, sobre todo si se lo reduce tendenciosamente a la «anarquía» que reinaba en los campos desde la llegada de la República y muy especialmente en los meses del Frente Popular y en cambio nos olvidamos de la «anarquía» provocada. El primer autor que ofreció una respuesta a largo plazo de las causas de la guerra fue Brenan (1943), con El Laberinto español que lleva el sugerente subtítulo de «Antecedentes sociales y políticos de la guerra civil». Mientras que muchos intelectuales seguían considerando la Guerra Civil como una batalla entre el comunismo y el fascismo, Brenan entendió que era necesario explorar las raíces agrarias del problema con un horizonte de quinientos años. Malefakis (1971) siguió sus pasos en la perspectiva del largo plazo del problema agrario; su libro en inglés se subtituló «Origins of the Civil War», aclaración no recogida en la traducción española. En suma, la polarización de clases durante el periodo republicano tiene una importante dimensión agrarista, como corresponde al carácter mayoritariamente rural de la sociedad española de entonces (Robledo: 2022:398).
Hay discursos que pasan fácilmente a la historia como el de Azaña el 13 de octubre de 1931 cuando pronunció el célebre «España ha dejado de ser católica». Se ha producido la «revolución política», decía Azaña, «pero no se ha hecho más que plantear y enunciar aquellos otros problemas que han de transformar el Estado y la sociedad españolas hasta la raíz». Estos problemas, que no los había inventado la República, precisaba Azaña, eran la cuestión de las autonomías, la implantación de un laicismo de Estado y «el problema social en su forma más urgente y aguda, que es la reforma de la propiedad».
En ese análisis se encuentran los tres problemas clásicos de la agenda investigadora desde el tardofranquismo hasta hoy, con un declive algo más pronunciado en la historia de la reforma agraria. Ciertamente poco ayuda a recuperar su tratamiento si nos quedamos solo en la Ley de Bases de septiembre de 1932, la cual, según Azaña, debería haber supuesto la transformación «hasta la raíz» de la sociedad española. Pero el mentor de este deseo se opondría meses después a que se pudiera disminuir el peso de la concentración territorial: la propiedad expropiable del terrateniente sería solo la que superara los 300-600 hectáreas del municipio y no la suma de la superficie en una o varias provincias.
La reforma agraria y la Guerra Civil
La reforma de 1932 fue un proceso lento, burocrático, lleno de resistencias y pasos hacia atrás cada vez que se daba un paso adelante, mientras que el golpe de Estado de 1936 comportaba un proyecto de destrucción de una democracia aún incipiente, como han analizado los autores que nos preceden. Parece que no hay líneas de confluencia entre uno y otro fenómeno. Ahora bien, si tan inútil era ¿por qué el empeño en acabar con ella mediante la ley de contrarreforma de 1935? El último servicio de la ley agraria de 1932 ha consistido en hacer creíble la coartada del apoyo del mediano y pequeño campesino a la sublevación porque la República podía expropiarle las tierras, interpretación que ha cristalizado en más de un manual. La imputación parece desproporcionada porque esos colectivos quedaron prácticamente excluidos del Inventario de Fincas Expropiables. Sin embargo, fortaleció los lemas electorales de defensa de la propiedad en las elecciones de 1933 y 1936.
¿Hay más puntos de confluencia entre reforma/guerra? ¿Y por qué se concentró en Extremadura? Si la premisa de la reforma agraria es la expropiación, hasta julio de 1936 podríamos decir que poca reforma habría habido, ya que solo se había expropiado a los Grandes de España, considerados moralmente responsables de la asonada de Sanjurjo en 1932. Esto explica que, a finales de 1935, el Instituto de Reforma Agraria (IRA) contara incluso con un superávit presupuestario. Por otro lado, la elección de Extremadura como región prioritaria para la reforma agraria se justifica porque la dehesa, dedicación agro-silvo-pastoril, permitía recortar la superficie de pastos y arar una parte mientras la mano de obra disponía de capital circulante en forma de yuntas. Podríamos decir que era una reforma barata. Sin embargo, también existían dehesas en Salamanca y Castilla-La Mancha que no alcanzaron el mismo nivel de ocupación, lo que sugiere la relevancia de la movilización social en la región extremeña.
Ya en 1932, ante la lentitud parlamentaria de la tramitación de la Ley de Bases, se había promulgado una ley de Intensificación de Cultivos para las provincias latifundistas que permitió asentar durante dos años agrícolas a varios miles de familias yunteras. En 1934 los propietarios recobraron sus tierras con las rentas debidamente abonadas y en la primavera de 1936, Extremadura se convirtió en epicentro de la reforma desde abajo. Si no se efectuaba el barbecho o la siembra resultaba comprometida la subsistencia del campesinado en los meses siguientes. El episodio más decisivo aconteció la madrugada del 25 de marzo de 1936, cuando la organización de los vecinos de 280 pueblos facilitó la ocupación de entre 60.000 y 80.000 hectáreas sin graves incidentes (Espinosa, 2007: 223; Riesco, 2006: 398). En total, durante el periodo del Frente Popular, se ocuparon efectivamente cerca de medio millón de hectáreas, superficie que no superó en las provincias más afectadas el 10-12 % de la superficie agraria útil.
Las ocupaciones, como repertorio de acción colectiva o ciclo de protesta, no impidieron negociaciones locales como expusieron hace años Tilly, y Tarrow, reflejando una capacidad estatal suficiente para gestionar tensiones territoriales. Cuando ese estatus se quebró, no se debió a la reforma, sino al golpe militar que interrumpió el proceso, en línea con secuencias de quiebre institucional protagonizadas por actores armados más que por dinámicas socioeconómicas.
De todos los frentes conflictivos, el que más alimentó el mito de la anarquía republicana fue el intervencionismo en el mercado de trabajo. Los factores que alentaban el conflicto rural tenían orígenes complejos y lejanos. Ni la FAI desde el movimiento anarquista, ni la complicada coyuntura económica que incrementaba el desempleo ayudaron a la pacificación. Pero tampoco la militarización del orden público o la administración de la justicia que no dio oxígeno al República, como se desarrolla en el siguiente capítulo. La violencia horizontal no fue despreciable: obreros locales frente a forasteros, sindicados frente a no sindicados compitiendo por un trabajo escaso en un mercado con precios a la baja. Por último, el Estado. La política de orden público favoreció en gran medida los intereses de la gran propiedad. La República podía aumentar el número de guardias civiles o crear la Guardia de Asalto, pero no podía cambiar su forma de pensar y mucho menos la de sus jefes, sobre todo si eran africanistas, que recelaban de los movimientos sociales, ya fueran rurales o urbanos. Nada más iniciarse la República triunfó la impunidad ante los graves conflictos del Parque de María Luisa. Con motivo de la huelga campesina de junio de 1934 el ministro Salazar Alonso hizo de Dollfuss convirtiendo la mayor cosecha del siglo (hasta 1968) en un “servicio público” que penalizaba doblemente a los huelguistas.
La alternativa a la versión tremendista que suele hacerse del anarquismo agrario andaluz debería enfocarse desde el contexto de la guerra social que se vivió en el primer bienio republicano. Se da por supuesto que los anarcosindicalistas (y/o los socialistas) eran beligerantes, pero igual ocurría con los patronos. Por ejemplo, la Federación Económica de Andalucía nació en 1932 como «un organismo de lucha» o un «Frente Único de Iniciativa y Combate», en palabras de sus representantes. Como en cualquier guerra, los contendientes utilizaron las armas que tenían a mano. La patronal buscaba minimizar la coacción de las organizaciones obreras para defender los salarios o el laboreo forzoso, que derivaba con frecuencia en violencia. Sin embargo, las diferencias eran tan significativas que resulta ingenuo suponer que se produjo de inmediato un cambio.
Es necesario, además, valorar otros intereses. Conviene distinguir entre la percepción de la ley agraria y lo que realmente representaba la República para las clases conservadoras.
Religión y propiedad
La reacción de buena parte del campesinado y de las derechas ante la reforma agraria se explica menos por el temor a perder tierras que por el miedo a una ruptura del anclaje emocional y de la hegemonía cultural que sostenía el orden rural. El catolicismo político, hasta entonces marginal, se convirtió en una maquinaria de movilización gracias a las redes parroquiales y a la confrontación generada por la agenda laicista republicana, que impulsó la activación de nuevos colectivos. La movilización femenina y juvenil, a veces con rasgos fascistas, simbolizó ese cambio profundo (Serrano, 2024). La respuesta conservadora a esta nueva situación fue sobre todo de tipo cultural, ya que la reforma agraria encarnaba una República dispuesta a transformar la vida rural, alimentando un pánico moral que reforzó a quienes ya estaban comprometidos con la conspiración. Buena parte del campesinado medio navarro o castellano se sentiría identificado con esa orientación antirrepublicana que desarbolaba sus creencias.
¿Sin el apoyo del campesinado no hubiera triunfado el golpe militar? La interpretación que atribuye a los medianos y pequeños agricultores un papel decisivo en el golpe militar no se sostiene. De hecho, Andalucía oriental, donde los jornaleros eran mucho menos abundantes que en la occidental, quedó del lado de la República y viceversa. En general, este grupo había sostenido las políticas del Frente Popular y fue uno de los más fieles a la legalidad republicana: rabassaires catalanes, yunteros extremeños y pequeños propietarios o colonos de muchas otras comarcas actuaron como soporte del orden republicano. El mapa de las elecciones de 1936 sigue siendo muy ilustrativo al respecto:
En todo caso, no se puede hacer una relación mecánica entre pertenencia a un grupo social y respuesta política uniforme. Al menos por dos razones. Si seguimos la reflexión de Lakoff (2004: 34) la gente no vota necesariamente en su propio interés, sino que lo hace por su identidad y sus valores. En segundo lugar, porque el éxito de la sublevación se decidió en muchas áreas por el triunfo o fracaso de las grandes guarniciones urbanas, el grado de implicación de guardias de asalto o de la guardia civil. Con el refuerzo del contingente de Marruecos la política de terror precipitó el triunfo fascista en las áreas latifundistas.
Estado, latifundismo y élites agrarias
Es posible que se haya sobrevalorado la capacidad del Estado como un agente autónomo o instrumental, en lugar de fijarnos más en las resistencias y negociaciones para trasladar sus iniciativas al tejido social. Parece claro que el Estado de fines de 1934-1935 negoció muy poco y era bastante diferente al de tres años atrás. Según Azaña —en su discurso en las Cortes el 16 de abril de 1936— lo que había existido en 1934-35 era «la anarquía del propio Estado». La política de tierra quemada después de octubre de 1934 (represión, desahucios, caída de los salarios), que escandalizó hasta al diario católico El Debate, profundizó en la brecha social y alentó una polarización que era lo que más convenía a quienes estaban diseñando el golpe de estado a fines de 1935.
La tesis de Malefakis (1971) que atribuye al radicalismo socialista la capacidad de empujar a ciertos sectores hacia el golpe, resulta hoy poco sostenible. La radicalización del mercado de trabajo respondió más a la intransigencia patronal en un contexto de deterioro institucional que a una ofensiva revolucionaria. Paralelamente, la patronal agraria recuperó el control municipal en 1934-35, desmanteló los mecanismos de arbitraje laboral y anuló instrumentos de regulación territorial, preparando el terreno para la sublevación. La violencia procedió de un Estado utilizado por las derechas para revertir el empoderamiento obrero, mientras la reforma agraria actuó como pretexto movilizador más que como causa estructural del levantamiento.
El latifundio no era solo una estructura económica, sino un sistema de poder profundamente incompatible con la democracia, algo aún muy visible en la década de 1930 cuando se demostró la incompatibilidad entre latifundismo y liberalismo democrático. Los datos del Catastro muestran niveles extremos de concentración de la riqueza rústica, especialmente en Extremadura y Andalucía. El corolario de ello no era únicamente la desigualdad, sino la dominación, puesto que generaba paro estructural, dependencia, analfabetismo, caciquismo y violencia institucional. La República, en sus dos períodos más reformistas, intentó democratizar ese mundo y el ecosistema latifundista respondió violentamente contra ese proyecto. La cuestión agraria era una cuestión de poder, y allí donde ese poder estaba concentrado, la democracia resultaba incompatible con seculares prácticas de control social.
La tesis más delicada, si pretendemos aproximarnos al núcleo de la sublevación, apunta a un escenario de expectativas cruzadas que, para las élites agrarias, se percibió como un horizonte de desorden. Mientras sus rentas políticas se erosionaban, los trabajadores ampliaban derechos y confiaban en acceder a la propiedad de la tierra. El triunfo del Frente Popular activó el temor a una revolución comunista —un miedo infundado, pero políticamente muy eficaz— y alimentó estrategias de coerción destinadas a frenar el avance reformista. Para las derechas, la vía parlamentaria había dejado de ser funcional —¿desde octubre de 1934? — no porque la República impulsara una transformación revolucionaria, sino porque la dinámica democrática impedía recuperar el control perdido. En ese contexto, la violencia se convirtió en la herramienta decisiva para revertir el proceso. La reforma agraria avanzaba con firmeza y quienes buscaban derribar la República comprendieron que ese avance alteraba de manera irreversible el equilibrio de poder rural. De la impotencia se pasó a la contrarreforma agraria. Allí donde las élites agrarias conservaron poder político, económico o militar, la reforma agraria fue revertida de forma extraordinariamente violenta, hasta la raíz. En España, el golpe de 1936 desmanteló la reforma republicana; en Italia, el fascismo instrumentalizó la Bonifica al servicio de su propaganda; en Chile, el golpe de 1973 revirtió buena parte de la reforma; en Portugal, la ley de 1977 devolvió tierras a antiguos propietarios. La contrarreforma fue un acto de violencia política que revela la enorme capacidad de veto de las élites agrarias y su poder en los aparatos del Estado.
Si la memoria es un fenómeno histórico que se construye, los acontecimientos de este otoño -23 de septiembre sobre todo- nos alertan sobre la contrarreforma que nos espera y la necesidad de “cepillar la historia a contrapelo” (W. Benjamin).
Referencias bibliográficas
Espinosa, F. (2007). La primavera del Frente Popular: los campesinos de Badajoz y el origen de la guerra civil (marzo-julio de 1936). Crítica.
Lakoff, G. (2004): No pienses en un elefante. Lenguaje y debate político. Editorial Complutense.
Malefakis, E. (1971 [1970]). Reforma agraria y revolución campesina en la España del siglo XX. Ariel.
Riesco, S. (2006). La Reforma Agraria y los orígenes de la Guerra Civil. Biblioteca Nueva.
Robledo, R. (2022). La tierra es vuestra. La reforma agraria, un problema no resuelto. España, 1900-1950. Pasado&Presente.
Serrano García, R. (2024). El mundo rural castellano en tiempos de República. Universidad de Salamanca.
Fuente: Conversación sobre la historia
Portada: Manuel Azaña y Casares Quiroga con Franco y otros militares en A Coruña (1932)
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