Andrew P. Napolitano -Juez estatal jubilado EEUU- (CONSORTIUM NEWS) 1 de octubre de 2026
Los fundadores del sistema constitucional estadounidense separaron el poder militar del poder económico y dividieron el poder gubernamental por una razón, escribe el juez Andrew Napolitano.
Imagen de Trump en una pared de Washington, D.C., julio de 2026. (Diane Krauthamer/ Flickr/ CC BY-NC-SA 2.0)
En Estados Unidos, tenemos una Constitución para prevenir la percepción y la realidad de la tiranía de la opinión de un solo hombre.
La Quinta Enmienda de la Constitución deja claro que si el gobierno quiere vida, libertad o propiedad, no puede tomarlas por orden ejecutiva, sino solo mediante el debido proceso: un juicio justo con jurado y todas sus protecciones constitucionales; y el Artículo I deja claro que si el gobierno quiere la guerra, no puede iniciarla por orden ejecutiva, sino solo por declaración del Congreso.
También tenemos una Constitución para garantizar la separación de poderes en el gobierno federal.
El Congreso redacta las leyes, asigna el dinero de los contribuyentes y los fondos prestados en su nombre, y declara la guerra cuando Estados Unidos se encuentra en peligro de una amenaza extranjera inminente.
El presidente hace cumplir las leyes, gasta el dinero según las instrucciones del Congreso y libra las guerras que el Congreso ha autorizado.
El poder judicial decide qué significan la Constitución y las leyes y, si se impugnan debidamente, determina si el presidente y el Congreso o los estados han ejercido sus funciones de manera legal y constitucional.
La cuestión constitucional fundamental no reside en si un presidente cree sinceramente que sus políticas son necesarias, sino en si la Constitución permite que la libertad individual y un gobierno limitado dependan de la opinión de un solo hombre. Ese es el peligro de un gobierno ejecutivo sin controles legislativos y judiciales efectivos.
Una interpretación justa de la Constitución parte de una verdad evidente: el poder presidencial no es lo que el presidente crea que es, sino únicamente lo que la Constitución y las leyes le confieren realmente.
Consideremos los ataques del gobierno contra supuestas embarcaciones de narcotráfico. El presidente Donald Trump afirma haber ordenado a las fuerzas militares atacar buques de narcotráfico y describe la operación como parte de su campaña contra el fentanilo y los cárteles.
Pero la cuestión constitucional es independiente de la descripción que el presidente hace de los objetivos. Una persona sospechosa de ser narcotraficante —o incluso asesino en masa— no queda condenada a muerte por ello. La culpabilidad penal siempre requiere acusación, pruebas y un juicio conforme a la ley antes de la imposición de una pena.
Estos asesinatos en barco son ejecuciones extrajudiciales ilegales. En un lenguaje que todos los estadounidenses entienden, son asesinatos.
Lancha rápida venezolana momentos antes del ataque estadounidense. (Video de la Casa Blanca vía NBC News)
El mismo principio se aplica a Irán. Los Padres Fundadores dividieron deliberadamente las facultades para declarar la guerra. El Artículo I otorga al Congreso la facultad de declarar la guerra, autorizar el uso de la fuerza militar, regular las fuerzas armadas y controlar las asignaciones presupuestarias.
El artículo II convierte al presidente en comandante en jefe. Esta distinción es importante. El presidente comanda las fuerzas armadas; el Congreso determina dónde y bajo qué circunstancias lo hace.
Trump ha declarado abiertamente el bloqueo estadounidense del estrecho de Ormuz y ha afirmado que Estados Unidos controla qué barcos lo atraviesan. Además, ha impuesto sanciones que privan de alimentos, medicinas y estabilidad monetaria a millones de iraníes inocentes.
Incluso amenazó con asesinar a todos los iraníes —además de los miles que ya ha matado— si no se alcanza pronto un acuerdo de paz.
Estas declaraciones ponen de relieve aquello que la Constitución pretendía evitar que un solo individuo abordara por sí solo: si Estados Unidos debería emprender hostilidades militares y económicas contra la población de otra nación.
El Congreso se ha resistido repetidamente a considerar el conflicto con Irán como un asunto que compete exclusivamente al presidente. Hace apenas dos semanas, el apoyo a la guerra de Trump no logró obtener la mayoría necesaria en ninguna de las dos cámaras del Congreso.
Tampoco la valoración personal del presidente sobre las intenciones nucleares de Irán puede zanjar la cuestión. En 2018, el informe de cumplimiento de su Departamento de Estado afirmó que Irán estaba cumpliendo sus compromisos de no proliferación relacionados con el programa nuclear, y la inteligencia estadounidense había evaluado con alta certeza que Irán había detenido su programa de armas nucleares en 2003.
En 2020, su Departamento de Estado reiteró que Irán no participaba en actividades clave relacionadas con el diseño y desarrollo de armas nucleares. En 2025, su Director de Inteligencia Nacional testificó que toda la comunidad de inteligencia estadounidense seguía considerando que Irán no estaba fabricando armas nucleares.
Estos hechos por sí solos establecen algo constitucionalmente importante: la creencia personal del presidente, ya sea informada o no, no es prueba, ni ley, ni un sustituto de la autorización del Congreso.
El mismo principio textual se aplica al gasto interno y a los impuestos. El artículo I establece que solo el Congreso puede imponer impuestos y que los fondos del Tesoro solo pueden obtenerse conforme a las asignaciones presupuestarias aprobadas por ley.
Aunque el Tribunal Supremo ha invalidado los aranceles de Trump, él sigue imponiéndolos. Aunque el Congreso no ha autorizado fondos para los proyectos superfluos de Trump, él sigue gastando el dinero de los contribuyentes en ellos.
La Constitución no otorga carta blanca a ninguna rama del gobierno. La separación de poderes existe precisamente porque legisladores, presidentes y jueces pueden sucumbir a la corrupción del poder, y todos pueden equivocarse.
Ese es el significado más profundo de la tiranía de la opinión de un solo hombre. El peligro no reside simplemente en que un presidente pueda estar equivocado, sino en que un sistema constitucional pierda sentido si las conclusiones de un solo hombre sobre la guerra, el crimen, los impuestos, el gasto público, las amenazas extranjeras o la seguridad nacional se convierten en la única base para las acciones del gobierno, especialmente aquellas que causan la muerte de inocentes.
Los Padres Fundadores separaron la espada de la bolsa y dividieron el poder gubernamental porque comprendieron una verdad evidente: la libertad personal y un gobierno limitado no pueden sobrevivir mucho tiempo cuando se confían a la opinión de un solo hombre.
Andrew P. Napolitano, exjuez del Tribunal Superior de Nueva Jersey, fue analista judicial sénior en Fox News Channel y presenta el podcast Judging Freedom . El juez Napolitano ha escrito siete libros sobre la Constitución de los Estados Unidos. El más reciente es Suicide Pact: The Radical Expansion of Presidential Powers and the Lethal Threat to American Liberty .
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