Néstor Prieto Amador (PÚBLICO), 28 de Septiembre de 2026
En cuestión de horas, la acampada en la céntrica plaza madrileña pasa de una docena de tiendas a las cerca de dos centenares actuales. La iniciativa cumple ya su segunda noche con miles de personas resguardando el espacio y convirtiendo la plaza en el epicentro de la protesta por un techo digno.
El desahucio de Maricarmen —pensionista de 87 años con un 50% de discapacidad— de la casa del barrio madrileño del Retiro en la que residía desde hacía siete décadas ha sido «la gota que ha colmado el vaso» para una sociedad «harta» y «cansada» del inaccesible mercado de la vivienda. Su desalojo el pasado miércoles sirvió de detonante para una indignación contenida que rápidamente se tradujo en movilizaciones por todo el Estado.
La manifestación más multitudinaria tuvo lugar este sábado 26 de septiembre en Madrid, congregando a más de 300.000 personas según el convocante Sindicato de Inquilinas. La marcha desembocó en una acampada en la Puerta del Sol que, en cuestión de horas, pasó de una docena de tiendas a las cerca de dos centenares actuales. La iniciativa cumple ya su segunda noche con miles de personas resguardando el espacio y convirtiendo la plaza en el epicentro de la protesta por un techo digno, evocando, inevitablemente, al movimiento de los indignados que tomó Sol el 15 de mayo de 2011 (15-M).
El desahucio de Maricarmen prendió la mecha de un problema latente en España desde hace años. Un joven asalariado tendría que destinar el 98,7% de su sueldo neto a alquilar una vivienda en solitario, y solo el 14,5% de los jóvenes de entre 16 y 29 años vive fuera del hogar familiar, el peor dato desde que hay registros, según el Consejo de la Juventud de España. Desde diciembre de 2024, la vivienda encabeza sin interrupción los problemas del país en el barómetro del CIS. Ni siquiera la crisis migratoria de Ceuta de este verano logró desbancarla.
Hannah, de 30 años, vecina de Chamberí y militante del Sindicato de Inquilinas desde hace dos, dio ese paso después de que sus padres sufrieran un «desahucio invisible». Ella subraya la carga simbólica del caso: «Maricarmen tenía todas las características para que fuese un caso de extrema atención y que indignase a todo el mundo porque es una persona muy vulnerable, es una señora mayor que lleva toda su vida viviendo allí».
La naturaleza del casero, la sociedad Urbagestión, terminó de encender los ánimos: «Encima, quien la desahuciaba no era un pequeño propietario, sino una empresa que se dedicaba a especular y que lo único que quería era especular. Se le hicieron ofertas para adquirir la vivienda o para incluso pagar el alquiler y no se quiso porque el ánimo y la intención siempre ha sido especular», incide la joven.
Esta chispa impactó sobre una organización que llevaba meses reforzando sus cimientos. Diego Fernández, de 27 años y militante también desde hace dos en el colectivo, contextualiza el momento en el que llega esta movilización: «Ha habido un crecimiento del Sindicato de Inquilinas enorme; la manifestación del 13 de octubre de 2024 –dice recordando la última gran movilización por el derecho a la vivienda– fue demasiado grande quizá, no fuimos capaces de absorber toda la ilusión que se había generado, y sin embargo estos dos años nos hemos dedicado a reforzar esta estructura y hacer que la organización crezca».
A su juicio, el salto cualitativo responde a una pérdida del miedo generalizada: «Creo que hemos perdido el miedo; cuantas más somos y mejor organizadas estamos vemos que el miedo cambia de bando y esto ha sido un catalizador de toda esa rabia y todo este conflicto».
Laura, de 28 años y natural de A Coruña, ha llegado a Sol harta de trabajar para su casero. «Nosotros somos jóvenes y la mitad no se puede ir de casa a sus padres», resume. Ella sí lo ha conseguido, aunque a un alto precio: «Yo tengo la suerte de que me he podido ir de casa a mi madre, pero todo lo que gano se lo doy a mi casero».
Trabaja de lunes a viernes «en un trabajo, que tampoco es el trabajo de mis sueños, para darle la mitad de mi sueldo a un rentista», dice arqueando las cejas con desgana. La acompañan cinco amigos, algunos conocidos esta misma semana. Dos llegan del movimiento feminista; otros nunca habían militado activamente. Son el retrato de muchos jóvenes sin trayectoria política previa a los que la vivienda ha empujado a la calle.
«Ya llega un punto en el que parece que se están hasta riendo de nosotros», lamenta Laura, convencida de que la resignación es justo lo que se espera de su generación: «Que te quedes triste en tu casa: ‘Nunca voy a poder ser propietaria’». Algo, sin embargo, se ha movido: «Hay un cambio muy grande entre mi perspectiva de antes de ayer o de hace una semana a mi perspectiva de hoy».
Lo que comenzó el miércoles como una concentración contra el desahucio de Maricarmen derivó el sábado en la toma física del corazón de Madrid. «Esto nunca surge de la nada», explica Hannah. «Sin embargo, ha sido bastante espontáneo en el sentido de que vamos a golpe de actualidad». La respuesta desbordó cualquier previsión: «Sabíamos que iba a haber gente, pero no pensábamos que fuera a haber tanta gente», confiesa. Diego comparte la sorpresa: «Al principio teníamos preocupación de ver hasta qué punto te van a seguir o nos vamos a quedar solas. No ha parado un solo momento de venir gente a seguir montando tiendas».
Hoy las tiendas ocupan desordenadas la Puerta del Sol. Dos grandes lonas protegen del sol a un ejército de voluntarios con petos naranjas, el color del sindicato, y a su alrededor se suceden asambleas y talleres simultáneos sobre resistencia pacífica, derecho a la vivienda o elaboración de pancartas.
La acampada es mayoritariamente joven, pero en sus corrillos se cruzan todas las edades. Una mujer jubilada y ayudada de un bastón se acerca a dejar fruta y papel higiénico. «Ya no aceptamos más donaciones de comida», le explica sonrojada una voluntaria. «Estamos desbordadas», admite, aunque termina recogiendo la donación ante la insistencia de la anciana.
Gustavo Riga, de 55 años, ha llegado desde Guadalajara con un pequeño grupo del Sindicato de Inquilinas de su ciudad «a dar apoyo, porque Madrid es donde más visible es nuestra lucha», aunque advierte que la Confederación de Sindicatos de Inquilinas –que agrupa a organizaciones de todas las provincias– ha llamado a replicar el ejemplo de la capital por todo el país antes de este martes. «Vamos a estar en la calle. Bien sea una cena, una asamblea, o una acampada, dependiendo de cada provincia, de las fuerzas que tenga», dice, “pero no vamos a mover”. La fecha no es casual: ese día el Gobierno prevé llevar al Consejo de Ministros el nuevo real decreto de vivienda.
El ‘decreto Maricarmen’
Lo que se juega el martes es un real decreto-ley,que después debe convalidar un Congreso sin mayorías claras. Ahí naufragó el primer intento. En marzo, el Gobierno aprobó un decreto que permitía a los inquilinos pedir hasta dos años más de contrato y limitaba al 2% la subida anual del alquiler, pero el 28 de abril PP, Vox, Junts y UPN lo tumbaron en el Congreso por 177 votos frente a 166, con la abstención del PNV.
En julio, PSOE y Sumar anunciaron otro para impedir que las familias vulnerables fueran desahuciadas sin una alternativa de vivienda, y el Gobierno ni siquiera llegó a aprobarlo ante la falta de apoyos de Junts y Podemos. «Se quedó totalmente paralizado y hace 15 días era inviable», recuerda Gustavo. Laura no oculta su hartazgo: «Se supone que tenemos un gobierno de izquierdas y lo que proponen es darle beneficios a los caseros». Gustavo va más allá y convierte el decreto en una prueba de supervivencia para la coalición: «Si el Real Decreto no se aprueba, no uno descafeinado, esto se va a llevar al Gobierno por delante», advierte, «porque no van a aguantar. Aquí está toda su base de votantes».
Los acampados reclaman algo más ambicioso: el decreto Maricarmen, un esquema de medidas que la Confederación de Sindicatos de Inquilinas presentó el viernes 25 y que exige aprobar este martes. Donde el decreto de marzo ofrecía una prórroga temporal que el inquilino debía solicitar, el sindicato quiere que la estabilidad sea la norma. Pide que los contratos se prorroguen de forma generalizada y se renueven automáticamente, sin que el casero pueda echar a nadie sin causa, y que se congelen los alquileres actuales, incluso cuando cambia el contrato.
Exige además que no se pueda desahuciar a una persona «a no ser que haya una alternativa habitacional digna», en palabras de Hannah. Quiere también acabar con lo que el sindicato llama el fraude del alquiler de temporada y por habitaciones. «Si tú estás alquilando, ya sea una habitación o un alquiler temporal, se rija por las mismas leyes que si tienes un alquiler de larga duración», explica Hannah, que denuncia un mercado en la sombra de «contratos que son verbales y que no están escritos en ningún lado». Algunas voces van más allá del texto sindical. Hannah propone «prohibir las compras especulativas, que no se pueda comprar un bloque entero y lo pongas en Airbnb porque a ti te da la gana, cuando hay gente durmiendo en la calle, que se expropie a los fondos buitre».
De lo que salga el martes depende el futuro de la acampada. «Nosotras tenemos muy claro lo que consideramos que podría solucionar los problemas que tenemos las inquilinas en este país. No sabemos si lo que se va a presentar el martes va a dar respuesta a eso», explica Hannah. «Si no lo hace, nosotras sabemos que la línea es continuar presionando». Diego lo formula como un ultimátum: «O cae el rentismo o cae el Gobierno; y si el real decreto mantiene una mínima puerta abierta al rentismo o a la especulación, desde el sindicato nos opondremos y seguiremos movilizados».
Este domingo, la marcha de la marea verde por la educación pública madrileña —unas 10.000 personas según la Delegación del Gobierno— desembocó en Sol al grito de «inquilinas y estudiantes unidas y adelante» y volvió a llenar la plaza mezclando el verde de la Marea por la Escuela Pública y el naranja del derecho por la vivienda. Con la segunda noche, el campamento se prepara para resistir mientras el Ayuntamiento de Madrid pide a la Delegación del Gobierno que restablezca cuanto antes la normalidad. Sobre el campamento planea un posible desalojo. «Por el momento no tenemos ese miedo, pero es verdad que no sabemos qué puede pasar cada vez que es de noche», reconoce Hannah. Laura confía en que aguante: «Tengo la esperanza y creo que esto es literalmente el día uno de una acampada que va a durar».
Deja un comentario