Ana Lázaro (PÚBLICO), 28 de Septiembre de 2026
Ante la subida del precio de los carburantes, Europa está respondiendo de forma dispersa. Seis países han pedido que se instaure un impuesto a nivel comunitario sobre los beneficios extraordinarios de las energéticas: España. Alemania, Austria, Italia, Polonia y Portugal. Pero no hay consenso entre los 27.
La subida del precio de los carburantes es ya un problema para las familias, para las empresas y, por ende, para los gobiernos que tiene que afrontar elecciones en 2027.
En Francia, el gobierno de Emmanuel Macron ha desbloqueado una serie de ayudas específicas para calmar la ira de los transportistas y del sector pesquero que había bloqueado el acceso a varios puertos y depósitos de combustible. Lo último que quiere es una crisis como la de los chalecos amarillos, que tuvo su origen en el aumento del precio del diésel en 2018.
En Italia, donde los sectores del taxi y del transporte marítimo amenazan con huelgas, la coalición que lidera Giorgia Meloni ha decidido eliminar el impuesto de circulación para 2027 y reducir el impuesto sobre el diésel.
Y en España, el Gobierno ha optado por rebajar temporalmente el IVA y los impuestos sobre los carburantes, además de conceder una serie de ayudas específicas para los sectores más afectados, entre otros.
No son los únicos países europeos que han adoptado medidas para hacer frente a la crisis que está provocando la guerra contra Irán y los sucesivos cierres del estrecho de Ormuz y de Bab el-Mandeb. Pero hasta el día de hoy, la Unión Europea todavía no ha activado ningún mecanismo a nivel comunitario.
Tiene sin embargo sobre la mesa una petición de seis países europeos. España, Alemania, Portugal, Polonia, Austria e Italia reclaman un impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las compañías energéticas. El objetivo es ayudar a los gobiernos a financiar medidas de apoyo para los hogares y las empresas afectados por la crisis.
Uno de los gobiernos más explícitos ha sido el alemán. «La Comisión tiene que empezar a moverse ahora, hacer un esfuerzo real y poner opciones sobre la mesa», dijo el ministro de Finanzas, Lars Klingbeil, en el marco de una reunión de ministros de Economía de la UE. Denuncia que las compañías energéticas «están explotando la situación, inflando los precios y aumentando de manera importante sus beneficios».
El ministro de Economía español, Carlos Cuerpo, recordó por su parte que las medidas que se adoptan a nivel nacional tienen un «coste presupuestario elevado» para el Estado y por ello pidió que se busquen «maneras más justas de distribuir este coste».
Según la ONG ecologista Transport and Environment, las empresas han registrado enormes beneficios. Calcula que ocho compañías petroleras han obtenido 7.500 millones de euros en beneficios extraordinarios en Europa durante el primer semestre de 2026.
Seis de estas compañías –BP, Shell, Eni, Orlen, Repsol y OMV– habrían duplicado sus beneficios en la UE durante el segundo trimestre de este año respecto al mismo periodo del año anterior. Mientras que TotalEnergies y Moeve también habrían registrado beneficios elevados gracias a la volatilidad de los precios.
La medida tiene un precedente. En 2022, cuando se desató la guerra contra Ucrania, la UE autorizó que los Estados miembro impusieran impuestos temporales sobre los beneficios extraordinarios del sector energético. Se calcula que permitió recaudar unos 28.000 millones de euros a lo largo de dos años. Y, según explica la Comisión, es un mecanismo que los gobiernos pueden seguir utilizando.
Pero ahora, lo que se reclama es un impuesto europeo común para los 27 países de la UE. Serviría como señal «para el conjunto de la economía, demostrando que estamos unidos y que somos capaces de actuar», reza el texto que los gobiernos enviaron a la Comisión. «También enviaría un mensaje claro de que quienes se benefician de las consecuencias de la guerra deben contribuir a aliviar la carga que soporta la población en general».
Al tratarse de una cuestión fiscal, la medida requerirá muy probablemente la unanimidad de todos los gobiernos, y la idea está todavía muy lejos de alcanzar el consenso. Pero está previsto que los ministros europeos lo discutan en octubre en la próxima reunión del Ecofin.
Bertrand Candelon, profesor de Finanzas Internacionales de la Universidad de Lovaina (UCLouvain), defiende la necesidad de trabajar a nivel europeo y a largo plazo. «Sólo nos ponemos a debatir cuando llega la crisis. Si no hay una urgencia, no se toman decisiones», se lamenta. En su opinión, es importante que Europa actúe unida porque eso le da un mayor margen de negociación frente a las grandes multinacionales. «Cuando hay una negociación es la fuerza la que domina«.
Mientras tanto, Fuels Europe, la asociación que representa a la industria europea de refino y combustible, avanza sus argumentos para rechazar la medida. «Una tributación extraordinaria recurrente aplicada durante períodos de márgenes elevados, sin un tratamiento simétrico durante las fases de caída, debilitaría la resiliencia del sector y aceleraría el cierre de activos», advierten.
La Comisión Europea, por ahora, no contempla presentar una propuesta para crear un impuesto común. Considera que el debate todavía no ha alcanzado el grado de consenso necesario para avanzar y prefiere dejar que sean los gobiernos los que actúen. A pesar de las distorsiones que puede crear.
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