Gaceta Crítica

David Cavalcante (JACOBIN.LAT), 27 de Septiembre de 2026

Las elecciones brasileñas de octubre serán una disputa decisiva para el futuro político de América Latina. Frente al avance de la extrema derecha y la alianza entre bolsonarismo y trumpismo, una victoria de Lula tendría consecuencias que exceden ampliamente las fronteras de Brasil.

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La batalla electoral por el poder en Brasil será el principal enfrentamiento político de América Latina y el Caribe en 2026, y su desenlace puede alterar la correlación de fuerzas en la región durante años. El próximo 4 de octubre tendrán lugar las elecciones generales y la primera vuelta de la elección presidencial más importante del subcontinente.

También se renovarán los 513 escaños de la Cámara de Diputados, elegidos mediante un sistema proporcional en cada estado, y dos tercios del Senado Federal, con dos senadores por estado y por el Distrito Federal. Además, se elegirán los gobernadores de los 26 estados y del Distrito Federal, así como los diputados de las respectivas asambleas legislativas.

Más de 158 millones de electores están habilitados para votar, según el Tribunal Superior Electoral. Las urnas se distribuyen en 2.637 zonas y 496.856 secciones electorales, tanto en Brasil como en el exterior. Se trata de una gigantesca elección simultánea que, gracias al sistema electrónico de votación y escrutinio, permite conocer los resultados pocas horas después del cierre de las urnas, previsto para las 17:00.

No existe un «conteo rápido» basado en muestras, como ocurre en otros países de la región, ni se utilizan tarjetas perforadas o papeletas como en Estados Unidos. La elección de presidente y vicepresidente es directa, y el escrutinio, que en el pasado podía prolongarse durante días, se completa actualmente en pocas horas. El sistema brasileño se cuenta así entre los más ágiles y seguros del mundo.

Brasil cuenta con una Justicia Electoral relativamente independiente de los gobiernos y dotada de autonomía administrativa y presupuestaria, encabezada por el Tribunal Superior Electoral y los Tribunales Regionales Electorales de los estados. Buena parte de su personal accede a sus cargos mediante concursos públicos y goza de estabilidad laboral garantizada constitucionalmente. Los miembros de las mesas electorales, por su parte, son ciudadanos comunes que desempeñan esa función de manera voluntaria.

Los 30 partidos y federaciones partidarias recibieron recursos del Fondo Electoral para financiar sus campañas por un total de R$ 4.960 millones (unos US$ 957 millones), además de espacios gratuitos en televisión y radio distribuidos proporcionalmente según su representación parlamentaria.

El sistema electoral brasileño es relativamente democrático, pero está atravesado por fuertes desigualdades y por la influencia del clientelismo, el poder económico del gran capital y los grandes medios de comunicación. Tanto los recursos del Fondo Electoral como los espacios de propaganda en radio y televisión se distribuyen de manera muy desigual.

Los partidos sin representación parlamentaria, además, carecen de acceso a los espacios de propaganda en radio y televisión. Con todas las críticas que puedan hacerse al sistema electoral, las elecciones constituyen la principal instancia de expresión de la soberanía popular y una fuente fundamental de legitimidad de la democracia brasileña. No por casualidad, una de las campañas recurrentes del bolsonarismo ha consistido en intentar desacreditar, hasta ahora sin éxito, el sistema de voto electrónico.

El mayor peligro de estas elecciones no reside en la compra de votos ni en la coerción sobre los trabajadores dentro de las empresas o en los territorios rurales y socialmente más precarizados, controlados por las oligarquías locales, prácticas que han existido siempre en mayor o menor medida. La principal amenaza proviene hoy de la injerencia del imperialismo trumpista y de la maquinaria de desinformación de las big techs, alimentada por las candidaturas de extrema derecha, especialmente aquellas más estrechamente vinculadas con la familia Bolsonaro.

Con la mirada puesta en las grandes reservas naturales y minerales

Los objetivos del imperialismo neocolonial trumpista no son únicamente ideológicos. Basta observar el caso de Venezuela: la retórica sobre los barcos que supuestamente transportaban drogas pronto cedió paso a la imposición de contratos destinados a controlar el petróleo y los recursos minerales del país.

Ya no es un secreto que detrás de la falsa «guerra contra las drogas» existen intereses neocoloniales sobre las reservas minerales y energéticas de la región, en beneficio de las grandes corporaciones. En esa misma lógica se inscribe la decisión del gobierno de Trump de calificar a las organizaciones criminales brasileñas como «organizaciones terroristas», una caracterización que podría servir de justificación para futuras intervenciones militares.

Brasil tiene cerca de 214 millones de habitantes y un PIB aproximado de US$ 2,6 billones. Pero el carácter estratégico de estas elecciones no deriva solamente del peso económico y geopolítico del país. También responde a una correlación de fuerzas regional cada vez más favorable a la extrema derecha, marcada por las recientes derrotas de la izquierda y el centroizquierda en Chile, Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia.

Una victoria en Brasil permitiría a la extrema derecha consolidar una posición ampliamente dominante en el tablero latinoamericano y reforzar su influencia más allá de la región, incluso en espacios como los BRICS y las Naciones Unidas.

Con una superficie de aproximadamente 8,5 millones de km², Brasil posee más de 25.000 kilómetros de fronteras: 15.719 kilómetros de límites terrestres con diez de los doce países de América del Sur, con las únicas excepciones de Chile y Ecuador, y 9.495 kilómetros de costa sobre el océano Atlántico.

La Amazonia brasileña representa cerca del 60% del bioma amazónico de América del Sur. Brasil concentra además alrededor del 12% del agua dulce superficial del planeta y cerca del 28% de las reservas del continente americano, lo que lo sitúa entre los países con mayores recursos de agua dulce renovable del mundo.

Se estima que Brasil concentra entre el 15% y el 20% de las tierras cultivables disponibles para la expansión agrícola en el mundo sin necesidad de deforestar áreas de vegetación nativa. El país cuenta además con entre 150 y 160 millones de hectáreas de pastizales, de las cuales entre 30 y 40 millones podrían convertirse en tierras de cultivo.

En términos de superficie cultivada, Brasil solo se encuentra por detrás de India, Estados Unidos, China y Rusia, que en conjunto concentran más del 35% de las tierras de cultivo del planeta. Brasil representa entre el 3,4% y el 4% de la superficie cultivada mundial, pero su peso en la producción agrícola es considerablemente mayor: aporta entre el 8% y el 9% de la producción mundial de granos y más del 15% del comercio internacional de alimentos.

Brasil posee también enormes reservas de minerales estratégicos. En su territorio se encuentran unos 93 millones de toneladas de tierras raras, consideradas uno de los recursos clave del siglo XXI, equivalentes al 23% de las reservas mundiales y todavía escasamente explotadas. El país concentra además cerca del 93% de las reservas mundiales de niobio, con unos 842 millones de toneladas, y alrededor del 8% de las de litio, con 98 millones de toneladas.

A esto se suman alrededor de 17.500 millones de barriles de petróleo en reservas probadas, un volumen que sitúa a Brasil entre los países con mayores reservas del mundo. Y esa cifra no incluye el potencial de la Margen Ecuatorial, donde se estima que podrían existir recursos adicionales de entre 10.000 y 30.000 millones de barriles.

La importancia de una victoria de Lula

La estrategia trumpista de recolonización de América Latina cuenta ya con antecedentes recientes de injerencia en los procesos políticos de Argentina, Colombia, Perú y Honduras. Esta presión ha adoptado distintas formas, desde amenazas económicas, aranceles comerciales y sanciones contra autoridades latinoamericanas hasta acciones militares directas, como la captura del presidente Nicolás Maduro en Venezuela el 3 de enero de este año. A ello se suma la continuidad del embargo económico contra Cuba.

En un escenario internacional marcado por el ascenso de la extrema derecha, la importancia de Brasil radica también en que, junto con México, ha funcionado como un importante contrapeso en defensa de las libertades democráticas, la soberanía, los derechos sociales y laborales y los derechos de las mujeres y de los pueblos negros e indígenas.

La principal candidatura es la de Lula, al frente de un frente amplio integrado por el PT, PSB, PSOL, PDT, PCdoB, Rede y PV, que cuenta además con el apoyo de candidatos a los gobiernos estaduales y parlamentarios del centro liberal, especialmente en las regiones Norte y Nordeste.

El principal adversario de Lula y del Frente Amplio es Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente y una suerte de síntesis política entre los perfiles de Milei y Bukele. Su alineamiento con el trumpismo llega al punto de haber ofrecido al gobierno estadounidense un lugar en el eventual equipo de transición de una futura administración encabezada por él.

Flávio Bolsonaro acumula denuncias por sus vínculos con las milicias de Río de Janeiro y distintas sospechas de corrupción. Una de las revelaciones más recientes se refiere a su relación con Daniel Vorcaro, propietario del Banco Master. Según una investigación de Intercept Brasil, Flávio negoció con el banquero un aporte de US$ 24 millones, equivalentes entonces a unos R$ 134 millones, para financiar Dark Horse, una película biográfica sobre Jair Bolsonaro. De ese monto, al menos US$ 10,6 millones habrían sido efectivamente transferidos entre febrero y mayo de 2025.

Vorcaro se encuentra detenido en el marco de la Operación Compliance Zero de la Policía Federal, que investiga fraudes financieros multimillonarios relacionados con el Banco Master, posteriormente liquidado por el Banco Central. La investigación ha expuesto además una extensa red de relaciones del banquero con dirigentes políticos y altas autoridades judiciales, incluidos varios miembros del Supremo Tribunal Federal, y ha abierto investigaciones sobre posibles casos de corrupción, tráfico de influencias y otros delitos.

También se difundieron audios de extensas conversaciones entre Flávio Bolsonaro y Vorcaro que revelan la estrecha relación entre ambos. El banquero, actualmente detenido y denunciado por el Ministerio Público, está acusado de diversos delitos contra el Sistema Financiero Nacional vinculados con la gestión del Banco Master, entre ellos gestión fraudulenta, estafa, lavado de dinero y ocultamiento patrimonial. La entidad fue sometida posteriormente a liquidación extrajudicial por el Banco Central.

Vorcaro también está acusado de haber financiado una estructura dedicada a la vigilancia clandestina, la intimidación y las amenazas contra adversarios comerciales, autoridades y periodistas. Las investigaciones incluyen además posibles delitos de espionaje digital, invasión de dispositivos informáticos y acceso ilegal a información confidencial mediante una red de hackers, así como distintas maniobras de corrupción y tráfico de influencias.

La gran amenaza: la asociación del bolsonarismo con el trumpismo

Adiferencia de su padre, condenado por encabezar la trama golpista que desembocó en los ataques del 8 de enero de 2023 y que involucró a sectores de las Fuerzas Armadas, Flávio intenta presentarse como una versión más joven y moderna del bolsonarismo, con formas menos estridentes que las de Jair Bolsonaro.

En septiembre de 2025, la Primera Sala del Supremo Tribunal Federal (STF) condenó al expresidente a 27 años y tres meses de prisión por su participación en la trama golpista. Bolsonaro se convirtió así en el primer expresidente brasileño condenado por intento de golpe de Estado. Junto con él fueron condenados también generales y otros altos mandos militares.

Bolsonaro fue declarado culpable de cinco delitos: intento de golpe de Estado, intento de abolición violenta del Estado democrático de derecho, liderazgo de una organización criminal armada, daño calificado contra el patrimonio público y deterioro de patrimonio protegido. Al concluir los juicios sobre la trama golpista, el STF había condenado también a 19 militares, entre ellos seis altos mandos pertenecientes al denominado «Núcleo Crucial».

No es casual que una de las principales banderas de Flávio Bolsonaro sea la amnistía para su padre y para los condenados por los hechos del 8 de enero. A ello se suma su apuesta por ampliar el peso del bolsonarismo en el Senado y avanzar sobre el STF, como parte de una estrategia de endurecimiento autoritario del régimen que podría abrir el camino a nuevos ataques contra los derechos y las instituciones del Estado social brasileño, muchos de ellos creados o ampliados durante los gobiernos del PT.

Además de los ataques a la seguridad social pública y a los derechos de los trabajadores del sector público, el programa de la extrema derecha amenaza algunas de las principales conquistas sociales de las últimas décadas: la educación pública federal y los Institutos Federales, el Bolsa Família, que garantiza transferencias de ingresos a las familias más pobres; el Farmácia Popular, que ofrece medicamentos e insumos sanitarios gratuitos o subsidiados; y el Gás do Povo, destinado a garantizar el acceso al gas de cocina a los hogares de bajos ingresos.

A esta lista se suman el Minha Casa, Minha Vida, principal programa federal de acceso a la vivienda; Luz para Todos, que extendió la electricidad a millones de hogares rurales y aislados; el ProUni, que concede becas para cursar estudios superiores; y la política de valorización real del salario mínimo. Se trata de una amplia red de políticas sociales que depende de una fuerte presencia estatal, tanto en la provisión directa de servicios como en la redistribución de ingresos, el crédito y el sostenimiento de las jubilaciones y otras prestaciones vinculadas al salario mínimo.

Los resultados sociales de los últimos años muestran la importancia de estas políticas. Según datos del Ministerio de Desarrollo Social, entre mayo de 2023 y julio de 2025 el número de familias en situación de vulnerabilidad social se redujo un 25%, de 26,1 millones a 19,56 millones. En ese período, 6,55 millones de familias mejoraron su situación y 14,17 millones de personas salieron de la pobreza.

Pero la disputa está abierta. Desde comienzos de año, las encuestas muestran una notable estabilidad de la candidatura de Lula, que se mantiene al frente en la primera vuelta y conserva una posición competitiva en los escenarios de segundo turno, aunque con oscilaciones y, en algunos sondeos, empates dentro del margen de error.

Las recientes derrotas de la izquierda en Colombia y Perú, así como la experiencia de las últimas elecciones brasileñas, obligan sin embargo a evitar cualquier triunfalismo. El gran capital brasileño, el bolsonarismo y sus aliados internacionales concentrarán enormes recursos en esta disputa. Lo que está en juego excede ampliamente las fronteras de Brasil: el resultado de octubre tendrá consecuencias para la correlación de fuerzas en toda América Latina. La batalla por Brasil sigue abierta.

David Cavalcante, es un periodista brasileño, integrante de Esquerda Online.