Gaceta Crítica

Sato Díaz (PÚBLICO), 19 de Septiembre de 2026

• El activista norteamericano propalestino fue detenido en Ibiza el pasado mes de julio en cumplimiento de una orden internacional solicitada por los Estados Unidos de Trump.
• «Es inaceptable que el Ministerio de Justicia eleve otro informe a la Audiencia Nacional que no sea desestimar el proceso de extradición», afirma Enrique Santiago. 

El próximo martes, el Consejo de Ministros decidirá sobre la extradición de James Cox ‘Fergie’ Chambers a los Estados Unidos de Donald Trump. Este multimillonario activista estadounidense de ideología comunista, muy activo en favor de la causa palestina, fue detenido en Ibiza el pasado 10 de julio en cumplimiento de una orden internacional solicitada por Washington. Desde entonces, sigue en prisión provisional mientras se tramita su extradición. 

Estados Unidos lo acusa de blanqueo de capitales, disturbios y conspiración para cometer disturbios; su defensa, un equipo legal capitaneado por Baltasar Garzón, sostiene que el procedimiento responde a una persecución por su activismo político en favor de los derechos humanos del pueblo palestino. Por ello, reclaman al Ejecutivo «coherencia». «El Gobierno español tiene una posición clara en defensa del pueblo palestino, por lo que no se puede criminalizar el apoyo a este pueblo, que es lo que ocurre en este caso», argumentan desde el equipo legal.  

El Gobierno tiene la facultad de paralizar una extradición antes de que esta entre en fase judicial, un proceso en la Audiencia Nacional que podría demorarse meses. Tras la fase judicial, el Gobierno vuelve a tener otra vez la decisión final de proceder a la extradición o no, según la Ley de Extradición Pasiva. «No podemos esperar a que el proceso se desarrolle en la Audiencia Nacional creyendo que el Ejecutivo frenará la extradición después», considera Enrique Santiago, portavoz de IU en el Congreso. «Primero, no sabemos quién estará gobernando dentro de un año o más, cuando la justicia adopte una decisión definitiva; segundo, durante todos estos meses Chambers estaría preso por una persecución política y no se puede permitir. El caso reúne todos los requisitos legales para que el Gobierno no autorice su continuación en vía judicial», añade el también coportavoz de Sumar en la Cámara Baja.  

Este martes, el Consejo de Ministros decide sobre si frenar o no el proceso de extradición y evitar que llegue a la fase judicial en la Audiencia Nacional. El Ministerio de Justicia dirigido por Félix Bolaños, que presenta el informe sobre la materia, ha rehusado hacer declaraciones a Público. Por su parte, los ministros de Sumar en el Ejecutivo han presentado observaciones en las que hace propios los argumentos de la defensa de Fergie Chambers.

La defensa alega, primero, falta de doble incriminación. Y considera que los cargos estadounidenses de blanqueo, riot (disturbios) y conspiracy to commit riot (conspiración) no tienen una correspondencia suficiente con delitos equivalentes en España, tal y como están descritos en la solicitud, por lo que se debería invalidar la petición. 

En segundo lugar, el equipo legal capitaneado por Garzón afirma a Público que existen indicios de motivación política, porque los hechos se vinculan a protestas contra una empresa armamentística relacionada con Israel y porque la acusación utiliza publicaciones, entrevistas y contactos políticos de Chambers para inferir intención. Por ello, también piden una actuación política, en este caso desde el Gobierno, que frente la extradición del activista propalestino. 

Estados Unidos también le acusa de blanqueo internacional de capitales por transferir fondos al extranjero con la supuesta intención de apoyar o promover actividad ilícita vinculada a grupos terroristas; la solicitud menciona unos 7,5 millones de dólares enviados a Túnez. La defensa, por su parte, sostiene que el origen del dinero era lícito, procedente de su propio patrimonio, y que esas transferencias estaban justificadas. Afirman que el dinero enviado a Túnez se destinó al club deportivo Africain para pagar deudas y salarios, no a financiar terrorismo. Así como para sustentar organizaciones humanitarias como Middle East Children’s Alliance, Project Sameer, People’s Health Movement, Project Zaynab o Ghassan Abu Sittah Children’s Fund.

«Es inaceptable que el Ministerio de Justicia eleve otro informe a la Audiencia Nacional que no sea desestimar el proceso de extradición», concluye Santiago. «El Gobierno español tiene que poner pie en pared, lo ha hecho en ocasiones anteriores y está amparado ante la Ley de Extradición Pasiva», recuerdan desde la defensa de Fergie Chambers. El martes decide el Consejo de Ministros.