Gaceta Crítica

Juan Quintana y Loreta Tellería (JANATA WEEKLY -La India-), 10 de Septiembre de 2026

El resurgimiento de la vieja derecha neoliberal en Bolivia, sumado a los acontecimientos en otros países de la región, está allanando el camino para la creación de un “protectorado”. A nivel interno, el objetivo es abandonar el Estado Plurinacional; a nivel externo, busca ceder su soberanía a una estructura geopolítica imperial en crisis que se desliza hacia la barbarie.

Latinoamérica no ha sido inmune al emergente y perturbador fenómeno neofascista y a sus seguidores en la extrema derecha. Bajo el amparo del trumpismo y de los herederos del nazismo europeo, la región experimenta transformaciones políticas y de seguridad que ponen en entredicho las democracias y amenazan con sepultar los derechos sociales conquistados en las últimas décadas. La guerra en todas sus formas —o la militarización de las sociedades por diversos medios— emerge como la nueva estrategia para la reestructuración del capitalismo occidental, destrozando el orden jurídico internacional con sus implicaciones genocidas, arraigadas en la aspiración de aniquilar a las fuerzas disidentes o a los proyectos alternativos.

La proscripción política como método

Bolivia no es una excepción a esta estrategia ultraconservadora. Se inscribe en este marco de tensiones y conflictos geopolíticos, dada su ubicación geográfica, su firme defensa de la soberanía y la considerable riqueza concentrada en su territorio. El proyecto indígena-popular, plasmado en un nuevo Estado Plurinacional caracterizado por la inclusión social, la justicia y la igualdad —además de su perspectiva industrialista bajo un marco soberano, nacionalista y anticolonial-antiimperialista—, inquietó al poder hegemónico estadounidense y a sus aliados regionales, lo que los llevó a declarar una guerra política implacable desde el primer día de su llegada al gobierno. Fuerzas conservadoras internas, con una agenda explícitamente racista y antipopular, llevaron a cabo tácticas de desestabilización durante más de una década, lo que se sumó a las persistentes operaciones encubiertas provenientes del extranjero. El ascenso de la extrema derecha en Bolivia fue el resultado de esfuerzos arduos, pacientes y meticulosamente planificados que socavaron gradualmente los pilares fundamentales del gobierno. El dominio de los extremistas sediciosos osciló entre el golpe de Estado de 2019 y la prohibición electoral de 2025.

El ciclo político inaugurado por el Movimiento al Socialismo – Instrumento Político por la Soberanía de los pueblos (MAS-IPSP) en 2006 fue, sin duda, excepcional por su duración, su orientación ideológica y política, la fuerza histórica que lo sustentó, los profundos cambios que provocó y su proverbial resiliencia ante el constante asedio. Su relativo colapso como potencia política pone de relieve y explica la implementación de una enérgica estrategia de cambio de régimen en el hemisferio, más allá de sus propias debilidades políticas internas o específicas. En otras palabras, Washington se propuso acabar con los gobiernos de la región que, directa o indirectamente, contribuían a acelerar el declive de Estados Unidos o que hacían incompatible su proyecto de restauración hegemónica global. Por ello, la crisis hegemónica existencial exigió una radicalización de la contrasubversión, que condujo a una escalada de la guerra híbrida —en sus múltiples formas— para frenar el desafío emergente. Esta estrategia evolucionó desde nuevos golpes de Estado y el apoyo explícito a las fuerzas políticas de derecha, pasando por la «guerra jurídica», e incluso incluyó intentos de asesinato contra las principales figuras políticas no alineadas de la región.

En el caso específico de Bolivia, no cabe duda de que la poderosa capacidad del movimiento social para recuperar el poder político apenas un año después del golpe —a través de su red territorial, su memoria histórica y su liderazgo político— desató el pánico entre los círculos conservadores, obligándolos a radicalizar su estrategia de captura del Estado. En consecuencia, decidieron dominar el panorama político y el proceso electoral de 2025 eliminando las opciones electorales de la oposición, proscribiendo a su líder histórico y a sus grupos ideológicos y políticos mejor organizados y más combativos. Paradójicamente, el gobierno de Luis Arce —que nunca comprendió su carácter transitorio— se convirtió en enemigo público bajo el mandato de Evo Morales, junto con la derecha local y sus aliados extranjeros —que habían estado marginados del poder durante casi dos décadas— y convergieron en la misma estrategia de aniquilar a su principal adversario.

La estrategia de ostracismo político puso en primer plano a tres actores clave: el poder judicial, la autoridad electoral y los medios de comunicación. El poder judicial llevó a cabo una siniestra campaña de persecución judicial contra Morales, impulsada por el gobierno de Arce y, al mismo tiempo, orquestada por otros centros de decisión no estatales. Fue acusado, sin pruebas suficientes, de trata de personas y contrabando, mientras que, simultáneamente, se urdió una interpretación engañosa de la propia Constitución para impedir una aparente reelección, basada en juicios de valor de organizaciones internacionales no vinculantes. Por su parte, la autoridad electoral, actuando como árbitro político, manipuló las normas electorales hasta la saciedad, pisoteando los derechos constitucionales a la representación, también a instancias de poderes de facto. El Tribunal Electoral, actuando como juez de oficio y violando la Constitución, ignoró la representación y la propiedad genuinas del proceso político en favor de un tercero, al que otorgó derechos sin mérito alguno —resultado de una decisión política deliberada—, excluyendo así a millones de votantes de la representación partidista. La persecución judicial y las prohibiciones electorales —procesos que fueron manipulados explícitamente— sirvieron de pretexto para que los medios hegemónicos criminalizaran y sometieran a un linchamiento mediático a quienes buscaban competir democráticamente en las urnas.

La primera vuelta de las elecciones nacionales de agosto de 2025 se desarrolló en medio de la ausencia de la mayor fuerza política en la historia del país, lo que allanó el camino para las fuerzas de derecha que aspiraban a los puestos más altos. El movimiento indígena-popular, que optó por una masiva ola de votos nulos en la primera vuelta, no tuvo más remedio que votar en la segunda vuelta por el mal menor: entre una facción de derecha que se disfrazaba de democrática y otra explícitamente racista que prometía demoler todo vestigio del «movimiento indígena-campesino MAS», cuyo cordón umbilical se extendía hasta los pasillos del Departamento de Estado y la Agencia Central de Inteligencia (CIA). Rodrigo Paz se benefició del voto indígena-popular gracias a sus propuestas populistas, respaldadas por el candidato a la vicepresidencia: un atípico expolicía que desempeñaba el papel de justiciero local.

El caso de Bolivia demuestra que el ostracismo político no es simplemente un recurso táctico ni una estratagema electoral de la derecha indígena para tomar el poder a costa de sus adversarios. Es más que eso; constituye una poderosa estrategia para la captura del Estado que sirve a intereses supranacionales, operando mediante la subyugación de las estructuras estratégicas del poder público nacional. Bolivia es, sin duda, un laboratorio complejo para estas nuevas guerras que abarcan un amplio espectro político, en el que figuras históricas —ya sean rebeldes, insurgentes o activistas antisistema— constituyen las nuevas víctimas de un poder hegemónico en declive. Por lo tanto, la proscripción no es simplemente un mecanismo episódico de veto electoral; es más que eso: es la mutilación o la inviabilidad de un proyecto histórico que desafía la centralidad del Estado frente a su salvaje antítesis neoliberal, sostenida por el saqueo de los recursos naturales, el vaciamiento de la soberanía nacional y la ocupación extranjera. La proscripción no es una mera decisión administrativa ni una simple maniobra política sujeta a presión, privilegios o corrupción; Se trata de una parte inseparable de una estrategia geopolítica que conlleva la fragmentación —o el debilitamiento estructural— de las fuerzas políticas, o su balcanización, lo que les impide ofrecer resistencia política contra los proyectos de privatización neoliberales o el saqueo y desmantelamiento de los procesos de nacionalización.

De la pretensión populista a un proyecto de protectorado

La nueva administración asumió el cargo el 8 de noviembre de 2025 y, una vez en el poder, destituyó a su vicepresidente, quien posteriormente se declaró opositor al gobierno. Formó una alianza con una de sus rivales de la primera vuelta, Doria Medina, de cuyo partido obtuvo ministros para ocupar cargos clave del gobierno (la presidencia, la economía y la defensa), lo que refleja la ausencia de una estructura política y administrativa propia. Asimismo, llegó a un acuerdo con su rival de la segunda vuelta, Jorge “Tuto” Quiroga, y forjó una alianza con las élites empresariales de Santa Cruz.

La reconfiguración de la «vieja derecha» se refleja no solo en las figuras que la integran, sino también en su retórica y el simbolismo que proyecta. Esto se aprecia en frases como «capitalismo para todos», discursos sobre Dios y la familia, y la constante referencia a los 20 años del «estado bloqueador», reforzando el regreso de la Biblia y el crucifijo a la ceremonia de investidura de la Asamblea Legislativa y la eliminación de la Wiphala de la banda presidencial y del emblema del Ejército.

Tras ganar las elecciones, Paz viajó inmediatamente a Estados Unidos para reunirse con el secretario de Estado Marco Rubio y representantes de instituciones financieras internacionales. Anunció entonces el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos e Israel y eliminó el requisito de visado para los ciudadanos de ambos países. En marzo de este año, su participación en la formación del «Escudo de las Américas» —liderado por Trump, junto con otros gobiernos de derecha de la región— fue la máxima expresión de su sumisión y el declive de la soberanía que el Estado Plurinacional, bajo el liderazgo de Evo Morales, había defendido con tanto ahínco.

El retorno al neoliberalismo puro y simple se evidencia en las medidas económicas adoptadas desde los primeros días del gobierno. El anuncio de una reducción del 30% en el gasto público para 2026, junto con la eliminación de diversos impuestos —incluidos los que gravaban las grandes fortunas—, sirvió como punto de partida para una serie de decretos y proyectos de ley con un amplio alcance liberal. El fin de los subsidios a los hidrocarburos, destinados a reducir el déficit fiscal, provocó inflación, la cual el gobierno intentó contrarrestar aumentando el salario mínimo en un 20%; sin embargo, este esfuerzo se vio eclipsado por la venta de gasolina de baja calidad, que afectó a gran parte del parque automotor del país. A estas medidas se sumaron decretos que provocaron una fuerte reacción popular y que posteriormente fueron derogados. Tal es el caso del Decreto N° 5503, que incluía un paquete de medidas de liberalización económica, y la Ley 1720 de Reconversión de Tierras, que permitía la conversión de pequeñas propiedades en medianas, con el riesgo de que esto propiciara su acaparamiento por parte de grandes terratenientes. La ley fue derogada debido al impacto de la marcha de 48 días organizada por las comunidades campesinas e indígenas afectadas hacia el edificio del gobierno.

Sin embargo, los acuerdos que se están alcanzando con Estados Unidos en relación con la explotación del litio y los minerales críticos, las negociaciones con el FMI para obtener préstamos, junto con el paquete de leyes que el Poder Ejecutivo enviará a la Asamblea para su aprobación (Hidrocarburos, Minería, Electricidad, Inversión, Economía Verde, Emprendimiento, Electoral, Seguridad Nacional y Reducción del Estado), amenazan con una catastrófica avalancha neoliberal.

En materia de seguridad, la situación es igualmente sumisa. El regreso de la DEA a las operaciones antinarcóticos genera preocupación por la militarización y la criminalización social que causaron tanto daño en el pasado.

Ante este panorama, la resistencia de los movimientos populares e indígenas se ha intensificado. El último bloqueo, que duró 53 días entre mayo y junio —y cuya principal exigencia fue la dimisión del presidente por no cumplir sus promesas de campaña, aliarse con la derecha, intentar privatizar empresas estatales y encubrir actos de corrupción, entre otras cosas— sacudió los cimientos del gobierno a tan solo seis meses de haber asumido el cargo.

Actualmente, Paz mantiene un control precario del poder y ha declarado el estado de emergencia, alegando ser víctima de “narcoterrorismo”, alineándose así con la narrativa de securitización de Estados Unidos. Ha emprendido una campaña de persecución judicial contra los líderes de los movimientos sociales movilizados —entre ellos Evo Morales— y ha recurrido, como ya hizo durante el golpe de Estado de 2019, a una retórica racista y estigmatizante.

El resurgimiento de la vieja derecha neoliberal en Bolivia, sumado a los acontecimientos en otros países de la región, está allanando el camino para la creación de un “protectorado”. A nivel interno, el objetivo es abandonar el Estado Plurinacional; a nivel externo, busca ceder su soberanía a una estructura geopolítica imperial en crisis que se desliza hacia la barbarie.

Juan Ramón Quintana es sociólogo boliviano, exministro de la Presidencia y embajador en Cuba. Loreta Tellería Escobar es politóloga e historiadora boliviana, asociada a la Comunidad de Estudios JAINA. Ambos son miembros de los grupos de trabajo de CLACSO sobre geopolítica y estudios estadounidenses, y han escrito extensamente sobre la intervención estadounidense, la soberanía y la geopolítica latinoamericana. CLACSO (Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales) es una importante red internacional de instituciones de investigación en ciencias sociales, fundada en 1967 y con sede en Buenos Aires. Cortesía: Agencia Latinoamericana de Información (ALAI), una organización de comunicación latinoamericana y caribeña comprometida con la paz, los derechos humanos, la autodeterminación de los pueblos, la democratización de la comunicación, la libertad de género, la integración regional, la justicia social y el cuidado de la Madre Tierra, el medio ambiente y todos los seres vivos.