Gaceta Crítica

Alejandra Jacinto (PÚBLICO), 9 de Septiembre de 2026

Septiembre tiene la mala costumbre de devolvernos los asuntos que dejamos pendientes antes del verano. Este año, entre ellos, hay uno que ya no admite que sigamos aplazándolo: la vivienda.

No porque el problema sea nuevo. Precisamente lo contrario. Porque llevamos demasiado tiempo sabiendo lo que está pasando y empezamos a acostumbrarnos a ello, suena ya casi como una música de fondo. 

Un joven de 26 años murió hace unos días en un incendio en un trastero de Madrid. La Policía investiga si vivía allí. Los bomberos encontraron su cuerpo en una estancia situada en un sótano de la calle Canarias, en Arganzuela. Una noticia que debería resultarnos insoportable. Y, sin embargo, corre el riesgo de convertirse en un titular más.

Como también corre el riesgo de convertirse en una escena habitual que una mujer de 87 años tenga que enfrentarse, por tercera vez, a la posibilidad de perder su casa. El próximo 23 de septiembre está señalado de nuevo el desahucio de Maricarmen, vecina del Retiro, después de dos aplazamientos anteriores tras el hecho de que un inversor decidiera comprar su casa y echar a una inquilina que lleva habitando dicha casa desde hace décadas. 

Hay algo profundamente extraño en una sociedad que puede convivir al mismo tiempo con viviendas que alcanzan precios inasumibles y con personas que no tienen dónde vivir. Quizá por eso convenga volver a una pregunta sencilla: ¿para qué queremos que sirvan las viviendas?

La pregunta no es retórica. Cada vez tiene consecuencias más concretas.

Este verano hemos visto cómo una parte del parque residencial de Madrid se prepara para dejar de ser vivienda durante unos días y convertirse en alojamiento para quienes acudan al Gran Premio de Fórmula 1. En Valdebebas ya pueden encontrarse viviendas anunciadas específicamente para esas fechas, con precios de miles de euros por apenas unos días. Cuando una vivienda puede producir en tres días lo que una familia tarda semanas o meses en pagar, el mercado tiene una respuesta bastante previsible y la cuestión es si la política también la tiene.

Este verano hemos vuelto a hablar de alquileres de temporada que duran once meses, de viviendas turísticas que sustituyen a viviendas habituales, de habitaciones cuyo precio ya resulta prohibitivo para cualquier estudiante y de funcionarios que consiguen una plaza en Madrid, pero no encuentran una vivienda que puedan pagar. Y el problema radica en que cada vez existen más incentivos para que una vivienda deje de ser una vivienda habitual.

En julio escribía en este mismo medio un decálogo para un decreto de emergencia habitacional. No era una lista de medidas extraordinarias, sino de algunas de las decisiones que ya sabemos que hay que tomar desde hace años: cerrar la vía de los alquileres temporales fraudulentos, proteger a los inquilinos, ampliar el parque público, limitar los usos turísticos cuando expulsan vivienda residencial y garantizar que nadie sea desahuciado sin una alternativa habitacional.

Después del verano, la necesidad de aprobar, como mínimo, esas medidas resultan todavía más evidente, aunque quizá haya que ampliar la conversación.

La vivienda ha dejado de ser solamente una cuestión de alquileres y empieza a evidenciarse cómo afecta a la capacidad de una ciudad para funcionar.

¿Qué ocurre cuando una profesora obtiene una plaza y no puede permitirse vivir en la ciudad en la que tiene que trabajar? ¿Qué ocurre cuando un médico, un policía o un funcionario tiene que desplazarse cada día desde otra localidad porque el salario no alcanza para pagar una vivienda? ¿Qué ocurre cuando una familia tiene que dedicar el 80% de sus ingresos a mantener un hogar?, ¿o cuando el sistema falla y es incapaz de poner freno a las compras especulativas capaces de llevarse por delante a una señora mayor como Maricarmen? 

La crisis de vivienda empieza a parecerse mucho a una crisis de servicios públicos. 

Durante años hemos hablado de emancipación juvenil, de natalidad, de movilidad laboral o de conciliación como problemas separados. Pero debajo de muchos de ellos hay una misma cuestión bastante menos abstracta: dónde puede vivir la gente y cuánto le cuesta hacerlo, por eso cuesta entender que sigamos tratando la vivienda como una política sectorial y que se dedique menos del 1% del PIB a ello. 

La vivienda no es solo competencia de una Administración concreta. Tiene que ver con empleo, con transporte, con educación, con sanidad, con turismo, con fiscalidad, con urbanismo y con la propia capacidad de las ciudades para seguir siendo habitables en vez de parques temáticos. Y seguir aludiendo a quien debe encargarse de ello sin que ninguna Administración se haga cargo tiene una dimensión política que es un error ignorar.

Este fin de semana, en Sajonia-Anhalt, Alternativa para Alemania ha obtenido el 43,8 % de los votos, más del doble de su resultado de 2021, y se ha quedado a solo tres escaños de la mayoría absoluta.

No hay una relación automática entre ese resultado y la crisis de vivienda. Sería demasiado sencillo —y probablemente equivocado— explicarlo únicamente así. Pero sí hay una lección que merece la pena mirar de frente.

Las democracias no solo se debilitan cuando aparecen partidos de extrema derecha.  Se debilitan cuando durante demasiado tiempo las instituciones se muestran incapaces de ofrecer respuestas convincentes y materiales a problemas que condicionan la vida cotidiana y el coste de la vida.  

La extrema derecha suele hacer algo muy eficaz: toma un malestar real y ofrece una explicación sencilla. Identifica un culpable, promete una solución rápida y convierte problemas complejos en conflictos entre unos y otros. La vivienda va en camino de convertirse en uno de esos terrenos si desde las Administraciones Públicas se opta por seguir haciendo lo mismo que hasta ahora, esto es, no dar respuestas eficaces. 

Después de Ceuta, quizá también convenga pensar en esto. No para establecer equivalencias que no existen entre fenómenos diferentes, sino para recordar algo bastante elemental: cuando una sociedad atraviesa una situación de inseguridad o de incertidumbre, la ausencia de respuestas públicas deja un espacio del que otros se aprovechan para que crezca el odio. 

La vivienda es hoy uno de los principales lugares donde se está acumulando esa incertidumbre.

Por eso la tarea de garantizar el derecho a la vivienda es a su vez garantía de la subsistencia de la propia democracia y del Estado de Bienestar. La política de vivienda como política pública es una infraestructura de seguridad democrática. 

Y comprender esta cuestión y actuar en consecuencia no permite más anuncios, ni más documentos estratégicos, significa decidir políticamente qué usos tienen prioridad cuando todos compiten por un recurso limitado.

El curso político acaba de empezar. Y lo que toca este septiembre no es sólo volver a hablar de vivienda, es que los gobiernos hagan política de vivienda mientras como sociedad nos organizamos en torno a la defensa de los derechos democráticos como es la vivienda.