Gaceta Crítica

Víctor López (PÚBLICO), 7 de Julio de 2026

• Los centros de enseñanza superior de titularidad pública son 50 desde 2013. Y solo uno abrió sus puertas en lo que va de siglo. El contraste con los campus privados es llamativo: de los 49 que ofertan estudios de grado o posgrado, 31 han sido autorizados en los últimos 25 años, además de los dos «centros adscritos» que inician su andadura este curso en Asturias.
• El número de universidades privadas sin ánimo de lucro de cara al curso que está a punto de empezar es -ahora mismo- de 24, frente a las 27 que tienen fines mercantiles, según cifras de CCOO. «La universidad se está volviendo a convertir en un recurso reservado a determinados niveles sociales», denuncian los sindicatos.

Las universidades privadas superarán por primera vez a las públicas en el conjunto de España durante el curso 2026/2027. Lo advertía este verano el secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa. Y lo confirman dos de los principales sindicatos con representación en el sector, CCOO y UGT. «El problema tiene que ver en el mejor de los casos con una dejación de funciones por parte de las administraciones públicas y en el peor escenario con una apuesta por un modelo de negocio que repercute negativamente sobre miles de familias. La universidad se está volviendo a convertir en un recurso reservado a determinados niveles sociales«, denuncia Santiago Cuesta, secretario de Universidades de la sección de Enseñanza de Comisiones Obreras. 

Los centros de enseñanza superior de titularidad pública son 50 desde 2013. Y solo uno abrió sus puertas en lo que va de siglo. El contraste con la proliferación de universidades privadas es -cuando menos- llamativo. El Ministerio que dirige Diana Morant cifra en 46 el número de centros de este tipo que ofertaban algún grado, máster o posgrado hasta la fecha. Y habla de otras tres universidades que cuentan con la autorización de los respectivos parlamentos autonómicos, pero «no tienen de momento actividad»: la IE University de Madrid, la UNINDE de Extremadura y la Universidad de Mallorca. Público ha podido confirmar, sin embargo, que todas ellas tienen abiertas matrículas para una o varias titulaciones -presenciales u online– durante el curso 2026/2027. El Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT) del Gobierno habla directamente de 49 instituciones privadas en España.

Público ha constatado, además, que el Gobierno de Asturias autorizó en 2025 la apertura de dos “centros adscritos” a las universidades Nebrija y Alfonso X el Sabio en Avilés y Oviedo. El primero ha cubierto todas sus plazas y prevé comenzar las clases a mediados de septiembre, según han reconocido fuentes de la propia universidad y del Ejecutivo asturiano a este periódico. Aunque no pueden contabilizarse como universidades independientes —ambas instituciones ya figuran en el registro estatal—, los dos centros amplían la implantación territorial de la enseñanza privada hasta 51 y revelan una nueva vía de expansión del negocio. «El camino a seguir a partir de ahora va a ser el de los centros adscritos. Las empresas van a utilizar esta herramienta para sortear el decreto y los filtros del Ministerio y agilizar los trámites para su implantación en las comunidades. Las universidades actuarán -sin embargo- de manera independiente pese a estar adscritos a una misma matriz», reivindica Santiago Cuesta.

«Esta especie de trampilla pone otra problemática encima de la mesa y es que hablamos -generalmente- de universidades privadas que no son de ámbito estatal, sino autonómico. La explicación es sencilla: si un centro firma un convenio con Extremadura, por ejemplo, para ofrecer tres o cuatro titulaciones allí, no tiene sentido que pueda firmar otro con Asturias sin que el texto se supervise a nivel nacional. El organismo competente para darle el visto bueno debería ser en estos casos el Ministerio de Universidades», continúa Carmen Sabán, responsable de Universidades en UGT Federal. El decreto al que hacen referencia las voces consultadas por este medio es el conocido como decreto antichiringuitos, aprobado en octubre de 2025. Esta ordenanza endurece los criterios para la apertura de nuevas universidades y refuerza los «mecanismos de control y supervisión» del sistema educativo español, garantizando que todas las instituciones mantengan unos estándares de calidad.  

Las privadas ganan peso en todas las regiones

El reparto por comunidades es bastante desigual. Lo que sí es un hecho es que la amplia mayoría de los territorios tienen un número igual o superior de centros privados que de universidades públicas: 11 de las 17 comunidades están en esta situación. La palma se la lleva la Comunidad de Madrid, con 13 instituciones privadas frente a seis de titularidad pública. Castilla y León, Canarias, Asturias, Cantabria y Euskadi también tienen más privadas que públicas, teniendo en cuenta en el caso asturiano los «centros adscritos». El resto mantienen un temido equilibrio y cuatro tienen la balanza inclinada a favor de la educación pública. Castilla-La Mancha es la única que resiste sin ninguna facultad en manos de fondos de inversión, redes empresariales u organizaciones religiosas. 

La coyuntura madrileña es especialmente preocupante. Isabel Díaz Ayuso autorizó la apertura de tres nuevas universidades privadas en la comunidad solo entre 2019 y 2025: Universidad Internacional de la Empresa, Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología (UDIT) e IE University Madrid. Estos proyectos se suman a otra decena de centros que operan desde hace años en la región, como la Alfonso X el Sabio, la Antonio de Nebrija, la CEU San Pablo, la Camilo José Cela o la Francisco de Vitoria. La mitad comenzó a impartir clases en los últimos veinte años. Y todas ellas con gobiernos del PP. «La Comunidad de Madrid tiene a las universidades públicas infrafinanciadas y estancadas, sin poder atender el alto número de solicitudes que recibimos y con unas notas de corte cada vez más elevadas que provocan un problema real de accesibilidad, todo lo contrario a lo que se espera de un servicio público. Lo que hace en lugar de destinar más recursos y crear nuevas titulaciones o turnos es fomentar la proliferación de universidades privadas. Los alumnos y sus familias acaban pagando cantidades desorbitadas porque la otra opción es no estudiar», lamenta Carmen Sabán. 

Canarias (5) y Castilla y León (5) son las otras dos regiones con mayor número de centros privados. El archipiélago tiene en sus siete islas facultades de la Fernando Pessoa (UFP-C), la Universidad Europea, la Tecnológica de Canarias (TECH), la Universidad del Atlántico Medio y la de Las Hespérides. Los alumnos castellanoleoneses por su parte disponen de la Pontificia de Salamanca, la IE University, la Isabel I de Castilla, la Santa Teresa de Jesús de Ávila y la Universidad Europea Miguel de Cervantes. El censo es el mismo en Catalunya, pero las públicas tienen aquí más peso que las privadas, con siete centros frente a cinco que no son de titularidad autonómica. El País Valencià por su parte cuenta con otras cinco instituciones públicas frente a cuatro privadas: la Cardenal Herrera, la Europea de Valencia, la San Vicente Mártir y la Internacional Valenciana. 

«La justificación que suelen dar las comunidades autónomas para autorizar este tipo de proyectos es que la alta demanda social no la consiguen atender las universidades públicas. Y por eso se supone que hacen falta las privadas. La realidad es que las universidades públicas no pueden atender esta demanda porque la falta de financiación se lo impide. El deterioro es en muchos casos intencionado. Y las consecuencias a largo plazo son un serio problema de endeudamiento para miles de familias«, destaca Santiago Cuesta. Comisiones Obreras tiene identificadas una quincena de solicitudes para poner en marcha centros de enseñanza privados que siguen -de momento- pendientes de autorización, muchos, previos al decreto que aprobó el año pasado el Ministerio de Universidades. El creciente interés por el negocio de los grados y posgrados va en la línea del ritmo al que se han multiplicado las universidades privadas en España: de las 51 que tienen actividad -actualmente- en nuestro país, 33 han sido autorizadas en los últimos 25 años. La Universidad Internacional de Andalucía es la única pública que ha abierto sus puertas en el mismo período. 

Mientras, los fondos de inversión llevan años buscando hacerse un hueco en este sector. Portobello Capital entró recientemente en el accionariado de la Universidad Internacional de La Rioja, CVC compró el 70% de la Alfonso X El Sabio –CVC vendió después su participación mayoritaria a Cinven en una operación en la que también participó Mubadala, el fondo soberano de Abu Dabi– y el fondo sueco EQT adquirió en 2024 el 60% de la Europea de Madrid.

El negocio detrás de las universidades privadas

El otro gran problema que enfrenta el sector es el del boom de las universidades privadas con ánimo de lucro, un fenómeno que tampoco es baladí, sobre todo a partir de los 2000. La Universidad de Deusto fue la primera privada que inició su andadura en España, en 1886. La siguieron otros cuatro centros, todos ellos vinculados a la Iglesia católica: la Pontificia de Salamanca, la Pontificia de Comillas, la Universidad de Navarra y la Ramón Llull. Las cinco siguen funcionando, siguen siendo privadas y siguen estando ligadas a organizaciones religiosas, pero ninguna de ellas tiene ánimo de lucro, según el RUCT. Los campus de estas características tienen formalmente un fin social y se supone que deben destinar sus beneficios a la contratación de más profesorado, la mejora de las instalaciones o los programas de becas e investigación. Esta situación es la que tienen las universidades privadas que dependen de fundaciones o de la misma Iglesia, entre ellas, la San Vicente Mártir, la Loyola de Andalucía, la Francisco de Vitoria, la Cardenal Herrera, CEU San Pablo o la UOC. El número de universidades privadas sin ánimo de lucro de cara al curso que está a punto de empezar es -ahora mismo- de 24, según cifras de CCOO. 

Las que tienen ánimo de lucro y buscan maximizar beneficios han crecido mientras tanto hasta las 27, superando así a las no mercantiles. La primera universidad de este tipo en abrir sus puertas en España fue la Alfonso X el Sabio, hace ahora treinta años. El campus se sitúa en Villanueva de la Cañada (Madrid) y las matrículas -anuales- oscilan entre los 8.000 y los 20.000 euros. El listado lo completan otros centros como la Universidad Europea (en todas las comunidades donde tiene presencia), la Tecnológica Atlántico-Mediterráneo, la Antonio de Nebrija, la Fernando Pessoa-Canarias, la IE University o la Camilo José Cela. Las tarifas en estos casos pueden alcanzar los 30.000 euros por curso, sin contar las tasas que deben pagar -muchas veces- los alumnos por las pruebas de admisión o la reserva de plaza. 

Las últimas universidades en recibir la autorización de los respectivos parlamentos autonómicos apuestan -claramente- por este modelo del ánimo de lucro, un modelo según el que pueden hacer negocio y disparar sus ganancias sin complicaciones. Este es el caso de los «centros adscritos» de la Nebrija y la Alfonso X El Sabio en Asturias, pero también de la Universidad de Mallorca o la UNINDE de Extremadura. La Academia Dental de Mallorca está detrás del primero de los centros y una sociedad de capital chileno controla mayoritariamente el segundo.

El Grupo Planeta, paralelamente, puso en marcha su propia universidad en la capital y un segundo campus en València, además de tener proyectos pendientes de autorización en otras comunidades como Extremadura, generalmente de la mano del PP. 

El Ministerio de Universidades ha recoocido en declaraciones a Público su «preocupación» por la rápida proliferación de centros privados que «no ofrecen suficientes garantías de calidad, investigación y solvencia económica» y ha condenado que su expansión se produzca «a costa de la igualdad de oportunidades» o «como consecuencia de una financiación insuficiente» por parte de las comunidades autónomas, motivos por los que, insisten desde la cartera, resulta «prioritario» fortalecer la universidad pública y caminar hacia un sector privado «sometido a exigencias» de calidad. Las voces consultadas por este medio advierten en la misma línea de los riesgos de hacer negocio con un «servicio público esencial» como la enseñanza superior: «Las administraciones tienen que dar respuesta y satisfacer el derecho a la educación de miles de estudiantes en universidades públicas, porque de lo contrario seguiremos el mismo camino de desmantelamiento que han seguido la sanidad o las residencias y solo podrán cursar un grado o un máster quienes tengan dinero para pagarlo«.