Gaceta Crítica

Ana Lázaro (PÚBLICO), 30 de Agosto de 2026

La UE ha convertido progresivamente la cooperación exterior en uno de los pilares de su política migratoria. Pero delegar el control de sus fronteras en gobiernos como los de Libia, Túnez o Marruecos plantea serias dudas sobre la rendición de cuentas y el respeto de los derechos humanos.

A lo largo de la última década, la Unión Europea ha multiplicado los acuerdos con terceros países para delegar el control de las fronteras. Una política migratoria que comporta claros riesgos de violación de los derechos humanos. Pese a ello, la Comisión Europea presume de cifras y afirma que, en 2025, los cruces irregulares en las fronteras exteriores cayeron alrededor de un 26%. Pero es difícil hablar de éxito cuando el precio a pagar es que la mortalidad en el Mediterráneo aumenta respecto al número de llegadas, o cuando aparecen pruebas documentadas de que los migrantes quedan embarrancados en países donde son víctimas de explotación laboral y sexual.

La legislación europea empezó a endurecerse tras la crisis migratoria de 2015 con la llegada masiva de demandantes de asilo que huían de la guerra de Siria. Por aquel entonces la canciller alemana Angela Merkel pronunció la famosa frase “podemos hacerlo”, facilitando la acogida de unos 400.000 demandantes. Fue uno de los últimos gestos en favor de la acogida y la integración. Porque también fue tras aquella crisis humanitaria cuando Bruselas forjó uno de sus primeros pactos migratorios: la Declaración UE-Turquía del 18 de marzo de 2016. La UE acordó aportar 6.000 millones de euros para que Ankara atendiera a los refugiados y evitar así que entraran en territorio comunitario. Una situación que paradójicamente llevó al colapso de los centros de acogida en las islas griegas. Human Rights Watch denunció que la política de contención había contribuido a un hacinamiento “perpetuo”.

Bruselas empezó entonces a externalizar el control migratorio hacia los países de origen y tránsito. Uno de los pactos mas controvertidos que ha bendecido la UE es el de Libia y que se remonta a 2016. El objetivo era dotar de medios a la Guardia Costera libia para que interceptara a los migrantes antes de que alcanzaran aguas territoriales italianas y los llevara de vuelta a Libia. En una declaración firmada por 31 organizaciones humanitarias y fechada el pasado mes de julio, se denuncia que la guardia costera, financiada y entrenada por la UE, “lleva a cabo reiteradamente ataques violentos y peligrosos contra personas en situación de peligro en el mar, lo que ha provocado muertes durante las interceptaciones”. Y añade detalles sobre prácticas violentas “como perforar y abordar embarcaciones no aptas para la navegación, provocando su vuelco, y ejercer violencia física contra las personas que viajaban a bordo”. En su carta, exigen a la Unión Europea que ponga fin urgentemente a la cooperación migratoria con las autoridades libias.

El Memorando de Entendimiento con Túnez llegó en 2023. Un año después, la organización Researchers X publicaba un informe demoledor en el que denunciaba la participación de los aparatos policiales y militares tunecinos en la venta de seres humanos en la frontera libia, donde después eran retenidos a la espera de un rescate. “Los relatos que escuchamos de refugiados, solicitantes de asilo y migrantes atrapados en Túnez ponen de manifiesto el coste humano de la asociación migratoria entre la UE y Túnez, basada en la contención en lugar de en la protección. La UE no puede seguir mirando hacia otro lado mientras elude sus obligaciones en materia de derechos humanos”, explica Heba Morayef, director regional de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.

Un medio de presión

La Unión Europea ha firmado pactos con otros países africanos, como Egipto o Mauritania. No se centran exclusivamente en la migración, sino que esta aparece englobada en asociaciones más amplias que combinan inversiones, energía y seguridad. De tal manera que la contención de los flujos migratorios queda enredada con otro tipo de compensaciones. “Muchos de estos acuerdos son políticos, es decir, no son jurídicamente vinculantes. De hecho, en el pasado, el Defensor del Pueblo Europeo ya criticó la falta de rendición de cuentas, así como la falta de claridad sobre el alcance de la cooperación y sobre cómo se utilizaban los fondos en el país en cuestión. Así pues, en términos de claridad, diría que el panorama general no es nítido, sino más bien opaco”, explica Davide Colombi, investigador del think tank CEPS.

En el caso de Marruecos, la relación viene de lejos. El Acuerdo de Asociación UE-Marruecos que se firmó en 1996 entró en vigor en 2000 y al él se han ido añadiendo programas migratorios específicos, no solo europeos sino también bilaterales con España. Como explicamos en Público, hace falta un trabajo de investigación para poner orden en las cifras y en las partidas específicamente dedicadas al control de las fronteras y a la contención de migrantes. Pero una de las consecuencias es que con estos acuerdos se establece una relación de dependencia mutua que crea las condiciones para que el control migratorio se convierta en un factor de desestabilización.

Una muestra de ello ha sido el cruce de acusaciones que se ha desatado en el seno de la Unión Europea a raíz de la crisis de Ceuta. Abrieron fuego Italia y Dinamarca, secundadas por otros veinte países, criticando la política de regularización llevada a cabo por el Gobierno español. Y las aguas están lejos de haber vuelto a su cauce con el ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, criticando a Roma por su “falta de solidaridad”. 

Bruselas ha evitado hablar de “instrumentalización” en el caso de Ceuta, por el contrario, se ha esforzado en destacar la cooperación de Rabat a la hora de facilitar los retornos. “La UE suele emplear términos como instrumentalización de la migración o migración como amenaza híbrida al referirse a países con los que no mantiene buenas relaciones, como en el caso de Bielorrusia, donde se utilizó esta terminología abiertamente. En cambio, cuando se trata de gobiernos de los que la UE depende en materia migratoria o de países vecinos con los que existe una cooperación sustancial, se tiende a evitar el uso de estas expresiones”, añade Colombi. En 2021, Bielorrusia facilitó que ciudadanos de terceros países se dirigieran hacia la frontera polaca.

Lejos de cambiar, Bruselas apuesta ahora por los centros de deportación

Pese a todo ello, la política de externalización migratoria continúa en Europa. Este año se ha autorizado la creación de los denominados “centros de retorno”, donde podrán ser enviados los demandantes de asilo cuya petición haya sido rechazada. Esto implica que los migrantes podrán ser enviados a terceros países, incluso si no es su lugar de origen. Se habla ya de Ruanda, Uganda o Senegal como posibles destinos.

Esta política genera muchas dudas entre las organizaciones humanitarias. Entre otros, se preguntan cómo se verificará que se respetan sus derechos. Es cierto que el texto propone una serie de salvaguardias para protegerlos, como evitar que una persona pueda ser enviada a un país donde corre el riesgo de persecución o tortura. Pero si ocurre algo, si hay una denuncia, es difícil determinar cual sería la jurisdicción responsable y muy probablemente estarán fuera del alcance de los tribunales europeos.