Gaceta Crítica

Por Alejandra García (RESUMEN LATINOAMERICANO), 19 de agosto de 2026, desde La Habana.

El Morro, foto: Bill Hackwell

Durante más de seis décadas, Estados Unidos ha intentado que el pueblo cubano pague las consecuencias de su decisión soberana de seguir un camino socialista e independiente. Sin embargo, en el transcurso de este último período, la estrategia de coerción de Washington ha sufrido una mutación decisiva. La última fase de esta prolongada guerra económica se ha centrado intencionadamente en la arteria más vulnerable y vital de la isla para la vida cotidiana: su suministro de energía.

Seis meses después de que la administración estadounidense intensificara drásticamente la presión sobre los países y las multinacionales que suministran petróleo a Cuba, los resultados políticos previstos por la Casa Blanca distan mucho de la realidad. Esta agresiva política de asfixia no ha traído la prometida «democracia» ni ha mejorado la calidad de vida de los ciudadanos cubanos. Lo que sí ha provocado, sin lugar a dudas, a corto plazo, es una parálisis sistémica: hogares sumidos en la oscuridad, redes de autobuses completamente paralizadas, hospitales y centros de salud inoperativos, y crecientes dificultades para transportar alimentos básicos desde las zonas rurales agrícolas a los principales centros urbanos.

El punto de inflexión de esta escalada se produjo el 29 de enero de 2026, cuando el presidente estadounidense Donald Trump emitió una orden ejecutiva que establecía un mecanismo punitivo para imponer aranceles adicionales a los productos de cualquier país que suministrara petróleo a Cuba, ya fuera directa o indirectamente. Si bien Washington presentó oficialmente esta medida como una defensa de la «seguridad nacional» estadounidense, su propósito práctico era inequívoco y coercitivo: obligar a terceros países a elegir entre comerciar con una nación caribeña en dificultades o mantener el acceso al enorme mercado estadounidense.

Si bien las medidas arancelarias autorizadas en virtud de esta y otras órdenes de emergencia específicas fueron canceladas formalmente el 20 de febrero, la emergencia declarada se mantuvo plenamente vigente. El sistema general de sanciones, las graves amenazas contra los proveedores internacionales y la incertidumbre jurídica y logística seguían rodeando a cualquier buque con destino a puertos cubanos.

Analistas e instituciones han descrito el resultado final de esta estrategia punitiva como un bloqueo petrolero efectivo. No se trata necesariamente de una línea física o permanente de buques de guerra estadounidenses desplegados en aguas del Caribe, sino más bien de una sofisticada red de presión secundaria. Esta red es capaz de intimidar a gobiernos extranjeros, entidades bancarias, compañías de seguros, navieras y comerciantes internacionales, alejándolos por completo del comercio legítimo con Cuba por temor a represalias financieras.

Efectos acumulativos sobre infraestructuras frágiles

El golpe militar y diplomático azotó sin piedad una economía ya maltrecha y sometida a una presión extraordinaria. Históricamente, esta nación caribeña ha dependido en gran medida del petróleo importado, mientras que la producción nacional apenas cubre una fracción de sus necesidades energéticas mínimas.

Los envíos venezolanos cayeron drásticamente tras el ataque estadounidense a ese país el 3 de enero de 2026. Simultáneamente, los envíos alternativos desde México fueron objeto de un intenso escrutinio y presión diplomática por parte de Washington. Ante este panorama, Cuba carecía de suficientes reservas de divisas para comprar combustible a precios de mercado en otros países. Esta escasez se sumó al envejecimiento progresivo de las centrales termoeléctricas locales, las continuas demoras en el mantenimiento de la infraestructura, el impacto devastador de los recientes fenómenos meteorológicos, la creciente inflación y la grave pérdida de ingresos por turismo internacional.

La grave escasez de combustible ha afectado trágicamente todos los aspectos de la vida cotidiana de la población. Las continuas fallas técnicas en la frágil red eléctrica nacional han provocado repetidos apagones generalizados en toda la isla. Estos cortes no solo dejan a los ciudadanos a oscuras, sino que inutilizan directamente las bombas de agua potable y causan averías generalizadas en refrigeradores domésticos y comerciales, echando a perder los escasos alimentos y medicamentos almacenados. Miles de familias se ven obligadas a cocinar, estudiar y dormir a diario bajo un calor extremo sin un suministro eléctrico fiable.

Las rutas de autobuses públicos se han reducido a mínimos históricos, las gasolineras han cerrado o racionado severamente sus suministros, y los trabajadores enfrentan enormes dificultades para desplazarse al trabajo. En el sector agrícola, la falta de diésel dificulta drásticamente la cosecha, impidiendo el transporte de alimentos perecederos desde los centros de producción rurales hasta las ciudades, lo que agrava la escasez generalizada.

La recogida de basura y los servicios básicos de saneamiento se han deteriorado de forma alarmante. En el sector sanitario, las ambulancias, los hospitales y las clínicas deben racionar severamente el combustible para los generadores de emergencia, al tiempo que se enfrentan a una creciente escasez de medicamentos y suministros médicos esenciales.

Las conexiones aéreas tampoco se han librado: numerosos vuelos internacionales fueron cancelados o desviados porque los aeropuertos cubanos no podían garantizar el suministro de combustible para la aviación, lo que supuso un golpe devastador para el turismo, una de las principales fuentes de divisas del país.

Ante este complejo escenario, la tarea inmediata y urgente de la comunidad internacional debe ser prevenir una catástrofe humanitaria de gran magnitud en la isla. Es fundamental ayudar a Cuba a reconstruir y transformar un sistema energético sostenible que no pueda ser estrangulado ni utilizado como herramienta política por ninguna potencia extranjera.