Gaceta Crítica

Quds News Network, 29 de Junio de 2026

El “acuerdo marco” firmado por Israel y el Líbano en Washington el viernes distó mucho de ser un acontecimiento ordinario en la historia de las relaciones entre ambas partes.

El acuerdo reavivó rápidamente las comparaciones con el Acuerdo del 17 de mayo de 1983, firmado por el expresidente libanés Amin Gemayel e Israel bajo la mediación de Estados Unidos, antes de colapsar menos de un año después bajo el peso de las divisiones internas del Líbano, la oposición siria y la continua ocupación israelí.

Hoy, más de cuatro décadas después, Líbano se encuentra una vez más ante un nuevo acuerdo, también mediado por Estados Unidos, mientras las fuerzas israelíes permanecen en territorio libanés y el país está profundamente dividido sobre el futuro de las armas de Hezbolá y el papel del Estado libanés en el cumplimiento de los compromisos de seguridad.

Si bien las circunstancias regionales difieren entre ambos períodos, la comparación no se basa en similitudes políticas o ideológicas, sino en elementos objetivos claros:

Ambos acuerdos se firmaron después de importantes guerras israelíes en el Líbano.

Ambos vincularon la retirada israelí a acuerdos de seguridad dentro del territorio libanés.

Ambas negociaciones fueron mediadas por Washington.

Ambas propuestas fueron presentadas por las autoridades libanesas como una vía para restaurar la soberanía, mientras que sus opositores las consideraban más un afianzamiento de las exigencias de seguridad israelíes que una restauración de la plena soberanía nacional del Líbano.

Acuerdo del 17 de mayo

El Acuerdo del 17 de mayo surgió tras la invasión israelí del Líbano en 1982, cuando las fuerzas de ocupación israelíes llegaron a Beirut por primera vez, sitiando la capital antes de la retirada de las fuerzas de la Organización para la Liberación de Palestina.

Tras el asesinato del presidente electo Bashir Gemayel, su hermano Amin Gemayel fue elegido presidente en septiembre de 1982 e inició negociaciones indirectas con Israel bajo el patrocinio de Estados Unidos, que culminaron con la firma del acuerdo el 17 de mayo de 1983.

Esas negociaciones tuvieron lugar en medio de un grave desequilibrio de poder. Israel ocupaba amplias zonas del territorio libanés, incluyendo Beirut y extensas áreas del sur, mientras que el Estado libanés emergía de la guerra civil, su ejército estaba debilitado y dividido, y las fuerzas sirias mantenían presencia en otras partes del país.

Esta realidad otorgó a Israel una posición negociadora más sólida, permitiéndole condicionar su retirada a requisitos políticos y de seguridad específicos, mientras que el gobierno libanés carecía de los medios militares para imponer una retirada israelí incondicional.

En consecuencia, el Acuerdo del 17 de mayo fue más allá de una simple retirada militar. Incluía acuerdos políticos y de seguridad destinados, según su texto, a poner fin al estado de guerra entre Líbano e Israel, prevenir ataques contra Israel desde territorio libanés, establecer mecanismos de coordinación en materia de seguridad y prever una retirada israelí gradual vinculada a la finalización de los acuerdos de seguridad dentro del Líbano.

Sin embargo, esa retirada también estaba supeditada a la retirada de las fuerzas sirias —una condición que el gobierno libanés no tenía capacidad para hacer cumplir—, lo que posteriormente se convirtió en una de las principales razones del fracaso del acuerdo.

El Acuerdo de Washington de 2026

El acuerdo de junio de 2026 se produjo tras varios meses de guerra entre Israel y Hezbolá, durante los cuales las fuerzas israelíes avanzaron hacia el sur del Líbano, se apoderaron de zonas fronterizas y llevaron a cabo extensos ataques contra la infraestructura militar de Hezbolá.

Las negociaciones patrocinadas por la administración del presidente estadounidense Donald Trump concluyeron con la firma en Washington de un acuerdo marco entre representantes de Estados Unidos, Israel y Líbano, concebido como el inicio de un proceso político y de seguridad más amplio.

El acuerdo de 2026 se basa en un principio similar, ya que vincula la retirada israelí con acuerdos de seguridad dentro del territorio libanés.

El texto hace referencia a un “proceso secuencial”, lo que significa que la implementación no se producirá de una sola vez, sino a través de etapas sucesivas. El Estado libanés, mediante su ejército, extenderá su autoridad sobre las zonas designadas mientras se verifica el desarme de los grupos armados fuera del control estatal —principalmente Hezbolá— antes de que Israel proceda con fases adicionales de redespliegue militar.

Otro término que requiere explicación es el de «zonas piloto», que apareció en declaraciones de funcionarios israelíes y estadounidenses tras la firma del acuerdo.

El término hace referencia a dos zonas del sur del Líbano donde comenzará la implementación. Las fuerzas israelíes se retirarán gradualmente de esas zonas mientras el ejército libanés se despliega, tras lo cual se evaluará el éxito del proceso antes de avanzar a otras zonas.

Por lo tanto, la implementación se basa en el principio de “actuación a cambio de retirada”: cada paso israelí se corresponde con un paso libanés hacia la extensión de la autoridad estatal y el desarme de los grupos armados. Cabe destacar que el acuerdo no incluye un calendario para la retirada israelí ni para la puesta en marcha del plan de la zona piloto.

Aquí reside la primera gran similitud entre ambos acuerdos. En ambos casos, la retirada israelí no se presenta como una obligación inmediata e incondicional, sino que está supeditada a las condiciones de seguridad dentro del Líbano.

La diferencia radica en la naturaleza de esas condiciones.

En 1983, se centraron en prevenir operaciones armadas, establecer acuerdos de seguridad en el sur del Líbano y vincular la retirada israelí con la salida de las fuerzas sirias.

En el acuerdo de 2026, se centran en desmantelar la infraestructura militar de Hezbolá, desarmar al grupo y desplegar al ejército libanés bajo un mecanismo supervisado por Estados Unidos a través de un grupo de coordinación militar trilateral.

Una lectura tanto del Acuerdo del 17 de mayo de 1983 como del Acuerdo de Washington de junio de 2026 revela que, a pesar de sus diferencias, comparten la misma filosofía general. Ambos se presentan como una vía hacia la retirada israelí y el restablecimiento de la autoridad estatal libanesa, pero ambos condicionan dicha retirada a acuerdos de seguridad dentro del Líbano.

En este contexto, los “acuerdos de seguridad” implican algo más que el simple despliegue del ejército libanés. Buscan establecer una realidad de seguridad que impida que cualquier fuerza libanesa, palestina o regional amenace a Israel desde territorio libanés.

El acuerdo del 17 de mayo estipuló el fin del estado de guerra entre el Líbano e Israel, el respeto mutuo a la soberanía e integridad territorial de cada parte, y el compromiso de ambas partes de no utilizar, ni permitir el uso de, su territorio para actos hostiles contra la otra.

También preveía la retirada israelí del Líbano, pero dicha retirada iba acompañada de un extenso anexo de seguridad que especificaba la naturaleza de la presencia militar libanesa en el sur, el número de tropas, las armas permitidas y los mecanismos de coordinación y supervisión.

En ese sentido, el acuerdo no fue simplemente un acuerdo de retirada, sino uno que reorganizó el sur del Líbano de acuerdo con las preocupaciones de seguridad de Israel. Otorgó a Israel garantías que iban más allá de la propia retirada, abordando lo que sucedería después de la partida de las fuerzas israelíes.

El acuerdo de 2026 declara asimismo que cada parte respetará la soberanía de la otra, al tiempo que sienta las bases para la normalización mediante un proceso gradual oficialmente concebido como la restauración de la soberanía libanesa mediante el desmantelamiento de la estructura militar de Hezbolá y el desarme del grupo antes de que Israel se retire de los territorios que ocupó durante la última guerra.

El “proceso gradual” implica que la retirada israelí no se producirá de forma simultánea ni como una obligación independiente. En cambio, se desarrollará por etapas, comenzando con las denominadas zonas piloto, donde el ejército libanés se desplegará tras la retirada israelí de dos ubicaciones designadas en el sur del Líbano, antes de que la implementación se extienda a otras zonas.

Esto significa que el concepto de «soberanía» se entiende de manera diferente en los acuerdos que en el discurso político oficial. Oficialmente, la soberanía libanesa implica extender la autoridad estatal a todo el territorio del país. En la práctica, sin embargo, la soberanía se vuelve condicional.

En 1983, se esperaba que el Líbano impidiera cualquier actividad hostil contra Israel e implementara medidas de seguridad en el sur. En 2026, el Líbano debe demostrar su capacidad para desarmar a Hezbolá y desplegar al ejército en las zonas designadas antes de que Israel proceda con una retirada más amplia.

Esto no significa que ambos acuerdos sean idénticos. Más bien, ambos incorporan las exigencias de seguridad de Israel en la propia definición de restauración de la soberanía libanesa.

Ambos acuerdos priorizan las exigencias de seguridad de Israel por encima de la retirada completa, lo que hace que el Estado libanés sea responsable de cumplir con sus obligaciones internas —principalmente prevenir cualquier amenaza a Israel— antes de obtener una retirada israelí completa y claramente definida.

En el Acuerdo del 17 de mayo, esto se manifestó de tres maneras.

En primer lugar, la retirada israelí estaba vinculada a acuerdos de seguridad en el sur del Líbano que el propio Líbano no había determinado.

En segundo lugar, el Líbano se comprometió a impedir actividades hostiles contra Israel desde su territorio; una cláusula que podría parecer habitual entre estados soberanos, pero que, bajo la ocupación, se consideraba una obligación impuesta antes del restablecimiento de la plena soberanía en la toma de decisiones.

En tercer lugar, Israel también condicionó la retirada completa a la salida de las fuerzas sirias, una condición que escapa al control del gobierno libanés.

Por ese motivo, los opositores argumentaron que el acuerdo otorgaba de hecho a Israel el derecho a permanecer en el Líbano mientras no se cumpliera la condición regional.

La misma lógica se refleja en el acuerdo de 2026, aunque con una formulación diferente. Israel no se limita a declarar que se retirará cuando Líbano lo solicite o según un calendario fijo. Más bien, según declaraciones del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, Israel permanecerá en el «cinturón de seguridad» del sur de Líbano mientras Hezbolá no haya sido desarmado y mientras Israel considere que la amenaza persiste.

En la práctica, esto convierte la propia evaluación de Israel sobre la amenaza a la seguridad —y no únicamente la implementación del acuerdo por parte del Líbano— en el criterio para la retirada.

Para Hezbolá y sus aliados, esto significa que el acuerdo otorga a Israel el derecho a permanecer bajo el estandarte de la seguridad, al tiempo que asigna al Estado libanés la tarea de hacer frente a la resistencia antes de que Israel esté obligado a retirarse.

El término “cinturón de seguridad” también requiere una explicación.

Históricamente, se refiere a una zona en la que Israel mantiene una presencia militar directa o indirecta cerca de la frontera con el pretexto de prevenir ataques.

En el contexto libanés, el término está estrechamente relacionado con la ocupación israelí del sur del Líbano antes de su retirada en el año 2000. En el discurso de 2026, se refiere a las zonas del sur del Líbano donde Israel afirma que debe permanecer mientras Hezbolá siga representando una amenaza.

Por lo tanto, el uso de este término ha generado una considerable sensibilidad en el Líbano, ya que reaviva la lógica de una ocupación temporal que podría prolongarse si solo Israel determina cuándo termina la amenaza.

Desde esta perspectiva, la descripción que hace Hezbolá del acuerdo como «un regalo para el enemigo israelí» no se basa simplemente en la oposición política general, sino en la creencia de que Israel ha obtenido lo que buscaba: una presencia militar temporal de duración indefinida, un mecanismo internacional para controlar las armas de Hezbolá y presión sobre el Estado libanés para que implemente el desarme de Hezbolá.

Comercialización de los acuerdos

Joseph Aoun y Nawaf Salam han promovido el acuerdo de Washington utilizando un lenguaje sorprendentemente similar al empleado por Amin Gemayel en 1983: soberanía, el Estado, el ejército, retirada y el retorno de los residentes desplazados.

Según medios de comunicación internacionales e israelíes, el presidente Aoun describió el acuerdo como «el primer paso» hacia el restablecimiento de la soberanía libanesa.

La embajada libanesa en Washington declaró que el acuerdo comienza con la retirada israelí de dos zonas piloto en el sur y que estas medidas constituyen «el primer paso hacia una retirada gradual y completa de todo el territorio libanés», respetando al mismo tiempo la soberanía del Líbano.

Asimismo, Nawaf Salam vinculó el acuerdo con el Acuerdo de Taif y la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, haciendo hincapié en el derecho exclusivo del Estado a portar armas y afirmando que el objetivo final es la retirada de Israel de todo el territorio libanés.

Hezbolá rechaza el acuerdo.

Hezbolá respondió rápidamente al acuerdo.

Hassan Fadlallah, miembro del bloque parlamentario Lealtad a la Resistencia de Hezbolá y uno de los altos cargos del partido, expuso la postura de Hezbolá en detalle en lugar de limitarse a rechazar el acuerdo.

“Nuestra oposición es firme y no permitiremos que las autoridades cumplan sus compromisos sobre el terreno”, declaró Fadlallah, argumentando que las autoridades libanesas habían “ofrecido un regalo al enemigo israelí que no tendrá ningún efecto práctico”.

Añadió que «esta autoridad no podrá imponer su voluntad al pueblo libanés», y afirmó que «lo ocurrido en Washington es un intento de descarrilar el proceso de Islamabad, y sin resistencia nada se logrará».

Fadlallah fue más allá, argumentando que las autoridades «no podrán implementar el acuerdo firmado en Washington a menos que inicien, con el apoyo estadounidense, una guerra civil». Describió al gobierno como carente de legitimidad constitucional y política, y afirmó que no poseía los medios para imponer lo que él denominó dictados externos.

Concluyó con un mensaje directo al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu:

“Le decimos a Netanyahu que ha llegado a un acuerdo con quienes no ostentan el verdadero poder de decisión. La hostilidad hacia Israel persistirá, y quienes estrechan la mano del enemigo no representan al pueblo libanés.”