Gaceta Crítica

Laura Anido (PÚBLICO), 18 de Junio de 2026

La Eurocámara ha votado este miércoles a favor del Reglamento de Retornos que permite la creación de centros de devolución de migrantes en terceros países y las redadas en domicilios.

Las prioridades de Europa han cambiado. La Unión Europea ha pasado de promover las políticas de asilo y solidaridad, a centrarse en cómo expulsar y devolver migrantes. La aprobación este miércoles en la Eurocámara del Reglamento de Retornos confirma este cambio de dirección de la Unión Europea que en los últimos tiempos se ha acelerado. Con el respaldo masivo de la derecha y la ultraderecha y el rechazo frontal de la mayoría de los grupos de izquierdas, Bruselas ha dado luz verde a la última pieza del engranaje del Pacto Europeo de Migración y Asilo, que consolida la nueva política migratoria como la más restrictiva hasta la fecha.

El nuevo reglamento permite a los estados miembros la creación de centros de devolución de migrantes en países fuera de la UE, incluso cuando la persona expulsada no tenga ningún vínculo con el estado al que sea enviada. Algunos países como Alemania, Austria, Dinamarca, Países Bajos o Grecia ya negocian con estados extracomunitarios para poner en marcha estos centros a cambio de financiación o acuerdos de cooperación.

«Enviar a alguien contra su voluntad a un país con el que no tiene ningún vínculo no puede considerarse razonable, justo ni sostenible. Son medidas que pueden afectar a familias con menores, van adestrozar comunidades en toda Europa, socavando el tejido de solidaridad del que dependen las personas para vivir con dignidad», denuncia la Plataforma para la Cooperación Internacional sobre Personas Migrantes Indocumentadas (PICUM).

Redadas en domicilios y hospitales

La nueva normativa también permite imponer restricciones de movimiento y controles periódicos sobre las personas con orden de retorno. Además de animar a los Estados a incorporar «medidas de investigación» que podrán incluir allanamientos en domicilios particulares y otros «locales pertinentes», así como el registro y la incautación de pertenencias personales y dispositivos electrónicos.

«Permite redadas domiciliarias, al estilo de ICE, para arrestar y deportar a personas sin permiso de residencia. Estas redadas también podrán ocurrir en centros de salud, refugios, puntos de distribución de alimentos y otros lugares donde las personas en condiciones vulnerables buscan ayuda. Hemos visto lo que ocurre cuando se imponen políticas que dan prioridad a la represión», denuncia Médicos del Mundo.

La organización señala que en EEUU medidas similares llevaron a mujeres embarazadas, niños, niñas y personas con enfermedades crónicas a evitar hospitales y centros de salud incluso en caso de emergencias por el miedo a ser deportadas. «Europa está eligiendo ahora el mismo camino», añaden.

Ampliación del período de detención

El reglamento establece, además, que las personas que reciban una orden de retorno deberán colaborar con las autoridades. Si no lo hacen, si existe riesgo de fuga o si son consideradas una amenaza para la seguridad, podrán permanecer detenidas hasta 24 meses, ampliables otros seis más. En algunos casos, además, ese periodo podría reiniciarse si la persona es trasladada a otro Estado miembro. Para las organizaciones sociales y de derechos humanos, esta medida supone normalizar periodos de privación de libertad cada vez más largos por una cuestión exclusivamente administrativa.

Médicos del Mundo advierte además de que la ley tendrá tendrá un impacto directo en la salud pública. «La evidencia sobre las consecuencias para la salud de la detención prolongada es inequívoca: estrés, trauma, ansiedad y daños duraderos a la salud mental. Además, durante ese tiempo, las personas podrían no tener acceso a la atención sanitaria en absoluto, lo que genera discontinuidad en el tratamiento y un sufrimiento creciente».

De hecho, España -que se opuso a toda la norma desde su concepción- mostró su preocupación por este punto en concreto del texto, ya que considera que la norma podría llevar a personas en situación administrativa irregular a permanecer privadas de libertad durante más tiempo que delincuentes condenados por delitos graves.

«Basta seguir los análisis de numerosas personas especialistas en derecho Internacional para poder afirmar con rigurosidad que incluso se están afectando las garantías de la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados mediante el recién estrenado Pacto Europeo de Migración y Asilo», asegura Oxfam a Público.

Victoria ultra

La medida supone una victoria clara para las fuerzas más ultras de la derecha europea, que han logrado sacar adelante sus propuestas más radicales. Su aprobación no habría sido posible sin el apoyo de partidos de derecha y centroderecha que, cada vez más, asumen ideas y discursos que antes eran propios de la extrema derecha.

La votación -ratificada con 418 votos a favor, 218 en contra y 30 abstenciones- ha acabado con los aplausos encendidos del ala derecha del hemiciclo europeo de Estrasburgo, que gritaba «send them back» (mandadlos de vuelta). A la vez que los eurodiputados críticos con la medida, que consideran un “Guantánamo europeo”, les respondían con un «shame on you» (vergüenza).

Jorge Buxadé, eurodiputado de Vox, no ha dudado en atribuirse el mérito de su partido en el endurecimiento de la política. «Hemos forzado la mano del PPE», ha celebrado. También el eurodiputado sueco de derecha radical Charlie Weimers defendió la medida asegurando que permitirá «construir grandes y bonitos centros de retorno en terceros países».

El avance electoral de la extrema derecha en buena parte de Europa y la creciente adopción de algunas de sus propuestas por partidos conservadores tradicionales han desplazado el debate migratorio hacia propuestas cada vez más radicales que hace apenas unos años parecían difíciles de imaginar.

España es un claro ejemplo de ello, con las políticas de «prioridad nacional» impulsadas por Vox en las autonomías en las que gobierna con el PP. Pero también otros países europeos como Suecia – que está gobernada por una coalición del Partido Moderado, los Demócratas Cristianos y los Liberales, pero depende del apoyo parlamentario de los Demócratas de Suecia (partido de extrema derecha)-, donde se aprobó la llamada «ley del chivatazo».

Esta medida obliga a varios organismos públicos a informar a la policía sobre personas en situación administrativa irregular con las que entren en contacto. Aunque el texto contempla excepciones para la sanidad, la educación y los servicios sociales, PICUM sostiene que esas salvaguardas son insuficientes.

«La votación marca un serio retroceso para los derechos humanos en Suecia. Las obligaciones de notificación crean un clima de miedo que afecta no solo a las personas en situación irregular, sino también a quienes dependen de estas instituciones y a quienes trabajan en ellas«, señalaba Louise Bonneau, responsable de incidencia política de PICUM.