Gaceta Crítica

El candidato presidencial Iván Cepeda habla sobre la injerencia estadounidense, los vínculos de su adversario de extrema derecha con el narcotráfico y el paramilitarismo y las tareas pendientes del gobierno de Petro.

Por Micah Uetricht y Alex Caring-Lobel (JACOBIN.LAT), 18 de Junio de 2026

La Marea Rosa que inclinó la política hacia la izquierda en gran parte de América Latina en la década de 2000 tardó un poco más en tocar tierra en Colombia. Dominada durante décadas por una derecha estrechamente aliada con Estados Unidos, la cual aceptó ayuda militar masiva para llevar a cabo campañas sangrientas contra la insurgencia de izquierda, cultivadores de coca y muchísimos civiles, Colombia siguió siendo lo que el presidente venezolano Hugo Chávez llamó una vez el «portaaviones insumergible» para los intereses estadounidenses en América Latina, en una época en la que muchos países vecinos lanzaban apuestas por la autonomía nacional y por gobiernos progresistas

Eso cambió hace cuatro años, cuando el exguerrillero Gustavo Petro y su Pacto Histórico se abrieron paso hacia la presidencia. Su gobierno, pragmático y socialdemócrata, aumentó el salario mínimo, aprobó reformas laborales a favor de los trabajadores, supervisó la redistribución de tierras, incrementó el gasto en educación pública y redujo las tasas de pobreza. Petro también adoptó posturas de principios frente al genocidio israelí en Gaza, rompiendo relaciones con Israel y provocando la ira de Donald Trump, quien el año pasado canceló su visa después de que asistiera a una manifestación propalestina en Manhattan. La semana pasada, una reunión programada en Nueva York entre Petro y el alcalde Zohran Mamdani fue cancelada ante la presión de la administración Trump.

Con Petro terminando su mandato, Iván Cepeda ha tomado la antorcha. Gran parte de su carrera la dedicó a buscar justicia para las víctimas del exterminio patrocinado por el Estado de miles de militantes de la Unión Patriótica, incluido su padre, el senador Manuel Cepeda, asesinado a tiros en 1994. Defensor de los derechos humanos de larga trayectoria, Cepeda es el candidato del Pacto Histórico en las elecciones presidenciales de este año: promete continuar los avances del gobierno de Petro y negociar la paz con los diversos grupos armados del país.

El 31 de mayo, Cepeda quedó segundo en la primera vuelta frente al candidato de extrema derecha Abelardo de la Espriella. Ambos se enfrentarán en segunda vuelta el domingo 21 de junio. Lo que está en juego es si el primer presidente de izquierda elegido en Colombia fue una anomalía y el país regresa a un statu quo violento y desigual, o si continúa avanzando hacia un futuro más democrático, digno e independiente.

Antes de la segunda vuelta, los editores de Jacobin, Micah Uetricht y Alex Caring-Lobel, hablaron con Cepeda para la revista progresista estadounidense The Nation —en copublicación con Revista Jacobin—sobre la injerencia estadounidense en el proceso democrático colombiano, los vínculos narcoparamilitares de su rival de extrema derecha y cómo su gobierno planea enfrentar la austeridad neoliberal.

Alex Caring-Lobel

Usted encabeza una amplia coalición contra la extrema derecha. ¿De qué manera su trayectoria de izquierda influye en su enfoque de la política de alianzas? ¿Y por qué considera que su tradición política está mejor capacitada que la centrista para derrotar a la reacción derechista?

Ivan Cepeda

Yo vengo de una tradición política que hunde sus raíces de manera profunda en la historia de nuestra nación. No es un fenómeno reciente ni nuevo, sino que tiene una larga historia; bueno, para lo que es la historia de Colombia, su historia republicana. Yo diría que desde comienzos del siglo pasado, lo que hoy somos como Pacto Histórico es el resultado de esa evolución histórica de luchas sociales, políticas, culturales que hemos dado durante todo este siglo, o más de un siglo.

Así que no son ideas improvisadas. Es un acumulado histórico el que estamos defendiendo. No es el acumulado de la izquierda, sino de las izquierdas políticas y de los movimientos sociales, que conforman una amplia gama de fuerzas, pueblos, comunidades, tradiciones y resistencias en Colombia. Una gama que ha pasado por estadios de resistencia política y popular que —sin ánimo de comparar con soberbia con otros lugares de nuestro continente— tienen como característica que han sobrevivido a prácticas criminales y de persecución supremamente intensas. Incluso nosotros sostenemos la tesis de que en Colombia ha habido genocidios, en plural. No uno sino varios: contra pueblos indígenas, contra formaciones políticas.

Y hemos venido en ese proceso largo e histórico adquiriendo también un acervo cultural, una concepción de la realidad y del mundo, que es resultado de nuestra pluralidad política. Así que la concepción que hoy defendemos no es obra de un candidato, ni siquiera de nuestro líder político, que es el presidente Petro, sino que responde, repito, a una larga tradición.

Dentro de esa tradición hemos también desarrollado una política de las alianzas: alianzas de partido, alianzas de movimiento político, pero también alianzas de clase, alianzas sociales. Y hoy hemos culminado el primer gobierno de carácter progresista —o lo estamos culminando— con un saldo que podemos examinar de manera contrastada, pero que ha traído cambios históricos profundos al país. Y que ha servido para que —con problemas, no los desconozco— gobernemos con otros sectores políticos.

Así que para ir al grano [risas]: nosotros tenemos una concepción de la realidad que emerge de esa historia, de esas luchas, y que contiene una concepción de las alianzas políticas. Para qué son, cuándo son, hasta dónde son y por qué son necesarias. Y hoy estamos enfrentados al fascismo. Al fascismo. En Colombia y en el mundo.

Sobre esto puede haber discusiones —neofascismo, extrema derecha, ultraderecha, ultraconservatismo, en fin— pero efectivamente estamos ante un eje político, una concepción política que tiene rasgos fascistas. Y por lo tanto creemos que es indispensable construir una alianza muy plural y amplia que se fundamente en identidades programáticas, o por lo menos en afinidades programáticas.

El centro político en Colombia también tiene su historia. No la voy a desarrollar aquí. Pero ha sido el resultado de desprendimientos tanto de la izquierda como de los partidos que están en el campo de la política tradicional o de derecha. Por lo tanto, no es una corriente que uno pueda identificar con la misma claridad con que puede hacerlo con la derecha o, en este caso, con nuestra corriente y nuestra historia. Es, digamos, un archipiélago de posiciones. Y le está ocurriendo lo que le ocurre al centro político en muchas partes del mundo.

Frente a problemas globales que tienen la profundidad y la dimensión que tienen hoy —las crisis planetarias que estamos enfrentando como efectos del neoliberalismo—, el centro intenta buscar soluciones que en este momento son inviables, para decirlo con claridad. Porque estos problemas no admiten posiciones intermedias ni posiciones neutrales, sino que requieren respuestas muy claras al país, al pueblo, a la nación, al mundo. Uno de esos casos, por ejemplo, es la crisis climática.

Todo eso no quiere decir que nosotros no estemos dispuestos a conceder, a dialogar, a pactar. Nuestro partido se llama Pacto Histórico, precisamente. Por eso creemos que nuestra alternativa es la adecuada en este caso: una que no descarta alianzas con el centro político, incluso con sectores de la derecha, para poder avanzar. Diría eso grosso modo.

Micah Uetricht

El presidente Petro ha tenido dificultades para aprobar algunas de sus grandes reformas en un Congreso hostil. Y aunque el Pacto Histórico aumentó sus números en marzo, todavía no cuenta con una mayoría. ¿Hay reformas que su administración podría impulsar inmediatamente al asumir el cargo?

IC

Sí, hay decisiones que podemos tomar sin necesidad de ir al Congreso, pero hay otras que no podemos tomar sin pasar por leyes o reformas constitucionales.

Ha habido una gran polémica en Colombia porque el presidente ha hecho la propuesta de una asamblea constituyente. En mi caso, como candidato del Pacto Histórico, he asumido la posición de buscar un acuerdo nacional. ¿Qué quiere decir un acuerdo nacional? Pues como todo acuerdo, implica un proceso de diálogo, ojalá de concertación, y ojalá de decisiones que se respeten, que pueden traducirse en leyes, en reformas constitucionales o simplemente en decisiones ejecutivas. Pero la primera parte de mi gobierno va a estar relacionada con un diálogo nacional.

Hay muchos escépticos sobre esa posibilidad. Hay gente que nos dice: «No, la extrema derecha, las élites colombianas no transigen, nunca lo han hecho». Bueno, yo tengo otra visión. Vengo de una escuela política que se fundamenta en el diálogo. Entonces, vamos a hacer el intento.

Hay tres problemas que no dan espera. No son simplemente asuntos deseables en el futuro ni programas a largo plazo. El problema de la crisis del sistema de salud en Colombia no da espera: se está desplomando. ¿Por qué? Porque se privatizó, vino la corrupción. En fin, es una historia larga que no voy a contar aquí.

Segundo, estamos enfrentados a una crisis que va a generar el fenómeno del Niño: una sequía prolongada. Tenemos un problema energético que se va a venir, porque obviamente los embalses —parte de nuestra energía eléctrica— dependen de grandes represas, y los niveles de esos embalses van a bajar. Están bajando ya, de hecho. Y nosotros no hemos transigido en materia petrolera, así que ahí hay un problema serio.

Y tenemos un tercer problema: el déficit fiscal. Las finanzas públicas que heredó nuestro gobierno estaban seriamente golpeadas por la política que hizo la derecha cuando tuvo el gobierno. Nos dejó una deuda inmensa porque, para hacer más llevadera una política supremamente injusta con la población, había dejado de cobrar del impuesto a la gasolina. Se acumuló así una deuda astronómica que nuestro gobierno tuvo que pagar. Entonces, tenemos una situación fiscal muy grave.

Claro, la extrema derecha dice que es porque hemos estado derrochando en gasto público, que nuestras políticas sociales son simpáticas pero contrarias a lo que debería ser el gasto del Estado, que somos culpables de una inmensa burocratización y estatización de la economía. Pero el hecho es que vamos a tener que afrontar cómo lidiar con el déficit fiscal, cómo resolver el problema de la solvencia financiera del Estado con una enorme deuda pública que también tenemos que pagar. Esos tres problemas tienen que resolverse en los primeros cien días de gobierno, o por lo menos encontrarles un camino de solución. Ese va a ser el primer gran asunto.

MU

Su oponente, De la Espriella, ha sido un abogado destacado de grupos de narcotraficantes y paramilitares. El jueves pasado lo denunciaron ante la Fiscalía y la Corte Penal Internacional por sus presuntos vínculos con grupos narcoparamilitares. ¿Podría hablarnos un poco sobre estas acusaciones?

IC

Sí, claro. Pero antes quiero decir que De la Espriella representa no solamente esa tradición política del inframundo, sino también algo más. Él ha sido abogado, y su firma ha tenido durante años sede en Miami. Es un hombre que tiene un estrecho relacionamiento con la extrema derecha estadounidense. Es socio de María Elvira Salazar, de la extrema derecha republicana en la Florida, y es muy cercano a Marco Rubio y al gobierno del presidente Trump.

Desde esa perspectiva, él ha hecho un litigio en Miami muy vinculado al servicio profesional de narcotraficantes extraditados o que han llegado allí por distintas circunstancias. Es decir, es un hombre que tiene relaciones muy estrechas con agencias como la DEA, con la CIA, seguramente. No estoy diciendo nada indiscreto: él mismo lo proclama. Es su posición; no estoy inventando. Él dice que si los problemas en Colombia no tienen solución, o si hay timidez para resolverlos, va a pedir que venga el presidente Trump a resolverlos —nuestros problemas en materia de justicia, narcotráfico, violencia, en fin. O sea que, para decirlo con toda claridad, no estamos hablando de cualquier abogado con convicciones de derecha. Estamos hablando de un claro representante no solamente de la extrema derecha narcotraficante y mafiosa colombiana, sino también orgánicamente ligado a la extrema derecha en Estados Unidos.

Precisado eso: el jueves comenzamos, en esta última recta del proceso electoral, a mostrar aspectos de la vida profesional y política del señor De la Espriella. Y hemos comenzado por un capítulo temprano de su vida como abogado: su vínculo directo con las estructuras narcoparamilitares a comienzos de este siglo, en los años 2000.

Él creó una fundación cuando era todavía un joven abogado egresado de la Universidad Sergio Arboleda. Esa fundación, con el nombre de Fundación Iniciativas por la Paz, se convirtió en un órgano de los paramilitares para captar recursos financieros —era, al mismo tiempo, financiadora y financiada por ellos— y para cumplir labores de mejoramiento de imagen pública y reclutamiento de profesionales universitarios para el paramilitarismo.

Esto está documentado, porque en Colombia ha habido muchos procesos de esclarecimiento de la verdad: la Comisión de la Verdad, que sesionó hasta hace poco como resultado del acuerdo de paz con las FARC de 2016; el Sistema de Justicia y Paz, creado en la época de la llamada desmovilización paramilitar; y la Jurisdicción Especial para la Paz, tribunal también creado en el acuerdo de 2016. En esos escenarios se han presentado muchos testimonios de jefes paramilitares y personas vinculadas al paramilitarismo y al narcotráfico. De esas fuentes, y de investigaciones de la justicia ordinaria, hicimos ayer un compendio de seis grandes testimonios que indican que De la Espriella fue un cuadro jurídico —un hombre que pudo haber sido incluso parte de esa estructura narcoparamilitar— y que sus funciones eran las de un relacionista público que conseguía favores con la justicia, sobornaba presuntamente a políticos y a operadores judiciales para beneficiar a los jefes paramilitares.

Esto no son solamente acusaciones: mostramos también vínculos económicos y tareas precisas que cumplió De la Espriella. Pero esa es apenas su época de abogado joven. Vamos a seguir mostrando en los próximos días otros asuntos. Esta no es la única denuncia penal que hacemos, sino la primera. Vamos a hacer otras.

AC-L

Hablando de la derecha estadounidense en el sur de Florida y su intervención, Trump parece haber bloqueado una reunión programada entre el presidente Petro y el alcalde socialista de Nueva York, Zohran Mamdani. ¿Por qué cree que los derechistas perciben esta reunión como una amenaza tan grande como para intimidar al gobierno colombiano e impedirla?

IC

Bueno, lo primero es decir que rechazo ese tipo de decisiones porque son violatorias de la autonomía y de la soberanía; en nuestro caso, de nuestro país. Nuestro presidente es nuestro jefe de Estado y puede y debe reunirse con quien él considere necesario. Es parte de su función política. Así que yo deploro que se tomen estas decisiones porque son antidemocráticas. El alcalde de Nueva York es una figura política, un dirigente también de Estado, y deberían tener la libertad de poder reunirse.

En segundo lugar, son dos líderes políticos muy sobresalientes, cada uno en su esfera. El presidente Petro se ha ido convirtiendo en una figura con liderazgo no solamente nacional sino hemisférico, yo diría internacional. Por varias razones: porque es un líder consecuente y visionario en sus posiciones sobre la defensa ambiental, sobre los efectos de la crisis climática, sobre la necesidad de una transición energética que abandone la economía centrada prioritariamente en el petróleo, en la defensa de santuarios de la humanidad como la selva amazónica. Pero además por su posición muy clara frente al genocidio en Gaza, frente al gobierno de Netanyahu y, en general, en la defensa de los pueblos frente a agresiones y genocidios como los que estamos viendo hoy. E igualmente, es un líder de la búsqueda de la paz.

Y al alcalde de Nueva York no necesito presentarlo. Ustedes lo conocen, saben quién es, saben de su estilo y de su pensamiento político. Así que yo creo que ese temor —si es el temor lo que ha suscitado esta decisión arbitraria— podría obedecer a la certeza de que de ese encuentro saldrían ideas y propósitos políticos que, para nosotros al menos, pueden ser altamente productivos y provechosos en este momento.

En general, creo que la extrema derecha —y ahora no me refiero a esta decisión puntual, sino en términos más amplios— ha construido una internacional muy fuerte. Actúa con una relativa sincronía y con una acción global. Y vemos reproducirse en todas partes ciertos modelos, ciertos discursos, ciertas tesis que se copian o se adaptan en cada contexto. El señor De la Espriella, por ejemplo, nos quiere traer varios inventos del señor Bukele o del señor Milei en materia económica.

La extrema derecha actúa —y hay que estudiarlo y valorarlo— de una manera global, mientras que el campo progresista, el campo de las izquierdas, tiene más dificultades para actuar globalmente. Es más lento, sus procesos son más difíciles. Yo creo que eso lo percibe bien la extrema derecha y quiere que se mantenga: que ese aislamiento relativo —relativo, insisto, porque sí hay instancias de diálogo en el movimiento progresista internacional— no se supere, y que nosotros no logremos construir propósitos comunes frente a problemas que son comunes.

AC-L

El Pacto Histórico llegó al poder en medio de una revuelta nacional contra el neoliberalismo y la austeridad. ¿Qué condiciones han cambiado para que la austeridad vuelva a ser una opción, ahora representada por otro candidato ultraderechista?

IC

Bueno, yo diría un primer comentario sobre las condiciones que han cambiado. Una que ha cambiado positivamente es el nivel de movilización, organización y conciencia del pueblo colombiano. Este gobierno ha servido para que —dadas las libertades políticas y los procesos en los cuales hemos valorizado al movimiento social y popular— se produzca un desarrollo de la organización social y de la movilización. La base popular de nuestro gobierno ha crecido y ha ganado un nivel de conciencia política mayor.

Y ahí viene el asunto de cómo será un gobierno nuevo. Uno de los cambios que vamos a introducir es darle más protagonismo y más poder al movimiento social, no solo a través de la representación en el gobierno, sino sobre todo en los mecanismos de decisión popular y en la posibilidad de que esos movimientos actúen con el Estado; sin perder su autonomía, por supuesto.

Ahora, hay dos problemas que efectivamente tenemos que abordar. El primero es que en nuestro gobierno ha habido corrupción. La corrupción no es un problema simplemente moral: es el resultado de la privatización del Estado. El incremento de la corrupción que vemos hoy en Colombia, y en general en los países del hemisferio y del mundo, es la expresión de Estados que han sido capturados porque se han privatizado. Se han privatizado los servicios, se han complejizado las maquinarias burocráticas, y las relaciones dentro del Estado están mediadas por negocios. Hay aparatos de corrupción en todos los niveles. Entonces, hay una batalla que librar contra la corrupción que no es simplemente moral, sino política: una batalla por una sociedad más democrática, más libre, más justa.

El segundo problema es el de la austeridad. Aquí hay dos conceptos en juego. La austeridad neoliberal —la que pregona la extrema derecha— es, para ponerlo sencillo, apretar el cinturón del pueblo y poner condiciones más difíciles para la mayoría mientras el gobierno dispone de más recursos, desmantelando al mismo tiempo las funciones sociales del Estado.

A ese concepto nosotros lo enfrentamos con otra austeridad: la austeridad republicana. Es un concepto que ha trabajado Morena en México; no es nuestro [risas], viene de una tradición política muy democrática mexicana. La idea es que el Estado debe ser austero, que el gasto de los funcionarios debe ser lo más moderado posible, y que el ahorro que produzca esa austeridad debe destinarse al pueblo, al gasto social. Es decir: trasladar el despilfarro, la corrupción y todo lo que el gobierno gasta en cuestiones absolutamente innecesarias hacia lo social. Ese es el concepto de austeridad que vamos a defender.

Sobre los entrevistadores

Micah Uetricht

Micah Uetricht es editor de Jacobin Magazine y autor de Strike for America: Chicago Teachers Against Austerity. También es coautor, junto con Meagan Day, de Bigger Than Bernie: How We Go From the Sanders Campaign to Democratic Socialism.

Alex Caring-Lobel

Alex Caring-Lobel es editor sénior de Jacobin Magazine.