Gaceta Crítica

Ana María Pascual (PÚBLICO), 10 de Junio de 2026

• El móvil del exdueño de la aerolínea está en la base de la imputación del expresidente, pero su clonación por la Policía estadounidense levanta dudas sobre si el proceso se ajusta al derecho español. 
• La defensa de Zapatero podría plantear la nulidad si no se demuestra que se respetó la cadena de custodia durante los cinco años que ha tardado en llegar a España ese material.

El juez del caso Plus Ultra, José Luis Calama, quiere cubrirse las espaldas respecto al material indiciario con el que ha imputado al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por los presuntos delitos de tráfico de influencias, blanqueo de capitales y falsedad documental. Y ha librado una comisión rogatoria a Estados Unidos para pedir autorización a sus autoridades para usar el material procedente del móvil del que fue el máximo accionista de Plus Ultra, Rodolfo Reyes Rojas, como prueba en un hipotético juicio contra Zapatero, llegado el caso. 

Un movimiento que el catedrático de Derecho Penal Manuel Cancio califica como «un poco extraño» y que podría tener como objetivo evitar posibles peticiones de nulidad por parte de las defensas de los acusados, entre ellos, Zapatero, que la semana próxima está citado en el juzgado de Calama para tomarle declaración. 

«La petición formal para usar como prueba ese material podría deberse a que se obtuvo de manera informal o que sea un material de inteligencia, reservado. Si no, no se entiende bien la petición, porque cuando dos países cooperan policialmente y se facilitan información, esa información puede ser usada para investigaciones judiciales», dice Cancio.

Pero Calama quiere pedirlo formalmente a la Administración Trump: «(…) su eficacia como medio de prueba en el proceso penal requiere su adecuada incorporación a las actuaciones», dice en su auto.

Los dos informes de la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Policía Nacional (UDEF) conocidos hasta ahora, fechados el 22 de abril pasado, con los que Calama articula la imputación por primera vez de un expresidente del Gobierno, están basados en una proporción importante en los mensajes interceptados en el móvil de Rodolfo Reyes Rojas, en 2021, en Estados Unidos, por parte de la agencia Homeland Security Investigations (HSI). 

El auto de Calama en el que pide autorización a Estados Unidos explica que en 2018 se inició una investigación trasnacional contra «una red de empresarios venezolanos y personas políticamente expuestas dedicada al blanqueo de capitales, corrupción y ocultación de activos mediante estructuras financieras sofisticadas, empresas pantalla, fideicomisos y operaciones internacionales que incluyen desfalco de fondos públicos, fraude, sobornos y adquisición de bienes en múltiples jurisdicciones, en coordinación con oficinas de HSI en Nueva York, Tampa, Miami y Boston y con autoridades de Francia, Suiza, España, Andorra y Portugal, con el objetivo de identificar y desarticular redes que facilitan la circulación global de fondos ilícitos y favorecer la recuperación de activos». 

Una de las líneas derivadas de aquella investigación se centraba en Rodolfo Reyes Rojas, «investigado por blanqueo y evasión de sanciones mediante compañías como Plus Ultra, Capital Bank, Panacorp y Dinosaur Bank«, dice el auto, que añade que respecto a Reyes la agencia HSI obtuvo en 2021 «una extracción telefónica [clonación del móvil] que, aunque inicialmente orientada a contrabando, reveló comunicaciones con instrucciones para mover fondos ilícitos, gestionar préstamos de rescate y coordinar pagos ilegales, constituyendo material probatorio que HSI considera que pudiere tener relevancia para la investigación española relativa a Plus Ultra».

Parece claro, pues, que la obtención de la información que el 18 de marzo pasado la Administración Trump trasladó a la UDEF con el contenido del móvil de Reyes Rojas se debió a una clonación de su terminal. Fuentes relacionadas con el caso indican que la clonación sucedió en el Aeropuerto de Miami, dato que adelantó eldiario.es. Dos meses después de que le llegara a la Policía española la información de EE.UU., Calama firmaba su famoso auto de imputación de Zapatero.

Las tres incógnitas

Los mensajes de Rodolfo Reyes Rojas incorporados el pasado 18 de marzo a la causa sobre el rescate de Plus Ultra y con los que se ha acabado imputando a Zapatero abren al menos tres dudas, según explica el penalista Eloi Castellarnau: «Cabe preguntarse si esos mensajes se han obtenido legal o ilegalmente, en el sentido de si el modo de obtención se ajusta al derecho penal español; en segundo lugar, si se ha respetado la cadena de custodia durante todo el tiempo en el que ese material ha estado guardado hasta que se ha entregado a las autoridades españolas; y por último, hay que saber cómo ha sido el proceso por el que se ha incorporado al procedimiento español«.

Han sido cinco años los que ha tardado la Administración estadounidense en entregar el clonado del móvil de Reyes Rojas a la Policía española. «Si yo fuera el abogado defensor del señor Zapatero pediría muchas explicaciones sobre cómo ha sido la entrega del material; el motivo de dicha entrega tras cinco años; si se obtuvo con autorización judicial o no», indica Eloi Castellarnau.

Quién es Rodolfo Reyes Rojas

Los mensajes de Reyes Rojas, con doble nacionalidad venezolana y española, donde habla con otros investigados sobre el rescate de Plus Ultra, a través de un crédito de 53 millones de euros de la SEPI para paliar la crisis provocada por la pandemia, en 2020, fueron rápidamente incorporados por la UDEF a sendos informes con los que el juez Calama apuntaló la imputación de Zapatero. Mensajes como «Nuestro pana Zapatero detrás» señalan una posible influencia del expresidente, según considera Calama, que ha dictado orden de búsqueda y captura para Reyes Rojas y su esposa, Aurora López, ex accionista de la aerolínea. 

La Audiencia Nacional considera que Rodolfo Reyes Rojas, que llegó a ser el principal accionista de facto de Plus Ultra, desvinculado del Consejo de Administración de la aerolínea a finales de 2025, pudo llevarse parte de los 53 millones de euros del rescate a paraísos fiscales. 

¿Se puede clonar un móvil?

«Las defensas van a plantear, sin duda, si es conforme al derecho español la clonación de un teléfono sin autorización judicial. O van a preguntar si hay autorización del propio Rodolfo Reyes para que las autoridades de Miami o las federales clonaran su dispositivo», sostiene Manuel Cancio. Este catedrático de Derecho Penal recuerda que el asunto sobre la validez como prueba de material obtenido de forma ilegítima ya se planteó con la lista Falciani, sobre los datos de defraudadores fiscales obtenida por el exempleado del banco suizo HSBC Hervé Falciani.

El Supremo acabó pronunciándose a favor del valor probatorio de aquellos documentos bancarios y ficheros contables, impugnados por las defensas de los acusados de defraudar al fisco español.  

Lo mismo ocurrió con los mensajes incautados del servicio de mensajería encriptada EncroChat, una red de comunicación cifrada utilizada por el crimen organizado internacional. La Policía francesa hackeó la red y los millones de mensajes que afloraron sirvieron para condenas por narcotráfico, fundamentalmente. En España, el Tribunal Supremo dijo que eran válidos dichos mensajes sobre entregas de drogas como prueba, pese a que se habían obtenido en intervenciones masivas de conversaciones, lo que podía vulnerar el derecho a la intimidad, entre otros.