Gaceta Crítica

Observatorio Euromediterráneo de Derechos Humanos (COUNTERCURRENTS), 2 de Junio de 2026

Beirut  – La escalada militar a gran escala de Israel en el Líbano, junto con el desplazamiento forzado de cientos de miles de civiles y la destrucción sistemática de pueblos, ciudades e infraestructuras civiles, es profundamente alarmante. Estos acontecimientos suscitan seria preocupación por los intentos de imponer nuevas realidades geográficas y de seguridad por la fuerza, en violación del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos. Requieren una acción internacional urgente para detener los ataques y garantizar que los responsables rindan cuentas.

Euro-Med Human Rights Monitor expresa su alarma ante los peligrosos acontecimientos en el Líbano, donde el ejército israelí amplía sus operaciones terrestres al norte del río Litani e intensifica sus bombardeos aéreos y de artillería contra Tiro, Nabatieh, Sidón y decenas de pueblos y ciudades del sur del Líbano. Estos ataques han provocado más víctimas civiles en los últimos días y han forzado nuevas oleadas de desplazamientos hacia el norte en condiciones humanitarias extremas.

Los ataques israelíes contra el Líbano desde el 2 de marzo de 2026 han causado la muerte de aproximadamente 3.380 personas y dejado más de 10.150 heridos, según cifras oficiales. Más de un millón de personas han sido desplazadas, y el lunes por la mañana se observó una nueva oleada de desplazamientos en los suburbios del sur de Beirut después de que Israel anunciara sus planes de reanudar los ataques aéreos en la región.

La ampliación de las operaciones terrestres coincidió con las órdenes directas emitidas el lunes por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el ministro de Defensa, Israel Katz, para reanudar los ataques aéreos en los suburbios del sur de Beirut, alegando presuntas violaciones del alto el fuego.

El ataque contra una zona civil densamente poblada que ya ha sufrido una destrucción generalizada refleja un patrón recurrente de uso excesivo e indiscriminado de la fuerza. Constituye una nueva violación de los principios de distinción y proporcionalidad, que prohíben los ataques contra civiles y bienes civiles, así como los ataques que se prevé que causen daños excesivos a la población civil en relación con la ventaja militar concreta y directa que se espera obtener.

A la luz de la estrategia del gobierno israelí, el avance militar en territorio libanés parece ir más allá de meras ventajas tácticas temporales. En cambio, parece formar parte de un esfuerzo sistemático para establecer una presencia militar a largo plazo y ejercer control, imponiendo nuevas realidades sobre el terreno. Esto incluye la creación de zonas de amortiguación que socavan la soberanía e integridad territorial del Líbano.

Las justificaciones de seguridad de las autoridades israelíes no constituyen una base legal para ocupar el territorio de otro Estado ni para imponer un control militar efectivo sobre él. El derecho internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas y los principios del derecho internacional humanitario, prohíbe el uso de la fuerza de forma que menoscabe la soberanía y la integridad territorial de los Estados, salvo en circunstancias limitadas.

Las acciones militares en curso que causan daños extensos a bienes civiles, atacan infraestructuras y desplazan forzosamente a civiles generalmente infringen el derecho internacional humanitario. Esto incluye violaciones de los principios de distinción, proporcionalidad y necesidad militar y, según las circunstancias específicas, pueden constituir crímenes internacionales que pueden acarrear responsabilidad penal individual.

Paralelamente a la expansión de las operaciones terrestres, las fuerzas israelíes emitieron nuevas y exhaustivas órdenes de evacuación que se extendían hasta el río Zahrani, al norte del país, obligando a cientos de miles de civiles a abandonar sus hogares y aldeas sin corredores humanitarios seguros ni garantías de refugios adecuados capaces de satisfacer sus necesidades básicas.

Israel está utilizando las órdenes de evacuación durante intensos bombardeos y ante la ausencia de rutas seguras y refugios adecuados como herramienta para obligar a la población civil a marcharse, en lugar de como medida de precaución para protegerla. La emisión de tales órdenes en estas circunstancias suscita serias preocupaciones, ya que Israel podría estar cometiendo actos que constituyen desplazamiento forzoso prohibido por el derecho internacional humanitario y, potencialmente, crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad si se llevan a cabo como parte de un ataque generalizado o sistemático dirigido contra la población civil.

El hecho de notificar con antelación los ataques aéreos no otorga a las fuerzas israelíes autorización ilimitada para bombardear zonas, ni elimina las protecciones legales para los civiles que no pueden evacuar, optan por quedarse o carecen de acceso a zonas seguras. Del mismo modo, la supuesta presencia de objetivos militares en zonas pobladas no justifica ataques indiscriminados o desproporcionados, ni el uso de armas con efectos de amplio alcance en entornos civiles densamente poblados.

Las incursiones terrestres y las órdenes de evacuación forman parte de una amplia campaña de destrucción dirigida contra pueblos y ciudades fronterizas libanesas. Las fuerzas israelíes han utilizado explosivos y la tala indiscriminada de terrenos para arrasar zonas residenciales, infraestructuras e instalaciones clave, alterando significativamente el paisaje y haciendo que estas áreas sean inhabitables. Esto parece ser una estrategia punitiva diseñada para impedir el regreso de la población civil, afectando su capacidad para recuperar o mantener sus medios de subsistencia, su estabilidad social y su supervivencia.

La expansión de las operaciones militares y el consiguiente desplazamiento interno están agravando gravemente la crisis humanitaria en el Líbano. Cientos de miles de personas recién desplazadas se enfrentan a condiciones de vida extremadamente precarias que vulneran la dignidad humana básica, mientras los servicios esenciales colapsan y las instituciones estatales y las organizaciones humanitarias luchan por satisfacer las necesidades básicas de alimentación, salud y vivienda. Los grupos vulnerables, como los niños, las mujeres y los ancianos, son los más afectados por estas violaciones constantes, que amenazan sus derechos económicos y sociales y profundizan la sensación de inestabilidad y temor.

Las continuas violaciones de Israel y sus intentos de manipular la realidad sobre el terreno mediante la fuerza militar están estrechamente vinculados al persistente mal funcionamiento del sistema de justicia internacional. Este mal funcionamiento, especialmente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, se debe al bloqueo político y al poder de veto, que impiden a la comunidad internacional implementar medidas coercitivas efectivas y vinculantes.

La tendencia global a emitir declaraciones de preocupación y condena como meras palabras vacías, sin implementar medidas disuasorias prácticas ni mecanismos de rendición de cuentas, fomenta una cultura de impunidad sistémica. Este enfoque debilita la eficacia del derecho internacional para proteger a la población civil y prevenir nuevas violaciones graves.

El apoyo político y militar que ciertos Estados brindan a Israel, junto con la ayuda material que podría utilizarse para cometer violaciones, suscita serias preocupaciones en virtud de las normas de responsabilidad internacional. Esto incluye el principio que prohíbe prestar asistencia o colaborar en actos internacionalmente ilícitos. Tales acciones pueden generar responsabilidad internacional indirecta con base en el derecho internacional consuetudinario y contribuir a perpetuar las violaciones y la impunidad.

La comunidad internacional debe ejercer todos sus esfuerzos diplomáticos, políticos y jurídicos para presionar a Israel a que cese sus acciones militares en territorio libanés. Israel debe retirarse total e incondicionalmente de todas las zonas ocupadas y cumplir estrictamente con sus obligaciones en materia de derecho internacional humanitario y derechos humanos, así como detener toda forma de destrucción generalizada o sistemática de bienes e infraestructuras civiles. Además, las operaciones militares deben respetar estrictamente los principios de distinción, proporcionalidad y precaución, garantizando al mismo tiempo la protección efectiva de la población civil.

Es fundamental apoyar el retorno seguro, voluntario y digno de los civiles a sus hogares. Garantizar que las condiciones para la reconstrucción se ajusten al derecho internacional y estén libres de restricciones o condiciones arbitrarias es igualmente importante.

Las Naciones Unidas y la comunidad internacional deben ir más allá de las meras palabras e implementar acciones prácticas y efectivas para detener la ofensiva militar en curso. Esto incluye utilizar los instrumentos de presión política, diplomática y económica que ofrece el derecho internacional, así como adoptar medidas selectivas contra los funcionarios israelíes responsables de ordenar desplazamientos forzados, ataques contra civiles y la destrucción de infraestructura crítica.

Debe aplicarse una prohibición total de la transferencia o exportación de armas y municiones a Israel, especialmente ante el riesgo de que estas armas se utilicen para cometer graves violaciones del derecho internacional humanitario, en consonancia con las obligaciones de los Estados de prevenir la contribución a actos internacionalmente ilícitos. Euro-Med Monitor insta a tomar medidas para fortalecer la respuesta humanitaria y proporcionar financiación suficiente para los planes de ayuda de emergencia, garantizando que se satisfagan las necesidades básicas de las personas desplazadas y que se protejan sus medios de subsistencia ante el marcado deterioro de la situación humanitaria en el Líbano.

La comunidad internacional debe activar la jurisdicción universal para impedir que los autores de violaciones graves en el Líbano gocen de impunidad. Euro-Med Monitor insta a la Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional y a los organismos independientes de la ONU a supervisar y documentar con prontitud los crímenes cometidos en el Líbano, como el desplazamiento forzado, los ataques indiscriminados o desproporcionados, la destrucción injustificada de bienes y el establecimiento de realidades militares a largo plazo. Asimismo, deben determinar la responsabilidad penal individual para sentar las bases de un proceso judicial que repare el daño a las víctimas y aborde la falta de rendición de cuentas internacional en medio de las graves violaciones israelíes.