Laura Prieto Gallego (PÚBLICO), 14 de Mayo de 2026
La caída del escudo social ha reactivado una sangría de desahucios y expulsiones silenciosas de inquilinos a los que les caducan los contratos. Ante la falta de medidas para frenar la crisis de vivienda, sindicatos de vivienda y organizaciones sociales han convocado más de una veintena de protestas entre mayo y junio.
Del 23 de mayo al 28 de junio.Más de una veintena de manifestaciones recorrerán diferentes puntos del estado a lo largo de las próximas semanas bajo el lema «Ni alquileres por las nubes, ni salarios por los suelos». Entre las exigencias de los colectivos sociales está una bajada generalizada de las rentas, subir el salario mínimo a 1.500 euros o ampliar el parque público de vivienda. «Las casas son para vivir en ellas», defienden desde el Sindicato de Inquilinas.
Junto con esta organización, a las protestas se han unido toda clase de colectivos sociales y vecinales. Ecologistas en Acción, los pensionistas, asociaciones antirracistas, bomberos antidesahucios… Los grupos que apoyan las marchas son muy heterogéneos y los organizadores esperan seguir ampliando la lista. Uno de sus objetivos es lograr una «gran alianza» entre sindicatos de vivienda y trabajo» con la que impulsar una futura huelga general.
«La crisis de la vivienda afecta a todos los ámbitos de la vida y se nota en todos los lugares», ha sentenciado Alicia del Río, portavoz del sindicato en Madrid, en una rueda de prensa en la que ha dado a conocer los detalles de las convocatorias. Recordaba la activista que la crisis habitacional impide a miles de jóvenes independizarse e iniciar un proyecto de vida. «Los niños ya no saben si van a poder terminar el colegio en el mismo centro donde lo empezaron», advertía.
De acuerdo a un estudio de la Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI), que se ha publicado este miércoles, un 65% de los españoles ha retrasado algún hito vital por no haber podido acceder a una vivienda. A ello se añade que un 81% de los pertenecientes a la llamada generación Z considera que adquirir un inmueble en propiedad es mucho más difícil que en épocas anteriores.
A pesar de estos datos y de que el número de propietarios ha descendido drásticamente en la última década, desde COESPE recuerdan que alrededor de 700.000 pensionistas también son inquilinos. Muchos de ellos, además, son los que tienen pensiones «más precarias» y arrastran contratos de alquiler antiguos que se enfrentan a fuertes incrementos.
Damián Rodríguez, portavoz de la coordinadora, que ha estado presente durante la rueda de prensa organizada por el Inquilinato, ha incidido en estas cuestiones y ha instado a evitar el choque generacional. «Esta es una cuestión de clase», resaltaba. Tanto Rodríguez como Del Río han recordado que los culpables de la situación actual no son «ni los pensionistas ni los migrantes» y han advertido de los riesgos de enfrentar «al último con el penúltimo».
La primera fecha de esta «primavera caliente» es el 23 de mayo, en Guadalajara. Al día siguiente se espera una de las marchas más masivas e importantes, la de Madrid. Ese domingo hay otras movilizaciones previstas en Badajoz, Teruel y Zaragoza. El siguiente fin de semana será el turno de Murcia, Burgos, Logroño y Valladolid.
Uno de los fines de semana con mayor movimiento será el del 5 y 6 de junio. Las capitales gallegas, Alacant, València, Santander, Segovia, Ávila, Xixón y Barcelona saldrán a las calles. En esta última comunidad, junto con la concentración, se realizará una macroencuesta sobre el coste de la vida en el marco de la campaña enscostalavida.org.
Salamanca (21 de junio); Cádiz y Málaga (26 de junio) y Gran Canaria (28 de junio) podrán, de momento, el broche final a este maratón de protestas. Aunque de momento esta es la cartelera, la Confederación de Sindicatos de Inquilinas espera sumar nuevas fechas al calendario próximamente.
Mientras, continúa la sangría de desahucios
Las asociaciones por el derecho a la vivienda llevan tiempo advirtiendo de que los desahucios nunca cesaron, incluso con el escudo social aún en pie. Sin embargo, desde que el decreto que paralizaba los desalojos de familias vulnerables decayó en el Congreso, las pocas personas que podían acogerse a él han perdido uno de los pocos salvavidas a los que se podían agarrar.
Este fue el caso de Mariano Ordaz que, tras superar cuatro intentos de desahucio –dos gracias a esta medida– finalmente el jueves pasado fue expulsado de su casa. Este pensionista de 67 años había vivido toda su vida en un mismo piso en el centro de Madrid, que su abuela y su madre alquilaban a una orden religiosa.
Menos de una semana después, Ana, vecina de Carabanchel (Madrid), se ha enfrentado al mismo calvario. Según ha dado a conocer el Sindicato de Vivienda de este distrito, su casa había sido de titularidad pública, pero la Comunidad de Madrid acabó vendiéndosela a un propietario privado. Al menos otra decena de hogares de la misma zona se enfrentan a casos parecidos. «La vivienda pública sigue siendo parte del negocio de la vivienda, y lo que está ocurriendo en San Isidro (Carabanchel) es una clara muestra de ello», denuncian.
Esta misma asociación alerta de que el próximo 19 de mayo volverán a organizarse para intentar evitar el desahucio de otras cinco familias, en el distrito de Tetuán, también en la capital. Según cuentan los activistas, los inquilinos fueron víctimas de una estafa por parte de una inmobiliaria que quebró en 2021, pero siguió cobrándoles el alquiler. Desde entonces, las viviendas quedaron inmersas en una ejecución hipotecaria a favor de Sareb.
También el 3 junio se ha fijado la fecha del lanzamiento de Maricarmen. Tiene 85 años y lleva desde niña viviendo en esa casa. Ya en octubre había conseguido frenar el proceso gracias a una fuerte presión social y mediática, pero la empresa dueña de su edificio ha seguido adelante con sus intenciones.
Además de la caída del decreto antidesahucios, el pasado 28 de abril quedó vetada la prórroga de los alquileres. Tanto PP, como Vox y Junts votaron en contra de la misma, mientras que el PNV se abstuvo. La norma permitía ampliar los contratos de alquiler que caducaran entre abril de 2026 y diciembre de 2027 otros dos años más y limitaba las subidas de las cuotas al 2%. Estuvo algo menos de un mes en vigor y, para quienes enviaron a sus caseros la solicitud acogiéndose a ella, la prórroga sigue siendo efectiva. Los colectivos sociales lamentan que, de no haber caído en votación parlamentaria, podría haber llegado a proteger hasta a dos millones de personas.
A este respecto, desde UGT han trasladado al Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) que la parálisis legislativa en el Congreso en materia de vivienda «está agravando el problema de los hogares en España». Han incluido esta queja dentro de una reclamación colectiva contra el Gobierno que presentaron hace ya casi dos años. Consideran que España incumple el artículo 31 de la Carta Social Europea Revisada, que habla del derecho a la vivienda.
Pepe Álvarez, en una rueda de prensa donde este miércoles ha explicado la decisión, ha puesto de ejemplo la reciente derogación en el Congreso de la prórroga de los contratos del alquiler. «El Congreso de los Diputados español apenas legisla sobre esta materia– incluso rechaza decretos-leyes como el 8/2026″, ha lamentado el sindicato en su escrito.
Gaceta Crítica 
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