Simplifying Socialism, 14 de Mayo de 2026

La Tierra se está calentando más rápido que en cualquier otro momento de la historia humana registrada. El dióxido de carbono en la atmósfera ha aumentado de aproximadamente 280 partes por millón antes de la industrialización a más de 420 partes por millón en la actualidad. La evaluación más reciente del IPCC concluye que la influencia humana ha calentado inequívocamente la atmósfera, los océanos y la tierra, y que las temperaturas superficiales globales ya han alcanzado aproximadamente 1,1-1,2 °C por encima de los niveles de finales del siglo XIX (IPCC 2023).

Se nos dice que esto es una trágica consecuencia del progreso. Pero el colapso climático no es un accidente. Esta catástrofe está profundamente ligada al desarrollo histórico de un sistema organizado en torno a la acumulación competitiva, el crecimiento estructural y el abandono incentivado de la responsabilidad ecológica.

Para comprender la magnitud de la crisis a la que nos enfrentamos, debemos ir más allá de la idea de que el cambio climático es simplemente el resultado del consumo individual. La inmensa mayoría de las emisiones históricas se concentran en las economías industrializadas. Además, más del 75 % de las emisiones acumuladas de dióxido de carbono se han producido desde 1950, un periodo conocido como la «Gran Aceleración» (Steffen et al., 2015). Este periodo coincide, asimismo, con la globalización del capitalismo tras la Segunda Guerra Mundial: una geopolítica dominada por el petróleo, el consumo masivo, la suburbanización y el crecimiento financiero a través de sistemas de préstamos abusivos.

Desde 1950, el Producto Interno Bruto (PIB) mundial —una medida simplista de prosperidad— ha crecido a una tasa promedio de aproximadamente el 3 % anual. Una economía que crece a esta tasa promedio debería duplicar su tamaño aproximadamente cada 23 años. Este crecimiento se debe a la continua expansión de las operaciones de extracción de materiales que, si bien benefician a pocas naciones, dañan el planeta y, por lo tanto, nos perjudican a nosotros. Las tasas de extracción han pasado de 27 mil millones de toneladas en 1970 a más de 100 mil millones en la actualidad (PNUMA 2019).

Karl Marx describió el capitalismo como un sistema impulsado por la acumulación competitiva: dinero invertido en producción para generar más dinero. Las empresas que no se expanden pierden cuota de mercado. El capital que no se regenera se redistribuye. El crecimiento es la lógica fundamental de la competencia. Los marxistas ecologistas contemporáneos argumentan que este imperativo genera lo que Marx denominó una ruptura metabólica: una separación entre la producción y los ciclos regenerativos de la naturaleza (Foster 1999; Foster, Clark y York 2010).

Bajo el capitalismo, los límites ecológicos se consideran costos que pueden trasladarse a las comunidades, las generaciones futuras y la propia atmósfera.

El capitalismo y los combustibles fósiles, si bien históricamente han estado entrelazados, no se formaron por necesidad. En *Fossil Capital* , el historiador Andreas Malm sostiene que los industriales británicos adoptaron las máquinas de vapor alimentadas con carbón porque les permitían concentrar la producción en las ciudades, debilitar a los sindicatos y operar independientemente de las instalaciones que dependían de la energía hidráulica (Malm 2016). La energía fósil proporcionaba flexibilidad a los capitalistas y disciplina laboral a los trabajadores.

A partir de ese momento, los combustibles fósiles se volvieron inseparables de la expansión imperial. La industrialización en Gran Bretaña dependía del algodón cultivado por mano de obra esclavizada en Norteamérica. La extracción colonial en el Sur Global abastecía de abundantes materias primas a las fábricas europeas. Los académicos sostienen que el capitalismo moderno se desarrolló a través de sistemas interconectados de explotación, imperio y apropiación de recursos (Robinson 1983; Moore 2015). La economía global, dominada por los hidrocarburos, surgió de estas estructuras de desarrollo desigual.

No podemos ignorar que esta expansión continuó incluso después de que los científicos climáticos aclararan los riesgos. Investigaciones previas demuestran que los científicos de Exxon modelaron con precisión las tendencias del calentamiento global ya en las décadas de 1970 y 1980, proyectando aumentos de temperatura que coincidían estrechamente con los resultados observados (Supran y Oreskes 2017; Supran, Rahmstorf y Oreskes 2023). En lugar de abandonar los combustibles fósiles y comenzar a implementar alternativas más seguras, la corporación financió campañas que engañaron intencionadamente al público y desacreditaron los hechos científicos.

Esto no es un comportamiento irracional dentro del capitalismo, dentro de un sistema regido por el valor para el accionista y la presión competitiva. La energía fósil es rentable; ¿por qué una corporación que compite directamente con otras empresas de combustibles por el dominio del mercado abandonaría sus reservas más productivas? Como dijo Marx, el capital, por definición, prioriza la acumulación.

Los defensores del “crecimiento verde” argumentan que la innovación tecnológica y los mecanismos de mercado pueden desvincular la expansión económica del daño ambiental. Sin embargo, la investigación empírica cuestiona si se está produciendo una desvinculación absoluta y global a la velocidad y escala necesarias. Una revisión exhaustiva realizada para la Oficina Europea de Medio Ambiente concluyó que no existe evidencia empírica de que se pueda lograr una desvinculación absoluta del uso de recursos a escala global en un contexto de continua expansión económica (Parrique et al., 2019).

En un sentido similar, Hickel y Kallis argumentan que, si bien se produce un desacoplamiento relativo en algunas regiones, la evidencia de un desacoplamiento absoluto sostenido que permita alcanzar sistemáticamente los objetivos climáticos sigue siendo escasa (Hickel y Kallis 2020).

Mientras tanto, la desigualdad climática evidencia que la responsabilidad está distribuida de manera desigual. El 10% más rico de la población mundial es responsable de aproximadamente la mitad de las emisiones globales, mientras que el 50% más pobre solo representa alrededor del 10% (Oxfam 2023). La crisis se estructura a través de la clase social, la riqueza y el poder.

El capitalismo ha demostrado ser extraordinariamente dinámico, innovador y adaptable, pero nunca ha funcionado sin un crecimiento continuo. Este crecimiento continuo, medido en términos materiales, requiere energía y productividad. La acumulación infinita, el credo del capitalismo, no puede darse en un planeta finito.

El colapso climático es un problema sistémico. Comprender esta historia es un primer paso importante para llegar a la conclusión de que el cambio fundamental es la solución.

El imperativo del crecimiento

Si esta catástrofe fuera simplemente el resultado de malas políticas, errores de cálculo o fallos tecnológicos, la reforma sería sencilla: ajustar los incentivos, subvencionar las fuentes renovables, etc. Pero la evidencia sugiere que el crecimiento económico sigue estando estrechamente ligado a la extracción de recursos y al uso de la energía, y que el capitalismo depende exclusivamente del crecimiento como condición para su supervivencia.

El capitalismo moderno opera bajo una presión competitiva sistémica. Las empresas que cotizan en bolsa están legal y estructuralmente orientadas a maximizar el valor para los accionistas. Los gobiernos, por otro lado, dependen del crecimiento para estabilizar las tasas de empleo, los ingresos fiscales y el servicio de la deuda. El estancamiento conduce a la crisis.

El imperativo del crecimiento también influye en las restricciones políticas. Los gobiernos compiten por la inversión y los flujos de capital. Las políticas que restringen significativamente la acumulación de beneficios conllevan el riesgo de fuga de capitales, desempleo e inestabilidad financiera. Las reservas de combustibles fósiles están integradas en activos financieros, fondos de pensiones y fondos soberanos.

El IPCC afirma claramente que las reducciones rápidas y sostenidas de las emisiones son absolutamente necesarias en todos los sectores para estabilizar el clima (IPCC 2023). Sin embargo, la economía global sigue organizada en torno a la expansión de la producción, el comercio y la inversión. Incluso la propia política climática se formula en términos del llamado «crecimiento verde», haciendo hincapié en la penetración de nuevos mercados, nuevas industrias y nuevas fronteras para una acumulación ilimitada.

Esta es la contradicción central de la crisis: un sistema que depende del aumento del flujo de materiales se enfrenta a sistemas planetarios que requieren estabilización. El capitalismo, además de producir bienes, genera crecimiento. Cuando el crecimiento se ralentiza, sobreviene la crisis. Por lo tanto, la cuestión ecológica no puede separarse de la económica.

Si las reducciones de emisiones de la escala necesaria han coincidido históricamente con la contracción económica (Le Quéré et al. 2020), y si el desacoplamiento absoluto global sostenido sigue sin estar demostrado (Parrique et al. 2019), entonces el problema radica en el diseño sistémico.

¿Quién es el responsable?

El cambio climático suele presentarse como una crisis provocada por la humanidad. El discurso es revelador: emitimos demasiado; debemos reducir nuestra huella de carbono; nuestros estilos de vida son insostenibles. Pero los datos revelan una realidad radicalmente desigual.

Un análisis de Oxfam de 2023 revela que el 1% más rico de la población es responsable de más contaminación por carbono que los dos tercios más pobres de la humanidad juntos (Oxfam 2023).

Los hogares de altos ingresos consumen más bienes que requieren mucha energía: casas más grandes, más vuelos, vehículos privados y artículos de lujo. Más allá del consumo personal, la concentración de la riqueza se traduce en la posesión de activos con altas emisiones de carbono. Los ultrarricos invierten desproporcionadamente en combustibles fósiles, aviación, bienes raíces e industria pesada. Las carteras financieras aumentan las emisiones indirectamente a través de una asignación de capital insostenible.

Una investigación publicada en Nature Climate Change concluye que la huella de carbono asociada a las emisiones directas derivadas del estilo de vida de las personas con alto patrimonio neto es el principal factor que contribuye a los fenómenos climáticos extremos (Nature Climate Change 2025).

Esto es importante porque el capitalismo distribuye el poder sobre la producción. Las decisiones sobre infraestructura energética, proyectos de extracción, cadenas de suministro, acuerdos comerciales y expansión industrial no las toma la población mundial de forma democrática, sino que las toman los consejos de administración de las empresas, los inversores y los funcionarios estatales, que operan dentro de las limitaciones del mercado competitivo.

Muchos países más vulnerables a los impactos del cambio climático, incluidos pequeños estados insulares y algunas zonas del África subsahariana, han contribuido mínimamente a las emisiones acumuladas (IPCC AR6 WGII ​​2022). Esto evidencia cómo la crisis se estructura a través de una historia de colonialismo y desigualdad global.

Esta desigualdad se extiende y opera internamente. En Estados Unidos, las comunidades negras y de bajos ingresos están expuestas de manera desproporcionada a la contaminación del aire y a los riesgos climáticos, lo que refleja patrones arraigados de racismo ambiental (Tessum et al. 2019). Las poblaciones más pobres enfrentan un mayor riesgo climático a la vez que cuentan con menos recursos para combatir la crisis. Quienes menos contribuyen al problema son quienes más sufren.

El capital derivado de los combustibles fósiles sigue concentrado en un número relativamente pequeño de corporaciones. Un estudio que analiza las emisiones industriales revela que tan solo 90 productores de combustibles fósiles están vinculados a más de dos tercios de las emisiones globales de gases de efecto invernadero de la industria desde 1854 (Heede, 2014). Estas grandes empresas productoras de carbono incluyen compañías estatales y privadas cuyas decisiones de producción configuran el sistema energético global.

Incluso el concepto de “huella de carbono” surgió de las campañas de relaciones públicas de las empresas. British Petroleum popularizó el concepto a principios de la década de 2000 como una forma de enfatizar la responsabilidad individual por encima de la producción sistémica.

Cuanto más se posponga la transición, mayor será la perturbación final, tanto ecológica como financiera. Sin embargo, una acción inmediata y decisiva impondría pérdidas concentradas a los actores más poderosos.

Esto explica por qué las políticas climáticas suelen estancarse a pesar del abrumador consenso científico. El obstáculo reside en la protección de activos. Los combustibles fósiles son rentables no solo porque generan energía, sino también porque generan derechos financieros sobre el futuro. Y esos derechos están intrínsecamente ligados a la estructura del capitalismo global.

Para afrontar el colapso climático, hay que hacer frente a la financiación de los combustibles fósiles. Mientras billones de dólares dependan de la extracción continua, el sistema político se inclinará hacia la protección de esos activos, incluso a costa del planeta.

La reforma se estanca repetidamente

En las economías capitalistas, la inversión privada impulsa el empleo, la producción y la recaudación fiscal. Los gobiernos dependen de la acumulación de capital para mantener la estabilidad económica. Esto otorga a los inversores una influencia estructural sobre las políticas públicas.

El sociólogo político Fred Block describió esto como el “poder estructural del capital”: la capacidad de las empresas y los inversores para influir en el comportamiento del Estado, ya que los gobiernos dependen de sus continuas decisiones de inversión (Block, 1977). Si las empresas anticipan una disminución de la rentabilidad debido a la regulación, pueden reducir la inversión, reubicar sus operaciones o provocar inestabilidad financiera.

Esta dinámica limita las políticas climáticas ambiciosas. La rápida eliminación gradual de los combustibles fósiles amenaza el empleo en sectores con altas emisiones de carbono. Una regulación agresiva conlleva el riesgo de fuga de capitales. Los gobiernos, especialmente en mercados globales competitivos, moderan las reformas para preservar la confianza de los inversores.

Los estados modernos dependen del crecimiento económico. La expansión económica estabiliza el empleo, los salarios y los ingresos fiscales. Las recesiones generan reacciones políticas adversas.

Las investigaciones en macroeconomía ecológica demuestran que, bajo los acuerdos institucionales actuales, la disminución del PIB tiende a correlacionarse con el aumento del desempleo y la presión fiscal (Jackson 2017). Dado que las reducciones drásticas de emisiones históricamente han coincidido con la contracción económica (por ejemplo, en 2008 y 2020), los responsables políticos temen que una rápida descarbonización pueda desencadenar dinámicas similares a las de una recesión (Le Quéré et al. 2020).

Si un país impone regulaciones estrictas sobre las emisiones de carbono mientras que otros no, las industrias con alto consumo energético podrían trasladarse, un fenómeno conocido como fuga de carbono (Peters et al. 2011). Por consiguiente, los gobiernos dudan en actuar unilateralmente a gran escala.

Esta dinámica competitiva socava los acuerdos internacionales. El Acuerdo de París se basa en contribuciones determinadas a nivel nacional en lugar de mecanismos vinculantes de cumplimiento. Como documenta reiteradamente el Informe sobre la Brecha de Emisiones del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), los compromisos nacionales actuales siguen siendo insuficientes para alcanzar el objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5 grados Celsius (PNUMA 2023).

Las empresas de combustibles fósiles y las industrias afines ejercen una influencia significativa en el diseño de políticas. El análisis de Robert Brulle sobre el cabildeo climático documenta extensas redes de financiación que dan forma al discurso climático estadounidense y a los resultados regulatorios (Brulle 2014).

El IPCC subraya que las políticas graduales son insuficientes para alcanzar los objetivos de estabilización climática (Informe de Síntesis del Sexto Informe de Evaluación del IPCC, 2023). Sin embargo, las reformas transformadoras, como la rápida nacionalización de los sistemas energéticos o la contracción planificada a gran escala de los sectores de combustibles fósiles, suponen un desafío para las instituciones capitalistas fundamentales.

La reforma climática se estanca no porque las pruebas sean débiles, sino porque los incentivos estructurales son fuertes.

• Los gobiernos dependen del crecimiento.
• El crecimiento depende del capital.
• El capital depende de la rentabilidad.
• La rentabilidad de los combustibles fósiles sigue estando arraigada en los sistemas financieros.
• La competencia desalienta las acciones unilaterales.
• La infraestructura retiene las emisiones.

Cada intento de reforma choca con estas limitaciones estructurales.

Más allá del capitalismo

Una transición climática poscapitalista no implica abolir la coordinación, la innovación ni la producción. Significa reorganizarlas en torno a la estabilidad ecológica y las necesidades humanas, en lugar de la maximización de beneficios.

El propio IPCC reconoce que limitar el calentamiento global requiere “cambios rápidos, profundos y sin precedentes en todos los aspectos de la sociedad” (Informe de Síntesis del Sexto Informe de Evaluación del IPCC, 2023). La cuestión es institucional: ¿qué tipo de sistema económico puede propiciar tales cambios?

La energía es la columna vertebral de la descarbonización. Bajo el capitalismo, la infraestructura energética está controlada en gran medida por empresas privadas cuyo deber fiduciario es maximizar la rentabilidad. Sin embargo, la rápida eliminación gradual de los combustibles fósiles requiere una planificación coordinada y el desmantelamiento de activos, lo que entra en conflicto con los intereses de los accionistas.

Las investigaciones publicadas en Energy Research & Social Science sugieren que los modelos de propiedad pública pueden acelerar el despliegue de energías renovables al alinear la inversión con los objetivos de planificación a largo plazo en lugar de con los beneficios a corto plazo (Hall et al., 2013). Históricamente, las empresas de servicios públicos de propiedad pública en varias regiones han invertido fuertemente en energías renovables y en la modernización de la red eléctrica.

El análisis de McGlade y Ekins publicado en Nature demuestra que la mayoría de las reservas fósiles deben permanecer sin extraer para cumplir con los objetivos climáticos (McGlade y Ekins, 2015). Sin embargo, las empresas privadas siguen expandiendo la exploración porque la extracción futura es la base de su valoración.

El concepto de “transición justa” está respaldado en las vías de mitigación del IPCC, que hacen hincapié en la equidad social en la descarbonización (IPCC AR6 WGIII 2022).

Muchos expertos sostienen que es improbable que se produzca una desvinculación absoluta a las escalas requeridas si continúa la expansión del PIB.

Hickel y Kallis sostienen que los países de altos ingresos deben reducir el consumo de materiales al tiempo que mejoran los resultados sociales, una estrategia que a menudo se denomina «descrecimiento» (Hickel y Kallis 2020). De manera similar, la exhaustiva revisión de la Oficina Europea de Medio Ambiente no encuentra evidencia empírica de una desvinculación global sostenida a la velocidad necesaria (Parrique et al. 2019).

El decrecimiento implica una reducción planificada de los sectores que consumen muchos recursos (por ejemplo, combustibles fósiles, aviación de lujo, publicidad) al tiempo que se expanden los sectores con bajas emisiones de carbono (por ejemplo, atención médica, educación, trabajo de cuidados, transporte público).

Las investigaciones demuestran que el bienestar social puede mejorar independientemente del crecimiento del PIB más allá de ciertos umbrales de ingresos (Jackson 2017). Los países de altos ingresos podrían reducir la demanda de energía mediante el rediseño de la infraestructura, la reducción de la jornada laboral y la redistribución.

El capitalismo trata la vivienda, la energía, los alimentos y la atención médica como mercancías. Sin embargo, la resiliencia climática depende del acceso universal a estos bienes, independientemente del poder adquisitivo. Las investigaciones sobre modelos de provisión social sugieren que los servicios públicos universales reducen la desigualdad al tiempo que disminuyen el consumo de bienes (Gough 2017).

Quizás el cambio más profundo que se requiere sea conceptual.

El capitalismo mide el éxito en función del crecimiento del PIB. Sin embargo, el PIB no tiene en cuenta la degradación ecológica ni el trabajo de cuidados no remunerado. El IPCC y los economistas ecológicos hacen cada vez más hincapié en indicadores alternativos de bienestar y sostenibilidad (IPCC AR6 WGIII 2022).

Una transición poscapitalista redefiniría la prosperidad en torno a la estabilidad ecológica, la salud y la esperanza de vida, la participación democrática y la igualdad social. Este nuevo enfoque alinea la actividad económica con las posibilidades de un planeta sostenible.

La cuestión central de nuestro tiempo es si las sociedades democráticas pueden reorganizar la producción, las finanzas y la distribución con la suficiente rapidez como para respetar los límites ecológicos, o si la adhesión al crecimiento impulsado por el lucro impedirá esa posibilidad.

La elección que tenemos ante nosotros

La evidencia es inequívoca. El IPCC deja claro que limitar el calentamiento global requiere reducciones de emisiones inmediatas, rápidas y sostenidas en todos los sectores de la economía mundial (Informe de Síntesis del Sexto Informe de Evaluación del IPCC, 2023). El presupuesto de carbono restante es limitado y el plazo es ajustado.

Al mismo tiempo, la producción de combustibles fósiles continúa expandiéndose por encima de los niveles compatibles con los objetivos climáticos (Informe sobre la brecha de producción del PNUMA 2023). Los mercados financieros siguen descontando en sus precios una extracción futura que no debería producirse. La riqueza permanece concentrada en manos de quienes son responsables de una proporción desproporcionada de las emisiones (Chancel et al. 2022). Y la política económica mundial continúa priorizando el crecimiento del PIB por encima de la estabilidad ecológica.

A lo largo de este siglo, las negociaciones climáticas se han basado en la premisa de que se puede orientar al capitalismo hacia la sostenibilidad, que se puede fijar un precio al carbono, ajustar los mercados y acelerar la innovación sin alterar la lógica subyacente de la acumulación.

Si estabilizar el clima requiere dejar la mayor parte de las reservas fósiles bajo tierra (McGlade y Ekins, 2015), pero los balances corporativos dependen de su extracción; si las profundas reducciones de emisiones han coincidido históricamente con la contracción económica (Le Quéré et al., 2020); si el desacoplamiento absoluto global a la escala requerida sigue sin estar respaldado por evidencia empírica (Parrique et al., 2019); entonces el conflicto es sistémico.

Nos enfrentamos a una contradicción fundamental: un sistema organizado en torno a la acumulación infinita que se enfrenta a un planeta con límites finitos.

Podemos seguir intentando reformas graduales mientras protegemos los recursos fósiles y preservamos el crecimiento a toda costa; un camino que corre el riesgo de empujar al sistema terrestre hacia puntos de inflexión que, según advierten los científicos, podrían retroalimentarse (Lenton et al. 2019). O podemos afrontar la estructura más profunda de la crisis: la propiedad, la acumulación y el imperativo del crecimiento en sí mismo.

El debate suele plantearse como radical frente a realista, pero el realismo debe partir de los límites físicos. Debe reconocer que un calentamiento de 3 a 4 grados es incompatible con sistemas alimentarios estables, infraestructura costera y orden geopolítico. Debe reconocer que la adaptación tiene límites. Debe admitir que retrasar el cambio estructural aumenta tanto la perturbación ecológica como la económica.

Un marco de transición poscapitalista busca alinear la organización económica con la realidad ecológica. La propiedad pública de la energía, la gestión del declive de los combustibles fósiles, la redistribución de la riqueza generada por la alta huella de carbono, la desmercantilización de bienes esenciales y la planificación democrática no son utopías; son herramientas institucionales con precedentes históricos.

El colapso climático suele describirse como una tragedia de la naturaleza humana. Sin embargo, los datos demuestran lo contrario. Las emisiones se estructuran a través de la desigualdad; la extracción está impulsada por la rentabilidad; la demora se mantiene mediante incentivos financieros. La crisis refleja acuerdos institucionales específicos, no una falla inherente a la humanidad.

Podemos preservar un sistema que trata a la Tierra como un insumo y a la atmósfera como un sumidero de desechos, y aceptar la creciente inestabilidad como el costo de hacer negocios, o podemos reorganizar la producción, las finanzas y la distribución en torno a la suficiencia, la equidad y los límites planetarios.

Las decisiones que tomemos en las próximas décadas determinarán no solo los resultados económicos, sino también la habitabilidad del planeta.

Referencias

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