Laura Anido (PÚBLICO), 16 de Abril de 2026
- Cada trabajador regularizado en 2005 generó en torno a 4.000 euros anuales en cotizaciones a la Seguridad Social, según un estudio liderado por Joan Monras, profesor de la Universitat Pompeu Fabra.
- Feijóo ha dicho que es un «disparate» regularizar a personas con «antecedentes policiales», cuando para poder optar a la residencia todos los solicitantes deben probar la ausencia de estos.
La regularización extraordinaria de migrantes aprobada por el Gobierno vuelve a situar en el centro del debate una herramienta que, lejos de ser excepcional, forma parte de la historia reciente de la política española. No es la primera vez que se implementa, sino la séptima. Desde la llegada de la democracia, España ha regularizado mediante este proceso a más de 1,2 millones de personas. La primera regularización fue en 1986, cuando el Ejecutivo de Felipe González concedió la residencia a 38.294 migrantes. Después llegaron dos procesos entre 1991-1992 y 1996, también bajo el mismo gobierno socialista, que regularizaron en total a cerca de 140.000 personas. Ya en los años 2000, con José María Aznar en La Moncloa, se produjeron dos nuevas regularizaciones que afectaron en total a más de medio millón de migrantes en apenas dos años. Y en 2005, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero impulsó la mayor de todas, concediendo la autorización de residencia y trabajo a más de 576.000 personas en un mismo proceso.
Veinte años después del último procedimiento, se suma a la lista la regularización del Ejecutivo de Sánchez, que contempla dar los papeles a aproximadamente medio millón de personas. Los migrantes que cumplan los requisitos y su solicitud pase a trámite conseguirán una autorización de residencia provisional con derecho a trabajo legal y acceso a derechos básicos. Además, suspenderá automáticamente órdenes de expulsión o procedimientos de retorno por motivos administrativos. «Para estos migrantes tener documentación significa poder llevar a sus hijos a la escuela, poder cotizar o desplazarse sin miedo a ser detenidos y que se inicie un proceso de expulsión», reivindica Mauricio Valiente, presidente de CEAR.
Valiente también destaca que la regularización también trae consigo una gran aportación a la sociedad. «Tiene un gran efecto positivo porque además de beneficiar a las personas migrantes, beneficia a la sociedad en su conjunto. Esto merece ser destacado porque normaliza este proceso». El jurista destaca que los procesos de regularización que ha habido en el país han permitido «combatir la explotación laboral, una mayor recaudación en la seguridad social y, con ello, un refuerzo de la economía española a todos los niveles».
Los datos y estudios publicados sobre estos procedimientos apuntan en la misma dirección: el acceso a un estatus legal tiende a mejorar la integración socioeconómica, facilita el paso al empleo formal y aumenta la contribución fiscal. Así, estudios como The Impact of Amnesty on Labor Market Outcomes: A Panel Study Using the Legalized Population Survey de Amuedo-Dorantes y Bansak (2011) o Employment of Undocumented Immigrants and the Prospect of Legal Status: Evidence from an Amnesty Program de Devillanova de Fasani y Frattini (2018) señalan que la regularización incrementa la movilidad laboral, reduce la precariedad y documentan un aumento de los ingresos fiscales derivado precisamente de ese paso a la formalidad. Los expertos señalan que el migrante que deja de estar en la economía sumergida pasa a cotizar, a tributar y a tener mayor estabilidad laboral y ese tránsito no solo cambia las trayectorias individuales, sino que también impacta en el conjunto del sistema.
El triunfo de la regularización de 2005
La regularización de 2005 -la más similar a la actual en cuanto al número de personas a las que se prevé conceder documentación- es un ejemplo claro. A finales de 2004, los registros de afiliación del Ministerio de Trabajo indicaban que en España cotizaban 923.000 trabajadores extranjeros. Un año después, tras el proceso de regularización llevado a cabo durante el primer trimestre de 2005, la cifra superaba los 1,6 millones. Esto supuso un incremento de más de 600.000 personas en apenas un año, lo que multiplicó notablemente el ritmo de crecimiento observado en los años anteriores.
De hecho, si antes de la regularización el peso de los trabajadores extranjeros en el mercado laboral apenas alcanzaba el 6%, tras el proceso superó el 9%. Según el CIDOB, entre enero de 2005 y enero de 2006, se pasó de 70.013 empleadas de hogar extranjeras en alta laboral a 221.039. Este cambio refleja que la medida contribuyó a destapar el empleo clandestino, permitiendo que muchos trabajadores formasen parte de la economía formal y así pudieran acceder a un trabajo digno y con derechos.
Estos datos, a su vez, también tuvieron efectos en la recaudación pública. Según un estudio liderado por Joan Monras, profesor de la Universitat Pompeu Fabra, cada trabajador regularizado en 2005 generó en torno a 4.000 euros anuales en cotizaciones a la Seguridad Social, además de ingresos adicionales menores a través del IRPF. Estas conclusiones son, en buena medida, extrapolables a las cinco regularizaciones anteriores, que aunque tuvieron un menor alcance en cuanto a beneficiarios, también facilitaron el acceso al mercado laboral y contribuyeron a la economía.
Los bulos de la derechas
Al mismo tiempo, el estudio también cuestiona algunos argumentos que, a día de hoy, siguen repitiendo la derecha y la ultraderecha, como el supuesto «efecto llamada», es decir, la idea de que este tipo de medidas provoca la llegada de más migrantes. Sin embargo, los expertos aseguran que no se detectó un aumento significativo de los flujos migratorios en los meses posteriores a la regularización impulsada por el Gobierno de Zapatero.
PP y Vox siguen, sin embargo, difundiendo estos bulos. El líder de la ultraderecha, Santiago Abascal, ha llegado a asegurar que los migrantes regularizados serán «muchos más» de los que ha anunciado el Gobierno y que «después vendrán millones».
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Además, Vox ha lanzado una campaña en la que asegura que la regularización provocaría la saturación de los servicios públicos. Sin embargo, según el informe de Monras, esto nunca ocurrió con anteriores regularizaciones ni tampoco se detectó un aumento significativo del gasto público en servicios como la sanidad o educación tras la medida de 2005, en parte porque muchas de estas personas ya utilizaban estos servicios antes de su regularización, al igual que ocurre con la actual.
A la difusión de estos bulos también se ha sumado el PP. Este miércoles Alberto Núñez Feijóo, ha señalado que es un «disparate» regularizar «a granel» a personas con «antecedentes policiales» o que «han abusado de una mujer». Una afirmación falsa ya que para poder optar a la residencia todos los solicitantes deben probar la ausencia de antecedentes penales.
«Poner el foco en este control es criminalizar a la población migrante y responde fundamentalmente a una xenofobia cada vez más extendida. Si la preocupación fuera la delincuencia, que las personas estén documentadas facilitaría el control y la seguridad. Pero lo cierto es que en España los índices de criminalidad han bajado en los últimos años, incluso con más migración, así que ese argumento de que los migrantes son delincuentes no tiene base creíble», ha asegurado Valiente.
Además, el estudio Clicking on Heaven’s Door: The Effect of Immigrant Legalization on Crime de Paolo Pinotti (2017) apunta a una reducción de la probabilidad de cometer delitos tras ser regularizado, ya que el acceso a un estatus legal mejora las oportunidades laborales y las condiciones económicas, lo que disminuye la necesidad de recurrir a actividades ilícitas. Asimismo, al estar en situación regular, las personas tienen más incentivos para cumplir la ley, ya que delinquir puede implicar la pérdida de esos beneficios legales.
Gaceta Crítica 
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