Gaceta Crítica

Guillem Pujol (Cataluña Plural), 13 de Noviembre de 2026

Llegó empujada por algo que llevaba meses, años, moviéndose en los portales, en las mesas del Sindicato de Alquiladoras, en las acampadas de Sol y de plaza Catalunya, en los comités de barrio y en las asambleas que han ido convirtiendo la vivienda en un problema colectivo. Un malestar disperso que ha encontrado en el problema de la vivienda su punto de condensación, pero que también habla de salarios, precariedad y de una forma de vida cada vez más difícil de sostener. La huelga llegó además a dieciocho días de unas elecciones generales.

El Gobierno halló en la convocatoria una ocasión para movilizar a su electorado; la derecha, para desacreditar a los sindicatos y separarlos de los partidos de izquierda. La huelga quedó atrapada en el marco del corto plazo electoral, dejando en segundo plano a buena parte de lo que se movía por debajo.

Pero sería un error leer los resultados de la huelga exclusivamente en términos de éxito o fracaso, y más reducirlos a una cifra de seguimiento. Una huelga general mide también la capacidad de una sociedad para reconocerse en un conflicto y organizarse en torno a él. Ésta ha logrado poner en relación a personas que vivían la crisis de la vivienda como un problema privado y convertirlas en parte de una movilización común. Puede ser el punto de partida de un ciclo capaz de ensanchar la Política y exigir a los políticos que hagan lo que deben hacer, especialmente si la extrema derecha llega al Govern.

Un Gobierno en la pancarta

Una huelga general se dirige contra quien tiene capacidad de responder a sus reivindicaciones. En este caso, el Ejecutivo apoyó la convocatoria, Les Corts estaban disueltas y el país se encontraba a las puertas de unas elecciones. La huelga tuvo un interlocutor institucional más difuso que en otras ocasiones: su fuerza antagonista se desplazó del Gobierno hacia la oposición, hacia quien todavía no gobernaba.

La estrategia del PSOE era evidente: convertir el 29-N en un plebiscito sobre la vivienda y presentar a PP, Vox y Junts como el bloque que había tumbado los decretos del 29 de septiembre. El argumento tenía una base material: estos partidos habían votado contra las medidas de protección de los inquilinos. Pero tenía también una evidente utilidad electoral, un espíritu de instrumentalización. El PSOE llevaba ocho años gobernando y la crisis de la vivienda había continuado agravándose durante ese tiempo. Que la derecha hubiera votado contra determinadas medidas no convertía automáticamente al Gobierno en representante de las demandas del movimiento inquilino.

La derecha extrema, por su parte, entendió perfectamente el terreno de juego. Garamendi, el jefe de la patronal, marcó la premisa al calificarla de «huelga electoral», indicación de que siguieron los dirigentes del PP a pies juntillas. Su operación consistió en trasladar el conflicto material al terreno de la identidad partidista: la huelga sería una maniobra electoral, los sindicatos actuarían como correas de transmisión del Govern y sus reivindicaciones quedarían contaminadas por la proximidad de las elecciones. Así, la pregunta dejaba de ser si el alquiler era asumible y pasaba a ser con quien estaba cada uno. En un país tan polarizado como el nuestro, quien se acercaba a la huelga lo hacía primero como votante y sólo después como inquilino o asalariado. La vivienda, que debería ser el terreno común desde el que discutir las condiciones de vida, acababa convertida en otra frontera entre bloques.

En un país tan polarizado como el nuestro, quien se acercaba a la huelga lo hacía primero como votante y sólo después como inquilino o asalariado. La vivienda acababa convertida en otra frontera entre bloques

Existe, sin embargo, una evidente fisura en este muro, en tanto que la crisis de la vivienda atraviesa las preferencias electorales y toca también a una parte de quienes votan a la derecha. El precio del alquiler no entiende de papeletas.

En términos electorales, quien está en mejor posición para recoger el sembrado puede ser la izquierda a la izquierda del PSOE, es decir, Front Ampli y Podemos. El PSOE carga con ocho años de gobierno y con un movimiento inquilino que le reprocha la falta de ambición de sus políticas de vivienda. Carme Arcarazo, del Sindicato de Alquiladoras, lo resumió al afirmar que «esta huelga también es contra el PSOE», explicitando lo obvio: que el movimiento por la vivienda conserva su autonomía y no está dispuesto a convertirse en un apéndice de la campaña.

La Política con mayúscula

Ahora bien; aunque las escaramuzas partidistas y las estrategias electorales sean muy relevantes para el funcionamiento de la democracia representativa, una lectura centrada en las repercusiones cortoplacistas de los partidos pertenece al reino de la política con minúscula, y este marco impide ver lo que sostuvo la huelga.

Como ya se ha mencionado la primera huelga general en catorce años no nació en la Moncloa ni en los despachos de las centrales sindicales, sino que la impulsó el movimiento por la vivienda desde abajo, con una macroencuesta en decenas de municipios que preguntaba a la gente si estaba dispuesta a parar por la vivienda, y la aceleraron Maricarmen, en Madrid. CCOO y UGT llegaron después y aportaron, junto con otras organizaciones sindicales, la cobertura legal y la capacidad de convocatoria necesarias para dar el salto a una huelga general.

Lo que se fue construyendo antes de la huelga la excedió: comités de huelga en barrios, facultades e institutos, una Casa de la Huelga en la Universidad de Barcelona y asambleas que discutían la negociación colectiva de los alquileres. Una infraestructura social que conectaba conflictos hasta entonces separados y permitía pasar de la protesta a la organización. Era lo que, a propósito del 15M, había llamado al Político con mayúscula: la capacidad de una sociedad para organizarse, reconocerse en sus problemas y producir sujetos políticos más allá de los mecanismos de representación.

Lo que se fue construyendo antes de la huelga la excedió: comités de huelga en barrios, facultades e institutos, una Casa de la Huelga en la Universidad de Barcelona y asambleas que discutían la negociación colectiva de los alquileres

El 15M tampoco ganó elecciones: el PP obtuvo la mayoría absoluta ese mismo año. Y, sin embargo, el ciclo que abrió alteró el sistema de partidos y puso fin al bipartidismo tal y como lo habíamos conocido. Las urnas y barrios funcionan a velocidades distintas; en ocasiones, lo que parece políticamente derrotado está construyendo su propia continuidad.

Esta vez hay una cuestión concreta en torno a la que organizarse. La vivienda conecta salario y alquiler, trabajo y tiempo de vida, precariedad e imposibilidad de construir un proyecto propio. Esta traducción de la experiencia privada en el conflicto colectivo es probablemente el mayor logro de la huelga. Ayer, además, los jóvenes tuvieron un papel protagonista en las manifestaciones que recorrieron las ciudades del Estado. Para su generación, la vivienda se ha convertido en una frontera que condiciona la posibilidad de emanciparse, abandonar el hogar familiar y construir su propia vida.

Si gana la derecha, la huelga podría abrir un ciclo de confrontación. Un Gobierno de PP y Vox podría revertir las protecciones vigentes y enfrentarse directamente a los sindicatos y al movimiento por la vivienda. Pero buena parte de sus votantes sufre la crisis residencial y el encarecimiento de su vida. Si gana la izquierda, tampoco habrá motivos para desmovilizarse: el movimiento inquilino -y el sindicalismo en un sentido amplio- ha demostrado que puede imponer una agenda y exigir responsabilidades a los partidos. Su fuerza dependerá de conservar esa autonomía.

Guillem Pujol es Licenciado en Ciencias Políticas (UPF), MSc en European Politics and Policies en la University of London, Birkbeck College y Doctor en Filosofía con mención Cum Laude (UAB). Co-autor del libro «Cartha on Making Heimat» (Ed. Park Books).