COMISIONES OBRERAS (CCOO), 12 de Noviembre de 2026
- La convalidación del RDL 29 y el rechazo del RDL 28 exigen responsabilidad política y soluciones inmediatas, después del éxito de la Huelga General.
Imagen de la huelga general del 11 de Noviembre de 2026 en España
CCOO y UGT valoramos positivamente la convalidación del Real Decreto-ley 29/2026, porque incorpora avances relevantes para reforzar la función social de la vivienda y mejorar la protección de las personas inquilinas. Al mismo tiempo, lamentamos profundamente que no haya salido adelante el Real Decreto-ley 28/2026. La votación de hoy confirma que, ante una de las principales preocupaciones sociales del país, siguen existiendo fuerzas políticas dispuestas a bloquear medidas necesarias para dar estabilidad y seguridad a la mayoría de los hogares, lo que impide abordar la emergencia habitacional.
El RDL 29 incorpora medidas que UGT y CCOO venimos reclamando desde hace tiempo: regulación del alquiler temporal y por habitaciones; suspensión de desahucios de hogares vulnerables sin alternativa habitacional; mayores derechos para las personas arrendatarias; límites a determinadas compras especulativas; fiscalidad sobre viviendas vacías y alojamientos turísticos; protección permanente del parque público y nuevos instrumentos para ampliar la vivienda asequible. Son avances importantes, pero insuficientes. Parte de su eficacia sigue dependiendo de la declaración autonómica de zonas tensionadas; algunas medidas son temporales; los incentivos fiscales requieren mayor progresividad y es imprescindible reforzar registros, inspección y sanciones. Sobre todo, necesitamos un parque público permanente de vivienda asequible y social, con una inversión pública que alcance al menos el 1% del PIB.
En relación con el RDLey 28/2026, lamentamos que la gran movilización que hemos vivido en España en el día de ayer no haya servido para modificar la posición del PNV, más aún después de la contundente respuesta social expresada ayer en España y, singularmente en Euskadi. La Huelga General y las manifestaciones posteriores mostraron con claridad que el acceso a una vivienda digna es una preocupación central de la clase trabajadora y de la mayoría social. Contribuir, apenas veinticuatro horas después, a impedir la convalidación de una norma dirigida a reforzar la estabilidad residencial supone dar la espalda a ese mensaje de la sociedad.
Por ello, resulta particularmente preocupante la no convalidación del RDL 28/2026. Este decreto habría supuesto un cambio estructural en favor de una mayor estabilidad del alquiler, prolongando las relaciones contractuales y dificultando que el simple vencimiento del contrato pudiera utilizarse para expulsar a las personas inquilinas y volver a colocar las viviendas en el mercado a precios muy superiores. En este contexto, CCOO y UGT consideramos especialmente irresponsable la posición mantenida por los partidos que vienen bloqueando de forma continuada medidas de esta naturaleza. Desgraciadamente, no nos sorprenden, repiten los mismos errores.
Nuestra crítica se extiende también, con más intensidad aún, a las posiciones mantenidas por PP, Vox y Junts. UGT y CCOO denunciamos la insensibilidad política que supone rechazar reiteradamente los instrumentos destinados a limitar la especulación, proteger a las personas inquilinas y reforzar la función social de la vivienda. Estas posiciones solo favorecen un modelo basado en el rentismo y el peso creciente de grandes inversores y fondos buitre, frente a la defensa del interés general.
La urgencia de actuar no admite dudas. Entre 2015 y 2024 el precio de compraventa de la vivienda aumentó un 60,3% y los nuevos alquileres alrededor de un 37%, frente a un incremento del salario medio del 21%. En los hogares con menores ingresos, el coste residencial puede absorber entre el 60% y el 80% de la renta. En España 1,9 millones de personas se encuentran en el umbral de riesgo de pobreza tras asumir el coste de la vivienda. La vivienda se ha convertido así en un mecanismo que erosiona el salario real, amplía las desigualdades y condiciona los proyectos de vida.
La decisión parlamentaria se produce al día siguiente de una Huelga General. El mensaje del 11N es inequívoco: ningún partido puede ponerse de perfil. La aprobación del RDL 29 es un paso adelante; la caída del RDL 28 deja, sin embargo, una protección fundamental sin consolidar.
Por ello, UGT y CCOO hacemos un llamamiento expreso al próximo Gobierno que salga de las urnas. Sea cual sea su composición, la vivienda debe situarse entre las primeras prioridades de la nueva legislatura y traducirse desde el inicio en decisiones valientes y concretas: proporcionar una regulación que garantice estabilidad en los contratos de alquiler, desplegar plenamente las medidas del RDL 29, ampliar de forma sostenida el parque público de protección permanente, elevar la inversión hasta al menos el 1% del PIB, frenar la especulación y el uso abusivo de los alquileres temporales y turísticos, y reforzar la capacidad pública de inspección y control. No caben más aplazamientos ni soluciones parciales ante un problema que condiciona salarios, empleo, emancipación y cohesión social.
Después de la respuesta social del 11 de noviembre, persistir en el bloqueo o en la defensa de un mercado sometido a la lógica de la rentabilidad privada sería una grave irresponsabilidad política. La Huelga General ha sido un éxito y la clase trabajadora ha hablado con rotundidad. Ahora corresponde a las administraciones públicas y a todas las fuerzas políticas responder con soluciones. Ya no caben más diagnósticos. La vivienda no puede esperar, necesita acciones concretas.

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