Thania Saucedo (GLOBETROTTER), 8 de Noviembre de 2026
Paraguay atraviesa una de las crisis políticas y financieras más significativas de su historia reciente. La intervención del Banco Central de Paraguay en el Banco Ueno, tras la detección de graves irregularidades en sus operaciones y problemas de solvencia, desencadenó una crisis que rápidamente se extendió más allá del sector bancario. Hoy, tiene consecuencias directas para el gobierno de Santiago Peña y ha desencadenado un proceso de destitución que pone en entredicho el futuro del propio presidente.
Para comprender lo que está sucediendo, es necesario explicar algunos puntos clave. El Banco Ueno experimentó un crecimiento exponencial en los últimos años, coincidiendo con el inicio de la administración de Santiago Peña. Llegó a tener casi tres millones de clientes —más del 50% de la población adulta del país— y recibió aproximadamente 800 millones de dólares en depósitos del sector público. Entre estos fondos se encuentran los vinculados al Instituto de Seguridad Social (IPS), que administra las contribuciones para la jubilación y la salud de miles de trabajadores.
Uno de los problemas radica en que el propio presidente mantuvo vínculos comerciales con el grupo asociado al banco hasta marzo de 2025. A esto se suma el hecho de que Carlos Carvallo, quien había sido presidente de Financiera Ueno, posteriormente pasó a dirigir el Banco Central, el organismo responsable de supervisar y regular el sistema financiero. Durante esta administración, también se modificaron las disposiciones destinadas a prevenir este tipo de conflicto de intereses, conocidas como normas de «puerta giratoria».
La intervención del banco, la congelación de depósitos y las investigaciones sobre préstamos otorgados a empresas vinculadas a sus propietarios acabaron por revelar una compleja red de relaciones entre intereses privados e instituciones públicas. Sin embargo, más allá de las cifras y las transacciones financieras, miles de personas no pueden acceder a sus ahorros; trabajadores que enfrentan incertidumbre sobre sus salarios; y jubilados cuyos recursos financieros están en riesgo. La inclusión financiera, que se presentó como uno de los grandes logros del modelo económico, terminó convirtiéndose en una estafa masiva contra la población.
Los vínculos de Santiago Peña con el grupo empresarial, las decisiones del poder ejecutivo y las responsabilidades de los organismos de supervisión se encuentran entre los motivos que dieron origen a la solicitud de juicio político. La oposición lideró el proceso en el Congreso y, el 5 de noviembre, la Cámara de Diputados aprobó los cargos contra el presidente. Peña presentó su renuncia, pero ambas cámaras rechazaron este intento de dimisión y el Senado prosiguió con el proceso. Al momento de redactar este informe, el presidente se prepara para presentar su defensa en el juicio político.
Sin embargo, para comprender esta crisis, también hay que fijarse en la Asociación Nacional Republicana (ANR), el Partido Colorado, —profundamente arraigado en el aparato estatal paraguayo y vinculado a la dictadura de 35 años de Alfredo Stroessner— y, en particular, en Horacio Cartes (HC). Paraguay tiene una peculiaridad política fundamental para entender lo que está sucediendo. El Partido Colorado ha gobernado prácticamente sin interrupción desde 1947; la única interrupción en ese largo ciclo fue la administración de Fernando Lugo (2008-2012), quien llegó al poder liderando una alianza que logró derrotar al Partido Colorado en las urnas después de más de seis décadas. Sin embargo, su administración terminó abruptamente en junio de 2012 mediante un golpe parlamentario que lo destituyó en tan solo 48 horas a través de un controvertido juicio político. Para los movimientos sociales y sectores de la base popular, este suceso no fue solo un episodio más de la historia, sino una operación política orquestada por sectores de la derecha paraguaya, con Horacio Cartes como uno de sus principales actores y con la presunta complicidad y el apoyo de intereses externos, incluidos los de la Embajada de Estados Unidos.
Actualmente, el poder dentro de la ANR es objeto de una feroz disputa interna entre facciones, pero la facción de Cartes (HC) se ha convertido en la principal base de poder del partido gobernante. Cartes no solo fue presidente de la República entre 2013 y 2018, sino que posteriormente asumió la presidencia del propio Partido Colorado y mantuvo una enorme influencia sobre las decisiones del gobierno de Santiago Peña.
Peña llegó a la presidencia con el respaldo político de Cartes. Su candidatura y su posterior administración se construyeron bajo el liderazgo del movimiento Honor Colorado. Por esta razón, lo que vemos hoy implica una gran contradicción política: la misma facción que construyó y sostuvo esta administración ahora ha decidido apoyar el proceso de destitución contra el presidente.
La postura de Cartes cambió a medida que se desarrollaba la crisis. Inicialmente, su círculo íntimo rechazó la posibilidad de un juicio político y buscó culpar a funcionarios del Banco Central. Sin embargo, el 5 de noviembre, Cartes anunció públicamente que la ANR apoyaría el juicio político a Peña. Esta acción no puede interpretarse simplemente como una decisión institucional del Partido Colorado; también refleja una lucha por el control político, por la continuidad de la agenda del gobierno y por la preservación de una estructura de poder que el propio movimiento ayudó a construir.
Ante este panorama, los movimientos sociales y el sector popular no limitan sus críticas a exigir responsabilidad individual y rechazar cualquier intento de impunidad; también advierten que esta crisis es un ejemplo más del fracaso del modelo económico liberal, que durante años insistió en que el mercado podía autorregularse, que el Estado debía reducir su intervención y que la privatización y la desregulación eran el camino hacia el desarrollo. Prometieron que, si se permitía la libre circulación del capital, la riqueza llegaría finalmente a toda la población, que el crecimiento económico se traduciría en bienestar y que todos se beneficiarían de este supuesto efecto de goteo. En Paraguay, hoy, las consecuencias las sufre cada trabajador, como resultado del narcocapitalismo financiero. Este es un modelo que gestiona sin escrúpulos los recursos públicos, concentra la riqueza y fomenta los vínculos entre el poder político y los intereses privados. Es un sistema en el que las ganancias permanecen en manos de ciertos sectores, mientras que las consecuencias de sus operaciones recaen, en última instancia, sobre la población.
Por lo tanto, lo que sucede en esta parte del sur de Estados Unidos no es un hecho aislado de lo que ocurre en otras partes del mundo; forma parte de una dinámica en la que el gran capital dicta las decisiones políticas, se apropia de los bienes comunes y convierte los derechos y necesidades fundamentales en oportunidades de negocio. El contexto cambia, los actores cambian, pero la lógica sigue siendo la misma.
Sin embargo, el evidente fracaso de la política económica del capitalismo financiero también abre una oportunidad para el movimiento popular organizado: imaginar un futuro diferente y construir una alternativa política y económica que rompa con esta lógica; allanar el camino hacia un mundo en el que la economía esté al servicio de la vida en lugar de la acumulación de riqueza por parte de unos pocos, y en el que las personas puedan decidir sobre sus recursos, su presente y su destino.
Deja una respuesta