Ana Lázaro (PÚBLICO), 1 de Noviembre de 2026
La Comisión Europea quiere situar a la agencia de Control de las Fronteras en el centro de su nueva política de expulsiones, pese a su implicación en operaciones que suscitan dudas sobre el respeto de los derechos humanos.
A la Unión Europea le gusta presumir de cifras en materia de migración. Afirma que gracias a sus políticas restrictivas en los últimos dos años el número de llegadas a la Unión Europea se ha reducido en un 55%. Pero se olvida de mencionar el número de personas que fallecen durante el trayecto. Según la Organización Mundial para las Migraciones, en lo que va de año al menos 2.488 personas han desaparecido en el mar intentando llegar a Europa.
Lejos de amilanarse, la Comisión Europea ha decidido dar una nueva vuelta de tuerca a su política, redoblando su apuesta por las expulsiones. Para ello ha propuesto dotar de nuevos poderes a Frontex, la agencia Europea de Control de las Fronteras, para convertirla en el coordinador de los retornos de migrantes a nivel europeo. “La UE está intentando situar a Frontex en el centro de todo un régimen digital de deportaciones basado en la vigilancia”, denuncia Sarah Chander de la organización Equinox.
En el centro de la política europea de expulsiones no figura el coste humano, sino el coste económico. “Frontex será responsable de todo el proceso, de principio a fin”, ha explicado Magnus Brunner, el comisario europeo de Asuntos del Interior y Migración. “Abarcará desde la planificación estratégica hasta la ejecución de retornos para que sean más eficientes en términos de costes”. Su intervención iría desde la identificación de personas sin derecho de estancia hasta la organización de vuelos conjuntos para su traslado.
Otra controversia: la Comisión también quiere que Frontex pueda actuar más allá de las fronteras europeas. El objetivo es interceptar a los migrantes durante el camino para evitar que se acerquen a Europa, cortándoles la ruta “lo antes posible”. Esto podría significar organizar traslados entre terceros países, por ejemplo desde el norte de África en dirección a África central, pero también ayudar a los países europeos que ya están trabajando para abrir centros de retención fuera de la UE. “La cooperación con terceros países no puede servir para alejar a las personas de nuestras fronteras y, al mismo tiempo, alejar también nuestra responsabilidad”, critica la eurodiputada Estrella Galán.
Las organizaciones de derechos humanos denuncian por su parte que es difícil mantener el control sobre lo que ocurre fuera del territorio de la Unión Europea. “¿Qué jurisdicción tiene competencia para controlar lo que sucede? ¿Cuál es la vía para exigir responsabilidades?”, se pregunta Chander.
La vigilancia también está en el centro de la nueva propuesta de la Comisión. Frontex tendría poderes para monitorizar las redes sociales y así anticipar los movimientos antes de que se produzcan. “La vigilancia no puede convertirse en una herramienta de sospecha generalizada ni vulnerar la privacidad o la libertad de expresión”, explica Galán. “No es lo mismo investigar actividades delictivas concretas que tratar la actividad en internet de las personas migrantes como un indicador de riesgo”.
Los planes de la Comisión Europea también prevén la creación de una fuerza de intervención rápida que podría actuar en cuestión de horas en caso de que se produzcan llegadas masivas como la que se vivió en Ceuta.
Para llevar a cabo esta transformación, Frontex necesita más presupuesto y más personal. El objetivo es ampliar el cuerpo de agentes hasta llegar a los 30.000 de aquí a 2041. Un crecimiento que las organizaciones de protección de los derechos humanos denuncian. “Ninguna agencia que haya protagonizado tantos escándalos como Frontex debería ver duplicado su presupuesto de esta manera”, afirma Chander.
Desde su puesta en funcionamiento en 2005, la agencia Frontex ha ido incrementando su presupuesto, su dotación y sus funciones. Pero también su rastro de no respeto de los derechos humanos.
Uno de los principales focos de crítica son las pushbacks o devoluciones en caliente sin un examen adecuado de los procedimientos de asilo. En 2020, una serie de investigaciones periodísticas desvelaron que Frontex habría ayudado a las autoridades griegas a reenviar a los migrantes a Turquía, en ocasiones abandonándolos en balsas salvavidas en pleno mar Egeo. OLAF, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, concluyó que Frontex había estado implicada en graves vulneraciones de derechos fundamentales.
La agencia de control de las fronteras también está implicada en la intercepción de embarcaciones en el Mediterráneo central. Sus operaciones de vigilancia aérea permiten la intervención de las patrulleras libias. Lo que significa que las personas migrantes son devueltas a un país donde han sido documentadas graves violaciones de los derechos humanos, lo que incluye detenciones arbitrarias, torturas y violencia sexual.
También se ha cuestionado el papel de la agencia en el naufragio del barco Adriana en 2023 frente a las costas griegas, que causó la muerte de cientos de personas. Frontex había detectado que la embarcación estaba en peligro, y, tras prevenir a las autoridades griegas en reiteradas ocasiones, acabó abandonando la zona al quedarse sin carburante. La Defensora del Pueblo Europeo señaló deficiencias en los protocolos de actuación de Frontex ante posibles emergencias marítimas.
A lo largo de los años, Frontex ha dejado de ser una agencia pequeña, con un presupuesto de decenas de millones de euros, a gestionar recursos anuales superiores a los mil millones. “Cuanto mayor es el poder de una agencia, mayores deben ser también la transparencia, el control democrático y las garantías de derechos humanos”, afirma Galán. “No podemos permitir que Frontex se convierta en el brazo ejecutor de una Europa que ha renunciado a garantizar derechos para centrarse en expulsar personas”.
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