Néstor Prieto Amador (PÚBLICO), 19 de Octubre de 2026
Un movimiento nacido en un liceo sin profesores de la periferia de París ha acabado llevando a la calle a más de medio millón de personas contra la carestía y el deterioro de los servicios públicos, a seis meses de unas presidenciales que lidera la extrema derecha.
Lo que hace un mes empezó como una protesta por la falta de profesores en un liceo de la periferia sur de París se ha convertido en un movimiento que recorre el país entero y que este sábado 17 de octubre, a seis meses de las presidenciales, alcanzó su punto de ebullición. En París, 110.000 personas según el propio Ministerio del Interior —que esperaba como mucho 40.000— desafiaron a un Gobierno noqueado en una marcha que los candidatos convirtieron de inmediato en tablero de su pugna por el Elíseo, antes de que la jornada desembocara en saqueos, incendios y disturbios a tan solo 300 metros del palacio presidencial del Eliseo. A casi 400 kilómetros, en la coqueta Limoges, una capital de provincia de apenas 130.000 habitantes, los asaltos terminaron en un incendio que devoró el majestuoso ayuntamiento del siglo XIX hasta derribar su campanario, emblema de la ciudad.
El balance nacional —entre 550.000 y 800.000 manifestantes, un fallecido, 2.000 detenidos, 855 de ellos en París, una cifra récord, y 150 agentes heridos— llega con la extrema derecha como favorita para el Elíseo y con la protesta social extendiéndose por Europa, de Portugal a Países Bajos.
La chispa escolar
En Seine-Saint-Denis, el departamento más pobre de la Francia metropolitana, al 61% de los colegios e institutos les faltaba al menos un profesor al comenzar el curso, una cifra escandalosa pero no tan lejana del 53% nacional, según el sindicato docente SNES-FSU. El 17 de septiembre, los profesores del liceo Saint-Exupéry se declararon en huelga por las plazas sin cubrir y un puñado de alumnos se sumó en solidaridad. El gesto prendió como la pólvora: en dos semanas había más de 500 liceos afectados y una treintena de campus, incluidas escuelas de élite como HEC o Sciences Po en Lille, se habían sumado. En las pancartas se leía «La Generación Z, cabreada»; en las reivindicaciones, algo más prosaico: profesores que no se reponen y edificios que se caen.
El Gobierno respondió primero con orden público —más de 5.000 detenciones en una semana— y solo después con autocrítica. El ministro de Educación, Édouard Geffray, admitió que 114 liceos estaban en «rojo» —falta aguda de profesores— y otros 400 en «naranja», y prometió 3.000 sustitutos de urgencia. Llegó tarde para un Ejecutivo exhausto: el primer ministro, Sébastien Lecornu, se definió al asumir el cargo como «el más débil de la V República», y Macron, a siete meses de dejar el Elíseo, cosecha un paupérrimo 15% de opiniones favorables.
La convocatoria del pasado sábado fue algo más grande. Nació en redes sociales, desbordando la cuestión educativa y apelando a la memoria de los chalecos amarillos, el movimiento que en noviembre de 2018 ocupó las rotondas contra una subida del impuesto al gasóleo y arrancó a Macron la retirada de la tasa. El motor de fondo vuelve a ser el bolsillo: con la guerra en Oriente Próximo, el litro de gasóleo superó en septiembre los 2,39 euros.
Pero el surtidor es solo la superficie. La pobreza alcanzó en 2024 el 15,4% de la población, el nivel más alto desde que el instituto estadístico INSEE inició la serie en 1996, y las desigualdades marcan máximos de treinta años. Y se cronifica: quienes pasan cuatro años seguidos bajo el umbral casi se han duplicado en quince años. El historiador Stéphane Sirot habla de una población «en vías de pauperización». No es la primera vez que las protestas estudiantiles crecen hasta amenazar el poder: en los años 90 entre 150.000 y 200.000 liceanos –como se denomina a los estudiantes de enseñanzas medias– salieron a la calle desde la banlieue —los extrarradios obreros y de inmigración de las grandes ciudades— y arrancaron al Gobierno un plan de urgencia de 4.500 millones de francos.
La diferencia entre esta protesta y la anterior es que la crisis social es hoy más profunda, el Estado ya no tiene margen presupuestario para comprar la paz y la violencia en los márgenes de las marchas pesa mucho más que hace treinta años.
Calle contra Elíseo
La jornada tuvo dos caras. Por la tarde, profesores, jubilados y antiguos chalecos amarillos llenaron las plazas en marchas mayoritariamente pacíficas. En cabeza, sin embargo, se repetía una escena habitual en Francia desde las protestas de 2016 contra la reforma laboral: el llamado precortejo, grupos autónomos que se adelantan a la manifestación para buscar el choque con la Policía. Al anochecer llegaron los saqueos. Fue una violencia minoritaria, organizada y previsible —más intensa incluso, según quienes cubrieron entonces aquellas jornadas, que la de los chalecos amarillos— que la Policía no logró contener.
No es la primera vez que la calle desborda al poder en Francia. En mayo de 1968, las barricadas estudiantiles del Barrio Latino desembocaron en la mayor huelga general del país; en 2005, la muerte de dos adolescentes que huían de la policía en Clichy-sous-Bois incendió las banlieues durante tres semanas, y en 2023 la de Nahel, de 17 años, abatido por un policía en Nanterre, repitió el estallido. Esa tradición de protesta masiva, con mayores o menores dosis de violencia, tiene una raíz institucional. La V República, diseñada en 1958 a la medida del general De Gaulle, concentra el poder en el Elíseo y deja al Parlamento poco margen —el artículo 49.3 permite aprobar leyes sin votación, como hizo Élisabeth Borne con las pensiones en 2023—, en un país con una de las afiliaciones sindicales más bajas de Europa occidental. Sin contrapesos que canalicen el conflicto, la calle se convierte en el contrapoder. Y gana a menudo: en los años 90 y en 2006, las protestas estudiantiles consiguieron tumbar varios proyectos de ley.
Por eso nadie da el conflicto por cerrado: los sindicatos ya convocan nuevas movilizaciones el 5 de noviembre por salarios y servicios públicos.
Fin de ciclo, polos en auge
Macron llegó en 2017 prometiendo superar la división entre izquierda y derecha; se despide sin mayoría absoluta desde 2022 y con un balance interno que contrasta con su protagonismo en política exterior. El INSEE ha rebajado al 0,4% su previsión de crecimiento para este año y advierte de que la economía francesa «se descuelga» de sus vecinos; el déficit cerró 2025 en el 5,1% y la deuda roza el 118% del PIB. A ello se suma una bomba demográfica: en 2025 Francia registró, por primera vez desde 1945, más muertes que nacimientos y su fecundidad más baja desde la Primera Guerra Mundial: 1,56 hijos por mujer. La población ya solo crece por la inmigración, un dato que la extrema derecha ha convertido en eje de su discurso.
El presidente francés acusó en un mensaje a última hora del domingo a «extremistas de extrema izquierda» de la violencia del sábado, anunció «investigaciones con la máxima firmeza» y dijo que «quienes han destruido deben pagar, quienes intentaron derrocar la República rendirán cuentas». Lecornu, por su parte, rompió su silencio el sábado por la noche. Dijo que era «un milagro» que el balance no fuera peor y exigió a La Francia Insumisa (LFI) «elegir su bando» entre «el de la República y, por tanto, de las fuerzas del orden» y «el de los alborotadores». El incombustible líder insumiso, Jean-Luc Mélenchon, replicó que quienes comparten su combate «no tienen nada que hacer en el saqueo» y acusó a Lecornu de «jugar con fuego confiando en que el conflicto se pudra». Marine Le Pen acusó a los diputados insumisos de «legitimar la violencia» para «precipitar al país en el caos».
La calle alimenta a ambos polos. A LFI, porque moviliza a sus bases y coloca en el centro del debate el deterioro de los servicios públicos y la actuación policial; a Reagrupamiento Nacional (RN) porque el voto del miedo ante los saqueos y un Estado central que parece desbordado encaja con la lógica lepenista del orden.
La carrera no está escrita. Le Pen —condenada en apelación en julio por malversar fondos del Parlamento Europeo, pero elegible al dar el tribunal por cumplida la inhabilitación firme— no retrocede: OpinionWay la sitúa por encima del 35% en todos los escenarios de primera vuelta y las encuestas de octubre le dan más de dos tercios de los votos en una segunda vuelta frente a Mélenchon.
El Partido Socialista, que ocupó el Elíseo con Mitterrand y Hollande, vio caer a su primer secretario, Olivier Faure, en la primaria socialdemócrata que ganó el 11 de octubre, con cerca del 66%, Raphaël Glucksmann, eurodiputado de Place Publique y contrario a aliarse con LFI tras el agrio balance del Nuevo Frente Popular de 2024. OpinionWay le sitúa ya en el 15%, empatado con Mélenchon y con Édouard Philippe. El bloque macronista aún duda entre Philippe, ex primer ministro que ha perdido siete puntos desde julio, y Gabriel Attal, también ex primer ministro y líder de Renaissance, el partido de Macron.
El malestar desborda Francia. En Albania, la protesta contra un complejo turístico vinculado a Jared Kushner se ha convertido en una revuelta contra el primer ministro, Edi Rama; el 14 de octubre ardió el Ministerio de Justicia en Tirana. En España, el desahucio de Maricarmen ha desatado una movilización que ha llevado a CCOO y UGT a convocar su primera huelga general desde 2012, a dieciocho días de unas elecciones anticipadas. En Portugal, el paquete laboral del Gobierno de Luís Montenegro ha provocado dos huelgas generales en seis meses, y en Países Bajos una oleada de paros detuvo en septiembre el transporte contra los recortes sociales para financiar el rearme. En Francia, donde la V República concentra casi todo el poder en una sola elección, esa protesta ya es el primer acto de la campaña.
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