Gaceta Crítica

Tom Sullivan Red Flag, 13 de Octubre de 2026

“No he podido defender mi casa, pero lo he intentado para que otros aprendan a defender la suya”. Estas fueron las palabras de Maricarmen, una madrileña de 87 años, que publicó un vídeo desde su cama de hospital después de que las autoridades españolas la desalojaran del piso en el que había vivido durante los últimos 71 años. En el vídeo, promovió una próxima protesta en la Plaza del Sol de Madrid “para que podamos acabar con este problema de una vez por todas”.

Su desahucio desató una ola de protestas en todo el estado español. En cuestión de días, los manifestantes instalaron un campamento en la Plaza del Sol, famosa por haber sido escenario de multitudinarias protestas contra la austeridad en 2011. Rápidamente se extendieron a decenas de ciudades, junto con manifestaciones masivas. Pocos días después llegó la primera victoria del movimiento, cuando el fondo buitre que había comprado el edificio de apartamentos de Maricarmen accedió a permitirle regresar con un nuevo contrato de ocho años y un alquiler limitado al 30% de su pensión.

Pero esta victoria no hizo sino avivar las protestas. El sábado 3 de octubre, manifestaciones coordinadas a nivel nacional congregaron a cerca de medio millón de personas en todo el país. Tres días después, las dos principales confederaciones sindicales del país convocaron una huelga general.

Pocos ejemplos recientes ilustran el poder de la protesta con tanta claridad como las últimas dos semanas en España. Cuando las autoridades irrumpieron en el apartamento de Maricarmen, ella sería una más de las casi 70 personas que son desalojadas de sus hogares cada día en todo el país. Pero las imágenes de su traslado en camilla a una ambulancia desataron la rabia que sienten millones de personas que viven a merced del mercado inmobiliario.

En España, la situación es especialmente crítica. En la última década, los precios de los alquileres han aumentado más del 80%, según el Instituto Nacional de Estadística. Además, el mercado se concentra cada vez más en manos de una pequeña minoría. Entre 2008 y 2025, la proporción de propietarios únicos disminuyó un 4%, mientras que la de personas con al menos diez propiedades aumentó un 35%, según un informe gubernamental reciente.

Estas estadísticas confirman el argumento principal del Sindicato de Inquilinos, el grupo que lidera las protestas: el problema fundamental es que, bajo el capitalismo, la vivienda es una mercancía con la que los inversores obtienen beneficios, y no un bien básico al que todos tienen acceso. Han combinado esta perspectiva general con una serie de demandas concretas, entre las que se incluyen la renovación automática de los contratos de alquiler, una reducción del 50 % en la renta y la expropiación de las propiedades vacías.

Es importante destacar que la estrategia del sindicato ha consistido en difundir las protestas, al tiempo que enarbolaba nuevas consignas más radicales a medida que el movimiento se desarrollaba. En los primeros días, el movimiento se desarrolló bajo la consigna generalmente defensiva «Ni una Maricarmen más». Pero a medida que el movimiento cobró fuerza, la consigna cambió a «hacia una huelga general», instando directamente a las dos principales confederaciones sindicales a convocarla.

Desde el desahucio de Maricarmen, el gobierno del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de Pedro Sánchez y su socio Sumar, fuertemente influenciado por el Partido Comunista, se ha apresurado a dar respuesta. Presentó dos proyectos de ley en el Parlamento, que incluían medidas como una moratoria de los desahucios hasta 2030 y la prórroga indefinida de los contratos de alquiler, con doce meses de indemnización para los inquilinos en caso de incumplimiento por parte de los propietarios. Sin embargo, el gobierno está en minoría en el Parlamento y, entre otros partidos, depende del partido independentista catalán de centroderecha, Junts, para la aprobación de cualquier ley. Junts se unió a la derecha para rechazar los dos proyectos de ley.

Aunque el gobierno presentó los proyectos de ley sabiendo que serían rechazados, el hecho de que incluyeran reformas como la moratoria de los desahucios hasta 2030 demuestra la fuerza del movimiento. Asimismo, el rechazo del movimiento a los proyectos de ley por considerarlos insuficientes evidencia el amplio apoyo popular a soluciones reales para la crisis de la vivienda y a un enfoque radical para lograrlas. Una encuesta reciente publicada en elDiario.es mostró un 73% de apoyo a una huelga general, un 58% a la concentración en el principal campamento de Madrid y que un 40% de la población estaría dispuesta a participar en una huelga de alquileres.

Sin embargo, tras el rechazo de los proyectos de ley, Sánchez disuelve el parlamento y convoca elecciones anticipadas para el 29 de noviembre. Se trata de una pensada maniobra política. Su mensaje será sencillo: los partidos de derecha utilizaron su mayoría para bloquear la reforma de la vivienda, por lo que es necesario un gobierno mayoritario del Partido Socialista para lograr avances reales.

Pero el historial de Sánchez demuestra la inconstancia de este mensaje. Es un líder procapitalista de centroizquierda que ha cedido ante la derecha en casi todos los temas. En un asunto político clave en los últimos años, la inmigración, ha apoyado la línea dura de la «Fortaleza Europa», incluyendo acuerdos con el gobierno marroquí para impedir la entrada de refugiados a España. Y aunque ha realizado algunos gestos simbólicos progresistas, como reconocer la condición de Estado palestino y usar un lenguaje firme contra el presidente estadounidense Donald Trump, el gasto militar ha aumentado durante su mandato. Finalmente, en sus ocho años en el gobierno, no ha hecho nada para abordar la crisis de la vivienda, pero ahora pretende basar su campaña en este tema.

El Sindicato de Inquilinos no ha escatimado críticas contra el Partido Socialista. Uno de sus argumentos principales ha sido: «Ocho días de poder popular han logrado más que ocho años de gobierno progresista». Asimismo, el sindicato ha acusado públicamente a Sumar de intentar, de forma cínica, instrumentalizar las protestas para su propia campaña de reelección.

Teniendo razón en buena parte de sus argumentos, el programa de las derechas en España y las acciones fascistas contra el movimiento pro-vivienda evidencian que el escenario podría emperorar exponencialmente si la derecha y el fascismo se hicieran con el poder tras las elecciones, sabiendo que ya cuentan con el apoyo de las organizaciones empresariales, de la judicatura y del estado profundo.

Por lo tanto, el movimiento se enfrenta a una prueba crucial en el próximo periodo electoral. Varios campamentos emitieron declaraciones importantes, afirmando que no se disolverían solo por las elecciones. Una portavoz del Sindicato de Inquilinos declaró a los medios: «Nuestra lucha no esperará a ningún calendario electoral». El próximo reto es lograr la mayor huelga general posible y evitar que las elecciones debiliten al movimiento.

Sin duda, los dirigentes sindicales intentan subordinar la huelga general a la campaña de reelección del gobierno y aún no han anunciado una fecha. Pero la declaración de huelga general representa una gran victoria para el movimiento. Ha elevado las expectativas de la gente sobre lo que es posible y cómo lograrlo. Y el hecho de que se haya conseguido en apenas dos semanas desde el desalojo de Maricarmen demuestra el potencial de crecimiento de los movimientos de masas.

La huelga general es la herramienta más poderosa de la clase trabajadora. Millones de personas comunes y corrientes se retirarán colectivamente de sus labores e impondrán sus intereses de clase a los empresarios y al gobierno. Al hacerlo, los trabajadores del Estado español nos están enseñando a todos cómo afrontar eficazmente la crisis de la vivienda.

La Huelga tiene simpatías en los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT, sin los que no hubiera sido posible su convocatoria. La Huelga puede hacer cambiar también la agenda de los partidos de izquierda. Incluso, no se descarta que las direcciones de los partidos de izquierda se vean relevados por otros más próximos a la movilización social, más contrarios a la OTAN y a las guerras, más comprometidos con los problemas de la mayoría social, y más combativos con la derecha y el fascismo.

El PCE celebra congreso en breve y las posiciones más críticas con el gobierno español son mayoritarias. Esperemos que marquen un nuevo comienzo con el Partido Comunista e Izquierda Unida marcando un cambio de dirección claro: CON EL PUEBLO, CON EL SOCIALISMO.

GACETA CRÍTICA. Gerardo Del Val