La guerra de Washington contra el derecho internacional: la CPI, Gaza y la impunidad global.
Kurniawan Arif Maspul (SAVAGE MINDS), 11 de Octubre de 2026
El Premio Nobel de Navi Pillay puso al descubierto una verdad que Washington preferiría ignorar: el derecho internacional solo se celebra cuando condena a los débiles, pero se ataca ferozmente cuando examina con lupa a los aliados poderosos.
La decisión del Comité Noruego del Nobel de otorgar el Premio Nobel de la Paz 2026 a Navi Pillay —la jurista sudafricana que presidió la investigación de la ONU que determinó que Israel cometió genocidio en Gaza— ha provocado una furiosa reacción en Washington. A las pocas horas, el secretario de Estado Marco Rubio anunció severas sanciones contra la Corte Penal Internacional como institución, prometiendo «desmantelar la CPI, ladrillo a ladrillo» y declarando que «o la CPI cesa sus amenazas, o acabaremos con la CPI».
La coincidencia de fechas no es casual. Es una declaración de guerra contra la idea misma de que la ley pueda someter a los poderosos con la misma firmeza con la que somete a los débiles.
Las sanciones se suman a medidas anteriores contra trece jueces y fiscales de la CPI, que culminaron con la inclusión de la propia Corte en la lista de Nacionales Especialmente Designados del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. La CPI ha calificado esto como un «ataque al Estado de derecho y a los fundamentos mismos del orden jurídico internacional», que atenta contra el principio de que «nadie está por encima de la ley». El Secretario General de la ONU, António Guterres, condenó la medida como «un duro golpe a nuestra búsqueda colectiva de la justicia penal internacional».
Sin embargo, para Washington, el delito del tribunal no es una irregularidad procesal. Su delito es la jurisdicción: la osadía de emitir órdenes de arresto contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Gallant por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en Gaza.
Esto representa una profunda inversión del orden jurídico que Estados Unidos mismo ayudó a construir. El mismo Washington que impulsó el Tribunal Penal Internacional para Ruanda en la década de 1990 —donde la propia Pillay fue pionera en la histórica sentencia que declara la violación como genocidio— ahora trata a un tribunal internacional permanente como una institución «rebelde» a la que hay que privar de recursos. La lección es brutalmente clara: los tribunales ad hoc que atacan a los Estados derrotados del Sur Global son seguros; los tribunales permanentes que fiscalizan a los aliados occidentales representan una amenaza existencial. El tribunal de Ruanda no le costó nada a Washington. La investigación de la CPI sobre Palestina lo amenaza todo.
La comisión de Pillay determinó que las autoridades israelíes cometieron cuatro de los cinco actos tipificados como genocidio en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948: el asesinato de miembros de un grupo protegido, la causación de graves daños físicos o mentales, la imposición deliberada de condiciones destinadas a provocar la destrucción física del grupo y la adopción de medidas para impedir la natalidad. Concluyó que Netanyahu, el presidente Isaac Herzog y Gallant habían incitado al genocidio y que las autoridades israelíes no los habían castigado.
Estas conclusiones han sido corroboradas por Amnistía Internacional, cuya investigación de 173 páginas documentó el genocidio contra los palestinos en Gaza y un sistema de apartheid que constituye crímenes de lesa humanidad. La Corte Internacional de Justicia ha emitido tres órdenes de medidas provisionales jurídicamente vinculantes contra Israel desde enero de 2024, todas las cuales Israel ha ignorado.
La respuesta estadounidense a este creciente consenso legal ha sido atacar a las instituciones en lugar de abordar las pruebas. La «Ley de Contramedidas contra Tribunales Ilegítimos», aprobada por la Cámara de Representantes en enero de 2025, sancionaría a cualquier persona que trabaje para investigar, arrestar o procesar a ciudadanos estadounidenses o funcionarios de países aliados, incluido Israel. Esto no es un argumento legal. Es una forma de amnistía legal, una estrategia calculada para preservar la impunidad tras un muro de coerción financiera.
La batalla de fondo es filosófica. La trayectoria de Pillay encarna un universalismo kantiano: el derecho internacional humanitario se aplica de manera uniforme, sin excepción, independientemente de que el acusado sea una superpotencia, una democracia occidental o un país en desarrollo. Washington opera con una lógica diferente: el realismo jurídico, donde las leyes son tan fuertes como el poder que las aplica, y los Estados soberanos poseen el derecho primordial a investigar a sus propias fuerzas armadas. Por eso Estados Unidos acogió con beneplácito el trabajo de Pillay sobre Ruanda, pero lo rechaza en Gaza. El objetivo cambió; los principios, no.
Lo que hace que este momento sea tan trascendental es que la estructura de impunidad está empezando a resquebrajarse. El Sur Global ya no se conforma con pedir justicia dentro de un sistema diseñado para negársela. Los países BRICS están construyendo infraestructuras financieras paralelas —ampliando los sistemas de pago en moneda local, desarrollando el Sistema de Pagos Interbancarios Transfronterizos y experimentando con monedas digitales— precisamente para neutralizar el arma de sanciones que Washington utiliza con tanta impunidad.
Francia y España han reiterado sus llamamientos para restringir el veto del Consejo de Seguridad en casos de atrocidades masivas, una propuesta que ahora cuenta con el apoyo de más de veinte países. De este modo, se cuestionan simultáneamente los monopolios del poder económico y judicial.
Las potencias medianas del Sur Global y del Norte Global —estados con un historial de apoyo a las instituciones internacionales— no pueden permitirse el lujo de guardar silencio. Las sanciones contra la CPI no son simplemente una disputa bilateral entre Washington y La Haya. Estas medidas constituyen una prueba de fuego para la responsabilidad global: determinar si el orden basado en normas es un marco genuino de rendición de cuentas o un escudo retórico para la exención hegemónica. Desde la memoria poscolonial del Sur Global hasta el declarado idealismo liberal del Norte Global, existe un interés común en la supervivencia de la Corte.
Cuando la presidenta de la CPI, Tomoko Akane, declara que el destino del tribunal «está en manos de los Estados que lo crearon», la advertencia resuena en todas las capitales que lo han ratificado, no como una súplica de caridad, sino como una acusación de complicidad. El Sur Global y el Norte Global son coautores del Estatuto de Roma; las sanciones crean un texto rival, una gramática de impunidad, un veto monetario sobre la memoria judicial. La excepción soberana se convierte en regla global: el poder decide cuándo se aplica la ley. El silencio se convierte en consentimiento; la abstención se convierte en veto por omisión.
Las potencias intermedias son la clave del orden internacional: la exigencia del Sur Global de una aplicación equitativa del derecho y el declarado compromiso del Norte Global con el orden liberal pueden converger en una jurisprudencia novedosa de moderación: una república de recursos, una ecología de la rendición de cuentas, un derecho que vincula con la misma firmeza a los fuertes que a los débiles. El destino de la CPI no es un drama lejano. Es el espejo en el que cada Estado, del Norte y del Sur, comprueba si sus principios declarados son un pacto o una mera fachada.
El premio del Comité Nobel a Pillay fue un acto de palabra, una intervención moral en una crisis jurídica. Confirmó que la lucha por la justicia universal no ha terminado, aun cuando se encuentre asediada. Para los defensores de los derechos humanos y el Sur Global, el premio valida la convicción de que la ley debe vincular a los poderosos. Para Washington, es un recordatorio inoportuno de que una parte creciente del mundo se niega a aceptar las normas unilaterales estadounidenses como derecho internacional.
La paradoja de la trayectoria de Navi Pillay reside en que ella nunca cambió. El panorama geopolítico sí. La misma pureza jurídica que le granjeó la admiración occidental durante la caída del apartheid y los tribunales ruandeses la convirtió en adversaria cuando aplicó esos principios a Gaza. Si el derecho internacional ha de tener algún significado más allá de una mera fachada de poder, es necesario afrontar esa paradoja, no con sanciones, sino con rendición de cuentas. La elección es entre un mundo donde la ley se aplica a todos o un mundo donde la ley es simplemente el lenguaje que los imperios utilizan para justificar su impunidad.
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