Gaceta Crítica

Laura Prieto Gallego (PÚBLICO), 7 de Octubre de 2026

• El precio de la vivienda ha registrado un alza interanual del 12,2% en el segundo trimestre del año. Esta subida de dos dígitos se distancia de unos salarios que crecen a un ritmo anual de entre el 3% y el 4%.
• Los principales sindicatos del país han apoyado la iniciativa del Sindicato de Inquilinas de convocar una huelga general  para exigir políticas públicas que hagan accesible la vivienda a los trabajadores. 

El sueldo cada vez da para menos y, sobre todo, no permite acceder a un bien tan básico como la vivienda. Según el último Informe Anual del Banco de España, cuatro de cada diez hogares inquilinos se encuentran en situación de sobreesfuerzo al dedicar más del 40% de sus ingresos a pagar el alquiler, por encima de lo recomendado por Eurostat. Todo ello mientras no para de aumentar la llamada generación inquilina: desde 2008, el porcentaje de hogares sin una vivienda en propiedad se ha incrementado en un 45%, de acuerdo con los datos de la última Encuesta de Condiciones de Vida del INE.

Uno de los principales problemas de las nuevas generaciones es, precisamente, el ahorro. Para muchos jóvenes sería más rentable pagar la letra de una hipoteca que un arrendamiento, pero una vez entran en la rueda del alquiler cada vez es más difícil conseguir el dinero necesario para la entrada de un piso. Con el precio medio de la vivienda en España en 200.000 euros, se necesitan aproximadamente unos 60.000 euros para dar la entrada de una hipoteca. La situación se complica aún más en las grandes ciudades y zonas turistificadas. 

Por todas estas cuestiones, desde el movimiento por la vivienda y los sindicatos generalistas tienen claro que la crisis habitacional está estrechamente ligada al conflicto laboral. «Las trabajadoras están cobrando por debajo del coste de la vida. Si no hay vivienda, no pueden garantizar su reproducción social, ni volver al trabajo en unas condiciones dignas», explica Silvia Arribas, abogada del gabinete jurídico de CGT. Desde el sindicato señalan que tanto el Salario Mínimo como las prestaciones estatales llevan tiempo desvinculados del coste real del acceso al techo, a la vez que la negociación colectiva «carece de mecanismos obligatorios para compensar la carga habitacional». En base a estas reivindicaciones se convocará una huelga general a principios de noviembre, que contará con el respaldo de CCOO y UGT. 

Según los últimos datos del INE, el precio de la vivienda ha registrado un alza interanual del 12,2% entre el segundo trimestre de 2025 y 2026. El dato contrasta con el incremento en las remuneraciones, que difícilmente podría acercarse a esos porcentajes. De acuerdo con los datos del Ministerio de Trabajo, los salarios están creciendo de media entre un 3% y un 4%. Con estos datos, la compra de un piso medio ha pasado de requerir 6,7 años de ingresos brutos de un hogar en 2016 a superar los 8 años de sueldo íntegro, según el análisis del Banco de España. 

«Hay un contraste brutal entre los precios de las casas y los salarios, especialmente en las grandes ciudades. Solamente el alquiler se está comiendo más de la mitad de un sueldo y es evidente que esto tiene consecuencias en las condiciones de vida de las personas», sentencia Antonio González, economista experto en asuntos laborales. González subraya que actualmente los sueldos están «empatando» con los precios generales de consumo, pero quedan completamente relegados en el mercado inmobiliario.  

En este sentido, el experto entiende el planteamiento de los sindicatos y el estallido social de los últimos días. «El salario aumenta a un ritmo lento, pero, aun así, estamos ante un problema que sólo puede solucionarse con políticas públicas efectivas y, concretamente, con más vivienda pública asequible. Ninguna subida salarial podría hacer frente a las subidas de dos dígitos que se están registrando», afirma. 

¿Cuándo se produce esta brecha?

El antropólogo experto en vivienda Jorge Mansilla considera que la desvinculación de los salarios y el coste de la vivienda se remonta a los años 70 y es consecuencia directa de la financiarización de la economía. «A partir de ese momento lo que ocurre es un proceso que nos lleva hasta el estallido de la burbuja del ladrillo en 2008«, detalla. «Cuando la economía ya no depende de la producción de bienes o servicios, sino que gira alrededor de la inversión y la acumulación de riqueza, el dinero se destina a los sectores que ofrecen mayores rendimientos, y es ahí cuando entra en juego la especulación inmobiliaria», continúa. 

Para explicar lo que ha sucedido, Mansilla recurre a la «teoría de la reproducción social»: «Teóricamente, el salario de los trabajadores debería cubrir mucho más que la manutención y las necesidades básicas, es decir, tendría que servir para hacer frente a los gastos escolares, sanitarios, habitacionales… En muchos de estos ámbitos ha intervenido el Estado de forma directa. Con la vivienda, no solo no se ha intervenido, si no que se ha permitido que se convierta en un ámbito de negocio, de tal manera, que está absorbiendo gran parte de los salarios de los trabajadores a través de la hipoteca y los alquileres».

Por su parte, Antonio González recuerda que, al igual que el mercado de la vivienda, los salarios «tuvieron su propia lógica» durante el periodo de crisis 2008-2014: «La reforma laboral permitió, por primera vez en la historia, que las nóminas bajaran, y hasta 2020 no se consiguió superar ese hundimiento». Con los hogares, apunta, aunque su precio se desplomó de forma paralela, ha sucedido todo lo contrario. A ello ha contribuido, entre otras cuestiones, el freno en la construcción tras el boom de principios de siglo y la entrada en el mercado de los fondos de inversión.

En esta misma línea, Comisiones Obreras resalta en sus últimos informes que «la burbuja del ladrillo dejó como herencia una larga recesión», que tuvo como consecuencia la contención salarial y la eliminación de «cualquier política pública residencial de calado», además del fuerte endurecimiento de los estándares financieros hipotecarios: «España arrastra cuatro décadas fallidas en esta materia desde el punto de vista de garantizar el derecho a un techo, pero muy exitosas para el negocio inmobiliario, financiero y constructor a costa de la necesidad de vivienda de la población».