Miguel Enrique Stédile (GLOBETROTTER Y TRICONTINENTAL), 4 de Octubre de 2026
El último viernes antes de la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, la embajada y los consulados estadounidenses en el país permanecieron cerrados, siguiendo una orden genérica del Departamento de Estado sobre «preocupaciones de seguridad». Las elecciones en Brasil transcurren pacíficamente; no hay conflictos civiles ni amenazas militares, ni registros de violencia política por encima de los niveles normales, ni amenazas contra ciudadanos estadounidenses o estructuras diplomáticas. Pero la decisión, acatada de forma exclusiva e inexplicable por la embajada australiana, forma parte de una serie de acciones de Washington para intentar interferir en las elecciones brasileñas.
Las acciones comenzaron hace más de un año, cuando Estados Unidos vinculó el aumento de los aranceles a los productos importados de Brasil con el proceso judicial en curso contra el expresidente Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado. La propia Casa Blanca hizo pública la relación entre la presión política para impedir la condena de un aliado y las medidas económicas, y la utilizó para perseguir al magistrado del Tribunal Supremo responsable del juicio, bloqueando sus movimientos financieros en Estados Unidos e impidiendo su entrada al país, así como a ministros del gobierno de Lula da Silva. Un documento entregado a diplomáticos brasileños presentaba 21 demandas al gobierno brasileño , entre ellas, garantizar la libertad de quienes Estados Unidos denomina «disidentes políticos»; ventajas para Estados Unidos en el acceso a los minerales críticos brasileños; y no regular a las grandes empresas tecnológicas.
La lista de demandas resulta esclarecedora para comprender la importancia de las elecciones brasileñas para Trump. Brasil es rico en minerales, especialmente aquellos fundamentales para la industria tecnológica, utilizados en la fabricación de chips y la instalación de centros de datos; además, cuenta con numerosas fuentes de energía renovable, sobre todo hidroeléctrica y solar; y está comenzando la prospección de una nueva región petrolera en la Amazonía, cerca de los bloques explorados por ExxonMobil en Surinam y Guyana. Asimismo, China es el principal socio comercial de Brasil, y ambos países forman parte del bloque BRICS. Brasil tampoco es signatario del Escudo de las Américas, la versión contemporánea de la Operación Cóndor, y optó por la iniciativa china de cooperación en IA en lugar de la propuesta estadounidense. Adicionalmente, en el mapa de Sudamérica, Brasil es uno de los pocos países no gobernados por un aliado de Trump. Y no se trata de un país pequeño, sino de un líder regional con presencia en foros internacionales.
Por lo tanto, se entienden no solo las acciones económicas y públicas, sino también las clandestinas desatadas desde Washington. El 30 de septiembre, el periódico británico The Guardian reveló que el gobierno de Donald Trump asignó US$1 millón a un proyecto llamado «Combatir los litigios y la censura instrumentalizados en Brasil», destinado a financiar organizaciones de la sociedad civil que cuestionan las acciones del Tribunal Supremo Federal. Los fondos forman parte de un paquete de 43 subvenciones por un total de US$176,9 millones, destinadas a proyectos conservadores en varios países. El mismo Departamento de Estado que guarda silencio sobre su propio esquema de influencia extranjera ahora patrocina la «defensa de la libertad de expresión» en Brasil. Anteriormente, en julio, Trump intentó enviar a dos funcionarios del Departamento de Estado a reuniones con autoridades y entidades de la sociedad civil para cuestionar las máquinas de votación electrónica utilizadas en las elecciones brasileñas . Esta es una de las principales narrativas de la ultraderecha brasileña que, a pesar de haber elegido un presidente y a la mayoría de los parlamentarios, insiste en que las elecciones son fraudulentas e ilegales. De hecho, esta fue una de las motivaciones de los ataques perpetrados el 8 de enero de 2023 por partidarios de Bolsonaro contra el Palacio Presidencial y el Tribunal Supremo Federal, lo que habría sido la chispa civil para un intento fallido de golpe de Estado.
Otro mecanismo común de injerencia estadounidense es el uso de organizaciones no gubernamentales. La Red Rockbridge —una red de financiadores conservadores fundada en 2019 por el vicepresidente estadounidense JD Vance y el empresario Chris Buskirk— intentó establecerse en Brasil con un plan que incluía la creación de un Consejo Tecnológico integrado por 23 empresarios para asesorar directamente la campaña de Flávio Bolsonaro. De los 23 ejecutivos mencionados, 19 son extranjeros. La ley brasileña es clara: los candidatos y los partidos no pueden recibir, directa ni indirectamente, dinero, bienes o servicios de entidades o gobiernos extranjeros.
Entre los financiadores de la red Rockbridge se encuentran Rebekah Mercer, megadonante conservadora y heredera de la fortuna del fondo de cobertura Mercer; Peter Thiel, multimillonario inversor tecnológico de ideología fascista y patrocinador financiero de Vance; y Cameron y Tyler Winklevoss, emprendedores del sector de las criptomonedas. Se consideran una firma de capital riesgo de derecha que convertirá a América en un paraíso de extrema derecha para los multimillonarios.
No es casualidad que en mayo, Flávio Bolsonaro se reuniera con Trump, Vance y el secretario de Estado Marco Rubio en Washington. En septiembre, el propio Trump declaró que seguía las elecciones brasileñas «muy de cerca». Además, los asesores de Bolsonaro han manifestado a la prensa su intención de llevar a cabo una «reforma al estilo de Marco Rubio» dentro del servicio diplomático brasileño.
La Agencia Nacional de Inteligencia (ABIN), el servicio de inteligencia de Brasil, ya informó a la Presidencia de la República y al Tribunal Superior Electoral sobre la posible injerencia de Estados Unidos en el proceso electoral. La Fiscalía General también notificó al Tribunal Supremo Federal sobre el uso de recursos extranjeros en la campaña de Bolsonaro. Hace unos días, el presidente Lula da Silva, candidato a la reelección, aprovechó su discurso en la apertura de la Asamblea General de la ONU para advertir que la injerencia no será tolerada y que «Brasil no será el patio trasero de nadie». Por el momento, las acciones conocidas para bloquear la injerencia estadounidense se mantienen en el ámbito político y discursivo. Pero podrían no ser suficientes.
Latinoamérica, después del 3 de enero de 2026, es un territorio rodeado y bajo la constante amenaza de la Doctrina Donroe. La decisión de Estados Unidos de clasificar a dos facciones del crimen organizado brasileño, el Comando Vermelho (Comando Rojo) y el Primeiro Comando da Capital (Primer Comando de la Capital), como organizaciones terroristas, sienta precedentes para las intervenciones militares estadounidenses en territorio brasileño. Si Lula da Silva gana, es posible que Washington no reconozca o guarde silencio sobre el proceso electoral brasileño. Como mínimo, esto mantendría unidos y movilizados a los partidarios de Bolsonaro, quienes, en otro momento, ya intentaron retomar el poder ejecutivo mediante un golpe de Estado. Si Lula da Silva pierde, es sabido que Brasil completaría el mapa de subordinados, renunciando a su soberanía y recursos naturales por mera lealtad ideológica. Si Lula da Silva gana, los primeros años de su nuevo gobierno, al menos hasta las próximas elecciones estadounidenses, deberían seguir siendo tensos, amenazados y resistentes al proyecto de Trump en el continente.
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