Laura Prieto Gallego (PÚBLICO), 3 de Octubre de 2026
La caída de los decretos abre la puerta a una nueva ola de desahucios y evita la congelación de 1,9 contratos de alquiler. Tampoco habrá ayudas a la compra de primeras vivienda y seguirá sin aplicarse el IVA a los pisos turísticos.
Ni siquiera la histórica presión en las calles de estos días ha conseguido torcer el brazo de Junts. La derecha independentista ha tumbado, junto a los votos de PP, Vox y UPN, los dos decretos de vivienda que debía ratificar este viernes el Congreso de los Diputados. Los textos legislativos recogían buena parte de las demandas del Sindicato de Inquilinas: la paralización de los desahucios a personas vulnerables, la prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler y la regulación de los arrendamientos de temporada. También se prohibía a los fondos de inversión la compra de inmuebles por debajo del 70 % de su valor de tasación. Todo ello quedará sin efecto a partir de mañana con la publicación de su derogación en el BOE.
«Estamos ante un Parlamento puramente rentista, que defiende la especulación por encima de la vida y, lo que es más grave, un Parlamento que se distancia irremediablemente de su pueblo. Hay una desconexión abismal entre lo que está pidiendo la sociedad y lo que ha votado hoy el Congreso», lamentaba desde las concentraciones Alicia del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinas. La confederación de inquilinas ha convocado manifestaciones para los próximos días y mantendrá la acampada en Sol.
La portavoz recordaba en su intervención que a lo largo de la semana se han conocido nuevas encuestas que confirman la preocupación creciente de la ciudadanía respecto a la crisis habitacional. De acuerdo con los últimos datos del CIS, publicados este lunes, el 66% de los españoles cree que el acceso a la vivienda empeorará en el futuro y un 68,4% considera que el derecho a un techo digno solo está garantizado para algunas personas. Por franjas de edad, las generaciones jóvenes son las más pesimistas.
A pesar de ello, no ha sido posible el acuerdo político. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, recordaba en su primera intervención en el hemiciclo que gran parte de lo recogido en las dos normas «no era desconocido para los diputados», ya que se trataba de cuestiones que habían decaído en su tramitación o que quedaron fuera de las negociaciones anteriormente. Las derechas ya hicieron caer en febrero el anterior escudo antidesahucios, reactivando decenas de procesos judiciales como el de Mariano Ordaz, un jubilado de Lavapiés que se había acogido a esta medida y que finalmente fue desahuciado en verano. Lo mismo sucedió con la prórroga de dos años de los alquileres, que solo estuvo activa durante unas semanas y que pretendía reactivarse tras esta votación.
¿Cómo afectará al bolsillo la caída del decreto?
Entre las medidas de mayor alcance, los decretos fijaban una limitación a las subidas anuales del alquiler. Los arrendamientos situados por encima del Índice de Referencia para la Actualización del Alquiler de Vivienda (IRAV) –diseñado por el propio Ministerio– habrían quedado completamente congelados hasta 2028. El resto habría visto limitado el incremento de su cuota a un máximo del 2%. El Ministerio de Consumo calculaba que, en el primero de los casos, se habrían beneficiado unos 2,6 millones de personas y, en el otro, 2,25 millones.
La cartera de Bustinduy recuerda que en España hay 8,4 millones de inquilinos que podrían enfrentarse a subidas de renta, con un sobrecoste total en los hogares de 626 millones de euros. Son estimaciones realizadas por esta administración, con datos extraídos del Panel de Hogares de 2023 que elabora la AEAT, la Encuesta de Condiciones de Vida del 2025 y el IPC e IRAV del INE. De acuerdo a estos datos, esta es la cantidad que habrían dejado de pagar los hogares gracias a la norma: 402 millones de euros por la congelación de contratos y 224 millones de euros por el tope del 2% en las revisiones.
Además, resaltan que estos topes eran esenciales para las familias en el contexto inflacionario actual (en septiembre la inflación fue del 4,9%). Los contratos vinculados al IPC son los más afectados por la situación económica. Traducido al presupuesto familiar, el impacto entre quienes habrían podido congelar sus rentas al 0% es de 294 euros anuales para un hogar mediano. Para quienes hubieran tenido una subida máxima del 2% el ahorro habría sido de 68 euros.
Además de esta cuestión, la normativa recuperaba la prórroga extraordinaria de dos años para los contratos de alquiler que finalicen antes de 2028. Era una de las principales exigencias del movimiento inquilino: evitar el temido burofax con la cancelación del contrato. 1,9 millones de hogares podrían haberse acogido a esta prórroga: 751.166 en 2026, 809.899 en 2027 y 334.611 en 2028. Además, la entrada en vigor del decreto habría evitado posibles conflictos judiciales entre quienes ya se acogieron a esta medida en mayo, cuando también fue rechazada en el Congreso. En total, se habrían visto favorecidas 4,7 millones de personas, tomando como referencia un tamaño medio de 2,5 personas por hogar.
La Comunidad de Madrid habría sido la principal beneficiada con 402.082 hogares susceptibles de acogerse a la prórroga, seguida de Catalunya, con 339.088. Andalucía ocupa la tercera posición con 263.222. «Acuérdate de todos ellos [diputados que han votado en contra] cada vez que te actualicen la renta un 4%, cada vez que te llegue un burofax diciendo que no te renuevan salvo que pagues 1.600 euros, cada vez que desahucien a una vecina tuya o tu hermano tenga que alquilar una puñetera habitación», criticaba la jurista Alejandra Jacinto tras confirmarse la postura de Junts.
Como señalaba Jacinto, la caída de este escudo que pretendía responder a algunas situaciones urgentes relacionadas con la crisis de vivienda deja sin efecto reivindicaciones esenciales de los últimos días y meses. La equiparación de los contratos por habitaciones con el alquiler habitual había sido aplaudida por los expertos en vivienda, que llevaban tiempo denunciando esta anomalía. Finalmente, tanto estos contratos como los de temporada, seguirán siendo un «agujero» utilizado por los especuladores para esquivar la regulación, afirmaba en conversaciones con este medio el antropólogo económico Jaime Palomera.
Tampoco llegará a poder solicitarse el préstamo de hasta 50.000 euros sin intereses con el que se pretendía facilitar el acceso a la primera vivienda. Según reconoce el Ministerio de Vivienda, los altos precios del alquiler han impedido a varias generaciones acumular el ahorro suficiente para dar la entrada de un piso. De esta forma se facilitaba la obtención de ese primer inmuble, con un préstamo a devolver una vez consumada la hipoteca. Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística apuntan a que mientras el precio de la vivienda libre registró una subida del 12,2% interanual en el segundo trimestre de 2026; las compraventas cayeron un 5,1 % en julio.
Otras medidas destacadas que tampoco se aplicarán son las referentes a las deducciones tributarias a los inquilinos o las bonificaciones a los caseros que no realicen subidas abusivas de las cuotas. Por un lado, el primero de los decretos creaba una deducción en el IRPF del 10% para más de un millón y medio de inquilinos con rentas de hasta 33.000 euros. Según el ministerio de Vivienda, los hogares podrían haberse llegado a ahorrar hasta una mensualidad al año. A diferencia de otras normativas anteriores, quienes comparten piso también se podrían haber beneficiado. Consumo estima que aproximadamente un millón de personas vive en alquiler de temporada o por habitaciones en España.
Por otro lado, los propietarios podrían haberse desgravado entre el 50% y el 100% en el IRPF si congelaban o rebajaban los alquileres. Las bonificaciones eran proporcionales a la rebaja, pero, al no aplicarse, deja de existir un incentivo fiscal que favorezca la estabilidad de los precios en el alquiler. En la cuantía de este descuento también influían factores como la ubicación de la vivienda en una zona tensionada o la edad del inquilino.
En cuanto a los pisos turísticos, por primera vez se les obligaba a tributar, con un IVA del 10% -hasta ahora estaban exentos-. Además, en las zonas tensionadas se daba potestad a los ayuntamientos para aplicar un recargo sobre la cuota del IBI de hasta el 150%.
Continuará la ola de desahucios
En los escasos dos días en los que ha estado en vigor el primero de los decretos, se han conseguido paralizar algunos desahucios. La primera en conseguirlo fue Macarena, una mujer de Catalunya con un certificado de vulnerabilidad, que estuvo a punto de ser expulsada de su casa el jueves. No ha sido la única en lograr un aplazamiento temporal de su lanzamiento: a lo largo de la jornada, e incluso durante la mañana del viernes, se conocieron situaciones similares.
Varias organizaciones a favor del derecho a la vivienda confirmaron a este medio que estaban empezando a estudiar casos y que pretendían comenzar a enviar solicitudes a los juzgados el lunes siguiente. Aunque no se suspendían de lleno los procedimientos judiciales –no se prohibían los desahucios generales, solo cuando el afectado era vulnerable y no contaba con alternativa habitacional–, era una herramienta a la que acogerse.
Paquita, una vecina de La Latina de 80 años con Parkinson, podría haberse beneficiado de este decreto. Para el jurista Víctor Palomo es uno de los ejemplos más que evidente: la mujer, que estuvo acompañando a Maricarmen en la jornada previa a la expulsión de su casa, paga 1.150 euros al mes a un fondo de inversión que se ha negado a renovarle el contrato. Lleva casi tres décadas viviendo en ese piso, donde fallecieron su padre y su marido.
La portavoz del Sindicat de Llogateres, Carme Arcarazo, ha sido especialmente dura este viernes al recordar que decae una vez más el escudo antidesahucios: «Si no fuera por Junts per Catalunya, que hizo caer la moratoria antidesahucios en febrero, hoy Olga estaría viva. Sois directamente responsables de los desahucios y de la desesperación que vendrán a partir de mañana». Olga, que había sido recientemente desahuciada, se quitó la vida a principios de septiembre. Tenía dos hijas menores y no se le había aplicado el protocolo antisuicidios.
Precisamente Catalunya habría sido uno de los territorios más beneficiados por la paralización de los lanzamientos. La comunidad encabeza la lista de desahucios consumados, concentrando entre el 23% y el 27 % de todos los que se producen en el país, a pesar de representar al 17% de la población. En total, en el país se realizan en torno a 20.000 ejecuciones de este tipo al año, de acuerdo con el Consejo General del Poder Judicial. No se incluyen los llamados «desahucios invisibles»: cuando el inquilino se ve obligado a cambiar de vivienda por la subida del alquiler o la no renovación del contrato, pero decide mudarse antes de que el conflicto se judicialice. Aunque los escudos antidesahucios solo acaban aplicándose en aproximadamente un 30% de los casos, según reconocen los juristas, varios miles de personas podrían haber utilizado este recurso legal para evitar verse en la calle.
Un estudio reciente de Ateneo del Dato, encargado por los eurodiputados de The Left, señaló que la mayor parte de la población estaba a favor de suspender los desahucios a personas vulnerables (72,6 %), al menos cuando el propietario es una empresa o un gran tenedor. El apoyo era elevado entre todas las posiciones políticas y, por regiones, en Catalunya solo un 13% de los encuestados se posicionó en contra de la propuesta.
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