Gaceta Crítica

Laura Anidó (PÚBLICO), 25 de Septiembre de 2026

• En España se producen una media de 44 desahucios al día, de acuerdo con los datos del primer trimestre de 2026 del Consejo General del Poder Judicial.

Francisca López Ruiz, Paquita, de 82 años, en su casa tras la paralización de su desahucio.EFE

En España se producen una media de 44 desahucios al día, de acuerdo con los datos del primer trimestre de 2026 del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Es decir, prácticamente uno cada media hora. El mismo día en que desahuciaban a Maricarmen, a pocos kilómetros de distancia, David y su hijo de 21 años, también tuvieron que abandonar forzosamente su hogar en Vallecas. Su casa formaba parte de las viviendas protegidasque se sortearon en 2005 entre personas con dificultades de acceso. Él la adquirió en 2017, pero en octubre de 2025 fue vendida a un fondo de inversión. Aunque David siguió pagando cada mes, recibió en el año pasado el anuncio de la no renovación definitiva y la fecha para abandonar su casa.

Su caso forma parte de un conflicto que afecta a unas 4.000 familias en España vinculadas a promociones de obra social de CaixaBank, que podrían perder su casa tras la venta de las viviendas a los fondos Farley ITG SL y Mosaic Propco SL. «Una vez que ya está en las manos de los fondos buitre, ya no hay manera. Es mucho más complicado negociar, lo que hacen es venderlo al mercado libre y no plantean ni subidas ni otra opción», explica la PAH de Vallecas a Público.

Los vecinos llevan meses tratando de encontrar una salida al conflicto. Han presentado una demanda judicial contra CaixaBank por cláusulas que consideran abusivas y por especular con viviendas destinadas a fines sociales. Tras meses aguantando una escalada en las prácticas de presión y acoso, los vecinos también han solicitado al Ayuntamiento de Madrid que actúe de manera inmediata, dado que el suelo sobre el que se levantan estas promociones fue cedido para vivienda asequible, pero, según la PAH de Vallecas, el consistorio se ha negado a actuar en repetidas ocasiones.

La incertidumbre sobre dónde vivir, el miedo a no encontrar otra casa y la presión que se acumula durante meses también tienen consecuencias sobre la salud mental de quienes se enfrentan a perder su vivienda. «La amenaza de que te van a echar de tu vivienda destruye la salud mental», explica a Público Víctor Palomo, abogado del Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES), que también pasó por un proceso de desahucio. «Yo mismo tuve mi propio proceso de desahucio y me pasaba que no podía dormir. Estaba constantemente pensando donde me iba a poder meter». Una situación que, según explica, se agrava cuando hay hijos, personas mayores a cargo o familias que siguen conviviendo porque no tienen otra alternativa.

Olga se suicidó cinco meses después de ser desahuciada

Cuando se ejecuta el desahucio, la desprotección pasa a ser total y la falta de apoyo puede tener consecuencias irreversibles. Es el caso de Olga, de 54 años, que se suicidó cinco meses después de ser desahuciada de la casa en la que vivía desde hace 20 años en L’Hospitalet. El Sindicato de Vivienda y la Asociación de Vecinos de Santa Eulàlia denunciaron que se había producido «abandono institucional» y reclamaron una investigación para determinar si hubo una «cadena de omisiones» antes de su muerte.

La mujer había comprado un piso con hipoteca en la calle de Comerç en 2006. Según relatan las asociaciones, tras separarse dejó de recibir la manutención de sus hijas y perdió su trabajo por lo que ya no pudo seguir haciendo frente a las cuotas de la hipoteca. Olga habría llegado a un acuerdo con el banco, según recoge la agencia ACN, pero este pacto decayó cuando la vivienda fue vendida a un fondo de inversión y a los pocos meses se procedió con el desahucio.

Mariano, expulsado por una orden religiosa

Mariano, de 67 años, fue expulsado por una orden religiosa tras cinco intentos de desahucio. Un caso que se asemeja al de Maricamen ya que antes que él, su abuela y su madre habían pagado durante años una renta antigua que posteriormente heredó. Cuando aquel contrato terminó, los propietarios -la franciscana Venerable Orden Tercera (VOT)-, le exigieron más de 600 euros mensuales, una cifra que no podía asumir, tras haberse quedado en paro durante la pandemia. «Iba pasando lo que podía a veces 100, a veces 200», contaba en una entrevista a Público hace unos meses.

Cuando le quedaban dos años para jubilarse, intentó buscar un contrato alternativo al saber que aumentaría los ingresos  «Yo sabía que iba a ingresar unos 1.030 euros más o menos, pero es que entonces me dijeron que tenía que ser un alquiler de 800 euros porque supuestamente había contraído una deuda de 15.000 euros. Era inasumible. Yo tengo que comer, pagar la luz, el agua…», explicaba. Tras no llegar a un acuerdo, el pasado 7 de mayo Mariano tuvo que dejar atrás la casa en la que creció. 

Aurora y Lola, desahuciadas por un fondo

Aurora tenía 79 años cuando en 2024 fue desahuciada junto a su hija Lola del piso en el que vivían en Getafe. Su caso comienza dos años antes, cuando el propietario del edificio les envía una notificación a todos los vecinos de que deben abandonar el inmueble, algo a lo que se niegan al tener contrato vigente, meses más tarde el propietario vende el edificio a la empresa Dapamali SL. Un fondo que decidió desahuciarlas casi de un día para otro.

«Yo intenté hasta comprar el piso para evitar que mi madre tuviera que abandonar la casa en la que vivía desde los cuatro años. Pero había una serie de irregularidades en la nota simple y no fue posible», explica Lola a Público.

Finalmente, el 16 de septiembre tuvo lugar su desahucio. «En aquel piso quedaron cosas que nunca voy a poder recuperar, casi no nos dieron tiempo para poder recoger nuestras cosas. Es maltrato institucional”, añade.

Recuerda que después de un desahucio viene un episodio peor, la desprotección. «Existe una falta de acompañamiento institucional y psicológico para familias que han perdido su hogar». Además, considera que el sistema deja especialmente expuestas a las personas que dependen de pensiones bajas o ayudas públicas. En el caso de su madre, señala que cobraba una pensión no contributiva de unos 400 o 500 euros y que tenía un hijo a cargo.

Dos años después, Aurora vive con su primo y Lola vive en un piso de alquiler, ambas en el mismo barrio en el que está su antigua casa. Sin embargo, explica que aún no es capaz de pasar por delante de aquel edificio. «Me han dicho que el edificio se vende entero y que está vacío. Siento rabia y pena, no entiendo para qué había tanta prisa en echarnos», apunta.

Una larga lista casi invisible

Una cadena de desahucios que no paran en todo el Estado. Este viernes estaba programado en Granadilla (Tenerife) el desahucio de una mujer de 54 años enferma de cáncer terminal, con afectación cerebral y metástasis en los pulmones y los ovarios, que actualmente continúa en tratamiento de quimioterapia. La mujer tiene reconocida, además, una dependencia de grado 2 y sus ingresos proceden de ayudas públicas, ya que no dispone de nómina ni de contrato de trabajo. Finalmente el procedimiento ha sido paralizado para que el Ayuntamiento pueda estudiar otras medidas.

Según informa Europa Press, dejó de pagar el alquiler después de la pandemia porque no podía seguir haciendo frente a los gastos. A esa situación se sumó un robo en su vivienda, en el que, según relata, perdió todo lo que tenía de valor y tras el cual el propietario no quiso ayudarla. Ahora, mientras se enfrenta al inminente desahucio, tampoco encuentra una alternativa habitacional. Según el Sindicato de Inquilinas, incluso para alquilar una habitación le exigen acreditar unos ingresos laborales que no tiene.

Estos casos son solo la punta del iceberg de una larga lista a la que se suman cientos de desahucios pendientes. Como el caso de Francisca López Ruiz (conocida como Paquita), de 82 años, enferma de párkinson y con una dependencia reconocida grado 3, a la que su inmobiliaria quiere expulsar de su casa en La Latina para convertirla en un piso turístico. «Yo estoy esperando lo mismo, esto no se termina nunca», decía Paquita en la movilización en apoyo a Maricarmen este martes. Su primer intento de desahucio fue paralizado el pasado 22 de julio, cuando su piso ya estaba anunciado como un alojamiento disponible para la Fórmula 1 en Madrid.

Para Víctor Palomo, las propuestas que se deberían de poner sobre la mesa para acabar con estos casos sería «la regulación del mercado, la ampliación del parque público y la expropiación de determinadas viviendas». Considera necesario construir un sistema que de por sí ya garantice de manera permanente el acceso a la vivienda «y que no dependa de que cada cierto tiempo haya que aprobar una medida extraordinaria para evitar que miles de personas se queden en la calle».