Alfio Mastropaolo (IL MANIFESTO GLOBAL -Italia-), 23 de Septiembre de 2026
La ley electoral aprobada en el Senado el martes 15 de septiembre es un golpe parlamentario y culmina de la peor manera posible un camino que comenzó en la década de 1980.
En su singular libro «Técnica del colpo di Stato» (Golpe de Estado: La técnica de la revolución), Curzio Malaparte sostiene que quienes dan golpes de Estado, desde Napoleón hasta Hitler, sienten predilección por los parlamentos a su manera. Por mucho que se pueda lograr mediante una fuerza armada externa, es el parlamento el que proporciona una frágil pero valiosa apariencia de legalidad.
Orbán, Putin y Erdoğan han puesto los parlamentos al servicio de sus designios identitarios, autoritarios y reaccionarios, usándolos en lugar de las fuerzas armadas, y ni siquiera han eliminado por completo las elecciones competitivas: en cambio, han rediseñado el sistema electoral a su conveniencia. Ya nadie sueña con fundar un Reich de mil años. Pero incluso si el plazo es más corto, no por ello es menos gravoso para quienes lo sufren.
Donald Trump está probando suerte en esto, con grupos de matones incluidos. Meloni, como todos saben, es una buena estudiante y tiene bastante talento. La ley electoral aprobada en el Senado el martes 15 de septiembre es un golpe parlamentario y culmina de la peor manera posible un camino que comenzó en la década de 1980.
En aquel entonces, el objetivo era transformar la democracia que los redactores de la Constitución habían anhelado —una democracia orientada a la mediación entre formaciones políticas heterogéneas— en una democracia bicameral. Los aprendices de brujo desconocían la historia del país y no previeron el dualismo pernicioso que resultó. Y ese dualismo ha corrompido la vida democrática, coincidiendo —por mencionar solo una consecuencia— con más de 30 años de estancamiento económico. Ahora ha llegado algo aún peor, que algunos han denominado una tormenta perfecta.
Ningún sistema democrático con una tradición significativa a sus espaldas había emprendido jamás un cambio tan radical en su ley electoral como el que el llamado Mattarellum impuso en Italia en 1993. En Francia, en 1958, se redactó una constitución completamente nueva. Los tiempos cambian, las sociedades cambian, el equilibrio de poder entre las fuerzas políticas y los interlocutores sociales cambia, y las normas deben actualizarse; pero en lo que respecta a las normas electorales, se debe actuar con extrema cautela. En cambio, lo que comenzó en 1993 fue una imprudente sucesión de revisiones, cada una de ellas impulsada por la mayoría en el poder, tanto de centroderecha como de centroizquierda. Hasta que, entre un cambio y otro, una alianza de derecha se afianzó en el poder, incompatible, por razones culturales y políticas, con la Constitución de 1948.
La ley electoral que ahora espera su aprobación final es terrible. Pero, sobre todo, supone un cambio de régimen, basado en deshacer los últimos vestigios de la Constitución republicana. Si la derecha obtiene una sólida mayoría en las urnas bajo la nueva ley, el país quedará dividido en dos para siempre. Una mitad concentrará todo el poder y se dedicará a oprimir a la otra: sometiendo al poder judicial, neutralizando el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Cuentas, y utilizando la autonomía diferenciada para perpetuar la marginación del Sur. Cabe esperar una mayor represión de la disidencia, la suspensión del derecho a la huelga y la supresión de la escasa libertad de prensa que aún nos queda. El gobierno dictará los planes de estudio, la evasión fiscal será la norma, las ciudades se entregarán a la especulación inmobiliaria y al turismo masivo, se desmantelarán las protecciones ambientales, la desigualdad se acentuará aún más, los jóvenes volverán a vestir uniforme y seguirán emigrando, el declive industrial continuará sin control y los salarios caerán en picado, y el Mediterráneo se convertirá en una tumba con espacio de sobra. El gobierno que más tiempo ha permanecido en el poder en la historia de la República ya nos ha dado un anticipo de lo que vendrá.
¿Aún hay alguna forma de defendernos? Abundan las dudas sobre la constitucionalidad de la nueva ley. Pero el tiempo apremia, y la mayoría podría acortarlo aún más. No podemos confiar en ello. Independientemente de lo que piensen los idealistas defensores de la alternancia en el poder, la única opción es convertir las próximas elecciones en un referéndum, una elección entre la instauración de una democracia «iliberal» y el restablecimiento de un orden constitucional más sólido.
Ante una disyuntiva tan clara, el voto negativo en el referéndum sobre la separación de las carreras judiciales demostró que los votantes prefieren la Constitución republicana. Fue un grave error dejar que el espíritu de aquel momento se desvaneciera y enfrascarse en disputas sobre las primarias, el liderazgo y el programa político, que resultan incomprensibles para los ciudadanos de a pie. No podría haber sido un fracaso mayor a la hora de aprovechar la oportunidad, en un momento en que ya era evidente que la mayoría contaba con un terrible plan B.
En 1953, las fuerzas democráticas rechazaron la llamada «ley del fraude» [nota del traductor: que introducía una prima por escaño para quienes obtuvieran el 50 % de los votos, un objetivo que la coalición de derecha estuvo a punto de alcanzar]. El Melonellum es un fraude mucho más grave.
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