Gaceta Crítica

Ariela Ruiz Caro (COUNTERPUNCH), 17 de Septiembre de 2026

^{Acciones en solidaridad con el pueblo de Cuba, junio de 2026.}

Detrás del revuelo mediático que rodeó la inusual ceremonia de investidura del político ultraderechista Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia en el Auditorio Arena de la Universidad de Santiago de Cali, pasó desapercibido el devastador informe de expertos independientes y relatores del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre la gravedad de la situación en Cuba. En vísperas de la investidura de De la Espriella, que añade otro eslabón a la red geopolítica que Washington concibe como el «Escudo de las Américas», los expertos describieron las recientes medidas contra la isla como un intento de socavar el orden constitucional de un Estado soberano mediante amenazas y coacción, e instaron a la comunidad internacional y a la sociedad civil a actuar con rapidez para evitar que se desarrolle una «Gaza silenciosa», citando una frase utilizada por una delegación de cuatro miembros demócratas del Congreso de los Estados Unidos tras su visita a Cuba.

El informe señala que los sectores energético, de transporte, de riego y de servicios básicos están fallando simultáneamente, afectando de manera desproporcionada a mujeres, niños, ancianos y otros grupos vulnerables, incluidos los agricultores de las zonas rurales. Advirtieron que los alimentos nunca deben utilizarse como instrumento de presión política, ya que las medidas que privan deliberadamente a una población de los medios para sobrevivir violan las garantías más básicas del derecho a la vida y socavan la esencia misma de la dignidad humana.

Respecto al lamentable informe presentado por el Secretario de Estado Marco Rubio el 20 de julio, titulado “ Cuba: La capital del comunismo del siglo XXI ”, que describe a la isla como una amenaza multifacética para la seguridad nacional de Estados Unidos y la estabilidad hemisférica, el grupo de la ONU critica la incapacidad de las autoridades estadounidenses para presentar pruebas concretas que demuestren que Cuba apoya el terrorismo o actividades subversivas, al tiempo que acusa a La Habana de librar una guerra no convencional contra Estados Unidos mediante infiltración política, ciberespionaje de alto nivel y financiación encubierta de movimientos de izquierda radical dentro de las fronteras estadounidenses. El 29 de enero, un decreto de emergencia nacional emitido por la administración Trump declaró a Cuba una “amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior”, y prohibió el suministro de petróleo a la isla bajo pena de imponer aranceles a quienes lo hicieran. El ministro de Relaciones Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, consideró que la «amenaza a la seguridad nacional» era un pretexto fabricado e infundado, destinado únicamente a justificar el severo bloqueo energético y el castigo colectivo al pueblo cubano, y a construir un marco legal ante la opinión pública para una posible agresión militar.

“No puedo respirar”

El embargo económico impuesto por Estados Unidos evoca la imagen del policía Derek Chauvin en Minneapolis en 2020, presionando con la rodilla el cuello de George Floyd mientras este, esposado y boca abajo, le decía que no podía respirar hasta que dejara de hacerlo, lo que desató protestas masivas del movimiento Black Lives Matter. El gobierno estadounidense argumenta que la víctima —en este caso, Cuba— «puede respirar» porque, legalmente, el bloqueo incluye excepciones humanitarias. Sin embargo, la realidad es que el peso del marco legal de las sanciones corta cualquier posibilidad de escape.

El marco regulatorio estadounidense incluye excepciones humanitarias para el comercio con Cuba, pero en la práctica, estas no evitan la crisis humanitaria. La ley prohíbe a Cuba comprar alimentos a Estados Unidos mediante crédito bancario, por lo que todo debe pagarse por adelantado y en efectivo. Dado que Cuba figura en la lista estadounidense de Estados patrocinadores del terrorismo (junto con Irán, Corea del Norte y Siria), la gran mayoría de los bancos internacionales congelan o se niegan a transferir dinero a la isla por temor a ser multados por Washington.

El embargo también estipula que cualquier buque mercante extranjero que haga escala en un puerto cubano tiene prohibido el acceso a puertos estadounidenses durante los siguientes 180 días. Dado que Estados Unidos es el mayor mercado de carga de la región, casi ninguna gran compañía naviera internacional acepta transportar alimentos o medicinas a Cuba, ya que las dificultades logísticas arruinarían sus rutas principales.

El sector sanitario es el ejemplo más claro de cómo las excepciones humanitarias fracasan en la práctica. El bloqueo del suministro de petróleo desde enero ha provocado apagones masivos y cortes de energía crónicos. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos , Volker Türk, advirtió recientemente que la escasez de diésel y electricidad interrumpe directamente la cadena de frío de las vacunas, inutiliza los quirófanos y paraliza el transporte en ambulancia, lo que conlleva la pérdida evitable de vidas humanas. Cifras oficiales de la isla indican que más de 100.000 cirugías se han pospuesto o están en lista de espera debido a la falta de material quirúrgico básico (incluidas miles de cirugías para pacientes con cáncer y niños).

El grupo biotecnológico estatal BioCubaFarma ha advertido que no puede garantizar el suministro de casi 300 medicamentos esenciales debido a que el bloqueo financiero le impide adquirir materias primas químicas de proveedores internacionales. Si un medicamento o equipo médico contiene más del 10 % de componentes o patentes originarias de Estados Unidos, Cuba no puede comprarlo directamente. Debe buscar alternativas en mercados distantes como China, India o Europa, lo que incrementa los costos de transporte. Además, debido a la prohibición de 180 días para los buques mercantes, decenas de contenedores con donaciones de ayuda humanitaria internacional quedan varados durante meses en aduanas y puertos de terceros países.

Apretando la soga

En medio de las tensiones con Estados Unidos, el gobierno cubano aprobó, a mediados de junio, 176 medidas destinadas a flexibilizar su modelo económico y social , ampliar el papel del sector privado y abrir nuevas vías para la inversión extranjera. Estas medidas incluyen la apertura de los sectores de combustibles y energías renovables a la iniciativa privada, la creación de empresas privadas sin límite de empleados, la venta de bienes inmuebles estatales y la autorización para que los ciudadanos abran cuentas bancarias en moneda extranjera. Si bien estas medidas no representan el fin definitivo de la economía planificada, sí marcan el giro más drástico hacia el libre mercado desde el triunfo de la revolución de 1959.

De forma similar a la liberalización del mercado y el control político absoluto ejercido por el Partido Comunista en algunos países asiáticos, el gobierno cubano afirma que mantendrá el modelo socialista, definiendo las medidas como una «actualización» más que como una transición al capitalismo. El presidente cubano ha declarado que el objetivo oficial es salvar al régimen del actual colapso energético y financiero, no desmantelarlo.

Donald Trump y Marco Rubio afirman que las reformas no representan una verdadera apertura económica, sino una maniobra para aliviar la presión internacional sin renunciar al control político, de modo que continúen intensificando el control económico para encaminar a Cuba hacia un cambio de régimen radical e irreversible antes de fin de año, según informan The New York Times y Axios . También han revelado que Washington está explorando qué figuras o fuerzas del círculo íntimo de la isla podrían formar parte de un liderazgo alternativo si el modelo actual colapsa definitivamente por falta de energía y combustible.

Marco Rubio ha declarado explícitamente que el plan estadounidense consiste en una campaña de presión máxima constante: «Cada vez que crean un nuevo mecanismo para intentar escapar, simplemente se lo cerramos». Para neutralizar el impacto del paquete económico cubano, Washington ha ampliado sus sanciones para bloquear de inmediato nuevas entidades e instituciones financieras como el Banco Financiero Internacional, una empresa que cotiza en bolsa con capital totalmente cubano, fundada en 1984 y responsable de canalizar operaciones monetarias y crediticias en divisas extranjeras, lo cual es clave para el nuevo plan de generación de divisas. El presidente Díaz-Canel ha comparado el bloqueo energético estadounidense con las tácticas coloniales de «reconcentración» del siglo XIX, reafirmando que el país persistirá en sus reformas junto con socios alternativos como China y Vietnam para no ceder ante las exigencias de Washington.

El sonido del silencio

En este contexto, el 7 de julio, Cuba solicitó una sesión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas para debatir el impacto inmediato de las nuevas restricciones energéticas impuestas por la administración Trump. La propuesta fue aprobada con 136 votos a favor, una fuerte oposición de Estados Unidos —junto con otros ocho países, entre ellos Argentina, Paraguay y Costa Rica—, 30 abstenciones (Ecuador, Guatemala, Honduras, El Salvador, Panamá, Perú, República Dominicana, Granada y Trinidad y Tobago) y dos países ausentes: Antigua y Barbuda y Guyana.

La delegación estadounidense había notificado a varias misiones diplomáticas que Washington registraría y analizaría en detalle los votos y discursos de cada nación que apoyara la iniciativa cubana de abrir la sesión plenaria, sugiriendo que esto tendría consecuencias negativas para las relaciones bilaterales con la Casa Blanca. La información sobre la presión diplomática estadounidense salió a la luz a través de un cable secreto firmado por Marco Rubio el 1 de julio, que se filtró a la prensa, fue publicado por Peter Kornbluh en The Nation y denunciado públicamente por el canciller cubano Bruno Rodríguez. Según el texto filtrado, la estrategia estadounidense clasificaba a los países a proporcionar directrices específicas a sus embajadas de la siguiente manera:

1. Aliados cercanos : Exigirles que pronuncien discursos reprendiendo a Cuba por su adhesión a una teoría económica totalmente desacreditada, su grave incompetencia y su corrupción generalizada.

2. Países no alineados : Instarles a guardar absoluto silencio y a abstenerse de emitir declaraciones.

3. A los socios tradicionales de Cuba: Adviértales que “Estados Unidos estará escuchando muy atentamente” cada uno de sus discursos y que “tratará de impedir el uso de argumentos que puedan generar tensiones en nuestras relaciones bilaterales”.

A pesar de estos esfuerzos, el argumento estadounidense de mantener la cuestión cubana estrictamente dentro de un marco bilateral fracasó, ya que la gran mayoría de los representantes de la comunidad internacional consideró que el alcance extraterritorial del embargo petrolero e institucional constituía una emergencia global. Cuba logró demostrar que el control económico que se le impone puede ser asfixiante, pero el aislamiento político internacional con el que Estados Unidos intenta aislarla aún presenta fisuras. La campaña de «máxima presión» liderada por Marco Rubio ha fragmentado el voto latinoamericano, exponiendo la profunda brecha diplomática en la región. La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) ni siquiera puede emitir una declaración conjunta exigiendo el respeto básico al derecho internacional y el fin del control económico sobre la isla.

Si bien es cierto que Cuba necesita cambios económicos y políticos, algo que sus dirigentes reconocen plenamente, las sanciones impuestas por Estados Unidos a la isla tienen graves consecuencias humanitarias, como consta en el informe del Consejo de Derechos Humanos de la ONU del 6 de agosto. El informe también señala que las medidas coercitivas unilaterales e ilegales de Estados Unidos contra Cuba contravienen el Artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas ; que estas medidas forman parte de una estrategia más amplia de cambio de régimen; que todas las medidas impuestas contra el país deben ser revocadas; y que el Consejo de Seguridad y la Asamblea General deben abordar con urgencia estas amenazas en aras de la paz y la seguridad internacionales.

Ariela Ruiz Caro es economista egresada de la Universidad Humboldt de Berlín y posee una maestría en Procesos de Integración Económica por la Universidad de Buenos Aires. Es analista del Programa para las Américas en la región andina/Cono Sur.