Gaceta Crítica

William Serafino (ORINOCO TRIBUNE), 7 de Septiembre de 2026

El 28 de agosto, mediante publicaciones casi simultáneas en las redes sociales, la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciaron un «acuerdo petrolero» de proporciones históricas entre Estados Unidos y Venezuela.

Según Rodríguez, el acuerdo, cuyos detalles operativos y legales aún se desconocen, abarca la extracción de petróleo de 17 yacimientos con reservas probadas de 65 mil millones de barriles, con una inversión proyectada de 100 mil millones de dólares que se traduciría en más de 200 mil millones de dólares en impuestos para el Estado, teóricamente destinados a la recuperación social y económica de Venezuela. Trump, por su parte, presentó el pacto energético como una gran victoria económica y geopolítica para su administración, argumentando que era el «mayor acuerdo petrolero de la historia mundial», con Estados Unidos asegurando directamente el «control mayoritario» sobre más de una quinta parte del potencial de hidrocarburos probados de Venezuela, lo que le permitiría «más que duplicar las reservas de petróleo de Estados Unidos».

Un juego de números que oculta lo importante.
Debido a la opacidad inicial y la falta de detalles sobre los plazos, las empresas estadounidenses involucradas y las modalidades de extracción, el anuncio generó una reacción mayoritariamente negativa en la opinión pública venezolana, dado su significado como punto de inflexión histórico tanto para las relaciones bilaterales entre Washington y Caracas como para el futuro económico y político de Venezuela. El país ha estado estructuralmente sometido a los mandatos e intereses de la Casa Blanca desde la intervención militar del 3 de enero de este año.

Rápidamente, al caos interpretativo le siguió una especulación infundada sobre posibles regalías, sobre si lo firmado era conveniente o no para el desarrollo nacional y sobre futuros beneficios materiales, sin que quedara claro si estos serían humillantemente escasos y simbólicos o moderadamente aceptables dada una relación bilateral abiertamente asimétrica que favorece la agenda de saqueo y control geopolítico de Washington.

Abordar esos aspectos sin tener en cuenta el acuerdo y sus cláusulas, y sin conocer los primeros contratos firmados con empresas estadounidenses, nos llevaría a un callejón sin salida. De hecho, el debate sobre cifras aún ficticias ha estancado la discusión en los primeros días, con declaraciones a los medios de comunicación del gobierno, el chavismo y la oposición, cada uno defendiendo su postura según su grado de cercanía o lejanía a los deseos de Trump.

Lo que el debate técnico y económico actual omite —y ni siquiera considera— es demasiado importante y decisivo. Por ejemplo, la ambigüedad sobre la estructura del pacto petrolero, lejos de ser un resultado incontrolado, representa la esencia de su configuración y es síntoma de una estrecha coordinación en los cálculos políticos compartidos entre la Casa Blanca y Miraflores.

La ausencia de un tratado o instrumento jurídico verificable demuestra que lo anunciado se enmarca dentro de un acuerdo político bilateral, presentado como un compromiso estratégico en materia energética, en el que ambos actores refuerzan sus discursos y mitigan las fricciones dentro de sus respectivos círculos de poder, influencia y público objetivo. Gracias a la ambigüedad planificada conjuntamente, Trump y Rodríguez pueden manejar discursos contradictorios y divergentes sin poner en riesgo su alianza, aprovechando el impulso para canalizar dichos discursos y, de este modo, movilizar a sus bases de apoyo y coaliciones internas.

Solo así se puede explicar que Trump insinúe que controla directamente las reservas venezolanas para hacer frente al atolladero iraní del que no puede escapar. Mientras tanto, Rodríguez lo contradice en un discurso público, reafirmando que su gobierno no ha cedido la propiedad de su petróleo y que ha firmado un acuerdo ampliamente beneficioso y decisivo para el futuro económico del país, aprovechando el capital y la tecnología estadounidenses.

De esta forma, el jefe de la Casa Blanca intenta matar dos pájaros de un tiro: 1) socavar las presiones internas del Partido Republicano que exigen la cabeza del presidente interino Rodríguez antes de las elecciones de mitad de mandato; y 2) alentar a las compañías petroleras a inyectar capital e invertir fuertemente bajo la promesa de lucrativos rendimientos a mediano y largo plazo, utilizando como cobertura de riesgo la alineación estratégica de Caracas y la participación del Pentágono como accionista en el proyecto de explotación petrolera.

Por otro lado, Miraflores también se perjudica a sí misma, instrumentalizando el carácter puramente discursivo del pacto bilateral. Por un lado, relativiza las críticas públicas que la acusan de entregar petróleo a Estados Unidos en condiciones regresivas, lo que implica volver, bajo una visión adaptada, al humillante modelo de concesión (arrendamiento de campos petroleros a cambio de una carga impositiva favorable a las empresas) que marcó la relación energética entre Washington y Caracas durante un tercio del siglo XX. Por otro lado, el gobierno venezolano refuerza la narrativa de la recuperación económica como su brújula programática, con una apuesta estructural basada en la idea de que los beneficios materiales teóricos de la explotación preferencial y ventajosa para Estados Unidos se traducirán en legitimidad política y social a través de mayores salarios y bienestar en los servicios públicos. Esto podría disolver —mediante la gestión simbólica de cifras y expectativas, al menos ese es el propósito— la contradicción política planteada en términos de soberanía.

El panorama actual es de máxima incertidumbre. Aún no se ha medido el grado de confianza de las compañías petroleras ante el desafío legal de que lo acordado pueda revertirse después de que Trump deje el cargo en 2028, ni las complejidades que podrían surgir al armonizar los contratos con la nueva Ley de Hidrocarburos de Venezuela, aprobada en febrero de este año.

En resumen, el acuerdo es una maniobra conjunta de alto riesgo en la que Trump y Rodríguez vinculan definitivamente sus destinos políticos, beneficiándose mutuamente de converger en una lógica marcadamente transaccional y mercenaria, bendecida y avalada por los poderes supraterrestres del Dios Dinero de la posguerra, el dólar.

El viaje sin retorno a la dimensión desconocida.
A partir de ahora, el republicano no podrá derrocar a Rodríguez si quiere tener una tabla de salvación en la batalla perdida por el control del estrecho de Ormuz bajo el dominio iraní. Rodríguez tampoco podrá desvincularse de la alineación estratégica con Washington si quiere ser competitiva electoralmente y sobrevivir como fuerza política, una que actualmente acelera un complejo proceso venezolano de transformación interna en el ámbito ideológico y programático hacia la órbita de la economía y el pragmatismo orientado a resultados.

En los años venideros, quizás el 28 de agosto de 2026 se interprete como la fecha en la que, curiosamente, Venezuela regresó a 1908, el año en que un triunfante Gómez sobre un Cipriano Castro —enemigo público número uno del Corolario Roosevelt— sentó las bases del Estado moderno al aplicar una doctrina feudal-petrolera de «piernas abiertas» a las compañías occidentales, primero británicas y luego, después de la década de 1920, fundamentalmente estadounidenses.

Quizás también se recuerde como un punto de inflexión caracterizado por élites que sustituyeron la política y la visión republicana por el cortejo a un emperador obsesionado con el poder. Puede que el acuerdo petrolero sea materialmente beneficioso para Venezuela. También puede que implique, en la práctica, un regreso a los tiempos humillantes de Gómez. Sobre un Castro moribundo, sin apoyo social y acosado por el imperio estadounidense, su ascenso al poder fue alentado, promovido y posteriormente defendido por un Washington exultante por la adaptación de la Doctrina Monroe a manos de un Roosevelt que adoraba citar el proverbio: «Habla con suavidad y lleva un gran garrote…».

El acuerdo puede calificarse, con razón, de histórico, un enfoque en el que Rodríguez y Trump coinciden plenamente. Pero no por sus características técnicas y fiscales, sino porque, políticamente, implica la cruda aceptación de que las élites gobernantes venezolanas no tienen nada más que ofrecer a la nación que un lucrativo negocio petrolero para Estados Unidos, con el consuelo de que las ganancias de los barriles extraídos bastarán para sacarnos de la devastación de las sanciones y la mala gestión económica.

Lo que evidencia el pacto es precisamente el fracaso de las élites, ahora en tal punto de debilidad y falta de autonomía que la separación entre adversarios y enemigos del espectro político depende de quiénes son cercanos a Trump, a quiénes apoyan y con quiénes negocian. En esa trama, ilegible por un lenguaje técnico neutralizador, se define el futuro de la República Bolivariana en medio de su amargo tránsito por una pirámide invertida de legitimidad que ha convertido al jefe de la Casa Blanca en el rector del horizonte nacional.

En el profundo vacío dejado por las narrativas técnicas, la realidad opera en sus vértices existentes, con una guerra de discursos favorables a las élites en su objetivo de reducir la política a discusiones administrativas sobre impuestos y regalías, mientras ocultan la cruda verdad de una nación que perdió el control de su destino, un destino que ahora se decide en inglés y en la metrópolis del imperio Trump. Quizás asumir la verdad tal como es sea un primer paso para afrontar un futuro lleno de preguntas y dudas, imposibles de resolver mediante eslóganes partidistas, promesas aún no materializadas o narrativas que anulan la historia y sus lecciones.