Gaceta Crítica

Eduardo Luque (TOPO EXPRESS), 28 de Agosto de 2026

La votación que retrata al PSOE

El PSOE ha perdido por completo el rumbo y el olfato político. Hoy parece confiar únicamente en la proverbial baraka de su secretario general. Pedro Sánchez, incapaz de ofrecer un proyecto de país —si es que alguna vez lo tuvo—, lleva demasiado tiempo instalado en una política de mera supervivencia, pendiente del día a día y sometido a un desgaste constante, tanto por los casos de corrupción que cercan a su partido como por aquellos que, según denuncia, construye la derecha judicial.

El Partido Socialista ya no puede refugiarse tras la cortina de un discurso progresista. Su naturaleza neoliberal termina imponiéndose y acelera su propio desgaste. La incógnita es cuánto tiempo podrá prolongar esta agonía: ¿habrá elecciones generales en el primer trimestre de 2027 o conseguirá resistir algunos meses más? Mientras tanto, el Gobierno pierde reflejos sociales y se aleja, cada vez con mayor claridad, de quienes constituyeron su base electoral.

El Ejecutivo se ha plegado a los intereses de los grandes grupos de poder económico. Los elogios del presidente del BBVA, Carlos Torres, al ministro de Economía y al propio Gobierno por el «extraordinario crecimiento del PIB español y la buena marcha de la economía» contrastan con una realidad mucho menos complaciente: jóvenes condenados a salarios que les impiden emanciparse y un 57 % de los pensionistas con ingresos inferiores al Salario Mínimo Interprofesional (SMI). La distancia entre las cifras oficiales y la vida cotidiana no deja de crecer. Mientras el Gobierno exhibe con orgullo los indicadores macroeconómicos, la microeconomía —la economía de las familias— se convierte para una parte creciente de la población en un ejercicio permanente de supervivencia.

La gran contradicción que atraviesa hoy las democracias occidentales —la tensión entre democracia constitucional y plutocracia— también se resuelve en España a favor de esta última. Un poder económico que encuentra sus principales referentes políticos en la derecha tradicional y en la extrema derecha. El giro conservador de las instituciones europeas, visible tanto en la mayoría del Parlamento Europeo como en la orientación de la Comisión, ha estrechado todavía más el margen de maniobra del Ejecutivo español. A cambio de los fondos europeos de recuperación y resiliencia, España ha aceptado una cesión creciente de soberanía que reduce la capacidad de decisión de las instituciones nacionales. El poder de Bruselas marca cada vez con mayor intensidad las prioridades económicas, fiscales y estratégicas, mientras Europa se adentra en una nueva lógica de rearme y confrontación militar.

Ese es el marco político en el que debe interpretarse lo ocurrido durante las últimas semanas. Porque, cuando un gobierno pierde autonomía frente a los grandes poderes económicos y financieros, también empieza a perder capacidad para responder a las demandas de la mayoría social. Y es precisamente ahí donde los hechos sustituyen definitivamente a los discursos.

Castigar a quienes han trabajado toda una vida

Solo desde la debilidad política en la que hoy se mueve el Gobierno puede entenderse lo sucedido en el Congreso el pasado 11 de junio y lo ocurrido, semanas después, a finales de julio. Son esos momentos en los que la retórica política queda reducida a cenizas y únicamente permanecen los hechos. Y los hechos, en esta ocasión, resultan difíciles de ocultar.

Aquel día, PSOE y Partido Popular unieron sus votos para rechazar una propuesta presentada por Podemos que habría permitido a alrededor de 900.000 trabajadores con cuarenta o más años de cotización acceder a la jubilación sin sufrir los coeficientes reductores, aunque no hubieran alcanzado la edad ordinaria por causas completamente ajenas a su voluntad: despidos colectivos, expedientes de regulación de empleo, cierres empresariales, concursos de acreedores o situaciones de fuerza mayor.

Hablamos de trabajadores que han contribuido al sostenimiento del sistema durante más de cuatro décadas y que, precisamente al final de su vida laboral, ven reducida su pensión por haber sido expulsados del mercado de trabajo antes de tiempo. En algunos casos, esas penalizaciones pueden alcanzar el 30 % de la prestación. No se trata de una reivindicación improvisada. Las asociaciones de jubilados llevan casi una década reclamando la eliminación de esta injusticia.

La pregunta resulta tan sencilla como incómoda: ¿qué justificación puede tener que una persona que ha cotizado cuarenta, cuarenta y dos o incluso cuarenta y cinco años perciba una pensión inferior a la de otra que ha cotizado bastante menos tiempo? Desde una lógica estrictamente contributiva no existe respuesta convincente. Solo la permanente contención del gasto público y las políticas de ajuste permiten explicar una decisión de esta naturaleza.

La injusticia adquiere una dimensión todavía mayor si se observa el recorrido vital de muchos de estos trabajadores. Fueron expulsados del mercado laboral cuando superaban los cincuenta y cinco años, una edad en la que encontrar un empleo estable deja de depender casi siempre del esfuerzo personal para convertirse en una carrera de obstáculos. Durante años sobreviven enlazando periodos de desempleo, subsidios insuficientes, trabajos precarios o, sencillamente, la exclusión laboral. Primero son apartados del mercado de trabajo; después, cuando finalmente acceden a la jubilación, vuelven a ser castigados mediante una reducción permanente de su pensión. Es una doble penalización difícilmente justificable desde cualquier principio de equidad.

Y es precisamente ahí donde la posición del PSOE adquiere toda su dimensión política. Los socialistas no pueden alegar desconocimiento. Conocen desde hace años las reivindicaciones de las asociaciones de jubilados, que han mantenido esta demanda de forma continuada en las calles y ante las instituciones. Saben que detrás de las estadísticas hay cientos de miles de personas que levantaron fábricas, talleres, minas, obras, oficinas y servicios públicos. De hecho, en 2025 el propio PSOE apoyó una iniciativa de contenido similar. Sin embargo, cuando ha llegado el momento de convertir aquella declaración de intenciones en un derecho efectivo, ha votado exactamente igual que el Partido Popular.

La fotografía parlamentaria resume por sí sola el alcance de aquella decisión: 260 diputados de PSOE y PP votando conjuntamente para impedir una medida que habría beneficiado a más de 900.000 trabajadores y futuros pensionistas. Vox optó por la abstención. El resto de las fuerzas situadas a la izquierda del PSOE respaldó la iniciativa, con la excepción de un diputado de Sumar y otro del PNV.

No se trata únicamente de una votación parlamentaria. Representa una nueva cesión —y quizá una de las más significativas— ante la lógica que desde hace años impulsa el desarrollo de los fondos privados de pensiones. Al mantener penalizadas las jubilaciones anticipadas de quienes han cotizado durante toda una vida, el sistema transmite un mensaje inequívoco: la pensión pública deja de ofrecer seguridad suficiente y cada trabajador debe buscar soluciones individuales mediante el ahorro privado.

El episodio refleja, además, una evolución política que ya no puede considerarse coyuntural. El PSOE continúa desplazándose hacia posiciones cada vez más conservadoras en materia económica y social mientras mantiene un discurso progresista que pierde credibilidad con cada decisión. Las sucesivas reformas del sistema de pensiones, la aceptación de las reglas fiscales europeas, la negativa a derogar íntegramente la Ley Mordaza, el deterioro del poder adquisitivo de salarios y pensiones o la subordinación a las prioridades estratégicas de la OTAN forman parte de una misma orientación política. No son decisiones aisladas. Configuran un modelo de gobierno.

La contradicción se hace todavía más evidente cuando se observan otras prioridades presupuestarias del Estado. Mientras se suceden los fiascos en programas militares —submarinos que no navegan, sobrecostes multimillonarios y proyectos fallidos de la industria de defensa— nadie parece asumir responsabilidades. Para el rearme siempre aparecen recursos. Para aumentar el gasto militar, adquirir nuevo armamento o participar en la escalada belicista que impulsa la Unión Europea no se invocan los límites presupuestarios ni la sostenibilidad financiera.

Sin embargo, basta con plantear la reparación de una injusticia que afecta a cientos de miles de trabajadores con más de cuarenta años de cotización para que reaparezcan, de inmediato, los argumentos sobre el equilibrio de las cuentas públicas y la viabilidad del sistema. Las prioridades quedan así perfectamente definidas. No por los discursos, sino por las decisiones.

La contradicción del propio PSOE resulta difícil de ocultar. En noviembre de 2025 apoyó una moción que reclamaba exactamente aquello que ahora acaba de rechazar. Entonces se trataba de una declaración política sin efectos jurídicos. Ahora, cuando esa reivindicación podía convertirse en un derecho efectivo para cientos de miles de personas, el respaldo desapareció. Una vez más, el marketing político sustituyó al compromiso.

Quizá en Ferraz hayan calculado que el coste electoral será limitado. Tal vez confíen en que el temor a una futura coalición entre el Partido Popular y Vox siga movilizando al electorado progresista. Esa parece ser hoy la principal estrategia de supervivencia de Pedro Sánchez: convertir el miedo en el último argumento político.

No parece casual que, apenas unas semanas después, el Gobierno aprobara la ampliación del acceso a la jubilación anticipada para personas mayores de 55 años con una discapacidad igual o superior al 45 %, siempre que estuvieran afectadas por alguna de las once patologías graves recogidas en el BOE. La medida beneficiará aproximadamente a 50.000 personas y constituye un avance que merece ser reconocido. Sin embargo, también resulta inevitable preguntarse si esa decisión no responde, al menos en parte, a la necesidad de amortiguar el coste político de la votación del 11 de junio.

El silencio sindical

Hay otro hecho que merece atención: el silencio de las grandes organizaciones sindicales.

Mientras cientos de miles de trabajadores continúan soportando penalizaciones después de más de cuarenta años de cotización, las principales direcciones sindicales apenas han elevado el tono. No ha habido movilizaciones sostenidas, ni campañas públicas de alcance, ni una confrontación abierta con el Gobierno sobre una reivindicación que forma parte, desde hace años, del programa de numerosas asociaciones de jubilados.

Resulta una ausencia difícil de comprender. Si existe una causa históricamente ligada al movimiento obrero es, precisamente, la defensa de quienes han dedicado toda una vida al trabajo.

La pregunta surge casi de manera inevitable. ¿Por qué tanto silencio? ¿Tiene relación con la proximidad política entre algunas direcciones sindicales y el Gobierno? ¿Es consecuencia de la creciente institucionalización de unas organizaciones cada vez más integradas en los mecanismos del poder? ¿Influye la expectativa de algunos dirigentes de incorporarse en el futuro a responsabilidades políticas o institucionales?

Son interrogantes incómodos, pero legítimos. Lo cierto es que, mientras los trabajadores afectados continúan esperando una solución, quienes deberían encabezar esa reivindicación han optado por la prudencia. Y la prudencia, cuando una injusticia se prolonga en el tiempo, corre el riesgo de convertirse en complicidad.

Cuando los hechos sustituyen al relato

Toda organización política puede cometer errores. Lo verdaderamente decisivo es la dirección en la que se acumulan. Cuando un partido comienza a legislar de forma reiterada contra los intereses de quienes históricamente han constituido su base social, termina erosionando el vínculo de confianza que hizo posible su llegada al poder.

La paradoja es que la derecha ya no necesita gobernar para que determinadas políticas se apliquen. Muchas de ellas están siendo ejecutadas por un Ejecutivo que continúa definiéndose como progresista. Esa es, probablemente, la mayor victoria ideológica del neoliberalismo: conseguir que sean sus adversarios quienes administren buena parte de su programa.

Cada votación como la del 11 de junio amplía la distancia entre el discurso y la práctica. Y cuando esa distancia se hace demasiado grande, los ciudadanos dejan de escuchar las palabras y empiezan a juzgar únicamente los hechos. En política, ese suele ser el principio del final.

Quizá por eso el problema más serio que afronta hoy el PSOE no sea la oposición, ni los escándalos de corrupción, ni siquiera el desgaste del Gobierno. El mayor peligro es otro: que una parte creciente de los trabajadores llegue a la conclusión de que el partido que durante décadas identificó sus intereses con los de la mayoría social ha dejado de representarlos. Cuando esa percepción se consolida, las derrotas electorales dejan de ser una hipótesis para convertirse en una consecuencia.