Gaceta Crítica

David Fontano (TOPO EXPRESS), 25 de Agosto de 2026

ANARCOTIRANÍA: UN CONCEPTO ESTADOUNIDENSE QUE SE ESTÁ EXPORTANDO A FRANCIA

France Travail, los Ministerios de Economía e Interior, la Agencia Nacional de Seguridad Documental… Las filtraciones masivas de datos personales en poder de las agencias gubernamentales se multiplican, mientras el Estado busca recopilar cada vez más. Esta creciente tensión entre las políticas de vigilancia —e incluso represión— de la población y la aparente incapacidad del Estado para poner fin a diversas prácticas delictivas alimenta un resentimiento generalizado. Para articular este fenómeno, la derecha radical francófona ha importado el concepto estadounidense de anarcotiranía. Este término se utiliza particularmente en los medios de comunicación y en las redes sociales para criticar la condena de personas que, según se describe, se defendieron legítimamente de delincuentes, quienes, a su vez, se benefician de la indulgencia judicial. Hoy en día, se utiliza para describir temas tan diversos como la gestión de la pandemia, el control de la libertad de expresión en internet y la aplicación de las normas europeas. Este concepto, cada vez más popular, merece un análisis serio.

El anarcotiranía es un neologismo político acuñado en Estados Unidos por Samuel T. Francis, un destacado teórico paleoconservador (una corriente proteccionista dentro de la derecha estadounidense, crítica con el gobierno central, la desregulación económica interna y el intervencionismo extranjero). Esta síntesis dialéctica de dos conceptos aparentemente incompatibles describe una situación en la que el Estado no logra hacer cumplir las leyes contra los delincuentes y los elementos antisociales, permitiendo que se instaure un estado de anarquía, mientras que simultáneamente ejerce un poder cada vez más coercitivo para imponer regulaciones y controles a los ciudadanos que cumplen la ley, generando así una forma de tiranía.

Este término, que ha recuperado popularidad en redes como X/Twitter, no es, por tanto, nuevo, ya que Samuel Francis lo introdujo en el vocabulario paleoconservador en 1992. En un ensayo de 1994, argumentó: «En Estados Unidos, el gobierno cumple muchas de sus funciones con mayor o menor eficacia. […] Pero, al mismo tiempo, el Estado no cumple de manera eficaz ni justa su deber fundamental de mantener el orden y castigar a los delincuentes. Y esta apariencia de anarquía se combina con muchas características de tiranía, bajo la cual ciudadanos inocentes y respetuosos de la ley son castigados por el Estado o sufren graves violaciones de sus derechos».

Para comprender la formulación de este concepto, es necesario examinar el proyecto político de su creador. Samuel Francis sintetiza el capitalismo libertario y el nacionalismo étnico típico de la derecha radical norteamericana. Exeditor del Washington Times y discípulo de James Burnham, Francis creía que la «revolución gerencial» de la posguerra en Occidente sentó las bases sociológicas, económicas y culturales para el surgimiento de un fenómeno que, a primera vista, parece una contradicción. La tesis de Burnham es que las democracias liberales están, en realidad, gobernadas por una nueva clase de gerentes tecnocráticos, indiferentes a las poblaciones que administran; un marco analítico que derivó directamente de La revolución gerencial (1941).

En los años siguientes, el concepto ganó popularidad entre los círculos paleoconservadores y tradicionalistas que intentaban diagnosticar las supuestas fallas del sistema de justicia penal y las libertades civiles. Sus ejemplos predilectos eran las leyes de control de armas que penalizaban a los propietarios legales de armas sin desarmar a los delincuentes, las políticas de acción afirmativa presentadas como persecución de la población blanca y el enjuiciamiento de ciudadanos «comunes» mientras los verdaderos criminales quedaban impunes. La narrativa era repetitiva: ciudadanos ejemplares, respetuosos de la ley y contribuyentes, eran oprimidos por un Estado que los despreciaba mientras se mostraba complaciente con los grupos a los que protegía y subvencionaba.

Las victorias de Donald Trump en 2016 y luego en 2024 representan, en cierto modo, la culminación de las ideas de Samuel Francis: tanto en su política interna como en sus relaciones con otras naciones, Donald Trump mantiene una mentalidad de asedio y de víctima, en la que Estados Unidos es retratado como la víctima perpetua del comercio desequilibrado, de poblaciones que se aprovechan de su (débil) sistema de bienestar social o de diversos cárteles criminales latinoamericanos supuestamente apoyados por sus oponentes demócratas. El concepto de anarcotiranía ha pasado así de los boletines de la derecha identitaria estadounidense a los programas de debate de la televisión por cable, defendido por una nueva generación de comentaristas que lo han convertido en un motor para denunciar cualquier política progresista, desde los límites de velocidad en las autopistas hasta la actuación policial durante las protestas de Black Lives Matter.

La anarcotiranía cruza el Atlántico.

Inicialmente introducido en Francia a través de cuentas anónimas de Twitter o plataformas como Fdesouche, el término fue adoptado posteriormente por figuras como Eric Zemmour, llegando finalmente a medios de comunicación como CNews . El concepto migró así de los círculos identitarios a la derecha liberal-conservadora, inspirado por la ideología libertaria importada del otro lado del Atlántico. Poco a poco, se despojó de sus connotaciones raciales, transformándose en una herramienta para criticar al Estado francés, al que la derecha aún sospecha de perpetuar una forma de socialismo que penaliza el éxito. El término en sí todavía circula con cierta timidez; se prefieren expresiones como «doble rasero», «el Estado castiga a los que trabajan» o el viejo estribillo sobre el «jacobinismo burocrático». Pero la estructura argumentativa es idéntica, y la creciente influencia de los movimientos de derecha norteamericanos en sus homólogos francófonos le está dando un impulso real.

La columnista conservadora Eugénie Bastié destacó recientemente esta división: según ella, «existe una escisión que se acentuará en los próximos años entre la derecha cristiana conservadora y la derecha nietzscheana, pagana y prometeica», esta última potencialmente fascinada por gigantes tecnológicos como Elon Musk o Peter Thiel. Resulta, por tanto, significativo e irónico que quienes critican tan abiertamente al Estado se apoyen en capitanes de la industria cuyo modelo económico y orientaciones políticas están tan estrechamente ligados a uno de los Estados más poderosos e intervencionistas del mundo contemporáneo.

Si bien el estribillo del empresario gravado con impuestos contra los defraudadores del sistema de bienestar social no es nuevo, la anarcotiranía permite sintetizar este resentimiento populista en una fórmula moderna. El Estado francés, significativamente más redistributivo que el de Estados Unidos y más afectado por la actual crisis económica, constituye un objetivo ideal. La mayoría de la población puede proyectar en él sus propias quejas, independientemente de su situación objetiva. La impunidad del fraude de cuello blanco, el aumento de la vigilancia, la arbitrariedad de ciertas decisiones administrativas, el deterioro de los servicios públicos: todo esto es real. Pero la conclusión libertaria de que reducir el Estado es necesario para remediar estos problemas precisamente los exacerbaría. La proliferación de conductas antisociales, incluso dentro de la clase trabajadora —este «canibalismo social» que sufren los más pobres y la consiguiente erosión del tejido social— no son anomalías. Son el resultado de una lógica sistémica implacable. Fraudes personales, estafas en los servicios públicos, robo de alimentos destinados a los pobres, destrucción de bienes públicos… Estos síntomas tienden a multiplicarse con la generalización de una mentalidad antisocial, basada en la observación de un Estado incapaz de garantizar las misiones que se propone.

Tres limitaciones de un concepto

 La fuerza del concepto de anarcotiranía reside en la movilización del victimismo: subjetivamente, en sociedades marcadas por crisis cada vez más prolongadas, un fuerte sentimiento de injusticia domina a sectores crecientes de la población que se sienten abandonados por un Estado que se manifiesta únicamente a través de medidas represivas y la recaudación de impuestos. La definición de anarcotiranía, en su versión contemporánea, ha experimentado un cambio notable con respecto a su creador. Ha evolucionado hacia algo ligeramente diferente, pero claramente vinculado al argumento de Samuel Francis: el Estado está más interesado en controlar a los ciudadanos para impedir que se opongan a la clase dirigente (tiranía) que en controlar a los delincuentes (que provocan la anarquía). Esta formulación más abstracta ofrece una ventaja analítica sobre la versión original: ya no se basa en una visión puramente étnica de delincuentes y víctimas. Sin embargo, conserva todos los elementos estructurales del concepto.

Un primer punto concierne a la falsa dicotomía del contribuyente mártir. La estructura retórica de este concepto se basa en la oposición entre el ciudadano respetuoso de la ley, víctima inocente del Estado cuyo funcionamiento, sin embargo, contribuye a posibilitar, y el delincuente que se beneficia de él. Esta dicotomía no solo es sociológicamente simplista, sino también políticamente engañosa: las políticas cada vez más represivas, aplicadas primero a los trabajadores y luego a segmentos crecientes de la población, que van de la mano con la erosión gradual del Estado de bienestar , se implementaron con el apoyo entusiasta de los partidos conservadores, tanto en Estados Unidos como en Europa. El estado actual de la sociedad no es el resultado de una supuesta conspiración socialista, sino de políticas implementadas pacientemente desde la introducción del paradigma neoliberal en la era Reagan hasta nuestros días, y que han contado con un amplio respaldo político.

Esta observación nos lleva al segundo punto: el callejón sin salida antiestatal. La conclusión implícita o explícita del diagnóstico de anarcotiranía puede formularse así: el Estado es el problema; debe reducirse y descentralizarse para devolver la autonomía a los individuos, permitiéndoles, si es necesario, tomar la justicia por su mano. El propio Samuel Francis concluyó que la anarcotiranía no puede resolverse simplemente combatiendo la corrupción o votando en contra de los gobernantes, porque el sistema genera un falso conservadurismo que incita a los ciudadanos honestos a la pasividad, y que la solución reside en devolver el poder a los ciudadanos que respetan la ley. Sin embargo, la lógica libertaria clásica siempre ha conducido, infaliblemente, a la desintegración del tejido social y al deterioro de las condiciones de vida, alimentando la depredación en todos los niveles, la corrupción, el surgimiento de grupos criminales en forma de milicias paraestatales o cárteles, y otras catástrofes.

Finalmente, un tercer escollo reside en la manipulación de hechos sociales seleccionados de manera sesgada. La tendencia descendente de la tolerancia a la violencia en nuestras sociedades conduce, paradójicamente, a la impresión de una explosión de actos violentos, por ejemplo, durante las manifestaciones. Cada bando político puede entonces considerar que la represión estatal solo afecta a sus propios partidarios y que sus oponentes se benefician de una flagrante permisividad. Sin embargo, los hechos son innegables, y la creciente disolución de organizaciones políticas afecta a todo el espectro. El gobierno francés no tiene más interés que su homólogo norteamericano en avivar la confrontación social, pero es indudable que las sucesivas políticas de austeridad y la erosión del modelo redistributivo, sumadas a la fragmentación de la clase trabajadora, multiplican los motivos para la revuelta.

Fuertes con los débiles y débiles con los fuertes: el Estado ordoliberal y su doble moral.

 Lo que describe realmente el concepto de anarcotiranía, una vez despojado de su marco político inicial, es un problema bien conocido en la crítica social: la desigualdad estructural del derecho en las sociedades capitalistas avanzadas. La idea de que el Estado no es neutral en la aplicación de sus propias normas, sino que ejerce una represión diferenciada según la clase social, ha sido fundamental para el pensamiento crítico durante casi dos siglos. Karl Marx desarrolló la tesis de que el Estado no es una institución neutral que arbitra entre intereses contrapuestos, sino más bien un instrumento de dominación de una clase sobre otra. Antonio Gramsci desarrolló este enfoque en sus Cuadernos de la cárcel, argumentando que la dominación de clase opera menos a través de la coerción directa que a través de la producción de consentimiento. La ley no es meramente represiva; organiza el consentimiento de los dominados al presentar los intereses particulares de las clases dominantes como el interés general. Durante la década de 1970, diversos autores ampliaron estas críticas, como Nicos Poulantzas, quien se refirió a la «autonomía relativa» del Estado, y Michel Foucault, para quien las clases trabajadoras estaban sujetas a un intenso control disciplinario, mientras que las clases dominantes eran gobernadas mediante formas de regulación más flexibles. La sociología crítica del derecho y las élites también continúa aportando un amplio abanico de investigaciones sobre estos fenómenos.

Resulta interesante observar que en la actualidad se está produciendo la aparición o intensificación de un fenómeno: la combinación de un giro autoritario en la gestión de los pobres y un declive simultáneo del Estado redistributivo. Ya no se trata simplemente de la antigua desigualdad ante la ley. Es una arquitectura coherente: el Estado se retira del ámbito de la protección social al tiempo que intensifica su papel en la vigilancia y el control, tanto dentro como fuera de sus fronteras; las amenazas del terrorismo y la guerra justifican esta dinámica combinada.

Así, la mayor vigilancia de los «improductivos» se ha convertido en política de Estado. France Travail multiplica sus experimentos de elaboración de perfiles algorítmicos de los desempleados: un índice de sospecha para evaluar la honestidad de quienes buscan empleo, un índice de empleabilidad para medir su atractivo y algoritmos para detectar a quienes pierden la confianza, necesitan revitalizarse o corren el riesgo de desvincularse del mercado laboral. Mientras tanto, la CAF (Fondo de Subsidio Familiar) ya había implementado un algoritmo de elaboración de perfiles para calificar a los beneficiarios de prestaciones y activar controles cuando se les identifica como potencialmente «fraudulentos». Sin embargo, el Estado vigila lo que no protege. Quizás la paradoja más llamativa del momento sea la que ilustra a la perfección la filtración de datos de la CAF: 22 millones de líneas expuestas en un foro de ciberdelincuentes, incluyendo datos personales correspondientes al periodo comprendido entre septiembre de 2024 y noviembre de 2025. El Estado exige a los más vulnerables que entreguen toda su información administrativa para recibir prestaciones calculadas a la baja, y demuestra ser incapaz de garantizar la seguridad informática básica.

Mientras tanto, en el otro extremo del espectro social, el fraude fiscal, estimado entre 80 y 100 mil millones de euros anuales en Francia, se beneficia de un sistema judicial particularmente indulgente. Nunca antes se había encarcelado a tantas personas en Francia, pero los delitos económicos gozan de la misma impunidad. Esto no es una incoherencia accidental, sino la lógica del ordoliberalismo maduro: un Estado que delega sus funciones redistributivas y de servicios, sustituyéndolas por una burocracia de control y activación. El ahorro en servicios públicos esenciales (médicos, orientadores laborales, trabajadores sociales, profesores, etc.) se compensa con inversiones masivas en sistemas de vigilancia algorítmica.

Otra consecuencia visible es, lógicamente, la represión selectiva de las protestas. Las manifestaciones de los Chalecos Amarillos resultaron en 11.000 arrestos, 3.000 condenas y varios cientos de heridos graves, incluyendo numerosos casos de pérdida de ojos y manos. Las protestas contra la reforma de pensiones de 2023 dieron lugar a detenciones preventivas y al uso generalizado de la custodia policial como herramienta de dispersión, incluso antes de que se tomara ninguna medida. Mientras tanto, las infracciones de la legislación laboral por parte de los empleadores (trabajo no declarado, incumplimiento de los procedimientos de despido, impago de horas extras) siguen estando en gran medida impunes debido a la falta de suficientes inspectores laborales. Es aquí donde el concepto de anarcotiranía, invertido, resulta útil: existe, en efecto, una profunda asimetría entre la severidad del Estado hacia quienes desafían el orden establecido y su indulgencia hacia quienes lo explotan. Pero la asimetría no se da solo entre ciudadanos respetuosos de la ley y delincuentes, sino principalmente entre clases sociales.

Nacido en la derecha radical y popularizado en las redes sociales en inglés, el concepto de anarcotiranía es una herramienta retórica que explota el sentimiento de persecución entre la clase media integrada, intentando movilizar políticamente a estos «estadounidenses radicales de clase media» que, dos décadas después, impulsarían a Donald Trump a la Casa Blanca. Sin embargo, también describe una realidad que a la izquierda a veces le cuesta articular con la misma concisión: nuestras sociedades combinan simultáneamente un creciente autoritarismo hacia los trabajadores con una erosión gradual de las protecciones sociales que el Estado debía garantizarles. Las sucesivas reformas dificultan el acceso a las prestaciones de la Seguridad Social, incluso cuando las contribuciones permanecen estancadas. Los algoritmos clasifican a los desempleados por «índice de sospecha», mientras que los acuerdos judiciales de interés público permiten a grandes corporaciones fraudulentas negociar sus multas a puerta cerrada. Y las autoridades tributarias digitales examinan minuciosamente las declaraciones de impuestos de los beneficiarios de la asistencia social y permiten la filtración de sus datos.

Es cierto que estas políticas represivas explotan una división histórica dentro de la clase trabajadora, alimentada por un discurso político y mediático que criminaliza a sectores de la población excluidos de la producción en nombre de la lucha contra el fraude o justifica la austeridad con el pretexto de la crisis económica. Atomizadas, despolitizadas y desprovistas de cualquier apoyo militante, es improbable que estas clases trabajadoras se alcen en armas, salvo en grandes convulsiones como el movimiento de los Chalecos Amarillos.

La clase dominante ha integrado plenamente esta idea en su ideología, especialmente en Estados Unidos, donde la ley del más fuerte, teorizada ya en el siglo XIX con la fórmula «La fuerza hace el derecho», se ha convertido en el modo explícito de gobernar: como dicen los partidarios de Donald Trump, «simplemente se pueden hacer las cosas», ya sea desregular sectores de la economía para beneficiar a las élites cercanas al poder, atacar países desafiando el derecho internacional o imponer acuerdos comerciales desequilibrados a sus vasallos. Este enfoque brutal de la política tiene, al menos, el mérito de liberarse de la hipocresía normativa que prevalecía hasta entonces, la cual se negaba a reconocer la dinámica de poder que realmente dicta las decisiones tomadas; una hipocresía de la que los líderes de la Unión Europea ofrecen ejemplos constantes y renovados. En Francia, la atención ya no se centra en lamentar la persecución de la clase media o el auge de los grupos criminales, sino en evaluar los síntomas, estudiar las causas y proponer soluciones ambiciosas y participativas a estos problemas tan reales. Desde esta perspectiva, redescubrir las diversas corrientes de crítica al sistema judicial y al funcionamiento del Estado constituye un primer paso estimulante para comprender las desigualdades a las que se enfrentan los trabajadores a diario.