Gaceta Crítica

Boaventura de Sousa Santos (SAVAGE MINDS SUBSTACK), 19 de Agosto de 2026

Desde finales del siglo XV, Latinoamérica (que defino como la región que incluye México, Centroamérica y el Caribe) ha servido como un vasto laboratorio para la experimentación social, política y económica del capitalismo y el colonialismo. Hasta que Estados Unidos obtuvo su independencia, Norteamérica le perteneció. Al emerger Estados Unidos como la nueva potencia capitalista mundial, ocupó el lugar que antes había ocupado el colonialismo europeo y convirtió a Sudamérica en su laboratorio.

Este laboratorio cuenta con dos departamentos principales: opresión y liberación. Ambos se han mantenido activos a lo largo de los siglos, aunque su relevancia varía según el período histórico. Fue aquí donde se cometieron los primeros genocidios de la era moderna. Tras la independencia de Estados Unidos, fue aquí donde se libraron las primeras grandes luchas contra el colonialismo europeo, con Simón Bolívar como figura destacada. Aquí, por primera vez y de diversas formas, se manifestó la contradicción entre la independencia política y la persistencia del colonialismo más allá del fin del colonialismo histórico: colonialismo interno, neocolonialismo y la Doctrina Monroe desde 1823 hasta la actualidad. Basta con considerar el lapso entre la independencia de Haití en 1804 y la de todos los demás países del continente durante la primera mitad del siglo XIX. Fue la experiencia de algunos de estos países —Honduras, entre los que destaca— la que justificó la acuñación del término «república bananera» por el escritor estadounidense O. Henry.

En una trágica alianza con África, surgió aquí la primera gran contradicción entre los supuestos principios universales del liberalismo europeo y las prácticas de los países europeos fuera de Europa. Basta con recordar las críticas del misionero Bartolomé de las Casas. Fue aquí donde tuvo lugar la primera revolución de la era moderna: la Revolución Mexicana de 1910-1920, que dio lugar a la primera gran reforma agraria, al lema « la tierra es de quien la trabaja», a la garantía de los derechos de los trabajadores y a las primeras nacionalizaciones de corporaciones multinacionales.

Más cerca de la actualidad, la revolución que desató la energía más revolucionaria del mundo durante las primeras décadas de la Guerra Fría —la Revolución Cubana— tuvo lugar aquí. Un pequeño país, a 140 kilómetros de Estados Unidos, casi en las entrañas del monstruo, en palabras de José Martí, desafió al poder imperial, prometió expandirse por el resto del continente y estaba dispuesto a compartir su fuerza con los movimientos anticoloniales de otros continentes, como lo atestiguan elocuentemente Angola y Namibia.

Fortalecidas por la esperanza de justicia social que fomentó la Revolución Cubana, las fuerzas democráticas progresistas de otros países del continente intentaron reformas estructurales en los años siguientes, especialmente en lo referente a los derechos laborales y la propiedad de la tierra. Este fue el caso de Brasil bajo el mandato de João Goulart (1961-1964). Fue derrocado por un golpe militar orquestado por la CIA y respaldado por la Casa Blanca de Lyndon Johnson, con una fuerza naval en alerta frente a la costa brasileña. Con las dictaduras militares que le siguieron —en Chile entre 1973 y 1990, y en Argentina entre 1976 y 1983— se consolidó el «departamento de opresión» dentro del ámbito latinoamericano.

Dado que el laboratorio latinoamericano contaba con dos departamentos, la intensificación de la opresión no sofocó la lucha por la liberación. Fue también en Latinoamérica donde, diez años después de la Revolución Cubana, tuvo lugar el primer experimento de socialismo democrático de la era de la Guerra Fría. Me refiero al Chile de Salvador Allende, elegido presidente en 1970. A diferencia de la Revolución Cubana, este experimento buscaba alcanzar objetivos socialistas mediante medios democráticos liberales y no se desanimó por el fracaso de intentos similares en Europa, particularmente en la Alemania posterior a la Primera Guerra Mundial. Terminó tres años después con un golpe de Estado orquestado por Henry Kissinger y la CIA: el equivalente latinoamericano del 11-S.

El departamento de la opresión puso en marcha en Chile el gran experimento de la segunda mitad del siglo XX, un experimento que continúa hasta nuestros días y que ahora se extiende por todo el mundo capitalista. Lo que está en juego es la gestión de la relación contradictoria entre el capitalismo neoliberal y la democracia. El experimento se basa en dos hipótesis. La primera es la incompatibilidad total entre neoliberalismo y democracia. La segunda es la compatibilidad de ambos mediante el desmantelamiento de todos los instrumentos democráticos que constituyen un obstáculo para el avance del neoliberalismo, un avance que se considera y se desea que sea imparable.

En resumen, el neoliberalismo es la versión del capital que respondió a la crisis de acumulación más reciente (reciente hasta hace poco) con un puñado de soluciones. El mercado es el gran regulador social, no solo de las relaciones económicas, sino también de las sociales y políticas. La privatización del sector de empresas estatales. La desregulación de la actividad económica —o más bien, su «re-regulación»— para transformar el Estado en otro instrumento de acumulación. La reducción al mínimo de las políticas sociales mediante la transformación de bienes públicos en empresas, particularmente en la sanidad, la educación, el sistema de pensiones, la investigación científica y, más recientemente, la prestación de servicios religiosos. Todo esto resulta en una transferencia masiva de ingresos de las clases trabajadoras y medias (donde existen) a diversos sectores de la clase dominante capitalista-colonialista. El neoliberalismo consagra la dicotomía entre pobres y ricos, cuando en realidad esta dicotomía enfrenta a grandes mayorías empobrecidas con el enriquecimiento de pequeñas minorías.

La primera hipótesis dominó el período inicial de este experimento. Milton Friedman, artífice de las reformas económicas neoliberales implementadas por el dictador chileno Augusto Pinochet, reconoció en una entrevista de 1994 con un periódico alemán que algunas de las reformas deseables solo podían implementarse bajo una dictadura. La segunda hipótesis dominó la fase que comenzó en 2009. Denomino las dos fases de la siguiente manera: «Entre la dictadura y la democracia avanzada o la revolución democrática» y «Entre la democracia decente, el ditamol o la guerra híbrida».

Entre la dictadura y la democracia avanzada o la revolución democrática.

Es importante tener en cuenta que el laboratorio latinoamericano siempre mantiene ambos departamentos y que la visibilidad de uno u otro fluctúa con el tiempo. Los golpes militares en Brasil en 1964, en Uruguay y Chile en 1973, y en Argentina en 1976 buscaron confirmar que el capitalismo es incompatible con la democracia. La democracia genera expectativas entre las clases trabajadoras de una vida mejor, expectativas que no pueden realizarse sin cuestionar la distribución desigual de la riqueza social, una distribución que la clase capitalista impone para mantener y consolidar su poder económico, social y político. La represión, los asesinatos, las desapariciones y el exilio no impidieron que el departamento de liberación siguiera funcionando, tanto en el plano teórico como en el práctico.

En el ámbito intelectual, la principal innovación teórica fue la teoría de la dependencia, propuesta por intelectuales que a menudo se encontraban en el exilio. Me limitaré al caso brasileño. En educación, destaca la obra monumental de Paulo Freire. En el campo de las ciencias sociales, la teoría de la dependencia de los primeros Fernando Henrique Cardoso, Theotônio dos Santos, Vânia Bambirra y Ruy Mauro Marini. Este último acuñó un concepto que aún se utiliza hoy en día: subimperialismo. Con este término, Marini caracterizó el papel de Brasil bajo la dictadura dentro del contexto regional del imperialismo estadounidense.

En el plano político, la Revolución Sandinista en Nicaragua, de 1979 a 1990, fue el movimiento de liberación que, después de la Revolución Cubana, más inspiró a los progresistas de todo el continente y del mundo. Fue un movimiento innovador con un fuerte componente de catolicismo progresista arraigado en la teología de la liberación. Tras siglos de complicidad activa con el colonialismo, el capitalismo y la dictadura, la Iglesia Católica asumió los riesgos que Jesús de Nazaret enfrentó al solidarizarse con los pobres y los oprimidos. Fue también un proceso revolucionario que se desarrolló en medio de una intensa intervención imperialista, representada por los Contras, los grupos armados que Estados Unidos financió y entrenó para derrocar la revolución.

La oposición popular a las dictaduras en Argentina, Uruguay, Brasil y Chile propició el retorno de la democracia en 1983, 1985, 1985 y 1990, respectivamente. Surgió una democracia debilitada, mermada por años de dictadura y, en el caso de Chile, sin ningún compromiso para abordar la devastación social causada por el neoliberalismo.

Sin embargo, desde el comienzo del nuevo milenio, estos países buscaron, de diversas maneras, profundizar la democracia siguiendo líneas socialdemócratas: menor injusticia social, mayor intervención estatal en la economía y políticas sociales más sólidas. Se inspiraron en la tradición europea posterior a la Segunda Guerra Mundial y en su propio pasado: el peronismo y el getulismo. En Brasil, este proceso se desarrolló durante los mandatos del Partido de los Trabajadores, bajo las presidencias de Lula da Silva (2003-2010, 2023-) y Dilma Rousseff (2011-2016). En Argentina, merece especial mención la presidencia de Néstor Kirchner (2003-2007). En Uruguay, la presidencia de Pepe Mujica (2010-2015). En Chile, las presidencias de Michelle Bachelet (2006-2010, 2014-2018) y Gabriel Boric (2022-2026). No olvidemos Paraguay y el gobierno progresista del ex obispo católico Fernando Lugo, quien fue presidente de 2008 a 2012, ni Honduras bajo la presidencia de Manuel Zelaya (2006-2009).

Impulsado por gobiernos progresistas y alentado por sus relativos éxitos, el movimiento popular cobró fuerza en todo el continente a partir de la última década del milenio, especialmente el movimiento indígena, que se convirtió en una importante fuerza política en países tan diversos como Bolivia, Ecuador, Colombia, México y Chile. En 1994, el gran levantamiento zapatista en el sur de México captó el interés y la simpatía de todo el mundo progresista y prometió nuevas formas de activismo, trascendiendo el antiguo dualismo entre reforma y revolución.

En 2001, se fundó el Foro Social Mundial en Porto Alegre, y fui un activista comprometido durante quince años. Era un movimiento de movimientos sociales de todo el mundo, con sede en la ciudad brasileña porque allí habían surgido los experimentos más innovadores de democracia participativa a nivel local, gracias a una iniciativa del Partido de los Trabajadores bajo el inspirador liderazgo de Olívio Dutra y Tarso Genro.

Tras esta movilización progresista multifacética, la primera década del milenio fue testigo de tres importantes innovaciones políticas. Constituyeron un experimento de liberación particularmente ambicioso, al menos en cuanto a sus objetivos. Adoptaron el nombre de «revolución» o su equivalente para subrayar la determinación de romper con la injusticia históricamente arraigada en el continente. Me refiero a la Revolución Bolivariana en Venezuela, bajo el liderazgo de Hugo Chávez (1999-2013); la Revolución Ciudadana en Ecuador, bajo el liderazgo de Rafael Correa (2007-2017); y el Proceso de Cambio en Bolivia, liderado por Evo Morales (2006-2019), el primer presidente indígena de la era moderna.

Estos procesos fueron muy distintos, pero todos representaron una ruptura radical con el pasado reciente. El establecimiento de asambleas constituyentes simbolizó esta ruptura y dio lugar a nuevas constituciones orientadas a una refundación genuina del Estado. En Venezuela, la Constitución de 1999. En Ecuador, la Constitución de 2008. En Bolivia, la Constitución de 2009. Para aclarar mi postura al respecto, participé como consultor en las constituciones de Ecuador y Bolivia en relación con los temas de plurinacionalidad, derechos de los pueblos indígenas y pluralismo jurídico.

El carácter transformador de estas constituciones se evidencia en el artículo 1 de cada una. Cito:

Constitución de Venezuela, Artículo 1: “La República Bolivariana de Venezuela es irrevocablemente libre e independiente y fundamenta su herencia moral y sus valores de libertad, igualdad, justicia y paz internacional en la doctrina de Simón Bolívar, el Libertador. La independencia, la libertad, la soberanía, la inmunidad, la integridad territorial y la autodeterminación nacional son derechos inalienables de la nación.”

Constitución del Ecuador, Artículo 1: “Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia; es social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza como república y se gobierna de manera descentralizada. La soberanía reside en el pueblo, cuya voluntad es fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público y las formas de participación directa previstas en la Constitución. Los recursos naturales no renovables dentro del territorio del Estado pertenecen a su patrimonio inalienable, irrevocable e imprescriptible.”

Constitución de Bolivia, Artículo 1: “Bolivia se constituye como un Estado unitario, social, de Estado de derecho, plurinacional y comunitario; libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y dotado de autonomías. Bolivia se fundamenta en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, en el marco del proceso de integración del país.”

La naturaleza jurídica y política de estas constituciones fue tan innovadora que dio origen a una nueva concepción del constitucionalismo, conocida como «nuevo constitucionalismo latinoamericano», «constitucionalismo transformador» o «constitucionalismo del Sur». Propusieron una nueva organización del Estado, con órganos de soberanía adicionales a los tres tradicionales (legislativo, ejecutivo y judicial); la radicalización de la participación democrática más allá del canon liberal; y una concepción sólida de la soberanía, que incluía una mayor intervención estatal en la economía y el control nacional sobre los recursos naturales. En Ecuador y Bolivia, también se propuso una fuerte presencia constitucional de la identidad nacional indígena, con la adopción en la Constitución —por primera vez en la historia latinoamericana— de conceptos en lenguas no coloniales: quechua y aimara. Se mantuvo la democracia de corte liberal, pero se radicalizó mediante la introducción de formas de democracia participativa y comunitaria.

La naturaleza sociopolítica de estos procesos puede describirse, utilizando un concepto acuñado por el sociólogo boliviano René Zavaleta Mercado, como movimientos nacional-populares, con un fuerte énfasis en el nacionalismo progresista fundamentado en la soberanía popular y el control nacional de los recursos naturales. La retórica política que los impulsó y las prácticas en las que se tradujeron otorgaron credibilidad a la recuperación y reinvención de la memoria histórica del socialismo bajo la forma de un «socialismo del siglo XXI».

La experimentación social y política en el “departamento de liberación” del gran laboratorio latinoamericano no se limitó al ámbito nacional. Fue durante este periodo que los países latinoamericanos alcanzaron su mayor capacidad de organización sin la tutela de su “hermano mayor” del Norte, es decir, fuera de la Organización de los Estados Americanos, que siempre había estado dominada por Estados Unidos. En gran medida por iniciativa de Hugo Chávez, se crearon varias organizaciones de cooperación regional con una lógica igualitaria, basada en la complementariedad, sin precedentes en el continente.

Así surgieron ALBA, UNASUR, el Banco del Sur y la CELAC. ALBA, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, se fundó como un bloque de cooperación política, social y económica entre América Latina y el Caribe. Fidel Castro y Hugo Chávez la fundaron en La Habana en 2004 como contrapunto y alternativa al tratado de libre comercio que Estados Unidos pretendía imponer a América Latina (ALCA, Área de Libre Comercio de las Américas), un proyecto que había generado una fuerte oposición política y social en todo el continente.

UNASUR, la Unión de Naciones Suramericanas, se creó en 2008 como un bloque intergubernamental para la integración regional, con el objetivo de unir a los países de Sudamérica mediante la coordinación política, proyectos sociales y la cooperación en materia de infraestructura. Su primer secretario general fue Néstor Kirchner.

El Banco del Sur se creó en 2009 como una organización financiera multilateral con el objetivo de promover la integración regional de los países sudamericanos y reducir su dependencia de las instituciones multilaterales hegemónicas, a saber, el FMI y el Banco Mundial. El acuerdo fue firmado por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Ecuador, Bolivia y Venezuela.

La CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, se estableció en 2010 como una organización internacional regional que abarca América Latina y el Caribe. La primera reunión se celebró en Caracas en 2011.

Todo este marco institucional regional fue una respuesta a la devastación social causada por el neoliberalismo en las décadas de 1980 y 1990, cuando Estados Unidos impuso —con escasas restricciones— la dominación financiera, el comercio desigual y el acceso a los recursos naturales del subcontinente a los países de la región. Fue una alternativa audaz a la Doctrina Monroe y a la consiguiente transformación del subcontinente en el «patio trasero» de Estados Unidos. La fuerza de esta alternativa residía en la fortaleza de los Estados que la promovían. Se fue desvaneciendo gradualmente durante la segunda década del milenio debido a la convergencia de tres factores, que menciono sin un orden de prioridad específico: errores de liderazgo, quintas columnas dentro de las clases dominantes descontentas con su relativa pérdida de poder, y la agresión y el cerco del imperialismo estadounidense, que, como señaló Ruy Mauro Marini, fue cada vez más apoyado por el subimperialismo de la Unión Europea e Israel.

Entre la democracia decente, el “ ditamol ” o la guerra híbrida

El departamento de opresión del gran laboratorio latinoamericano —dirigido por el imperialismo estadounidense y sus cómplices internos y externos— observaba con preocupación los avances del departamento de liberación. Durante la primera década del milenio, se había centrado en los trágicos sucesos del 11 de septiembre de 2001 y sus consecuencias, en particular la guerra ilegal contra Irak en 2003. En cierta medida, había prestado menos atención a lo que ocurría en el subcontinente. Alarmado por la energía progresista y autonomista que emergía en su propio patio trasero, decidió intensificar su injerencia paternalista. Esta injerencia, que continúa hasta el día de hoy, ha pasado por dos fases, correspondientes a dos procesos complementarios de debilitamiento de la democracia y su transformación en un dócil instrumento de los intereses imperiales.

La primera fase consiste en transformar, mediante golpes de estado suaves, democracias decentes en regímenes autoritarios y fragmentados. No se produce una ruptura violenta con los procesos democráticos. En cambio, se refuerzan los componentes autoritarios de los regímenes democráticos para lograr, al menos en parte, los mismos objetivos que se obtendrían mediante una dictadura. Para caracterizar esta distorsión de la democracia, recurro al concepto de «ditamole», acuñado por el politólogo Guillermo O’Donnell, como contrapunto a la dictadura. De hecho, se produce una transición de una democracia decente a una democracia indecente, autoritaria y fragmentada. La distorsión puede variar en intensidad, dependiendo de las «necesidades» de la injerencia externa y sus aliados internos.

La segunda fase intensifica la democracia distorsionada mediante intervenciones abiertamente antidemocráticas y violentas, que pueden incluir intentos de asesinato, sanciones económicas, embargos, la confiscación de reservas en bancos internacionales y la expulsión de tecnología digital. Así comienza una guerra híbrida entre democracia y dictadura. La dictadura se infiltra lentamente, gota a gota, hasta que un día los ciudadanos despiertan y se dan cuenta de que ya no viven en una democracia. El objetivo es que la gran mayoría no le dé importancia a este descubrimiento a corto plazo.

La idea de las dos fases simplemente resalta el diferente énfasis puesto en los medios empleados. En la primera fase, los métodos preferidos en la segunda pueden utilizarse de forma excepcional. Este es el caso de Venezuela, donde el presidente Hugo Chávez fue blanco de varios intentos de asesinato desde sus inicios y donde, hasta el día de hoy, las causas de su muerte siguen sin estar claras. Cuba es un caso particularmente trágico porque la Revolución Cubana, por muchas razones —entre ellas, su excesiva cercanía a las entrañas del monstruo— no adoptó el giro democrático liberal observado en otros países del subcontinente. Durante más de sesenta años, ha sido sometida a la injerencia imperial más violenta, característica de la segunda fase. Además de los intentos de invasión, los embargos y las sanciones de todo tipo, se estima que la CIA realizó 638 intentos de asesinato contra Fidel Castro.

La primera fase (2009–2026)

El recuerdo de las atrocidades cometidas durante las dictaduras y la nueva legitimidad que la democracia había adquirido en el subcontinente impidieron el tradicional recurso a los golpes de Estado y al establecimiento de dictaduras con la participación activa de fuerzas armadas entrenadas en la tristemente célebre Escuela de las Américas en Columbus, Georgia. Se optó por recurrir a instrumentos democráticos, manipulando su uso hasta lograr los resultados deseados. Inicialmente, estos resultados consistieron en destituir a líderes del cambio progresista e intervenir activamente en los procesos electorales subsiguientes para que surgieran de las urnas gobiernos afines a Estados Unidos.

Este tipo de intervención se denominó «golpe blando», ya que se produjo sin violencia militar y bajo una fachada democrática, a veces centrada en los tribunales, a veces en los parlamentos. Los golpes fueron «blandos» solo para quienes los llevaron a cabo. Para quienes los sufrieron, fueron extremadamente violentos. Así, siguieron el golpe de Honduras contra el presidente Manuel Zelaya (2009), el de Paraguay contra el presidente Fernando Lugo (2012), el de Brasil contra la presidenta Dilma Rousseff (2016) y, nuevamente en Brasil, el golpe judicial destinado a descabezar a la dirección del Partido de los Trabajadores y descalificar al favorito para las elecciones presidenciales de 2018, Lula da Silva. Este golpe blando —sin duda el de mayor alcance en el continente— se denominó «Operación Lava Jato» y se extendió desde 2014 hasta 2021.

También cabe mencionar el golpe de Estado encubierto en Bolivia contra Evo Morales en 2019 y las persecuciones judiciales contra la expresidenta de Argentina, Cristina Kirchner, y el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, que se han prolongado durante más de una década.

Esta ola de golpes de Estado blandos ha causado profundos daños políticos y sociales a los países afectados, así como perjuicios personales a los líderes que los sufrieron. Me limitaré al caso de Brasil. Estos golpes llevaron a la elección de un presidente de extrema derecha, Jair Bolsonaro, quien, entre otras acciones perjudiciales, adoptó una política de negación durante la pandemia de COVID-19; una política que, según estimaciones de la OMS y Oxfam, causó entre 120.000 y 400.000 muertes evitables si se hubieran implementado las medidas de control recomendadas a nivel mundial. Sería difícil enumerar los daños personales. Baste decir que Lula da Silva, el actual presidente, fue encarcelado injustamente durante 580 días.

A pesar del papel preponderante que desempeñaron las fuerzas de la opresión durante este periodo, las fuerzas de la liberación no permanecieron inactivas. El gran laboratorio latinoamericano se mantuvo fiel a sí mismo. Tres ejemplos bastan para ilustrar que la injerencia imperial no siempre tuvo un éxito rotundo.

Brasil

En el caso de Brasil, el golpe blando contra los gobiernos del Partido de los Trabajadores —y sobre todo contra su líder histórico, Lula da Silva— no logró el éxito que esperaban los golpistas. La persecución judicial contra Lula quedó al descubierto; fue reelegido presidente en 2022 y ahora es candidato a la reelección en las elecciones de octubre. Sin embargo, no se puede decir que el golpe blando haya fracasado por completo. El Brasil al que Lula ha regresado como presidente es un país diferente al que existía cuando fue arrestado. Y la diferencia es para peor. Es un país mucho más conservador, con un parlamento debilitado por las estrategias golpistas y de extrema derecha del período anterior, socialmente más injusto y con mucho menos margen de maniobra para revertir la situación a favor de las clases trabajadoras. Es mucho más susceptible a la explotación política conservadora de la religión —especialmente el evangelicalismo neopentecostal— y tiene una población más desinformada por las redes sociales y más vulnerable a la política del odio. El trabajo del departamento de opresión durante casi una década no ha sido vano para los intereses del imperialismo estadounidense y sus aliados internos.

El segundo y el tercer ejemplo se refieren a dos países que estuvieron ausentes de la ola progresista que recorrió el subcontinente durante la primera década del milenio: México y Colombia.

México

México, al igual que Cuba, tiene un pasado revolucionario —aunque mucho más lejano— y se encuentra muy cerca de las entrañas del monstruo. A diferencia de Cuba, es un país extenso con inmensos recursos naturales, una rica diversidad cultural, una impresionante historia precolonial, un complejo desarrollo económico, social y cultural, y un sistema político que transitó pacíficamente de un partido revolucionario único a un sistema multipartidista. También es un país con altos niveles de violencia, tanto común como política —que no siempre son fáciles de distinguir— y posee quizás la experiencia histórica más diversa en sus relaciones con Estados Unidos, marcada por la guerra y la diplomacia, el robo de tierras y los acuerdos de libre comercio, la dependencia política de la diáspora mexicana y la deportación de emigrantes.

México se mantuvo al margen de la ola progresista de la primera década del milenio. Sin embargo, en 2018, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ganó las elecciones. Si bien ya había ganado elecciones presidenciales anteriores, el fraude electoral logró bloquear —durante un tiempo— el proyecto de cambio que había anunciado, la 4T. La 4T es la cuarta transformación, siendo las tres primeras la Guerra de Independencia (1810-1821), la Guerra de Reforma (1858-1861) y la Revolución Mexicana (1910-1920). Como el propio AMLO lo expresó, la 4T culminaría de manera ordenada y pacífica los procesos de reforma llevados a cabo por las transformaciones anteriores. Los cambios prometidos priorizaban la lucha contra la corrupción, el fortalecimiento de la democracia mediante referendos públicos, la libertad de expresión y de religión, la reforma constitucional, la soberanía energética y la mejora de las condiciones de vida de la clase trabajadora en términos de salarios, derechos sociales —con especial atención a la salud pública y la educación— y pensiones.

Fue un programa socialdemócrata que aliados y opositores tacharon de izquierdista, centroizquierdista o populista. Lo cierto es que, al dejar la presidencia en 2024, AMLO dejó un país mejor que el que encontró en 2018. El éxito de sus políticas se refleja en la prominencia política de MORENA, el partido que, surgido como un movimiento, siempre lo ha apoyado. Fue precisamente este éxito, sumado a los méritos del propio candidato, lo que posibilitó la elección de Claudia Sheinbaum, su sucesora y quien continúa con la Cuarta Revolución.

De esto podemos concluir que el gobierno progresista de AMLO prosperó —a pesar de las inevitables dificultades y ambigüedades— durante el período en que el imperialismo estadounidense volvió a centrar su atención en su propio territorio. Desde la perspectiva del imperio, la estrategia de injerencia en la primera fase no había sido del todo exitosa.

Colombia

Colombia fue el otro gran país del subcontinente ausente de la ola progresista de la primera década del milenio. Al igual que México, es un país vasto, sumamente rico en recursos naturales, biodiversidad y diversidad cultural. Un país que, salvo un breve período (1953-1957), siempre ha estado gobernado por un régimen democrático, pero donde, al igual que en México, la violencia popular y política siempre ha dominado la vida de sus ciudadanos. De hecho, la violencia política organizada en Colombia ha sido mucho más intensa que en México, manifestándose en el surgimiento de grupos guerrilleros que han moldeado la vida política —y sobre todo, la vida de las comunidades rurales— desde finales de la década de 1950 hasta la actualidad, a pesar de sucesivos procesos de paz, el más reciente de los cuales tuvo lugar en 2016. En las últimas décadas, la violencia de las guerrillas se ha visto agravada —supuestamente para combatirla— por la violencia de los paramilitares, grupos privados de extrema derecha que se autodenominan “grupos de autodefensa”. Colombia es uno de los países más desiguales del continente, donde el 1% más rico controla el 40% de la riqueza nacional.

Colombia ha sido tradicionalmente el aliado más leal de Estados Unidos en el continente. Por esta razón, y debido al volumen de ayuda financiera y militar que recibe, incluso se la ha considerado el «Israel de Latinoamérica». Cuando, en junio de 2021, la Asamblea General de la ONU votó una resolución que pedía el fin del embargo económico estadounidense contra Cuba, Colombia no votó a favor. Se abstuvo, al igual que Brasil, gobernado por Bolsonaro.

En el año 2000, Colombia firmó un ambicioso acuerdo militar y diplomático bilateral con Estados Unidos, el Plan Colombia . Este plan inyectó miles de millones de dólares para modernizar las Fuerzas Armadas colombianas, combatir los cárteles de la droga y debilitar a los grupos insurgentes. Para 2015, se habían invertido 10 mil millones de dólares en las Fuerzas Armadas colombianas sin lograr ninguno de los objetivos, salvo el fortalecimiento de su capacidad represiva, que se centró en combatir a enemigos internos en lugar de externos, como era su propósito original. También se emplearon medidas sumamente problemáticas para la salud humana y el medio ambiente, en particular la fumigación de cultivos con herbicidas prohibidos en muchos países, incluido el glifosato.

El objetivo de desarrollo social anunciado en el Plan Colombia nunca se alcanzó. Por el contrario, el país se volvió más desigual; aumentaron los disturbios sociales, las condiciones de vida precarias y la falta de oportunidades, y empeoró el desempleo juvenil. En abril de 2021, estalló un levantamiento popular en los barrios periféricos de Cali, con una participación juvenil masiva. A pesar de la fuerte represión policial y militar, el levantamiento persistió durante meses, ocupando calles y plazas. Dio lugar a nuevas formas de movilización y participación intergeneracional, como las cocinas comunitarias donde las cocineras eran en su mayoría las madres de los jóvenes manifestantes, y las «ecologías del conocimiento», como las clases impartidas por profesores universitarios que se identificaban con la lucha en una universidad popular creada para debatir temas de interés para los manifestantes. Esta fue la Comuna de Cali, que aún hoy es evidente, entre otras cosas, en la magnífica escultura colectiva de diez metros de altura titulada «Resiste».

Este movimiento inspiró a otros movimientos de resistencia en ciudades de todo el país, y la acumulación de fuerzas culminó en 2022 con la elección del primer presidente de izquierda en la historia de Colombia, Gustavo Petro. Petro se comprometió a luchar por la “paz total”, mejorar las condiciones de vida de las clases trabajadoras y defender la soberanía y la autodeterminación del país, especialmente en lo que respecta a la gestión de sus vastos recursos naturales. Desde el principio, reveló lo que su mandato confirmaría más tarde: fue el jefe de Estado que, en el mundo contemporáneo, articuló con mayor elocuencia la conciencia ecológica que debe guiar a las futuras generaciones. Los discursos que pronunció en las Naciones Unidas y otros encuentros internacionales pasarán a la historia del movimiento ambientalista.

La Colombia de Petro fue otro caso más en el que el imperialismo estadounidense se vio obligado a concluir que las estrategias blandas de la primera fase habían fracasado o habían perdido su utilidad.