Gaceta Crítica

Jorge Otero (PÚBLICO), 7 de Agosto de 2026

• «La alimentación es un derecho básico que ha sido privatizado. Necesitamos infraestructuras públicas que puedan asegurar una alimentación sana», dice Javier Guzmán, presidente de Justicia Alimentaria.
• En los últimos años se ha impuesto «una narrativa neoliberal» que ha generado «un sistema alimentario absolutamente desastroso que solo beneficia a las grandes empresas distribuidoras», dice el experto.

Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, anunció la semana pasada que los supermercados públicos que pretende abrir en la ciudad de Nueva York serán un 30% más baratos que otros súper convencionales. Dentro de su programa económico, Mamdani se ha fijado como objetivo abrir un supermercado público en cada uno de los cinco distritos de la ciudad antes de que termine su mandato en el año 2030. El regidor neoyorquino prevé una inversión de 70 millones de dólares (60,4 millones de euros al cambio actual) en fondos de capital para poner en marcha estas cinco tiendas.

La apertura de supermercados públicos en Nueva York es una de las medidas estrella del programa electoral con el que Mamdani ganó las elecciones municipales a finales del año pasado. Según las estimaciones del propio Ayuntamiento, esta medida permitirá a cada hogar de la ciudad ahorrar alrededor de 90 dólares al mes (78 euros), lo que equivale a unos 1.000 dólares al año (867 euros).

Aunque en España sí existen experiencias cooperativistas en el sector, el país no tiene una red de supermercados públicos comparable al plan de Mamdani. Este asunto ya se ha puesto sobre la mesa en ocasiones anteriores, sobre todo por la izquierda alternativa y las organizaciones de consumidores. En cualquier caso, la propuesta genera mucho debate.

«La alimentación es un derecho básico que ha sido privatizado. Parece que por primera vez en la historia, el Estado no tuviera nada que ver con la alimentación de su pueblo. Por tanto, es imprescindible empezar a tener herramientas e infraestructuras públicas que puedan asegurar este derecho a una alimentación sana», asegura Javier Guzmán, sociólogo y presidente de Justicia Alimentaria, una ONG que defiende con ahínco la creación de supermercados públicos en España. El de Guzmán es un argumento muy parecido al que utilizó Mamdani en su día para justificar su propuesta: «Garantizar que todos los neoyorquinos puedan comprar alimentos frescos y asequibles en su propio barrio es fundamental». 

«El Estado ha perdido su capacidad de alimentar a la gente de una manera más o menos sana, fresca. También ha perdido la  capacidad de tener un sistema alimentario más o menos equilibrado y resiliente. Somos un país rico, pero cada vez comemos peor«, responde Javier Guzmán cuando se le pregunta por qué una propuesta como la de Mamdani no termina de concretarse en España.

Para Guzmán, los supermercados públicos no serían tanto un modelo de negocio como un modelo social a través del cual ampliar el acceso de ciertas capas de la población a alimentos de calidad. «Tenemos problemas de aumento constante de precio. En Justicia Alimentaria calculamos que en los últimos cinco años los alimentos un 41% alimentos básicos y frescos. En Catalunya, por ejemplo, el consumo de pescado ha bajado un 40% por los altos precios», describe Guzmán. 

Sin embargo, Guzmán también asume que en los últimos años se ha impuesto «una narrativa neoliberal» que ha generado «un sistema alimentario absolutamente desastroso que solo ha beneficiado a la exportación y a grandes empresas distribuidoras». 

Ahora mismo no hay un marco narrativo que apoye la creación de estos supermercados públicos, según Guzmán. Este experto reconoce que en España faltan voluntad política e interés para adoptar una medida como la de Mamdani. La propuesta de crear una red de supermercados públicos en España pone los pelos de punta a la derecha y a la patronal, y el PSOE se pone de perfil. Las referencias a Cuba, Venezuela o el telón de acero son casi automáticas cuando se habla de este asunto.

Tampoco la patronal está por la labor. Entre los detractores de esta medida se cuentan entidades como la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas) o la Asociación de Fabricantes y Distribuidores de España (Aecoc)  argumentan que un supermercado público «no aportaría nada». Estas organizaciones empresariales aseguran que sus márgenes comerciales apenas superan el 2% y que el consumidor ya tiene una «enorme» capacidad de elección en el mercado, con lo cual, argumentan, una bajada de precios no se notaría tanto.

Por contra, los defensores de los supermercados públicos sostienen que estos establecimientos ayudarían a reducir los márgenes comerciales de la grandes superficies, ofrecerían precios más bajos en un contexto de constante aumento del precio de la cesta de la compra y ejercerían cierta presión competitiva sobre el resto del sector. «Las infraestructuras públicas alimentarias siempre han existido en España, pero es verdad que en los últimos 30 o 40 años tanto la producción como la distribución [de alimentos] han sido absolutamente privatizadas. Eso ha provocado la concentración del mercado, el aumento de los márgenes y la subida de los precios de los alimentos, sobre todo de los frescos», concreta en este punto Guzmán.

El presidente de Justicia Alimentaria también explica que esta privatización del sistema alimentario no solo perjudica a los consumidores, sino también a los agricultores y los productores en origen. «Nuestro país se ha convertido, como otros, en un sistema de agroexportación a mercados globales. Casi es más fácil exportar que vender en el pueblo de al lado», abunda este experto.

Guzmán se queja de que el actual sistema «no da soluciones». «Nos hemos quedado solo con políticas y regulaciones, pero eso no basta, porque cuando bajas el IVA, automáticamente va al margen comercial del supermercado», añade.

Aprovechar los mercados municipales

La teoría de este experto es que, igual que existen la sanidad o la educación públicas, el Estado debería preocuparse por la alimentación de sus ciudadanos. En ese sentido, España cuenta con una ventaja competitiva que otros países no tienen, recuerda Guzmán: «Necesitamos retomar una cosa que ha existido toda la vida. Aquí tenemos los mercados municipales, que son una infraestructura pública alimentaria con una función social clarísima. Sin embargo, en los últimos años hemos entrado en una deriva donde se ha impuesto el supermercadismo».

En cualquier caso, la mirada de Guzmán va más un poco más allá. «Esto ha fracasado estrepitosamente: tenemos problemas de obesidad, pero también tenemos problemas de falta de empleo generacional en el entorno rural con todos los problemas que ello implica para el campo, como estamos viendo con los incendios. Estamos en un momento histórico en el que necesitamos sistemas alimentarios mucho más centrados en el derecho a la alimentación de la gente y de los territorios», dice el presidente de Justicia Alimentaria. 

«Hemos olvidado que el Estado tenía una función básica alimentaria, casi de salud pública. En una democracia también se come y en esta democracia hay millones de personas que no pueden alimentarse de forma sana», se explaya Guzmán.