Gaceta Crítica

Lo que estará en juego en las elecciones presidenciales francesas de 2027 no será la alternancia, sino una posible ruptura. ¿Cuál? Para conjurar la que provocaría una victoria del partido de extrema derecha Reagrupamiento Nacional, una parte de la izquierda se moviliza contra el riesgo del fascismo. Y desatiende otra hipótesis…

por Benoît Bréville y Pierre Rimbert, agosto de 2026 (Le Monde Diplomatique), 6 de Agosto de 2026

KARA WALKER. — Colonizerz, 2024

En el gran juego de los pronósticos sobre el futuro político de Francia, hay uno que gana por goleada en los debates de la izquierda desde hace dos décadas: “¡El fascismo!”. Entiéndase: vamos derechos hacia él. Con su culto de la policía, su obsesión por la seguridad y su mira puesta en los jóvenes procedentes de la inmigración —esa “chusma” que había que limpiar “con un Kärcher”—, Nicolas Sarkozy suscitó innumerables críticas a finales de la década de 2000. En 2015 y 2016, los atentados islamistas, la psicosis en torno a los “jóvenes radicalizados” y la oleada de refugiados de Oriente Próximo arraigaron profundamente en una parte de la población la idea de un “enemigo interior” dispuesto a asestar un golpe a la República con la complicidad de ciertos sectores de la izquierda. El proyecto del presidente François Hollande de privar de nacionalidad a los binacionales nacidos franceses condenados por un crimen “constitutivo de atentado grave a la vida de la nación” volvió a sembrar cizaña. Con la represión de los movimientos sociales, la banalización mediática de temas antaño relegados al conservadurismo más extremo, el avance casi ininterrumpido de Reagrupamiento Nacional (RN) a lo largo de los dos mandatos de Emmanuel Macron y el beneplácito del que goza este partido entre la patronal, la hipótesis se ha convertido en certeza: el fascismo gana terreno en Francia (1).

La referencia al régimen de Mussolini y al periodo de entreguerras presenta la incuestionable ventaja de producir un poderoso impacto. Entraña la idea de un vuelco autoritario una vez llegada al poder la extrema derecha gracias a la capitulación de los partidos tradicionales, que han entregado al adversario los términos del debate. Con ello se intenta movilizar a la gente cuando aún se está a tiempo, siguiendo el ejemplo de unas ilustres —aunque no siempre victoriosas— luchas antifascistas. Pero el espectro del fascismo, ¿acaso no oculta un peligro menos espectacular y mucho más concreto? Hablamos de un desplazamiento paulatino hacia un régimen de segregación jurídica en el que, un poco a la manera de Israel, una parte de la población considerada alógena será disciplinada y reducida a una posición subalterna aplicándole una legislación específica. Un giro hacia el fascismo precisaría de una costosa ruptura coercitiva, así como de un líder providencial al cual se opondrían las aún poderosas instituciones de la burguesía liberal; el apartheid 2.0, por el contrario, se conformaría con poner en práctica la “prioridad nacional”, la medida estrella de Reagrupamiento Nacional, que, legitimada por las urnas, separaría jurídicamente a una población acorde con la “identidad francesa” del resto. Y brindaría una solución a la ecuación a la que se enfrentan numerosos países europeos.

Reducida a su expresión más sencilla, la cuestión de la inmigración, en torno a la cual se abren las fracturas ideológicas, comporta, de hecho, dos componentes: el demográfico y el político. Aquejadas de un envejecimiento acelerado y del desplome de la tasa de fecundidad, las poblaciones del Viejo Continente —nunca mejor dicho— se ven incapaces de mantener en marcha la maquinaria económica sin recurrir a la inmigración. Este hecho, ampliamente documentado (2),beneficia y penaliza a la vez a los partidos de extrema derecha. El desplome de la natalidad y la creciente proporción de personas de edad avanzada ofrecen un terreno abonado a los discursos centrados en la seguridad, a las profecías declinistas y al temor al “gran reemplazo”. Pero plantean un problema a las élites económicas, sin las cuales la extrema derecha no puede gobernar. En Italia, Giorgia Meloni, elegida gracias a un programa antiinmigrantes, firmó en 2025 un segundo decreto trienal con el que autorizaba la importación de medio millón de trabajadores extranjeros para satisfacer a las patronales de la agricultura, la construcción y el turismo. En octubre del mismo año, el canciller alemán Friedrich Merz, al mismo tiempo que describía la presencia de inmigrantes como “un problema en el paisaje urbano”, daba respuesta al griterío de los empleadores sobre la carencia de mano de obra creando una agencia digital de contratación de trabajadores cualificados extranjeros llamada Work-and-Stay. “No son los empresarios los que reclaman inmigración de forma masiva, sino la economía”, explicaba el 19 de diciembre de 2023 Patrick Martin, presidente de la patronal Movimiento de Empresas de Francia (Medef), ante los micrófonos de Radio Classique.

Pese a los prodigios de la automatización, y por más que el excandidato de ultraderecha Éric Zemmour haya prometido que “los robots sustituirán a los inmigrantes” (Europe 1, 23 de junio de 2026), los ingenieros de Silicon Valley todavía no tienen previsto crear a corto plazo una inteligencia artificial que asee a las personas dependientes. Esta transformación en el eje de la edad —la pirámide se convierte en champiñón— llega acompañada de otra en el eje del género: ahora que las mujeres superan a los hombres en los estudios universitarios —salvo en las carreras con mejores salidas—, los varones jóvenes con escasa formación o sin titulación perciben la inmigración como una amenaza, y tanto más cuanto más se fragiliza su posición social y matrimonial. Pero, precisamente, los movimientos migratorios llevan un cuarto de siglo acelerándose a nivel mundial: en 2024, el número de migrantes internacionales se estimaba en unos 304 millones frente a los 174 millones del año 2000 y, en términos de proporción de la población mundial, han pasado de ser el 2,8% al 3,7%. En Europa, su número llegaba a los 94 millones en 2024 frente a 56 millones en el año 2000, para una población total que se ha mantenido casi constante (3).

El ‘apartheid’ 2.0 se conformaría con poner en práctica la “prioridad nacional”

El segundo miembro de la ecuación es político: el auge de las formaciones de extrema derecha, aupadas por un discurso contra la inmigración musulmana procedente de África, el Magreb u Oriente Próximo. En Francia, las listas de Frente/Reagrupamiento Nacional pasaron del 11,3% de los votos y cero diputados en las legislativas de 2002 a más del 33% de los votos y 123 escaños en las de 2024. La derecha “posfascista” gobierna en Italia. En Alemania, Alternativa por Alemania (AfD), partido creado en 2013, se hizo con una de cada cinco papeletas doce años después. Las formaciones de derecha radical han dominado la vida política tanto en Polonia como en Hungría, y en los Países Bajos, Dinamarca, Suecia o Noruega imponen ya su discurso sobre la “amenaza migratoria”, el “gran reemplazo” y la “inseguridad cultural”.

Paradójicamente, son muchos los estudios que documentan un descenso de las convicciones racistas en los países europeos —en el sentido de la creencia en una jerarquía de “razas”—, a la vez que se da un aumento concomitante de la xenofobia y del sentimiento de que “esta ya no es nuestra casa”. Una opinión que, en la actualidad, ha calado en las filas de la derecha clásica y que se está banalizando: “El 63% de los franceses, a favor de una suspensión de la inmigración legal durante tres años, según un sondeo” encargado por CNews [propiedad del magnate Vincent Bolloré y con una línea editorial de extrema derecha] y difundido por Le Figaro (28 de mayo de 2026). La prensa y los influencers de extrema derecha alimentan día tras día las redes sociales con crónicas de sucesos que parecen dar la razón a la idea de que, desde el canal Saint-Martin en pleno París hasta la Estación Central de Colonia en Alemania, desde las calles de Belfast hasta las de Roma, es el sector de la población procedente de una inmigración de cultura musulmana el que lleva la voz cantante e impone su ley a los “blancos”.

En el fondo, lo que incomoda a las derechas no es la presencia de negros y árabes en el territorio europeo, sino que los inmigrantes y sus descendientes se tomen en serio aquello que quienes los denigran los acusan de rechazar: la integración, el deseo de echar raíces, la afirmación de una plena pertenencia a la nación. Mientras que el racismo tradicional basaba su jerarquía racial en la biología, la xenofobia contemporánea niega a los inmigrantes su condición social de iguales.

Declive demográfico y necesidad de mano de obra, por un lado, rechazo y miedo crecientes a la inmigración musulmana, por el otro: ¿cómo conciliar ambos elementos? Pues por medio de la ruptura fascista. O a través de la progresiva puesta en práctica de un régimen jurídico diferenciado que consagre la preeminencia de los autóctonos sobre los advenedizos, de tal modo que los trabajadores inmigrantes y sus descendientes se incorporen a una vida en común concebida como una relación de sumisión. Sin necesidad siquiera de mencionar el esclavismo o el sistema Jim Crow (4) en Estados Unidos, este género de construcciones legales ha empañado de forma recurrente la historia contemporánea.

Entre ellos está el “régimen del indigenato” impuesto por la III República francesa en sus colonias (5), que diferenciaba dos categorías de individuos: los ciudadanos, titulares de todos los derechos políticos, y los indígenas, sometidos a una serie de obligaciones particulares (como la realización de tareas no remuneradas, las requisas de bienes o el pago de determinados impuestos), así como a sanciones y restricciones específicas, en especial en lo que atañía al derecho al voto. Su actualización en la Francia metropolitana por parte de un Gobierno de extrema derecha trasladaría una variante atenuada de este estatuto a unos sectores poblacionales identificados como problemáticos.

En las monarquías del golfo Pérsico es posible encontrar una expresión radical de este modelo: en los Emiratos Árabes Unidos o en Qatar, un 20% de la población goza de todos los derechos, mientras que el 80% de extranjeros, llevados allí por agencias privadas, confinados en barracones y sin la menor perspectiva de integración, se dedican a producir o trabajar en el sector servicios y la construcción.

La izquierda cuenta con una brújula política, un programa y una consigna: igualdad

Con proporciones demográficas y una historia distintas, el apartheid instaurado en Israel ofrece a los países europeos un modelo tanto más instructivo por cuanto este país —al que las derechas radicales ponen por las nubes— reivindica su anclaje democrático. La afirmación de la supremacía de los judíos sobre los palestinos no solo se traduce en acciones de fuerza ilegales (colonización, ejecuciones extrajudiciales, persecución por parte de los colonos, detenciones arbitrarias, tortura de prisioneros…), sino también en la aprobación de leyes que establecen un régimen de inferioridad jurídica. La aprobada por la Knéset el 19 de julio de 2018 dispone que “el derecho a ejercer la autodeterminación dentro del Estado de Israel está reservado únicamente al pueblo judío”. Como tanta legislación anterior, empezando por la “ley del retorno”, este texto de rango constitucional legaliza una discriminación en función del origen, relegando a los no judíos a la condición de inferiores. Aunque actuaron de conformidad con esta ideología de apartheid, los fundadores del país tuvieron buen cuidado de mantener una fachada democrática garantizando en la declaración de independencia de Israel “una completa igualdad de derechos sociales y políticos para todos sus ciudadanos”. El pasado 30 de marzo, la aprobación por una amplia mayoría de parlamentarios de una ley que castiga con la muerte a los palestinos declarados culpables de “asesinato terrorista” —pero no a los judíos israelíes responsables del mismo crimen— apunta no tanto a una nueva excepción a la norma sino a una forma de gobierno en toda regla: un sistema jurídico de dos velocidades que codifica la supremacía de una parte del pueblo sobre otra.

Cabe imaginar hasta qué punto este modelo podría inspirar a una extrema derecha francesa en teoría susceptible de franquear las puertas del poder en 2027 y que probablemente busque el modo de superar la contradicción demografía-inmigración sin agraviar a su electorado. El RNse ha comprometido a comenzar su eventual mandato con un gran referéndum sobre inmigración destinado a dotar de fundamento jurídico a la “prioridad nacional” (6). El proyecto de ley constitucional Ciudadanía-Identidad-Inmigración, presentado por Marine Le Pen el 25 de enero de 2024, ofrece un aperitivo del menú: la “prioridad nacional” elevada a la categoría de “derecho constitucional irrevocable”, abolición del derecho de suelo, “salvaguarda de la identidad de Francia” convertida en misión republicana, voluntad de “prohibir a las personas que posean la nacionalidad de otro Estado el acceso a puestos en la Administración, las empresas públicas y las personas jurídicas encargadas de una misión de servicio público”.

Obviamente, esta última disposición se dirige contra los binacionales, el 90% de los cuales son inmigrantes o descendientes de inmigrantes (7). Permite sortear el obstáculo de la Constitución, que prohíbe toda distinción basada explícitamente en el origen. Y es que, aunque una mayoría parlamentaria no tendría dificultad para someter a los extranjeros a regímenes jurídicos específicos, hacer lo propio con los franceses procedentes de la inmigración —muchos de los cuales poseen la plena ciudadanía— es otro cantar. Para hacerlos objeto de sus políticas sin designarlos como tales, el RN puede echar mano de categorías sustitutivas lo bastante correlacionadas con dicho origen como para tener efectos comparables. Aparte de la binacionalidad, existen otros mecanismos, como los signos religiosos (prohibición del velo en el espacio público) o la variable territorial. Esta última permite concentrar medidas específicas en espacios donde reside un gran número de inmigrantes o descendientes de inmigrantes sin tener por qué designar a determinados sectores de la población en razón de su ascendencia.

Los responsables políticos, por lo demás, ya recurren a esta lógica: controles de identidad concentrados en determinados barrios populares, delito de ocupación de zonas comunes de los inmuebles, operativos de “limpieza” realizados principalmente en los barrios del extrarradio, o bien los llamados “barrios de reconquista republicana” (QRR, por sus siglas en francés), creados por Emmanuel Macron para territorializar la acción policial. Al menor asomo de desórdenes, los líderes de la derecha clásica y extrema reclaman el estado de emergencia, toques de queda y “medidas de excepción” para esos barrios que Marine Le Pen o la política Valérie Pécresse califican de “zonas de no Francia”. En manos de un Gobierno del RN, estos mecanismos, ampliados y coordinados con otras restricciones, consolidarían el arsenal dirigido contra los derechos tanto de los extranjeros como de los franceses procedentes de la inmigración extraeuropea.

La maniobra se vería facilitada por una doble reacción antiuniversalista que lleva un cuarto de siglo en marcha. La de la derecha, que alimenta sin reposo la idea de una incompatibilidad republicana de la población musulmana, en la actualidad asociada al terrorismo y el oscurantismo; pero también la de una parte de la izquierda que exalta los particularismos culturales o religiosos de las minorías (8).

De ese modo, sin llegar tan lejos como Benjamín Netanyahu ni desgarrar el velo de las apariencias democráticas, un Gobierno de extrema derecha dispondría de numerosas herramientas para dar a su electorado esa “sensación de seguridad” que ha perdido a causa de la proximidad de unos inmigrantes “libres e iguales en derechos”. Para restablecer el orden, es probable que el RN prefiera, antes que la vía militar y policial del fascismo tradicional, una operación tanto simbólica como securitaria consistente en poner a “los inmigrantes” en su lugar: ese que se halla en lo más bajo de la escala social y que ya ocuparan los “obreros especializados” del sector automovilístico o agrícola en la década de 1970. Aquellos trabajadores recién llegados, sin derechos, sin familia, sin respaldo político, a merced de caseros sin escrúpulos y mantenidos por la dirección bien alejados de los “obreros profesionales” franceses o los inmigrantes ya establecidos, tejieron el tapiz de los años dorados del capitalismo (los llamados “treinta gloriosos”) que hoy añora hasta el hombre de derechas: “Antes era mejor”, sin duda, ya que un árabe no lo habría mirado por encima del hombro por la calle.

¿Se toparía el apartheid a la francesa con una resistencia mayoritaria? En la izquierda, seguramente, pero ¿sería suficiente? La derecha, subyugada por el “modelo israelí” de seguridad y política exterior, denuncia ya a quien le pone reparos. “Merece estimación el recuerdo por parte de los europeos del derecho internacional, pero esos ensalmos apenas llevan a nada”, explicaba el periodista Guillaume Roquette el 6 de marzo de 2026 en Le Figaro Magazine —semanario situado en la intersección de las derechas tradicionales y las extremas— refiriéndose a la “gran limpieza” israelí en Oriente Próximo. Un “razonamiento” análogo acogería sin duda alguna el derribo del derecho francés por parte de una extrema derecha en el poder.

Para luchar contra ella, tanto en ese terreno como en el económico, la izquierda cuenta con una brújula política, un programa y una consigna: igualdad.

(1) Ugo Palheta, Comment le fascisme gagne la France. De Macron à Le Pen, La Découverte, París, 2025.

(2) Gilles Pison, “En France comme en Europe, le solde migratoire compense l’excédent des décès sur les naissances”, Population & Sociétés, n.° 642, París, marzo de 2026.

(3) International migrant stock 2024. Key facts and figures, ONU, Nueva York, enero de 2025.

(4) Véase Loïc Wacquant, “Cuando la vida de los afroamericanos del Sur era más dura que durante la esclavitud”, Le Monde diplomatique en español, abril de 2024.

(5) Olivier Le Cour Grandmaison, De l’indigénat. Anatomie d’un “monstre” juridique: le droit colonial en Algérie et dans l’Empire français, Zones, París, 2010.

(6) Véase Benoît Bréville, “La preferencia nacional, la solución de los charlatanes”, Le Monde diplomatique en español, noviembre de 2021.

(7) Cris Beauchemin, Christelle Hamel y Patrick Simon (dirs.), Trajectoires et origines. Enquête sur la diversité des populations en France, INED Éditions, París, 2016.

(8) Véase Vivek Chibber, “El ‘universalismo’, un arma para la izquierda”, Le Monde diplomatique en español, mayo de 2014, y Walter Benn Michaels, La Diversité contre l’égalité, Raisons d’agir, París, 2009.

(9) Ugo Palheta, Comment le fascisme gagne la France. De Macron à Le Pen, La Découverte, París, 2025.

(10) Gilles Pison, “En France comme en Europe, le solde migratoire compense l’excédent des décès sur les naissances”, Population & Sociétés, n.° 642, París, marzo de 2026.

(11) International migrant stock 2024. Key facts and figures, ONU, Nueva York, enero de 2025.

(12) Véase Loïc Wacquant, “Cuando la vida de los afroamericanos del Sur era más dura que durante la esclavitud”, Le Monde diplomatique en español, abril de 2024.

(13) Olivier Le Cour Grandmaison, De l’indigénat. Anatomie d’un “monstre” juridique: le droit colonial en Algérie et dans l’Empire français, Zones, París, 2010.

(14) Véase Benoît Bréville, “La preferencia nacional, la solución de los charlatanes”, Le Monde diplomatique en español, noviembre de 2021.

(15) Cris Beauchemin, Christelle Hamel y Patrick Simon (dirs.), Trajectoires et origines. Enquête sur la diversité des populations en France, INED Éditions, París, 2016.

(16) Véase Vivek Chibber, “El ‘universalismo’, un arma para la izquierda”, Le Monde diplomatique en español, mayo de 2014, y Walter Benn Michaels, La Diversité contre l’égalité, Raisons d’agir, París, 2009.

Benoît Bréville y Pierre Rimbert

Benoît Bréville es Director de Le Monde diplomatique.