Gaceta Crítica

M. Reza Benham (Z Network) 31 de julio de 2026

La emisión de órdenes de arrestopor parte de la Corte Penal Internacional contra altos funcionarios israelíes supuso una prueba de fuego para la gestión global, escribe M. Reza Behram .

Corte Penal Internacional de La Haya en Países Bajos . (Vysotsky, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0)

La arquitectura de la justicia internacional se construyó sobre una promesa inquebrantable: nunca más. Se forjó entre las cenizas de las atrocidades del siglo XX, con el solemne juramento de que, independientemente de la posición social, la riqueza o el poder, nadie está por encima de la ley. Hoy, esa promesa está al borde del colapso.

Cuando los tribunales internacionales y los investigadores de derechos humanos documentan atrocidades masivas y exponen las ruinas humeantes de barrios bombardeados en Gaza, la respuesta de la comunidad internacional se convierte en una prueba de fuego. Se ve obligada a decidir: ¿se mantendrá el derecho internacional como un estándar universal inmutable o se convertirá en un instrumento vacío para los débiles y un escudo impenetrable para los poderosos?

Conceder impunidad absoluta a los líderes políticos y militares israelíes responsables de la agonía infligida a los palestinos en Gaza y la Cisjordania ocupada ha convertido la jurisprudencia internacional en una farsa grotesca y ha reducido el sagrado concepto de justicia universal a una ilusión deprimente.

Durante décadas, Occidente ha defendido la idea de un orden internacional basado en normas. Los tribunales internacionales han emitido sistemáticamente órdenes de arresto y perseguido a líderes políticos y militares de países en desarrollo y regiones devastadas por la guerra. Sin embargo, este compromiso se desvanece misteriosamente cuando la atención se centra en quienes cuentan con el respaldo de Occidente, lo que pone al descubierto la aplicación selectiva de la ley que obstaculiza la justicia universal.

La emisión de órdenes de arresto por parte de la Corte Penal Internacional (CPI) contra altos funcionarios israelíes —con cargos que van desde la instrumentalización del hambre hasta el ataque sistemático contra civiles— supuso una prueba de fuego para la responsabilidad global. Sin embargo, figuras políticas en las capitales occidentales siguen ofreciendo protección, exenciones y amparo político a los perpetradores.

Doble rasero flagrante

El presidente Donald Trump, junto a Benjamin Netanyahu, primer ministro israelí, firman el libro de visitas en la Casa Blanca el 29 de septiembre de 2025. (Casa Blanca / Daniel Torok)

Este flagrante doble rasero ha creado precedentes catastróficos, entre ellos:

• El imperio de la fuerza sobre el derecho: Transmite a quienes ostentan el poder, y a los aspirantes a autócratas, el mensaje de que la violencia masiva es permisible, siempre y cuando se posea la alineación geopolítica «correcta».
• La erosión de la credibilidad: El derecho internacional pierde su autoridad moral cuando se aplica de forma selectiva, transformándose de un instrumento de justicia en una herramienta política.
• La normalización de la atrocidad: Cada día que los perpetradores de genocidio quedan en libertad, el umbral de lo que la humanidad acepta se desplaza hacia abajo, erosionando gradualmente la conciencia colectiva de la comunidad internacional.

El hecho de que los líderes israelíes buscados por la CPI puedan viajar sin peligro a Estados Unidos pone de manifiesto una grave laguna estructural en la que el poder interno choca con el derecho internacional de los derechos humanos.

Estados Unidos no es parte del Estatuto de Roma; por lo tanto, convenientemente carece de un mecanismo legal para hacer cumplir las órdenes judiciales basadas en el Convenio de La Haya. Washington se apoya en las doctrinas tradicionales de inmunidad diplomática y de jefe de Estado, junto con leyes nacionales como la Ley de Protección de los Miembros del Servicio Militar Estadounidense de 2002 (también conocida como la Ley de Invasión de La Haya), diseñada para proteger a los militares y funcionarios electos estadounidenses de la detención y el enjuiciamiento penal por parte de la Corte Penal Internacional.

Inevitablemente, cuando los cálculos geopolíticos se anteponen a la responsabilidad humana universal, las fronteras internacionales se convierten en una mera puerta de entrada para los criminales de guerra. Los responsables de las atrocidades —desde la colocación indiscriminada de trampas explosivas en los dispositivos de comunicación en todo el Líbano hasta la despiadada destrucción de Gaza y Beirut— permanecen impunes.

Monumento al fracaso occidental

Vista aérea de la destrucción israelí en Rafah, en la Franja de Gaza, 21 de enero de 2025. (UNRWA/Wikimedia Commons/CC BY 4.0)

El espantoso número de palestinos asesinados y que mueren de hambre en Gaza representa algo más que una crisis humanitaria; son un monumento al fracaso de Occidente.

Ignorar las órdenes judiciales emitidas por organismos internacionales en nombre de alianzas políticas equivale a declarar que la vida humana tiene un valor variable, dependiendo de su pasaporte.

La humanidad no puede permitirse un sistema en el que el derecho internacional se doblegue para satisfacer la conveniencia política. La justicia tardía o denegada a las víctimas en Gaza resuena como una injusticia para las víctimas en todo el mundo.

Sin su aplicación, las leyes contra el genocidio y los crímenes de guerra no son más que tinta en un papel. La seguridad y la paz duradera jamás podrán construirse sobre la base de crímenes impunes y una justicia selectiva.

A pesar de las críticas y condenas generalizadas a nivel mundial, Israel ha logrado mantenerse exento de sanciones punitivas internacionales y consecuencias legales por sus prolongadas y actuales violaciones del derecho internacional y humanitario en Gaza, la Cisjordania ocupada y el Líbano.

Para comprender por qué las acciones de Israel no han recibido medidas concretas como sanciones económicas y diplomáticas y un embargo de armas, debemos ir más allá de las narrativas simplistas de manipulación política.

Es importante reconocer la arraigada e institucionalizada conversión de los intereses económicos y militares de Estados Unidos e Israel, perfeccionada a lo largo de décadas.

‘Alianza Inquebrantable’

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, junto al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en el Pentágono en Washington, D.C., el 5 de febrero de 2025. (Departamento de Defensa/Madelyn Keech)

Esta poderosa alianza —impulsada con vehemencia por influyentes grupos de presión como el Comité de Asuntos Públicos Estadounidense-Israelí (AIPAC) y los sionistas cristianos— ha convertido a Israel en un centinela occidental indispensable. Lejos de ser un peón pasivo, esta formidable alianza ha catapultado a Israel a una posición de poder sin parangón en Washington, al tiempo que ha otorgado a Estados Unidos una sólida base militar en el disputado y rico en recursos Oriente Medio.

Para Washington y las capitales occidentales, el apoyo a Israel ha sido tratado durante mucho tiempo como un artículo de fe vinculado a las políticas de contención de la Guerra Fría, el intercambio de inteligencia y un compromiso motivado por la culpa, derivado del Holocausto nazi.

En consecuencia, esta relación ha creado una dinámica en la que, para los líderes occidentales, proteger a Tel Aviv de la censura diplomática y las sanciones ha primado sobre su compromiso con el sistema jurídico basado en normas y la estabilidad a largo plazo en la región.

En última instancia, la influencia que ejerce Israel se ha retroalimentado. Las administraciones estadounidenses han invertido un gran capital político en la narrativa de una «alianza inquebrantable», de tal manera que desafiarla se ha vuelto extremadamente peligroso a nivel interno, atrapando a cada administración en un estado de sumisión al sionismo y a sus caprichos.

La pregunta que cobra especial relevancia es: ¿Existirá alguna vez un Núremberg para los líderes políticos y militares israelíes?

Que Israel haya eludido la justicia por sus atroces crímenes de lesa humanidad pone de manifiesto una profunda crisis no solo en la aplicación del derecho internacional, sino también en nuestra comprensión colectiva de lo que exigen las leyes de la justicia y las normas de decencia. Los tres años de terror de Tel Aviv en Gaza han desmentido el mito de un sistema de justicia internacional imparcial.

Sin embargo, la documentación de las Naciones Unidas sobre atrocidades masivas, las órdenes de arresto de la CPI, los procedimientos judiciales y los fallos históricos de la Corte Internacional de Justicia han marcado a los actuales líderes de Israel con una estigmatización permanente.

Han quedado confinados, en la práctica, a un círculo cada vez menor de países que les ofrecen refugio seguro, convirtiendo sus viajes internacionales en un peligroso laberinto legal. Si bien los autores intelectuales de la destrucción de Gaza quizás nunca pisen una celda, sus crímenes históricos jamás serán olvidados ni perdonados.

La devastación catastrófica de Gaza y la masacre diaria de palestinos exigen una responsabilidad internacional inmediata y una rendición de cuentas moral. Cuando el terrorismo patrocinado por el Estado queda impune, los derechos humanos fundamentales se erosionan irremediablemente, creando un peligroso precedente que normaliza la destrucción de poblaciones civiles.

La verdadera justicia exige medidas preventivas, no castigos póstumos. Desmantelar la estructura de impunidad y evitar que se repita —con el lema «nunca más»— semejante violencia contra un pueblo vulnerable es un imperativo urgente para el presente y el futuro.

M. Reza Behnam es un politólogo especializado en la historia, la política y los gobiernos de Oriente Medio.