Gaceta Crítica

Pilar Troya Fernández (GLOBETROTTER), 28 de Julio de 2026

Pilar Troya Fernández es ecuatoriana, antropóloga con maestría en estudios de género e investigadora del Instituto Tricontinental de Investigación Social. Fue asesora de la Secretaría Nacional de Planificación, asesora de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación y Subsecretaria General de Educación Superior en Ecuador. Actualmente reside en Brasil.

El presidente Daniel Noboa gobierna Ecuador con métodos cada vez más autoritarios. Elegido en 2023 y reelegido en 2025, ha concentrado poder en el Ejecutivo, chocado con la Corte Constitucional, abusado de los estados de excepción y convertido a la justicia en un instrumento contra sus adversarios. Analistas y organizaciones de derechos humanos describen una deriva filodictatorial: un mandatario que conserva las formas de la democracia mientras erosiona su contenido. La antesala de las elecciones de gobiernos locales del 29 de noviembre de 2026 ofrece el ejemplo más nítido de esa estrategia, dirigida a ganar con la estrategia de dejar sin candidaturas a la oposición.

Una jugada en dos movimientos

La maniobra combina dos piezas que solo se entienden juntas. La primera: el 6 de marzo de 2026, a partir de una denuncia de la Fiscalía, un juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) suspendió por nueve meses a la Revolución Ciudadana (RC), el mayor partido opositor y movimiento del expresidente Rafael Correa. La medida fue ratificada semanas después y, en julio, avalada por la Corte Constitucional.

Al mismo tiempo, Unidad Popular, partido de izquierda y Construye, movimiento de derecha por el que fue candidato presidencial Fernando Villavicencio, asesinado en 2023, fueron sacados del registro de organizaciones políticas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) con el argumento de que no cumplían el número mínimo de afiliados que exige la ley. La apelación fue negada en el caso de Construye que denunció una “persecución judicial a críticos y opositores” y calificó la decisión de fraude democrático. Unidad Popular consiguió probar que el CNE actuó fuera del límite temporal legal (23 días tarde), y que la cancelación carecía de respaldo suficiente sobre el número real de afiliados.

La segunda pieza es el calendario. En marzo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) adelantó al 29 de noviembre de 2026 las elecciones de gobiernos locales previstas para febrero de 2027, alegando el riesgo de lluvias del Fenómeno del Niño; ni el Niño de 1998 ni la pandemia habían justificado antes un adelanto semejante. El efecto de encajar ambas piezas es preciso: el nuevo periodo de inscripción de candidaturas – del 2 al 17 de agosto de 2026 – cae dentro de los nueve meses en que la oposición está suspendida. Adelantar las elecciones para hacerlas coincidir con la suspensión impide que el principal rival del gobierno (RC) presente listas con su propia sigla.

El partido alternativo, también clausurado

Ante el bloqueo, el correísmo buscó una salida legal: inscribir a sus candidatos bajo el movimiento aliado Amigo. La alternativa duró poco. El 16 de julio, la Fiscalía informó al TCE de una investigación por presunto lavado de activos contra ese movimiento; al día siguiente, el Tribunal lo suspendió también por nueve meses, y el CNE ejecutó la medida de inmediato, apenas dos semanas antes del plazo de inscripción.

La conducta del Ejecutivo alimenta las sospechas. El 23 de julio, Noboa afirmó que los precandidatos podían inscribirse por “cualquier otro partido que no se haya prestado para lavado de activos”, mencionando al Partido Socialista a la par, o sea presentando como hecho consumado un presunto delito que aún se investiga. Su secretario de la Administración Pública, José Julio Neira, exdirector de la unidad estatal que maneja la información financiera reservada, detalló en público el origen de las sospechas. El jurista Mauricio Alarcón advirtió que lo alarmante no es la investigación, sino que el gobierno parezca conocer expedientes reservados “que ni siquiera están en manos de los actores afectados”, y cuestionó “la selectividad” y la coincidencia con el calendario electoral. Si los candidatos de la RC se inscriben por el Partido Socialista, no sorprendería que este fuera también cancelado o suspendido.

Tortura, desapariciones y activistas muertos

Todo ocurre sobre un telón de fondo siniestro. En junio de 2026, Ecuador ingresó por primera vez en el Índice Global de Tortura de la Organización Mundial Contra la Tortura, en la categoría de “alto riesgo”: la entidad documentó 369 denuncias de tortura y al menos 51 desapariciones forzadas atribuidas a agentes estatales entre 2024 y 2026, en el marco del “conflicto armado interno” declarado por el gobierno, mismo que ha decretado 21 estados de excepción, 9 toques de queda y 272 días con restricción de movimientos con resultado casi nulo en reducción de la criminalidad y un aumento del desplazamiento interno por amenazas, extorsión y presiones de los grupos criminales.

En ese clima se inscriben dos muertes. Robinson del Pezo, que cubría conflictos de tierras en la provincia de Santa Elena, fue asesinado en noviembre de 2025. La activista anticorrupción Mónica Silva, de origen polaco y radicada más de una década en el país, que había exigido justicia por ese crimen y denunciado amenazas contra su vida, fue hallada muerta el 8 de junio de 2026. El ministro del Interior sugirió un suicidio, pero la autopsia reveló un golpe en la cabeza y estrangulamiento. Silva investigabapresuntos envíos de cocaína ocultos en contenedores de banano de una empresa vinculada a la familia del presidente, y una red de tráfico de tierras. La relatora de la ONU para defensores de derechos humanos pidió a Ecuador “cesar la persecución” y proteger a los activistas.

Corrupción casa adentro

El discurso oficial presenta las causas contra la oposición como una cruzada anticorrupción. Sin embargo, el mayor escándalo del periodo salpica al propio Ejecutivo: en el caso Progen, la Contraloría General del Estado cifró en unos 104 millones de dólares el perjuicio al Estado por contratos de generación térmica de emergencia firmados en 2024 con esa empresa estadounidense, cuyos equipos nunca entraron en operación. Están además los ocho cargamentos de cocaínaencontrados en las exportaciones de banano de la familia Noboa.

El resultado es una elección cuyos contendientes se definen en los tribunales antes que en las urnas. El gobierno insiste en que se trata de causas ajenas al Ejecutivo; la oposición y parte de la comunidad jurídica replican que la selectividad de los procesos y su oportuno calendario apuntan en otra dirección.