Gaceta Crítica

Lourdes Regueiro y Claudia Maeín (PHENOMENAL WORLD), 11 de Julio de 2026

En enero de 2026, la administración Trump impuso un bloqueo total a los envíos de petróleo a Cuba, sumiendo en el caos su red eléctrica, dependiente del petróleo. La guerra económica de la administración representa el último de una larga serie de intentos por asfixiar al país y derrocar a su gobierno revolucionario. Además de utilizar aranceles para perturbar el sistema energético de la isla, Washington ha intentado profundizar el aislamiento internacional de Cuba incluyéndola en la lista de estados patrocinadores del terrorismo, designándola como una amenaza extraordinaria para la seguridad de Estados Unidos, atacando sus sólidos programas de asistencia médica y atacando su industria turística. La isla ahora enfrenta prolongados apagones y cortes de energía en todo el país. El deterioro de los servicios públicos y la escasez de alimentos y suministros médicos han empeorado drásticamente las condiciones de vida, convirtiendo incluso las tareas diarias más básicas en una lucha por la supervivencia.

El bloqueo pretende socavar el ejemplo de resistencia antiimperialista e internacionalismo que Cuba ha cultivado durante más de seis décadas. Si bien en cierto sentido representa una continuación de la agresión estadounidense contra Cuba desde los inicios de la Guerra Fría, también refleja una nueva y más intensa forma de intervención. Esto, a su vez, refleja un contexto global cambiante. Desde principios de la década de 2000, el declive gradual del orden unipolar ha creado un entorno más favorable para la integración global de Cuba, abriendo oportunidades de colaboración con países que buscan lograr autonomía frente a la hegemonía mundial. Sin embargo, este mismo proceso ha situado a Cuba en el centro de la disputa estratégica entre Estados Unidos y sus rivales sistémicos. Por drásticas que sean, las sanciones actuales podrían ser solo el comienzo de un esfuerzo más radical por parte de Estados Unidos para recuperar su dominio regional. 

Si bien han surgido nuevos aliados, aún no se han consolidado en un bloque organizado capaz de resistir eficazmente la agresión estadounidense. A diferencia de la Guerra Fría, Cuba se encuentra considerablemente debilitada en su capacidad para soportar la presión imperial. El resultado es una coyuntura compleja y contradictoria: por primera vez en décadas, han aparecido desafíos significativos al poder estadounidense, pero su supervivencia sigue siendo incierta. 

La era del internacionalismo

Un rasgo distintivo del proyecto revolucionario cubano ha sido su singular relación con un orden mundial cambiante. A lo largo de seis décadas, el gobierno cubano ha resistido la transición desde la bipolaridad de la Guerra Fría, pasando por la unipolaridad de la década de 1990, hasta el período contemporáneo de confrontación multipolar. Los intentos de Estados Unidos por socavar al gobierno han sido constantes. Desde 1962, Washington ha construido una compleja estructura de sanciones económicas, financieras y comerciales para asfixiar la economía cubana. La Ley Helms-Burton de 1996 codificó este sistema al prohibir la inversión financiera, limitar el uso del dólar, restringir la importación de bienes con más del 10 % de componentes estadounidenses y prohibir que los buques que transportan mercancías a Cuba hagan escala en puertos estadounidenses durante 180 días. 

Estas y otras medidas han incrementado los costos de transacción y disuadido a terceros de invertir, comerciar o prestar dinero a Cuba. Su designación más reciente como Estado patrocinador del terrorismo —aplicada por primera vez en 1982, suspendida temporalmente en 2015 y reimplantada en 2021— ha desencadenado restricciones financieras aún más severas, incluyendo el monitoreo de transacciones y la ampliación de las prohibiciones para recibir asistencia económica. Durante todo este período, los bancos y las entidades privadas han tenido que evitar vínculos con Cuba por temor a sanciones, multas o la pérdida de acceso al sistema financiero estadounidense. 

La capacidad de Cuba para resistir estos ataques ha fluctuado con el cambiante equilibrio de poder internacional. Durante la Guerra Fría, cualquier ataque contra Cuba se percibía como una amenaza para todo el bloque socialista, lo que provocaba una respuesta de los gobiernos aliados liderados por la URSS. El colapso del bloque soviético puso fin a esta situación, sumiendo a Cuba en una profunda crisis económica conocida como el Período Especial. Tras perder a su principal proveedor de combustible y enfrentar una contracción del 37% del PIB, el gobierno cubano emprendió un programa de reestructuración económica profundo y de gran alcance, situando el turismo y el desarrollo científico en el centro de su nuevo modelo de crecimiento. 

El resultado fue una transformación completa del tejido social del país. La mayoría de los cubanos —a excepción de los campesinos, los miembros de cooperativas y un número limitado de trabajadores por cuenta propia— habían trabajado anteriormente para el Estado. Por lo tanto, la principal fuente de ingresos en la economía eran los salarios, y la relación entre los niveles más bajos y más altos de la escala salarial era de 1:4. Sin embargo, en 1990, la economía se abrió parcialmente a la inversión extranjera y se despenalizó la posesión de divisas. Como consecuencia, aumentó la desigualdad de ingresos: algunas personas recibían remesas del extranjero, mientras que otras trabajaban para empresas extranjeras. Quienes trabajaban localmente, sin familiares en el extranjero, tenían menos acceso a divisas de libre convertibilidad, lo que pronto generó importantes contrastes en la riqueza y el consumo.

En las dos primeras décadas del siglo XXI, una ola de gobiernos de izquierda en América Latina llegó al poder con la promesa de redistribución interna y mayor autonomía respecto a Washington. En lugar de la Unión Soviética, Cuba encontró nuevas alianzas estabilizadoras con los gobiernos de la Marea Rosa; redes regionales como la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) acogieron a Cuba. La cooperación energética fue crucial. Las naciones caribeñas, entre ellas Cuba, gestionaron los altos costos de la energía con la ayuda de PetroCaribe, un programa que proporcionaba asistencia financiera para la compra de petróleo a Venezuela. Al garantizar un suministro relativamente estable de combustible en condiciones favorables, el programa liberó fondos para la infraestructura energética. Las relaciones entre Cuba y Venezuela se basaron en este marco solidario. El Acuerdo Integral de Cooperación Cuba-Venezuela, firmado en el año 2000 durante el primer año de la presidencia de Hugo Chávez, creó un mecanismo que permitió el intercambio de combustible por servicios, posibilitando así políticas sociales más ambiciosas en Venezuela y garantizando al mismo tiempo un suministro estable de petróleo para Cuba. 

Esta cooperación regional no fue exclusivamente comercial. Cientos de miles de profesionales cubanos prestaron servicios de salud, educación y asistencia técnica en Venezuela como parte de misiones sociales como Barrio Adentro, Sucre, Milagro, Robinson, Ribas y Vuelvan Caras. Además de brindar atención médica a millones de venezolanos, estos programas permitieron al gobierno establecer miles de centros de diagnóstico y rehabilitación. Se desarrollaron campañas de alfabetización basadas en el método pedagógico cubano « Yo sí puedo» , que beneficiaron a más de un millón de personas, mientras que los programas de capacitación cubanos permitieron a miles de venezolanos obtener la titulación de médicos y promotores de salud comunitarios. A finales de 2024, solo en el ámbito de la salud, más de 255 000 profesionales médicos cubanos habían realizado más de mil millones de consultas médicas. Cuba desempeñó un papel crucial en el tratamiento de pacientes con ébola en África y pacientes con COVID-19 en varios países. Estos intercambios mutuamente beneficiosos formaron parte de un sistema de cooperación que ayudó al gobierno cubano a resistir las presiones estadounidenses durante este período.

Nuevo orden

Fue a mediados de la década de 2010 cuando esos lazos de solidaridad comenzaron a debilitarse. En 2014, los precios del petróleo que sostenían el proyecto PetroCaribe se desplomaron, con consecuencias devastadoras para el régimen de financiamiento en concesiones. La petrolera estatal venezolana, Petróleos de Venezuela (PDVSA), venía inmersa en un prolongado proceso de descapitalización. Sumado a las devastadoras sanciones estadounidenses contra la economía venezolana, esto provocó una disminución en los envíos regionales de combustible. PDVSA había servido como pilar financiero del proyecto social bolivariano, utilizando sus vastos ingresos para corregir las desigualdades históricas del país y, al mismo tiempo, asumir los costos de las medidas redistributivas del gobierno. Al intentar sabotear la producción petrolera, Estados Unidos apuntaba deliberadamente a los ingresos que sostenían las políticas sociales de Venezuela, así como la cooperación energética entre los países de la región. La Iniciativa de Seguridad Energética del Caribe (CESI), lanzada por la administración Obama y mantenida bajo la de Trump, fue un intento de socavar aún más el programa de cooperación energética regional de Venezuela, buscando atraer inversión privada al sector energético. La presión política se intensificó en 2019 con el reconocimiento por parte de Estados Unidos de Juan Guaidó como presidente, así como con el apoyo a otros disidentes como María Corina Machado y Edmundo González. 

El ataque al proyecto regional chavista vino acompañado de medidas coercitivas, como la congelación o confiscación de activos de empresas que comerciaban con Cuba, y la incautación de fondos y operaciones relacionados con los envíos de petróleo. El objetivo era limitar los ingresos en divisas, aislar diplomáticamente a los países de la Marea Rosa en el ámbito regional e internacional, y sentar las bases para futuras intervenciones militares. El impacto de estas medidas se vio agravado por el contexto regional en el que se desarrollaron. Con el fin del auge de las materias primas que había posibilitado las reformas de la Marea Rosa, las sanciones estadounidenses profundizaron la inestabilidad entre los gobiernos progresistas de la región, contribuyendo a un creciente sentimiento de rechazo a la reelección. A medida que sus bases de apoyo comenzaban a fragmentarse, una serie de movimientos electorales de extrema derecha ganaron terreno, desde el bolsonarismo en Brasil hasta el uribismo en Colombia. Su ascenso erosionó la mayoría de los foros regionales que habían actuado como contrapesos a la influencia estadounidense y orientó al continente hacia una mayor alineación con Washington. Finalmente se rompió la larga tradición de apoyo unánime de América Latina y el Caribe al levantamiento del bloqueo a Cuba, con Argentina y Paraguay respaldando ahora la política estadounidense en las Naciones Unidas, mientras que Ecuador y Costa Rica se abstuvieron. 

Tanto la administración Trump como la Biden presionaron intensamente a los países para que pusieran fin a sus programas de colaboración con Cuba, amenazando a quienes participaban en ellos con restricciones de visa. En Centroamérica y el Caribe, los programas compartidos de educación, salud y gestión de desastres llegaron a su fin, ya que los gobiernos sopesaron el valor de estos programas frente a las amenazas estadounidenses a la seguridad, la migración y la financiación. Algunos países optaron por no renovar sus acuerdos de cooperación médica con Cuba, poniendo potencialmente en riesgo sus sistemas de salud nacionales, con el fin de evitar un enfrentamiento con la Casa Blanca. 

La fractura de la solidaridad regional ha coincidido con la crisis más amplia del orden unipolar liberal. El repliegue de Estados Unidos de las instituciones multilaterales podría haber ampliado, en principio, el espacio para que Cuba colaborara con otros países en desarrollo y con China. Pero este mismo comportamiento es lo que ha impulsado a Washington a reafirmar violentamente su control sobre el hemisferio occidental mediante la actualización de su Doctrina Monroe. El colapso del proyecto regional que caracterizó el período de Chávez —y el desmantelamiento de la cooperación entre Venezuela y Cuba— significa que La Habana no puede recurrir a un conjunto sólido de alianzas para resistir este ataque. Dado que el declive del orden liderado por Estados Unidos no se ha visto compensado por el surgimiento de uno alternativo, Cuba cuenta con escasas defensas contra el poderío estadounidense sin control. 

Sin embargo, el progresismo no ha desaparecido de la región. Persiste en países con un peso económico y político significativo —México, Brasil, Colombia— que han realizado esfuerzos admirables para oponerse al bloqueo. Claudia Sheinbaum está comprometida a buscar canales diplomáticos para el envío de petróleo a Cuba y la prestación de ayuda humanitaria en forma de alimentos y suministros esenciales. Lula ha denunciado el embargo como un acto de coerción criminal. Además de los vecinos de Cuba, Chile, Rusia, Vietnam, España y Canadá han expresado su disposición a enviar, o ya han comenzado a enviar, ayuda humanitaria. Pero los gobiernos que simpatizan con la causa se enfrentan a una serie de problemas interrelacionados —desde las complejidades electorales internas hasta la presión estadounidense— que les dificultan revivir por sí solos el internacionalismo de la era de la Marea Rosa. Sus acciones hasta ahora se han limitado a declaraciones políticas e intentos de mitigar algunos de los peores efectos de la crisis. No han abordado el problema subyacente de la soberanía limitada de América Latina y su continua vulnerabilidad a la agresión de su vecino del norte.

¿Cambio de régimen?

Más allá de los intereses nacionales y regionales, se ciernen tensiones geopolíticas más amplias. En la última década, China se ha convertido en la piedra angular del sector de las energías renovables en América Latina. A medida que la crisis interna de Cuba se ha intensificado desde 2024, los paneles solares chinos se han vuelto esenciales para el funcionamiento de las instituciones públicas del país. La perspectiva de ventas de petróleo de Venezuela a China en yuanes y el tan esperado plan para relanzar PetroCaribe resultaron particularmente alarmantes para Washington. Al secuestrar al presidente Nicolás Maduro el 3 de enero, la administración Trump asestó un duro golpe a la influencia regional china, advirtiendo sobre posibles nuevos desafíos a su poder regional. 

Llegó en un momento crítico, cuando la escasez de combustible ya provocaba continuos apagones. La participación de Venezuela en el suministro de combustible a Cuba había disminuido gradualmente durante los seis años anteriores, con una caída significativa en los últimos tres. Si bien hubo un modesto repunte en la producción petrolera venezolana a partir de 2023 —principalmente debido a las actividades de extracción de Chevron, facilitadas por una flexibilización parcial de las sanciones estadounidenses—, estos aumentos no se tradujeron en una recuperación de los niveles de exportación anteriores a Cuba, que continuaron oscilando entre el 30 y el 35 por ciento de la demanda de crudo de la isla. Las importaciones procedentes de Rusia también disminuyeron tras el conflicto en Ucrania, convirtiendo a México en el principal proveedor de la isla. El ataque a Caracas fue, por lo tanto, útil para Washington en dos aspectos. Por un lado, reafirmó el dominio estadounidense sobre China en una región donde Pekín había estado ganando terreno, y por otro, constituyó un paso importante hacia el cambio de régimen en Cuba, en la medida en que Maduro ya no podía ser considerado un aliado de La Habana. Así como la Unión Soviética sirvió de garante de la soberanía cubana durante la Guerra Fría, Venezuela permitió al país resistir la presión estadounidense en el siglo XXI. 

La interrupción del suministro de combustible ha sido desastrosa. La generación de electricidad, el transporte y las cadenas logísticas se han visto gravemente afectadas, y sus consecuencias se perciben en la vida cotidiana. La escasez de combustible para la aviación, que ha disparado los precios y en algunos casos ha obligado a las aerolíneas a suspender sus vuelos a Cuba, ha sido devastadora para el turismo. Algunos países han advertido a sus ciudadanos que no viajen a Cuba, y los ciudadanos de terceros países que han viajado allí ahora se enfrentan a restricciones migratorias más estrictas para entrar en Estados Unidos. 

Dado que la energía es un insumo esencial para la producción y la prestación de servicios, la escasez de combustible ha provocado una inflación significativa; el déficit fiscal ha aumentado, la oferta de bienes básicos ha disminuido y el tipo de cambio en el mercado negro se ha depreciado aún más. En estas condiciones, la prestación de servicios de salud, educación y actividades culturales se ha visto sometida a una enorme presión. El gobierno ha respondido intentando aumentar el suministro de energías renovables —acelerando la construcción de parques fotovoltaicos y otros proyectos similares— con el apoyo de sus relaciones económicas con China y Vietnam. La generación a partir de fuentes renovables, principalmente solar, ha alcanzado niveles récord, aunque todavía está muy por debajo de la demanda nacional. 

Proyecto y proceso

Aunque sumida en la crisis, la sociedad cubana y los logros de su revolución perduran hasta el momento. A lo largo de los últimos sesenta y siete años, la dirigencia revolucionaria cubana se ha mantenido firme a pesar de las amenazas de sabotaje económico y militar. De hecho, estas amenazas a menudo han impulsado adaptaciones creativas, como el giro hacia el turismo durante el Periodo Especial, así como el surgimiento de la informática, la biotecnología y la medicina como áreas de especialización. Cuando el país se ve amenazado, tienden a surgir nuevos modelos de desarrollo.

En comparación con la década de 1990, Cuba es hoy una sociedad mucho más heterogénea en los ámbitos económico, social y político. La idea de una transición a la economía de mercado sigue siendo impopular entre la mayoría de los cubanos, pero cada vez hay más voces proestadounidenses con las que lidiar internamente, especialmente a medida que la economía se debilita. A pesar de las críticas a la gestión del gobierno, la Revolución aún cuenta con un amplio apoyo. Incluso entre quienes son más hostiles a la ideología del régimen, la injerencia extranjera encuentra una fuerte oposición. El discurso político contemporáneo en Cuba se centra en el papel del sector privado en la economía, la tolerancia social, las formas legítimas de disidencia y la viabilidad de implementar reformas bajo presión máxima, preservando los logros sociales de la Revolución y modernizando el modelo socioeconómico. Gran parte del debate gira en torno a la necesidad de conciliar la defensa de la soberanía nacional con la transformación y la renovación, reconociendo que estos dos imperativos no son mutuamente excluyentes. Muchos abogarían por una relación constructiva y de respeto mutuo con Estados Unidos, aunque existe un profundo escepticismo sobre si eso es posible y si cualquier acuerdo hipotético con Washington podría mantenerse. 

Reflexionando sobre la situación en su país, la intelectual cubana Esther Pérez distinguió entre el proyecto del socialismo —un compromiso con la emancipación y el bienestar universales— y el proceso para alcanzarlo. Si el primero es un conjunto de principios fijos, o un «camino recto que se dirige claramente hacia el horizonte», el segundo es un camino largo y sinuoso en el que inevitablemente encontraremos contratiempos y desvíos. Esta primavera, mientras Cuba sufría las sanciones, el convoy Nuestra América —integrado por unos 600 viajeros de Estados Unidos, Europa, Latinoamérica y el Caribe— llegó a sus costas con alimentos, medicinas y paneles solares. Los bienes fueron financiados con donaciones de personas de todo el mundo que siguen apoyando la causa de la Revolución. Para ellas, el proyecto cubano sigue siendo un faro de esperanza, aunque cada vez esté más en peligro.