Gaceta Crítica

Víctor López (PÚBLICO), 27 de Junio de 2026

• España se sitúa a la cola de los países europeos en los que los ciudadanos perciben una menor independencia de los tribunales, tal y como reflejan las estadísticas del Eurobarómetro. 
• «Las extravagancias y sobreactuaciones hacen mucho daño al trabajo judicial», reivindican desde JJpD al ser preguntados por la instrucción del juez Peinado en el caso Begoña Gómez. «Los jueces no pueden ser presentados como aliados o adversarios políticos», lamentan en cambio desde la APM.

El 89,8% de los españoles cree que la Justicia no trata igual a los políticos que a un ciudadano corriente. Y ocho de cada diez dudan de la neutralidad de los magistrados en las causas que afectan a partidos y formaciones. El nivel de confianza en los tribunales es además de 4,76 en una escala del cero al diez, todo ello según la Encuesta de Calidad de la Democracia que publicó el CIS en abril de 2025. 

Juan Carlos Peinado llevaba entonces un año con la polémica instrucción del caso contra Begoña Gómez. El magistrado aún no había propuesto sentar frente a un jurado popular a la esposa del presidente del Gobierno, ni le había retirado el pasaporte alegando un posible riesgo de fuga con la «colaboración» de sus escoltas de la Policía Nacional. José Luis Rodríguez Zapatero todavía estaba a un año de convertirse en el primer expresidente imputado de la democracia. Alberto González Amador no había sido enviado al banquillo por defraudar presuntamente 350.951 euros a Hacienda. Santos Cerdán ni siquiera había entrado en prisión provisional por los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales. Álvaro García Ortiz seguía como Fiscal General del Estado. Y José Luis Ábalos tampoco sabía que una única sentencia -la primera del caso mascarillas– lo terminaría situando como el exministro con la condena más elevada por un escándalo de corrupción.

Los datos más recientes de los niveles de confianza y la sensación de neutralidad que tiene la población española de los tribunales son los que publica cada año el Eurobarómetro de la Comisión Europea. Y tampoco son -precisamente- halagüeños. España se sitúa a la cola de los países europeos en los que los ciudadanos perciben una menor independencia de la Justicia, sólo por delante de Bulgaria, Hungría, Eslovaquia, Chipre y Croacia, según la estadística The 2026 EU Justice: Scoreboard. En 2025, la posición era un peldaño superior. El 44% de los entrevistados respondieron además que el motivo principal de esa falta de imparcialidad era la «injerencia o presión» de los partidos políticos y del Gobierno. Alemania, Finlandia y Austria lideran generalmente estas tablas con casi el doble de puntos que España.

Las asociaciones de magistrados y los profesionales de la judicatura que han hablado con Público coinciden al calificar de «preocupantes» estos datos, pero discrepan a la hora de hacer un diagnóstico y señalar culpables. ¿Qué responsabilidad tienen en esta pérdida de confianza y credibilidad los líderes políticos y el constante clima de polarización? ¿Las críticas a las resoluciones y sentencias son un ataque a la independencia de los tribunales? ¿Cómo afectan instrucciones llenas de atrocidades -como la del juez Peinado- a la imagen del Poder Judicial? ¿Y cuál es la solución para que se recupere esa confianza y la neutralidad que se presupone?

La imagen de la Justicia en España

El CIS dibuja en sus barómetros un escenario revelador. El 16% de los encuestados reconocía en abril del año pasado no tener «ninguna confianza» en la Justicia. Y solo cuatro de cada diez le daban a los tribunales un aprobado al ser preguntados por su credibilidad. «Los datos sobre la imparcialidad en los procesos que afectan a los partidos políticos proceden de la discrepancia con una afirmación formulada en términos absolutos. El resultado nos lo tenemos que tomar en serio, pero también debemos interpretarlo con rigor. El problema de confianza en la Justicia se inscribe en una crisis más amplia de confianza institucional que arrastra España», defiende Alejandro González Mariscal de Gante, juez y portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM). 

Edmundo Rodríguez Achútegui, portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), cree que los elevados niveles de desconfianza responden sobre todo a «una evidente instrumentalización política de la Justicia», pero entiende que «los tribunales -en ocasiones- la propician» por no actuar con rigor. «Si se llevan a cabo instrucciones en base a querellas que se fundan en noticias falsas o tendenciosas, la imagen que se transmite es pésima. El Tribunal Supremo tiene jurisprudencia clara en este sentido y ordena no admitirlas [las denuncias]. Lo mismo ocurre cada vez que una declaración tiene relevancia mediática y de forma casi inmediata se publican grabaciones y vídeos en los medios de comunicación. Esto contribuye a la negativa percepción del trabajo judicial«, continúa el magistrado.

«La desconfianza responde en gran medida a la polarización política y la exposición mediática de los grandes casos. La Justicia en España, sin embargo, funciona, investiga, juzga y condena cuando procede», responde Francisco Cano, miembro del Comité Nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV). El magistrado recalca -al mismo tiempo- que, «aunque la nota del 4,76 es muy mejorable», los tribunales se sitúan con este resultado «entre las instituciones más valoradas del país», por encima del Gobierno (3,67) y de los partidos políticos (2,96), todo ello según el mismo CIS. El CGPJ encargó hace tres años una encuesta a Metroscopia cuyas conclusiones evidenciaban que los españoles veían la Justicia como un «servicio público y eficiente», pero lento. Y con preocupación, eso sí, por la sombra de los líderes políticos en su afán de controlar el Poder Judicial. Cuando se realizó este estudio, PP y PSOE no habían pactado todavía la polémica renovación del CGPJ.

La «lentitud» de muchos procesos -sobre todo, cuando afectan a familias y ciudadanos corrientes- también es un punto que destaca Ángela Alemany, abogada penalista y miembro de Themis. «Las dilaciones no solo son un problema desde la perspectiva de buena parte de la población, también lo son para las personas que trabajamos en el sector. Las cuestiones políticas y los casos mediáticos afectan más a que los ciudadanos pongan en duda la independencia de los tribunales, mientras que la calidad la valoran cuando les toca acudir como querellados o querellantes. España está gastando menos dinero que otros países europeos en Justicia. Y para que la calidad sea buena, necesitamos inversiones«, reivindica la letrada. «La solución pasa por mejorar los tiempos de instrucción, los medios personales y materiales, la claridad de las resoluciones y la comunicación institucional, pero también hace falta responsabilidad por parte de quienes desempeñan funciones públicas. Los jueces no pueden ser presentados como aliados o adversarios políticos«, continúa Alejandro González Mariscal de Gante, portavoz de la APM. 

Roberto García Cenoceros, presidente de Foro Judicial Independiente (FJI), también se pronuncia en estos términos y culpa de la pérdida de credibilidad de los tribunales a «parte de la carrera judicial», por haberse presentado «ante la población» con las «etiquetas» de conservadores o progresistas. «Lamentamos que algunos políticos ataquen directamente a los jueces, intentando desprestigiar nuestra función y pudiendo alterar la confianza que los ciudadanos tienen en las instituciones», continúa el magistrado. «La única solución para evitar todo esto [desconfianza, descrédito] pasa por actuar con respeto a la legislación y rigor jurídico. Si los tribunales no atajan esos vicios y mientras se siga actuando con esa descarnada crudeza, intentando controlar desde la puerta de atrás instituciones básicas del gobierno judicial, seguiremos con una percepción como la que recogen los estudios sociológicos», discrepa Edmundo Rodríguez Achútegui, portavoz de JJpD.

¿Cómo afectan las «extravagancias» del juez Peinado?

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha decidido este lunes enviar al Promotor de la Acción Disciplinaria el auto del juez Peinado en el que retiraba el pasaporte a Begoña Gómez y ponía el foco en la posibilidad de que se fugara con la connivencia de sus escoltas de la Policía Nacional. Este no es el primer toque de atención que recibe el magistrado a lo largo de su instrucción en la causa que implica a la mujer del presidente del Gobierno. Las fuentes consultadas por este diario discrepan -de nuevo- al ser preguntadas por el grado en el que este tipo de movimientos pueden dañar la imagen del Poder Judicial. «No creemos que una resolución concreta perjudique por sí sola la imagen de la Justicia. La resolución es además susceptible de recurso y revisión por instancias superiores», señala Francisco Cano, portavoz de la AFJV.

Edmundo Rodríguez Achútegui lamenta que investigaciones como la de Begoña Gómez se adopten «de modo extravagante», tomando decisiones que «luego tienen que ser corregidas» por instancias superiores. «Las extravagancias y sobreactuaciones hacen mucho daño al trabajo judicial. El trabajo callado y riguroso de la mayoría de la carrera judicial queda empañado cuando se adoptan decisiones incomprensibles o se formulan argumentos fantasiosos», reivindica el magistrado. «La imagen de la Justicia no se construye ni se deteriora a partir de la lectura aislada o descontextualizada de una frase contenida en una resolución», dicen desde la APM, haciendo referencia al riesgo de fuga que alegó en su escrito el juez Peinado. «La confianza se construye diariamente mediante el trabajo de jueces, magistrados y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad», continúa Alejandro González Mariscal de Gante. 

Las críticas, «legítimas» para todas las asociaciones

Las últimas sentencias y decisiones de los tribunales en los casos que salpican al entorno del presidente del Gobierno también han reactivado el debate sobre la conveniencia -o no- de criticar al Poder Judicial. Las respuestas son aquí más uniformes. «Las resoluciones judiciales son susceptibles de crítica. Es legítimo y saludable expresar que no se está de acuerdo con lo que un magistrado ha decidido y justificar por qué. El problema es que en la actual coyuntura los políticos utilizan las resoluciones judiciales como arma arrojadiza en el debate entre partidos», defiende Roberto García Cenoceros, presidente del FJI. «Las críticas a las resoluciones judiciales no son un ataque a la independencia del Poder Judicial, son una garantía del sistema democrático. La ciudadanía tiene todo el derecho a criticar a los tres poderes del Estado«, insisten desde Juezas y Jueces para la Democracia. 

«La independencia judicial no significa inmunidad frente a la crítica. La crítica es legítima. Lo que no es legítimo es la presión. La línea se traspasa cuando en lugar de analizar los fundamentos de una resolución de le atribuyen al juez intenciones partidistas o delictivas sin prueba alguna», matizan desde la APM (Asociación de la Prensa de Madrid), una tesis que también comparten desde la AFJV. Ángela Alemany coincide al valorar positivamente las críticas a las resoluciones judiciales. Y termina con la siguiente reflexión: «Los datos de las encuestas nacionales e internacionales son una señal de alarma porque demuestran que los ciudadanos no creen en la independencia judicial. Lo que hace falta es una labor de concienciación, quizá también entre los jueces para que realmente se pueda considerar la idea de que son independientes y de que si prevarican, serán sancionados. Esta es otra de las patas del asunto. El corporativismo dificulta muchas veces el recorrido de las sanciones».