PABLO MERIGUET (BEAKTGROUGH NEWS), 26 de Junio de 2026
La década de sanciones económicas impuestas por Washington significa que Venezuela ya carecía de suministros médicos, equipos y otros materiales vitales para ayudar en las labores de rescate.
El miércoles 24 de junio, dos fuertes terremotos sacudieron Caracas, la capital de Venezuela, así como La Guaira y Carabobo. El primero alcanzó una magnitud de 7.2 y el segundo de 7.5 en la escala de Richter, a una profundidad de 13.2 kilómetros. Hasta el momento, las autoridades han confirmado 188 fallecidos y más de 1,500 heridos, si bien el Servicio Geológico de Estados Unidos estima una probabilidad del 42% de que la cifra de fallecidos se sitúe entre 10,000 y 100,000, una cifra alarmante.
Por el momento, el Aeropuerto Internacional de Maiquetía ha suspendido todas sus operaciones debido a los daños sufridos en su infraestructura. El metro de Caracas y la red ferroviaria también han sido cerrados para facilitar las labores de rescate.
Jorge Rodríguez, uno de los líderes del chavismo y presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, declaró que se han encontrado 200 personas entre los escombros de casas y edificios derrumbados. Además, 2227 familias han sido desplazadas debido a las cerca de 250 estructuras que resultaron dañadas o destruidas.
Las imágenes y los videos son realmente escalofriantes debido a la magnitud de los terremotos, que también se sintieron en zonas alejadas de la frontera, como Bogotá, la capital de Colombia. En consecuencia, la presidenta interina Delcy Rodríguez declaró el estado de emergencia en todo el país y afirmó que aún se desconoce el número exacto de víctimas mortales.
El ministro del Interior, Diosdado Cabello, instó a la población a mantener la calma, buscar refugio y mantenerse alejada de los edificios altos mientras el gobierno activa los protocolos de seguridad: “Estamos actuando de acuerdo con las regulaciones y los protocolos establecidos para movilizar ayuda, lanzar operaciones de rescate y asistir, en este caso, a quienes más lo necesitan”.
El gobierno venezolano busca responder a la emergencia de la mejor manera posible, incluso ante la grave crisis económica que atraviesa. Desde 2015, Washington ha impuesto una serie de sanciones económicas, más de 1.000 en total, que han dificultado el suministro de medicamentos, lo cual es sumamente grave en un momento en que varios hospitales están desbordados por los heridos.
Las sanciones estadounidenses y la crisis económica también están dificultando las labores de rescate. Los equipos de emergencia están retirando escombros y buscando a los heridos con escasos suministros y materiales, lo que reduce el margen de tiempo para encontrar supervivientes.
La situación se ha visto agravada por los cortes de electricidad en gran parte del país, que también han interrumpido otros servicios como el suministro de agua y las telecomunicaciones. Como consecuencia, miles de venezolanos que viven en el extranjero no pueden comunicarse con sus familias, lo que genera aún mayor angustia entre la población caribeña.
Por ahora, la presidenta Delcy Rodríguez ha anunciado la creación de un fondo de 200 millones de dólares para la reconstrucción de edificios y viviendas, específicamente en el estado de La Guaira, donde se concentra la mayor parte de la devastación.
Varios países, entre ellos Cuba, Brasil, Uruguay, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Turquía y Estados Unidos, han enviado mensajes de solidaridad al pueblo venezolano y han comenzado a organizar el envío de suministros y equipos de rescate a las zonas más afectadas lo antes posible. Además, la ONU anunció que enviará personal especializado a Venezuela para ayudar a las decenas de miles de personas afectadas por los fuertes terremotos.
Gaceta Crítica 
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